¿Qué se esconde detrás del Proyecto de Inclusión Educativa del Pro?
28.6.2015
El Pro ha vuelto a impulsar el Proyecto de Ley de Inclusión Educativa Integral presentado en 2013, quedando pendiente su discusión y siendo su vocera la Legisladora Victoria Morales Gorleri, quien aseveró: “El camino de la inclusión es (…) el más acertado para la concreción de una sociedad justa y equitativa, que asegure el derecho de igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso del sistema escolar de la Ciudad de Buenos Aires”(cita extraída del fundamento del Proyecto de Ley de Inclusión Educativa Integral).
Entendemos que este juego de palabras "políticamente correctas" y sensibles para las mayorías contradicen lo que en realidad han hecho con nuestras escuelas las políticas implementadas por esta gestión -continuando con el camino iniciado por las anteriores- que avanzan hacia el deterioro progresivo de la escuela pública. Ha sido el gobierno del Pro quien ha dejado a cientos de niños/as sin escolaridad por falta de vacantes. La misma gestión que no construye escuelas ni jardines, que cada año profundiza su política de vaciamiento y privatización de la educación, que disminuye el presupuesto de la educación pública y aumenta el de la privada, que reduce progresiva y sistemáticamente los recursos públicos destinados al apoyo a los procesos de integración/inclusión incorporando los privados, privatiza la educación temprana, crea programas con trabajadores precarizados dependientes de "gerencias operativas" a cargo de funcionarios con incomprobable calificación profesional acorde a lo que la tarea y la educación de nuestros/as niños/as amerita.
Básicamente dicho proyecto de Ley prestablece que la educación obligatoria de todos los niños desde los 5 años hasta los 18 años con las denominadas Necesidades Educativas Especiales (NEE) y sin ellas debe ser en escuelas de modalidad común y en todos los niveles. Además, adecuándose a los momentos específicos de cada persona se podrá sugerir el cambio de modalidad. El compromiso en cuanto al abordaje y proceso de integración de los estudiantes con NEE estaría a cargo de los equipos intervinientes, los docentes, directivos y las familias; tomando como eje la riqueza de la diversidad en un aula heterogénea, y trayectos abiertos y flexibles para todas las personas. Ahora bien, ¿De qué equipos se habla? Esta falta de claridad deja la posibilidad de que los centros privados que ya han ingresado al sistema público a partir de la resolución que permite el ingreso de Acompañantes Personales No Docentes (APND) solventadas por las obras sociales y prepagas para aquellos niños y niñas que poseen cobertura en salud tengan aún más injerencia. De esta manera se potencia progresivamente la privatización en educación. Mientras tanto los Equipos de Orientación Escolar del sistema público se siguen vaciando. Año a año se sub-ejecuta el presupuesto asignado a las Plantas Orgánicas Funcionales de los EOE. No se llama a concurso, no se cubren los puestos vacantes por jubilaciones ni las licencias por enfermedad. A modo de ejemplo en el distrito 21 el EOE contaba con 13 profesionales, y actualmente posee (con) 7 para cubrir todas las escuelas primarias y jardines de Villa Lugano.
Los gabinetes centrales zonales, que son aquellos que realizan los diagnósticos para orientar la modalidad escolar más adecuada, cuentan con insuficiente cantidad de profesionales manifestando dificultad para el otorgamiento de turnos.
El mencionado proyecto de Ley establece la reconfiguración de los diseños curriculares de los profesorados hacia una formación para el abordaje a personas con NEE. ¿Cuáles serán los enfoques y lineamientos de esta reforma?
El proyecto de Ley también habla de la contemplación de las adecuaciones y adaptaciones curriculares. Del intercambio entre conducción, equipos y docentes. Suena contradictorio, ya que desde que asumió el macrismo los espacios de intercambio dentro de las escuelas fueron disminuyendo. Cada vez existen menos jornadas institucionales (para el 2015 no está planteado en agenda educativa una próxima Jornada), y cabe aclarar, los/as docentes tampoco disponemos de horas para poder planificar, realizar las adecuaciones y los intercambios necesarios con los/as profesionales.
La integración hoy
Las Escuelas públicas de Educación Especial desde los años ´90 comenzaron a realizar Apoyo a la Integración a personas con Discapacidad en escuelas estatales convencionales siendo éste un apoyo obligatorio pero no reglamentado y, mucho menos, correctamente diagramado. En principio, los Equipos de Orientación Escolar encargados de brindar el asesoramiento, seguimiento y orientación a las instituciones escolares que requieren algún tipo de apoyo por diferentes motivos (NEE, situaciones de vulnerabilidad, violencia, conflictos institucionales, vínculo con la comunidad, etc.) cuentan con pocos/as profesionales por cada distrito, los Gabinetes Centrales quienes evalúan y derivan a los/as alumnos/as que requieren diferentes apoyos según sus necesidades sólo son cuatro centros para cubrir las demandas de toda la Capital Federal y con pocos/as profesionales en sus plantas. En cuanto a los/as docentes que realizan integraciones, el Ministerio de Educación nunca creó el cargo específicamente. Los/as maestros de las escuelas de Educación Especial que realizan esta tarea no perciben viáticos y la demanda ha crecido al punto tal que los apoyos a las integraciones en la mayoría de los casos se realizan una vez por semana. Por el contrario, se creó la figura del APND a partir de la resolución 3034/13. Dicha resolución sostiene que “el desempeño de los APND no significa erogación alguna para el GCBA, ni implica ningún tipo de relación contractual ni laboral entre el acompañante personal no docente y el GCBA”. Esta figura terceriza, en diversas situaciones, el cargo de Integración por medio de Obras Sociales, discriminando a aquellos niños/as que cuyas familias no cuenten con prepaga u obra social. Además quienes se desempeñan como APND no cuentan con los mismos derechos que los demás trabajadores de la Educación. Por su parte, las escuelas primarias esperan años para que se adecúen los edificios para las personas con discapacidad.
Nuestro posicionamiento
No vemos la integración / inclusión como un monstruo que viene a acechar la educación pública. No pensamos que no haya nada que cambiar, por el contrario somos los/as que siempre reclamamos y luchamos por una educación pública de calidad para todos y todas. Los y las que defendemos la inclusión de todos/as los niños/as sistemáticamente y con cada una de nuestras acciones cotidianas y en cada uno de nuestros reclamos: por construcción de escuelas, vacantes para todos y todas, espacios de intercambio institucional, contra el vaciamiento de los equipos de apoyo, por mejor infraestructura, mayores recursos para la educación pública. Consideramos al gobierno del Pro responsable de que muchos niños y niñas no encuentren su lugar de inclusión en nuestras escuelas, tengan o no necesidades educativas especiales. Cualquier propuesta resulta inviable dentro de las aulas superpobladas, con falta de vacantes, ausencia de creación de cargos, edificios deplorables, falta de mantenimiento.
Sostenemos que este proyecto busca reglamentar la injerencia de las instituciones privadas dentro del sistema público, dándole mayor potestad a los centros privados de apoyo que son contratados por las obras sociales y empresas de medicina prepaga. El gobierno busca reducir cada vez más el presupuesto en educación, en este caso en
Educación Especial
Las Formaciones Laborales de la modalidad de Educación Especial aún esperan por su apertura. A modo de ejemplo: la Escuela Especial Nº11 D.E. 15° aún aguarda por la culminación de su anexo destinado a tal fin. Los/as estudiantes de las escuelas especiales aún esperan los medios de transporte adecuados a sus necesidades y no los negociados entre empresas y gobiernos. Cuando los niños/as no pueden ser sostenidos en la escuela común o necesitan una modalidad específica y altamente especializada, se evidencia la falta de vacantes en los CENTES y en Escuelas Especiales.
Para que cualquier proyecto tendiente a mejorar las oportunidades para la Inclusión Educativa, resulte posible el Estado tiene que proveer los recursos necesarios de apoyo a las escuelas y a los/as estudiantes. Maestras/os integradoras/es, parejas pedagógicas, ACDMS, profesionales para EOE y gabinetes centrales, construcción y concreción de edificios accesibles y transporte, entre otros.
Según los marcos vigentes sobre inclusión (Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378, 2008), una Escuela Inclusiva contempla en su edificio las adecuaciones necesarias para cada persona que allí asista, desde los sistemas de comunicación hasta las condiciones edilicias en perfecto estado. Una Escuela Inclusiva requiere el personal necesario. Una Escuela Inclusiva no tiene problemas de calefacción, no tiene techos que se caen sobre los alumnos, no tiene docentes sobrecargados, no tiene transportes inadecuados. Una escuela Inclusiva brinda asesoramiento a todos los niños que allí asistan. Una escuela inclusiva no funciona en grados superpoblados. Una escuela inclusiva no acepta el cierre de grados ni mucho menos que cientos de niños/as se queden sin vacantes y permanezcan sin escolaridad.
Convocamos a toda la comunidad educativa a abrir el debate respecto de este proyecto de ley en el marco de qué escuela queremos para nuestros/as niños/as. Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad en la concreción del derecho a la educación.
Ademys – 23/6/2015
