El TSJ avaló el sistema de detenciones arbitrarias
11.1.2016
Causó mucho revuelo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que ratificó la “legalidad” de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Aunque no sea una novedad, ya que se cuentan por decenas las sentencias similares de otros tribunales de todo el país, incluso de la Corte Suprema de la Nación, no es cuestión menor que, precisamente cuando se consolida en la Ciudad de Buenos Aires una mega fuerza policial, la justicia local brinde semejante espaldarazo a la más fabulosa herramienta de control social con que cuentan los gobiernos, a través de sus policías.
La experiencia cotidiana en la militancia antirrepresiva confirma que más de dos tercios del total de personas detenidas por la policía, en todo el país, son víctimas de esa facultad policial de detener personas “para identificar” o “averiguar antecedentes”.
Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- tienen la posibilidad de detener personas “sospechosas” por lapsos variables, según la jurisdicción. En todos los casos, está regulada como una “facultad”, es decir, una potestad dependiente sólo del “atinado criterio del funcionario”, que es una forma elegante de decir “olfato policial”.
En el acta policial se suele leer: “Encontrándose los oficiales X e Y recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, advirtieron la presencia de un sujeto masculino, el cual, al avistarlos, incurrió en una actitud sospechosa”. Ejemplos concretos de esa “actitud sospechosa”: “ponerse de pie cuando arribó el móvil”, “acelerar el paso en dirección opuesta a los suscriptos”, “desviar la mirada buscando pasar inadvertido” o “adoptar una actitud de intranquilidad y nerviosismo”.
No hay mucho más que explicar: en nuestro país, cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquiera.
Que tenga o no sus documentos de identidad es anecdótico, aun cuando muchas de las leyes que regulan esta facultad requieran que concurra la falta de identificación.
Que las víctimas de las detenciones arbitrarias nunca sean rubios adolescentes de colegios privados ni ejecutivos en autos de alta gama, confirma el carácter de clase del sistema.
Que la Corte IDH, en el Caso Bulacio, ordenara hace casi 13 años al Estado Argentino derogar éstas y otras normas que habilitan detenciones arbitrarias, demuestra que ningún gobierno está dispuesto a perder tan poderosa herramienta para el control social.
Que los jueces, mucho más a menudo de lo que trasciende, avalen estas prácticas represivas, como lo hizo ahora el TSJ de la CABA, confirma que no es un policía… es una política de estado.