15.1.2016

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS DE ARGENTINA SOBRE CARLOS AZNÁREZ Y RUBÉN SABOULARD

“Desde la Gremial como en nuestro ejercicio profesional de manera particular, intervenimos en procesos contravencionales y penales plagados de nulidades y arbitrariedades, en todas las jurisdicciones de la Argentina. Pero hemos observamos particularmente el proceso contravencional y penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como especialmente plagado de estas nulidades y arbitrariedades. Y no escapa a esta realidad el proceso donde se pretende enjuiciar a Carlos Aznárez a partir de su participación el 27 de agosto del 2014 en un acto de solidaridad con el Pueblo Palestino y de repudio a las masacres que el Estado de Israel llevo adelante contra población civil indefensa”.Así comienza comunicado de la entidad cuyo titular es el abogado del pueblo, Eduardo Soares, en defensa de los compañeros perseguidos. Más abajo resto del texto del pronunciamiento. Toda nuestra solidaridad con el periodista Carlos Aznárez y Rubén Saboulard, dirigente de Asambleas del Pueblo.

Carlos Aznárez, director de la muy conocida publicación RESUMEN LATINOAMERICANO y RUBEN SABOULARD, dirigente de ASAMBLEAS DEL PUEBLO, están acusados de haber sido parte de la larga lista de oradores en el acto ese día a quienes se les endilga “manifestaciones de tinte discriminatorio hacia la religión judía”. Ni Carlos ni su defensa técnica ejercida por esta GREMIAL DE ABOGADOS nos enteramos de la existencia de la causa por los canales que el debido proceso impone.

El Fiscal inició una investigación a partir de una denuncia de la DAIA que nunca notificó a Carlos a fin de que pueda defenderse. Pero además tampoco solicitó al juez competente que adoptara las medidas que impuso solo el Ministerio Público Fiscal y que afectaron derechos fundamentales de Carlos.

Entre esas medidas solicitó al servidor del mail de la publicación RESUMEN LATINOAMERICANO a fin de que se intervenga el mail del periódico y se le informe a la Fiscalía de todo el contenido de los correos entrantes y salientes. Medida que afectó, entre otros, el derecho humano de Carlos a la privacidad de su correspondencia y la libertad de expresión.

El servidor de la cuenta de mails de RESUMEN LATINOAMERICANO comunicó al Periódico que ‘un Fiscal argentino’ pretendía la invasión a los correos privados de la publicación ‘sin la orden de un Juez competente’. Recién de esta forma las personas investigadas tomaron conocimiento de la causa en su contra.
Todo esto llevado adelante sin Juez y sin Defensor. Solo el Fiscal. Tan así que ahora pretende ser él ante quien Carlos ejerza su primer acto de defensa material y técnico: preste declaración indagatoria.

Es por ello que la Gremial de Abogadas y Abogados se presentó ante el Juez natural de Carlos, denunció las violaciones a sus derechos y le solicitó que, en caso de así entender, sea él quien lo convoque a prestar declaración indagatoria. Adjuntamos los escritos donde planteamos la inconstitucionalidad de la norma que faculta a un Fiscal a interrogar a quien investiga. Sobre la norma del Código procesal de la Ciudad de Buenos Aires está la Constitución Argentina y los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional que ordenan que en cualquier proceso en el que estén en juego derechos humanos, ya sea éste comercial, administrativo, penal, o de cualquier otra naturaleza, SIEMPRE deben existir tres partes: Acusador/demandante, Defensor/demandado y Juez imparcial e independiente.
De tal modo resulta inconstitucional y contra convencional que la misma persona que investiga, en este caso a Carlos, sea quien lo indague. El Fiscal no es imparcial, es el adversario procesal de la persona a quien investiga, en este caso de Carlos. Quien debe escuchar a Carlos es un Juez, competente e imparcial, sin interés concreto en el proceso penal como sí lo tiene el Fiscal.

Lejos resulta este planteo de raigambre constitucional y convencional ser parte de una estrategia a fin de ‘ganar tiempo’. El nuestro es un planteo ideológico, de debido proceso, una cuestión de principios: nunca un Fiscal puede arrogarse facultades de Juez.

Pero yendo al fondo de la cuestión, la acusación contra Carlos y Rubén carece de todo sustento fáctico y jurídico. Las manifestaciones de ambos lo fueron en el ámbito de un Acto, como los miles que se hicieron y se hacen en todas partes del mundo, en el que se manifestó la solidaridad con el Pueblo Palestino. En ningún momento, ni el acto ni las manifestaciones allí vertidas, tuvieron ribetes discriminatorios y no existen elementos que así lo indiquen. Por el contrario, lo han sido en el marco de las expresiones que libremente las personas tenemos derecho a pronunciar. En realidad bajo la excusa de investigar a Carlos Aznárez se pretende afectar el derecho a la Libertad de Expresión y a la Libertad de prensa.

A más, debemos decir que en dicho acto también estuvieron presentes muchos judíos así como es ahora interminable la lista de adhesiones a Carlos Aznárez efectuadas por importantes personalidades judías argentinas e internacionales.

Están aquí en juego derechos humanos tales como la libertad de expresión, de publicar, de difundir, de informarse; al debido proceso, al estado de inocencia, al juez imparcial, a la defensa; todos derechos humanos de Carlos y Rubén que están ahora violentados en este proceso pero que se proyectan a cada persona de nuestra Argentina.

Pedimos en primer lugar a los colegas de las distintas organizaciones, que conocen por padecer de estas arbitrariedades, que unifiquemos criterios en torno a este tema. A las organizaciones de DDHH y diferentes coordinadoras y estructuras antirrepresivas que acompañen este planteo. El proceso contra Carlos Aznárez y Rubén Saboulard muestra el intento de fortalecer y consolidar una forma de ejercer la (in)Justicia. Debemos impedirlo.

ASOCIACIÓN GREMIALDE ABOGADASY ABOGADOSDE LA REPUBLICAARGENTINA

12.1.2016

“Con la transferencia de la policía Federal, la Ciudad asume intacta una estructura largamente sospechada por sus cajas paralelas y sus vínculos con el delito organizado.  Una prueba de ello es que la transferencia mantiene inalterado el régimen de los adicionales. A través de ellos, se privatiza la función de seguridad y se establece un mecanismo de manipulación de los jefes policiales sobre sus subordinados”. Esto señaló Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, después de la reunión del Ministro de Seguridad Martín Ocampo con los presidentes de los bloques legislativos.   “Le dijimos al ministro que, si se asume intacta esta estructura corrupta, es por una sola razón: necesitan de ella para reforzar un orden represivo en la Ciudad, de cara a los brutales antagonismos sociales que se manifiestan cotidianamente”. Ramal anticipó su oposición al proyecto oficial de traspaso, que “además, reeditará en la Ciudad una crisis política similar a la que vivimos en Buenos Aires en estos días”.

11.1.2016

Comunicado de prensa

Desde el Espacio de Niñez Y el área Derechos Humanos de ATE CAPITAL, en conjunto con la campaña contra la violencia institucional, manifestamos nuestra preocupación y más enérgico repudio ante el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que permite a la policía pedir documentos en la vía pública y demorar a las y los ciudadanos/as por averiguación de identidad, violando Derechos y Garantías constitucionales.

Por medio de este fallo, el poder judicial habilita las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y la discrecionalidad en el accionar policial, omitiendo los principios rectores de la normativa nacional e internacional de Derechos Humanos y en un alarmante retroceso en la historia de nuestro país con respecto a la lucha contra el accionar policial y la violencia institucional.

No vemos como casualidad el momento de esta decisión judicial con un gobierno de derecha recientemente asumido y caracterizado por la represión y la violación de derechos fundamentales. También entendemos que esta situación es aún más compleja con el reciente traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad.

Expresamos especialmente nuestra profunda preocupación por la situación de los jóvenes de sectores más vulnerables quienes son las principales víctimas de la estrategia de control social que discrecionalmente los persigue, castiga y encierra, y que encuentra en este fallo libertad de acción policial. Y advertimos con preocupación que esta medida no sea la antesala para la baja de la edad de imputabilidad.

Por último, convocamos a trabajadoras/es, Organismos de Derechos Humanos y a la sociedad en su conjunto a repudiar estas prácticas represivas y salir a defender los Derechos de los jóvenes y nuestra Constitución Nacional.

Asociación Trabajadores del Estado

Consejo Directivo Capital Federal 

11.1.2016

Causó mucho revuelo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que ratificó la “legalidad” de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Aunque no sea una novedad, ya que se cuentan por decenas las sentencias similares de otros tribunales de todo el país, incluso de la Corte Suprema de la Nación, no es cuestión menor que, precisamente cuando se consolida en la Ciudad de Buenos Aires una mega fuerza policial, la justicia local brinde semejante espaldarazo a la más fabulosa herramienta de control social con que cuentan los gobiernos, a través de sus policías.

La experiencia cotidiana en la militancia antirrepresiva confirma que más de dos tercios del total de personas detenidas por la policía, en todo el país, son víctimas de esa facultad policial de detener personas “para identificar” o “averiguar antecedentes”.
Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- tienen la posibilidad de detener personas “sospechosas” por lapsos variables, según la jurisdicción. En todos los casos, está regulada como una “facultad”, es decir, una potestad dependiente sólo del “atinado criterio del funcionario”, que es una forma elegante de decir “olfato policial”.
En el acta policial se suele leer: “Encontrándose los oficiales X e Y recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, advirtieron la presencia de un sujeto masculino, el cual, al avistarlos, incurrió en una actitud sospechosa”. Ejemplos  concretos de esa “actitud sospechosa”: “ponerse de pie cuando arribó el móvil”, “acelerar el paso en dirección opuesta a los suscriptos”, “desviar la mirada buscando pasar inadvertido” o “adoptar una actitud de  intranquilidad y nerviosismo”.
No hay mucho más que explicar: en nuestro país, cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquiera.
Que tenga o no sus documentos de identidad es anecdótico, aun cuando muchas de las leyes que regulan esta facultad requieran que concurra la falta de identificación.
Que las víctimas de las detenciones arbitrarias nunca sean rubios adolescentes de colegios privados ni ejecutivos en autos de alta gama, confirma el carácter de clase del sistema.
Que la Corte IDH, en el Caso Bulacio, ordenara hace casi 13 años al Estado Argentino derogar éstas y otras normas que habilitan detenciones arbitrarias, demuestra que ningún gobierno está dispuesto a perder tan poderosa herramienta para el control social.
Que los jueces, mucho más a menudo de lo que trasciende, avalen estas prácticas represivas, como lo hizo ahora el TSJ de la CABA, confirma que no es un policía… es una política de estado.

11.1.2016

El jueves 30 de diciembre, a la madrugada, cuatro personas ingresaron por la fuerza al edificio donde funciona la radio de Asociación Madres de Plaza de Mayo, golpearon al operador de guardia y tiraron huevos al frente. Cuando la Asociación denunció el ataque, señaló que el hecho se sumó a una seguidilla de llamadas telefónicas con amenazas de muerte recibidas por Hebe P. de Bonafini.
El episodio debe verse en el contexto que inauguró el diario La Nación, cuando, a 24 horas del triunfo electoral de Mauricio Macri, editorializó reclamando el cierre de los juicios contra los crímenes de la dictadura y definió a los represores como “presos políticos”. La rápida y lúcida respuesta de los trabajadores de La Nación, que repudiaron el editorial del 23 de noviembre de 2015, recuerda el precedente de 1987, cuando los gremios gráficos intentaron evitar, con un recurso de amparo, que se publicara una solicitada de apoyo a Jorge Rafael Videla, y confirma que el reclamo de justicia y castigo a los genocidas es fruto de décadas de lucha y movilización en las calles, y fue ganando un consenso cada vez más mayor en amplios sectores de la población.
El operativo de aparición, luego desmentida, de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, se inscribe en la misma línea, al abrir terreno para cuestionar el trabajo realizado respecto de los nietos recuperados, mientras confirma la validez del reclamo de que se abran los archivos secretos, tanto del Estado como de la Iglesia.
Quienes compartimos la lucha contra la impunidad del genocidio debemos estar alerta, repudiar y movilizarnos ante estos ataques de la derecha, más allá de las diferencias o simpatías con el blanco elegido, porque no es una cuestión de solidaridad solamente, sino de defensa propia.