Comunicadores del Sur

13.2.2016

A este espacio cultural y deportivo, ubicado en Av. Entre Ríos 1260, asisten más de 300 chicos y chicas del barrio y sus alrededores. A partir de las continuas amenazas de cierre, el jueves 11 de febrero por la tarde, miembros del club, vecinos y organizaciones realizaron un corte con actividades recreativas en la Av. Entre Ríos bajo la consigna “No al cierre del Polideportivo San Cristóbal”.

Desde hace más de 20 años, el Polideportivo funciona en un predio que pertenece al Gobierno de la Ciudad, cedido para el funcionamiento del club. Las versiones sobre lo que sucederá con el predio que brindan los funcionarios resultan confusas, además de rehusarse permanentemente a presentar la documentación necesaria con la orden de desalojo. Sin embargo, las amenazas son constantes y hace unas pocas semanas, el funcionario PRO Tomás Pastalanga se acercó al club y confirmó el desalojo inminente aduciendo que el predio será cedido a Metrovías.

Frente a esta situación, el jueves por la tarde, un centenar de vecinos, vecinas, miembros del club y familiares, junto con organizaciones del barrio cortaron la Av. Entre Ríos a la altura de Av. San Juan, para visibilizar el conflicto y pedir que no cierren el Polideportivo. Los más chicos jugaron a fútbol y al básquet al ritmo de una murga, mientras se juntaron miles de firmas para apoyar el reclamo.

A la hora de explicar el conflicto, Walter Tolosa, profesor del club, sostuvo: “No estamos dispuestos a ceder el espacio a intereses espurios, empresariales o negociados del Gobierno de la Ciudad. En el Polideportivo hoy participan 300 pibes y pibas nucleados en el club Centro Juvenil Latinoamericano y Ateneo de la Juventud. Creemos que cumplimos un rol social fuertísimo en el barrio, ya sea con los distintos talleres que brindamos, con la merienda para los pibes o con el apoyo escolar. No es solamente una canchita de fútbol, es el espacio de contención social de numerosos jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Acá defendemos y garantizamos derechos que hoy el Gobierno de la  Ciudad está empecinado en negar. El derecho a la educación, al juego, a la no discriminación, al desarrollo integral como niños, niño y adolescente.”

Por su parte, Verónica Ibáñez, militante de Patria Grande de la Comuna 1, afirmó: “El intento de desalojo del Polideportivo San Cristóbal no es un hecho aislado sino que se enmarca en un avance sostenido por parte del gobierno PRO sobre los espacios deportivos y culturales de la ciudad. A fines del año pasado, los vecinos y vecinas del barrio de Devoto frenaron el intento de desalojo del polideportivo ONEGA. Y otros tantos clubes se organizaron para evitar que los cierren, en Colegiales, Parque Patricios y otros barrios. Tampoco debemos olvidar las clausuras de los centros culturales autogestionados de los últimos años.”

El colectivo de profesores del club junto con los vecinos/as y organizaciones del barrio piden que el GCBA de una solución a este conflicto que permita la continuidad en el desarrollo de las actividades por lo cual solicitan mantener el espacio o la relocalización en un lugar aledaño. Mientras se esperan las respuestas oficiales, se mantiene el estado de alerta ante un posible desalojo y se organizan peñas, festivales y jornadas deportivas para defender al histórico “Poli”.

12.2.2016

Reproducimos informe:

REESTRUCTURANDO EL DERECHO A LA VIVIENDA

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con diversos organismos dependientes de distintos ministerios que tienen competencia en materia de vivienda. Estos organismos han implementado políticas habitacionales en forma desarticulada, tanto territorial como institucionalmente, determinando una alta ineficiencia, dada la fragmentación de funciones y la incapacidad de aplicar políticas urbanas integradoras.

La nueva Ley de Ministerios de la Ciudad (Ley N° 5.460), sancionada el 3/12/15, no resuelve sino que profundiza y consolida los problemas de desarticulación institucional, ya que incrementa la fragmentación de funciones y responsabilidades existente respecto de los organismos que tienen a su cargo cuestiones relativas a la vivienda y el hábitat. Por ello, el presente informe se propone servir de guía para aquellos que trabajan con problemas de acceso a la vivienda –o quienes simplemente quieran entender el tema-, de manera que pueda comprenderse con mayor claridad el nuevo organigrama del GCBA y cuáles son las nuevas competencias de cada organismo para que, de esta manera, puedan canalizar los reclamos con mayor eficiencia. Entender cuáles fueron las fallas del modelo anterior y las que parecen replicarse en el actual, es una herramienta que nos ayuda a pensar políticas que no repitan errores del pasado.

El organigrama dispuesto por la actual gestión de gobierno del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a través de la Ley N° 5460 de Ministerios y su decreto reglamentario N° 363/2015 vino a profundizar la cantidad de organismos que tienen bajo su competencia atender la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires agravando los aspectos negativos institucionales en cuanto a la gestión anterior.

En el informe detallamos las siguientes CONCLUSIONES del nuevo organigrama:

· Al finalizar la anterior gestión atención de la cuestión habitacional había quedado concentrada bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Económico y las situaciones de extrema emergencia en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social. Estos últimos Ministerios desaparecieron en la actual gestión y los organismos que se encontraban bajo sus esferas fueron distribuidos en diversos Ministerios:
1.El IVC del Ministerio de Desarrollo Económico pasó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
2.La SSHI (Ex Sechi) pasó del Ministerio de Desarrollo Económico al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
3.La Corporación Buenos Aires Sur S.E. del Ministerio de Desarrollo Económico pasó al Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología.
Claramente los organismos concentrados bajo un sólo Ministerio ahora se encuentran en tres (3) ministerios distintos. En la gestión anterior bajo un mismo Ministerio no se logró ningún tipo de coordinación o trabajo conjunto entre éstos organismos. Dicha coordinación parece más remota de acuerdo al esquema actual.

· Es un paso importante la creación de un Ministerio del Hábitat. Lamentablemente este avance no fue acompañado con la concentración de los programas y organismos que tienen por objeto atender la cuestión habitacional bajo su órbita. Se creó un Ministerio cuyo nombre en apariencia muestra que tendrá bajo su jurisdicción todas las políticas de hábitat (o, por lo menos, las habitacionales) pero en su interior sólo unos cuantos organismos estarán bajo su coordinación.

· Las competencias habitacionales del Ministerio de Desarrollo Social quedaron en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Hasta el momento, las soluciones habitacionales transitorias de emergencia que brindaba el Ministerio de Desarrollo Social a las personas en situación de calle nunca fueron conectadas con los programas encargados de brindar soluciones habitacionales definitivas. Esta desconexión se fundaba en que los organismos que brindaban las soluciones definitivas no se encontraba bajo el mismo Ministerio que el que otorgaba soluciones transitorias. Situación reconocida por propios funcionarios del GCBA. Ahora que se encuentran organismos encargados de otorgar ambas soluciones bajo el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano es la oportunidad para cumplir cabalmente con la ley N° 4.706 que obliga a brindar una atención integral a las personas en situación de calle, entre ellas, una solución habitacional definitiva.

· Nuevamente la urbanización de la Villa 31-31 bis queda en manos de un nuevo organismo. En el año 2010 a través del Decreto 495/2010 se creó el "Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 bis" en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Con posterioridad este programa pasó a la órbita de la SECHI. Ahora, en el nuevo organigrama, a la actual Jefatura de Gabinete de Ministros se le atribuyó la competencia de “diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización y urbanización de la villa 31 y 31 bis"[1] a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana . Esta postura indica el grado de importancia y prioridad que la urbanización de la Villa 31-31 bis tendrá para la nueva gestión. La situación de que los organismos que tendrán a su cargo la urbanización de la totalidad de las villas no actúen respecto a la urbanización de la Villa 31-31 bis, podrá generar que se apliquen criterios o modelos de urbanización distintos o contradictorios.

· El Instituto de Vivienda ha manifestado a través de su actual presidente, Pablo Roviralta, en reuniones con familias de la Villa 20, que volverá a tener directa injerencia en las villas de la Ciudad. Cabe recordar que en la gestión anterior, el IVC había delegado la cuestión de las villas a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la SECHI y a la UGIS. También este funcionario ha manifestado que su futura intervención se hará en coordinación con la SSHI que se encuentra bajo otro Ministerio. La SSHI seguramente continuará con el Modelo Medellín[2] de urbanización de villas que implementó la SECHI. Al contrario a lo que indica este modelo, el IVC anunció que su prioridad serán las obras de infraestructura de servicios públicos.

· Constituye una novedad la creación de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR) y la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires (APEAMBA) que necesariamente deberán coordinar con otros organismos que tienen bajo su órbita territorios coincidentes. Este es el caso de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que tiene competencia sobre toda la zona sur de la Ciudad que coincide con el área de la Cuenca Matanza Riachuelo.

[1] Art. 16 inciso 18 de la Ley N° 5.460.

[2] El Modelo Medellín entiende como reurbanización de un asentamiento informal principalmente el acondicionamiento de los espacios públicos y la construcción de grandes infraestructuras destinadas a equipamiento comunitario, productivo, educativo o comunitario.

"OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD"

12.2.2016

Comunicado de prensa

Sin igualdad de género no hay justicia social

Desde el Área de Géneros ATE Capital manifestamos nuestra solidaridad con las/os 20 trabajadoras/es que el lunes 1 de febrero fueron despedidas/os del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo cual constituye más de un tercio del equipo y se dan en el marco de 113 despidos del Ministerio de Salud.

Al igual que en cada uno de los despidos impunes y en masa que está llevando adelante el Gobierno Nacional, detrás del  puesto de trabajo que se pierde hay personas en la calle y un derecho que deja de garantizarse para el conjunto del pueblo.

El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) fue creado en 2003, por la ley 25.673 la cual a su vez había sido sancionada por el Congreso un año antes.  Esta ley, fue el resultado de la movilización y el activismo del movimiento de mujeres,  llevó veinte años de democracia lograrla y más tiempo en aplicarse.

El PNSSyPR, que es ley, que es derecho y que es conquista histórica para la igualdad y para la libertad de nuestras sexualidades e identidades, incorporó a la política sanitaria los derechos sexuales y reproductivos e implica una gestión especializada para dar cumplimiento a cinco leyes nacionales:

– Ley 25.673 de creación de PNSSyPR

– Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica

– Ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres

– Ley 26.743 de Identidad de Género

– Ley 26.862 de Fertilidad

Claro está que el Programa es política pública y bandera en su letra y acción de la igualdad de oportunidades y acceso a la hora de cuidarnos, a la hora de elegir y disfrutar nuestras sexualidades. El programa garantiza los derechos sexuales y los derechos sexuales son derechos humanos. Con el desguace del PNSSyPR, una vez más en estos 50 días de Gobierno queda en evidencia que  las oportunidades  serán sólo para unos pocos dejando afuera a las mayorías populares.

Es la política de la gente afuera, de  las identidades obturadas, de dignidades quebradas, acusadas, encarceladas. De las de ayer, de las de hoy.  "Reestructurar, reorganizar, modernizar, limpiar", son los nombres que los trabajadores y las trabajadoras conocemos bien.  La historia da cuenta del drama  cuando ésas fueron las palabras que la tramaban.

En materia de política de géneros, la Ciudad de Buenos Aires hace 8 años que es ejemplo de recorte, exclusión y retroceso. La resistencia a la reglamentación y aplicación del aborto no punible, el no cumplimiento de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (la cual establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los nivel de la educación pública y privada a lo largo y ancho del país), el vaciamiento de la política pública en la Dirección de la Mujer, la nula tarea  en la promoción de derechos y de construcción de relaciones democráticas y de empoderamiento de las mujeres, -sólo por mencionar algunos ejes-  constituyen el anuncio de lo que va venir y ya es en el Estado Nacional.

En esta misma lógica (que es ideológica) los Centros de Salud Sexual y (no) Reproductiva de  la Dirección de Juventud de la Ciudad en este último mes también atraviesan por un momento de desmantelamiento y recorte que tiene en su mayor expresión varios despidos de trabajadores y trabajadoras.

El organigrama de derechos y necesidades de un pueblo conlleva  casilleros múltiples y siempre inacabados, pero con este esquema que en campaña bajo el lema de la revolución de la alegría prometió cambiar, no cabe duda que el plan es reducción y exterminio. Cualquier estructura  que esboce igualdad, distribución, justicia social, está en la mira, y son las mayorías populares las primeras afectadas; y, desde una perspectiva que reconoce la desigualdad de género, las mujeres y todas aquellas identidades que se corran de la norma dentro de esas mayorías populares, serán  las más afectadas.

Cuando se desmantelan programas como éste, cuando despiden un compañero o una compañera que sostiene políticas de Estado igualitarias y de inclusión, se instaura lo contrario: desigualdad y exclusión.

Habrá entonces una piba menos cuando no acceda a la pastilla del día después, un pibe menos aprendiendo que él es tan responsable como cualquiera del cuidado y de evitar embarazos no deseados; una mujer menos, cuando no pueda realizarse al aborto no punible y una mujer menos protagonista del cómo, cuándo y con quién vivir su sexualidad.

Habrá una mujer menos, cada vez que ser madre no sea elegido y  su sexualidad se reduzca al mandato. Serán muchas identidades menos cada vez que no se pueda elegir quién se quiere ser y la ley de identidad de género caiga en letra muerta, y será un derecho menos si la fertilización asistida no es para todos y todas.

Serán infinitas posibilidades del goce menos cada vez que el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva se reduzca, y serán las relaciones de violencia y descuido lo que abunde, si la información, la promoción, la posibilidad y la construcción de relaciones libres e igualitarias no son política de Estado y si no asumimos como sociedad esa responsabilidad.

Cada vez que se incumplan y avasallen leyes y conquistas, son nuestras vidas dignificadas  las que se juegan, y es la democracia la que no será.

Todos los días y a cada rato, Ni Una Menos.

Basta de despidos

No al desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual 

Área de Géneros ATE Capital

28.1.2016

A un año de pedir que se concluya con la obra del Parque Lezama, y exigir la apertura sin rejas luego de 11 meses los vecin@s volvemos a convocarnos por el estado del Parque.

Es sabido que el GCBA en la puesta en valor del Parque gasto alrededor de 28 millones de pesos, una suma considerable como para tener una obra de calidad después de años de abandono. Una de las cosas que más nos preocupaba a los vecin@s y en especial a quienes integramos esta Comisión Vecinal era saber el después, una vez que terminara la obra como se iba a mantener la misma y si estaba contemplado el presupuesto necesario para que no se deterioren las obras millonarias. Si bien en ese momento los funcionarios dijeron tener un plan de mantenimiento para el parque, quienes lo utilizamos a diario podemos permitirnos dudar.

Hace rato venimos denunciando la falta de riego en  algunas zonas del parque y la excesiva agua que inunda otras lugares del mismo. Uno de los puntos importantes de la licitación era el del sistema de riego y renovación de suelos, por esto pedimos hace alrededor de dos meses a través de pedido de información pública ley 104 se nos informe si efectivamente estaba en funcionamiento este sistema, nos enviaron un plano del mismo; cuidadosamente hemos tratado, cada vez que vamos al Parque (con alegría de que como no está cerrado podemos hacerlo en muy variadas horas), de verificar la existencia y el funcionamiento del sistema de riego, sin éxito alguno.

Como se puede ver en los registros fotográficos que relevamos en el día de ayer, los árboles y plantas están secos, las palmeras marchitas y los llanos de tierra seca sin pasto, muchas otras especies y ecosistema del Parque Lezama tampoco estarían sintiendo el riego.

Otras de los puntos que relevamos fue la falta de 3 hamacas y la calesita del sector de juegos la cual está depositada hace meses al lado del cuarto de baño, baños que a proposito siguen cerrados, no sabemos si están terminados, pero sí que estaba en el  presupuesto millonario.

Sabemos de la cantidad de cambios que por estos días se están sucediendo en el GCBA pero los vecinos seguimos pagando nuestros impuestos  aportando a nuestra ciudad, esperamos las nuevas autoridades tomen en cuenta nuestros pedidos con urgencia y reviertan esta lamentable situación, sepan que los vecin@s seguimos atentos y movilizados cuidando nuestro Parque y no vamos a permitir que busquen excusas para que lo podamos disfrutar libremente y en buenas condiciones.

26.1.2016

Ya votaron los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de alrededor de 18.000 policías federales a la órbita porteña, para sumarse a los 6.500 metropolitanos, es ley, con 39 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra.

Votaron en contra los legisladores del Frente de Izquierda, Patricio del Corro y Marcelo Ramal, y Fernando Vilardo, de AyL. Los dos primeros, en sus intervenciones, denunciaron los crímenes de ambas policías, especialmente en sus operativos conjuntos, como las represiones del Indoamericano, el Hospital Borda, la Sala Alberdi y el barrio Papa Francisco y se apoyaron en los datos que surgen del Archivo de Casos de CORREPI. El diputado del PTS, Patricio del Corro, destacó la presencia, en la manifestación que se realizó en la puerta del edificio, y en el recinto, de familiares de víctimas de las policías federal y metropolitana, como nuestras compañeras Marta Almirón y Soledad Barrientos.

La bancada del Frente para la Victoria, después de un arduo debate interno, pues varios –especialmente los más vinculados a la burocracia sindical- querían votar a favor, decidió abstenerse, con el argumento de que debía discutirse en el Congreso Nacional. Los 39 votos positivos sumaron al PRO, Confianza Cívica y al Interbloque ECO, que contiene a Suma+, el Partido Socialista, la Coalición Cívica y el Partido Socialista Auténtico.

En definitiva, pasaron a la Ciudad toda la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (con las comisarías), y una parte de Bomberos, Policía Científica, Investigaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Aviación, aunque todavía no está claro cómo se resolverá el tema del escalafón (la PFA tiene escalafón de oficiales y suboficiales, la Metropolitana escalafón único) y cuestiones nada menores como el enorme negocio de los servicios adicionales y la remuneración.

La ley, denominada Convenio de Transferencia Progresiva, establece que los ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación podrán hacer acuerdos complementarios y formarán equipos de trabajo conjuntos “para llevar adelante las etapas de transición y consolidación”. Como venimos denunciando, un comando conjunto para la represión, reforzado por el segundo proyecto que se votó, que autoriza al Poder Ejecutivo a “realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias”. O sea, a sacar dineros de donde mejor le parezca al GCBA para destinarlo a la nueva megapolicía.

Todo en línea con lo que, a nivel nacional, estableció la “emergencia en seguridad”, que, además de aunar acciones entre las fuerzas policiales con la Gendarmería, la Prefectura y las Fuerzas Armadas, con posibilidad hasta del derribo de aviones, también quita todo control legal, judicial o administrativo para compras de armamento y movimientos de personal.

Veremos pronto, en las calles y los barrios, en las manifestaciones y movilizaciones, y en todos los ámbitos imaginables, cómo nuestra vida cotidiana empeora todavía más con estas medidas.iento estricto de la condición humana”, y aseguró que “medidas como esa, de tanta mezquindad, van a terminar por salirle muy caro al Gobierno”.

“A pesar de ya no estar acá, Laura es memoria, lucha, solidaridad y rebeldía. Nos enseñó a militar con alegría y compromiso. Laura está y estará, aunque quienes buscan olvido y perdón para los genocidas pretendan borrarla de la historia”, dijeron desde Hijos Capital.