Comunicadores del Sur

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La voz de los vecinos del Barrio Papa Francisco

29.8.2014

“Entraron a los golpes y a la patadas, no nos dieron tiempo de sacar nada, nos sacaron como perros”. Así fue el desalojo el sábado pasado en el Barrio Papa Francisco de Villa Lugano llevado de manera conjunta por fuerzas de Gendarmería y la Policía Metropolitana. Los medios no pudieron ingresar para mostrar el accionar policial, pero a metros de allí el secretario de Seguridad, Sergio Berni se floreaba: “este asentamiento se cobró la vida de tres personas". Estigmatización y criminalización fue la manera de mostrar los hechos en los medios masivos. La voz de la gente estuvo en los medios alternativos. Red Eco Alternativo.
 

(Juan Manuel Boccacci – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – Tradicionalmente los medios masivos ubican la temática de la seguridad relacionada a hechos delictivos. Asesinatos, robos, homicidios, secuestros llenan horas de pantallas y páginas de diarios dando cuenta de una situación  llevada hasta lo insostenible. Sin dudas todo esto es parte de la realidad, pero no es la única realidad. Analizando esas coberturas podemos observar que crean la imagen de un ciudadano tipo (el consumidor de sus noticias), más bien perteneciente a la clase media que a las populares. Será que caminar las calles de una villa no garpa, o que esa gente (los sectores populares) no le sienta bien a las pautas publicitarias con las que los medios masivos hacen negocios.
“Otra vez nos volvieron a dar la espalda y volvemos a la  calle. No tenemos a dónde ir”; “Nos destruyeron el hogar que nosotros construimos, nos sacaron como perros”; “Entraron a los golpes y a las patadas, no nos dieron tiempo de sacar nada”. Estos son algunos de los relatos que pudieron escucharse por FM La Caterva en la mañana del sábado 23 de agosto, horas después del desalojo realizado en el Barrio Papa Francisco de Villa Lugano. Las fuerzas conjuntas de la Policía Metropolitana y Gendarmería fueron las encargadas de llevar a cabo la destrucción del predio tomado en su mayoría por vecinos de la lindante Villa 21. “Nadie vino a avisar. Directamente entraron a golpes a las casas. Directamente nos sacaron y después de un rato nos dejaron entrar de a dos a sacar, pero hay muchas personas que no llegaron a sacar sus cosas”, comentó una vecina. Mientras tanto por los canales de televisión Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, se floreaba por “el desarrollo del desalojo en forma pacífica y normal”.
La muerte de Melina López, el martes anterior, en las inmediaciones del barrio abrió la puerta para que llegara la orden de desalojo desde la Justicia. "Este asentamiento se cobró la vida de tres personas", dijo Berni, “sabíamos que había personas muy peligrosas ahí adentro, por eso la responsabilidad de entrar al lugar más conflictivo fue de Gendarmería para neutralizar todo intento de violencia para que la Metropolitana pueda ingresar con normalidad", pudo leerse en Clarín. La estigmatización y criminalización de los habitantes del predio tomado hace seis meses fue la única respuesta que recibieron por parte del Gobierno Nacional y de la Ciudad. De resolver el problema habitacional de la gente, nada.
Según el Centro de Estudio e investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS), la crisis habitacional es producto de una compleja suma de causas. Entre ellas el incremento demográfico en las villas. “Sólo en la última década, la población villera creció más del 50% (de 107.422 personas censadas en 2001 a 163.587, en 2010)”, puede leerse en el informe. En el caso particular de la Villa 20, lindera del Barrio Papa Francisco, el incremento es significativo: “en 2001 eran 16.108, mientras que en 2010 sumaron 29.782 personas censadas. Lógicamente, este crecimiento trae como consecuencia el hacinamiento, el déficit habitacional y un empeoramiento en las condiciones de vida”.
Sin embargo, el presupuesto destinado al  Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), que es el encargado de llevar adelante planes para la construcción, no sufrió aumentos acordes a la realidad en las villas. En un artículo de Nicolás Villanova, investigador del CEICS, para el diario “Miradas al Sur”, puede leerse que el gasto real de este organismo pasó de 460 millones de pesos en 2006 a 161 millones en el año 2010. A partir de allí sufriría aumentos que nunca llegarían siquiera a los niveles de 2008. Ya para el año 2013 el dinero destinado fue un 5,4% más bajo que el del año 2013.
Dentro de su “política asistencial”, el Gobierno de la Ciudad cuenta con siete paradores que sólo abren a la noche, y seis centros de inclusión primaria propios. Otorga subsidios habitacionales pero, según el CEICS, “los montos son insuficientes y el beneficio tiene una duración máxima de 10 meses”. A esto hay que sumarle el bajo poder adquisitivo de los habitantes del asentamiento, que deben pagar altos alquileres por las habitaciones en los barrios humildes.

Estigmatización y criminalización: todo a pedir de Berni y Montenegro
Tanto en los funcionarios del Gobierno Nacional y de la Ciudad, como en algunos medios masivos, se observó un recorte en la cronología de los hechos. Análisis acotados que no reconstruyen los datos de la marginalidad y la exclusión, para limitarse una vez más, a la estigmatización y criminalización de los sectores populares. El Barrio Papa Francisco se encuentra en terrenos que a partir la ley 1770 del año 2005 debían ser destinados a la urbanización de la Villa 20. Sin embargo esto no se produjo. Hasta el año 2014 allí existió un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Una vez realizado el parcial desalojo de los automóviles, luego de 9 años de inacción por parte del gobierno, los vecinos avanzaron en la toma del predio.
En su cobertura del hecho, Clarín mencionó que las “tomas fueron promovidas por punteros políticos”, abonando a la deslegitimación de las demandas de los sectores populares. Informó que “el Ministerio Público Fiscal porteño probó que la toma había sido impulsada por punteros políticos y desde hace meses denuncia que el lugar quedó en manos de bandas de delincuentes que intimidaban a los vecinos”; en otro artículo se refirió a la zona como “un terreno usurpado y de condiciones precarias, en medio de una zona conflictiva por la toma de tierras y los índices de criminalidad”. También aparecieron notas dónde se da la voz a los familiares de la Melina López, la chica asesinada durante un robo días antes del desalojo, dónde pese a lo lamentable del hecho las culpas se dirigían hacia los habitantes de las Villas.
“Desalojan el predio tomado de Lugano, tras el asesinato de Melina López”, tituló Clarín un artículo en la versión web de diario. Así se fue creando la estigmatización que pareció servida en bandeja para el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que no dudó en reforzar la idea durante el desalojo, como lo venía haciendo en días anteriores.
Por su parte, Página 12 dentro de una cobertura crítica (y exclusiva) al gobierno de Mauricio Macri, dio la voz a varios miembros del Gobierno Nacional que parecieron olvidar la intervención de la Secretaría de Seguridad y las fuerzas de Gendarmería. “Desde el arco político siguieron las fuertes críticas al desalojo represivo de la Metropolitana” puede leerse en un artículo. “El secretario de Seguridad, Sergio Berni, acusó al gobierno de Macri de arrojar a la calle a gente que ‘nada tiene que ver con los delincuentes’”, se lee en otro.
Mientras tanto en las calles las familias sin techo armaron precarias carpas en las inmediaciones del predio para continuar con el reclamo por una vivienda digna. Algunos tuvieron que salir en busca de alguna habitación en las inmediaciones, o recurrir a familiares para “caerles” por el tiempo que sea necesario. La precariedad y el hacinamiento seguirá siendo cosa de todos los días, mientras las verdaderas soluciones continúen tardando en llegar.

Se aprobó proyecto de evaluación docente en la CABA

29.8.2014

La semana que pasó se aprobó en la Legislatura porteña el proyecto que crea un ente descentralizado para evaluación docente. Por 38 votos a favor del PRO, UNEN y Confianza Pública, y 21 en contra, la propuesta del ejecutivo se convirtió en ley, luego de alrededor de un año de su ingreso al cuerpo legislativo. La Unidad depende del Ministerio de Educación. Para conocer una opinión de docentes de la Ciudad, el Programa La Revancha entrevistó a Jorge Adaro, secretario general de Ademys. 

 

(La Revancha) Ciudad de Buenos Aires- Frente a la nueva ley, Adaro sostiene que el planteo del ministerio busca imponer un concepto de competencia que desconoce las realidades particulares. “Parecería ser que el proceso educativo es algo aislado que no está atravesado por las relaciones sociales, que no está atravesado por conflictos y que está todo dispuesto como para poder hacer una comparación con los mejores” señaló Adaro, sobre la concepción de educación del macrismo.
Además, agregó que trae “la competencia entre escuelas a través de evaluaciones y esa lógica de competencia se traduce en premios y castigos”. De forma rotunda afirmó que “no vemos absolutamente nada positivo en la creación de este instituto. Un instituto descentralizado que, en principio se aleja de la responsabilidad central que debe tener el Estado y el Ministerio de Educación en regular las políticas, inclusive la de evaluación. Un ente descentralizado que en un primer momento tenía un planteo claro de poder absorber dineros externos fuera del presupuesto educativo. Esto generó muchos ruidos pero finalmente se deja la puerta abierta a poder recibir donaciones”.
Originalmente el proyecto que ingresó el PRO autorizaba a la nueva unidad a recibir financiamiento externo. Luego de idas y vueltas con el UNEN, a cambio de sus votos, se eliminó esa posibilidad pero se dejó la puerta abierta para que sea receptor de donaciones. “Los aportes que pueda haber seguramente serán de empresas, por ejemplo, que tienen algún interés en su intervención  y que finalmente con las donaciones van a poner un poco las pautas de cómo evaluar, qué y para qué evaluar. Es decir que el Estado pierde la centralidad y el control de gran parte de los resultados y del sistema educativo en general. Es algo muy grave, es una acción que va en consonancia con una política colonialista en el plano educativo. Esto no es un invento, no es producto de la creatividad del gobierno. Sino que son imposiciones que vienen de los organismos internacionales”.
Esta modalidad se aplica en EE. UU pero va en camino a dejar de emplearse. Le consultamos el por qué y Adaro manifestó: “EE.UU es un caso muy interesante porque esto empezó a ser aplicado en la época de Bush y diez años después la Ministra de Educación de ese momento hace un pedido de disculpas públicamente a la población norteamericana por los efectos que había tenido esta política”. Adaro indica que uno de los efectos advertidos  “es la fragmentación absoluta del sistema educativo y por supuesto con graves consecuencias para los sectores más postergados de la sociedad”. En el caso de Argentina recuerda que “nosotros ya tenemos un sistema educativo absolutamente fragmentado y esto va a profundizarlo”.
Sobre cómo se hará la evaluación de la calidad educativa, Adaro explica por qué este sistema no es conveniente y cómo distorsiona la diversidad de escenarios. La metodología implica “una evaluación externa, censal, tipo múltiple choice que se aplica para que la hagan niños de cualquier escuela de la ciudad sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa, como si no hubiera elementos que influyen en ese contexto”
Jorge Adaro cuenta que trabaja en una escuela de Bajo Flores. La jornada general es de 8 a 12.15 hs. Sin embargo, una hora se va entre desayuno y almuerzo de los alumnos. Por otro lado, por ejemplo, rescata que en la última semana  “no hubo clases por una serie de conflictos en el barrio por diputas con ciertos negocios y  nuestra escuela estuvo vacía”. En este sentido, reitera que “estos elementos no son tenidos en cuenta a la hora de plantear este tipo de evaluaciones. Lo único que se hace es poner una hoja en blanco para poner crucecitas a un niño de una escuela de Bajo Flores como a un niño de una escuela privada de Belgrano.
La otra punta del palo es la formación docente. “Hay una contradicción entre lo que dicen y lo que hacen con los recursos para lograr una mejor educación”, según Adaro. Sobre este punto, explica en diálogo con La Revancha que “el CePA es la escuela de capacitación que hemos tenido los docentes de la Ciudad de Buenos Aires donde podíamos hacer perfeccionamiento y capacitación fuera del horarios”. Además, una conquista que resalta sobre la Escuela es que “se encargaba de hacer el perfeccionamiento en horario de funciones con relevo de tareas”. Sin embargo, la otra moneda del discurso sobre la calidad educativa queda al descubierto. Adaro advierte que el espacio “sistemáticamente desde el 2008 a esta parte viene siendo totalmente vaciado”. De esta forma se quedan sin “la única herramienta de la que podíamos disponer para hacer capacitación, perfeccionamiento y formación. Es la única posibilidad que tenemos de manera gratuita”. En este camino que profundiza el Gobierno de la Ciudad, Jorge Adaro destaca que “la tendencia es hacia la privatización incluso de la capacitación docente. Esto es un paso muy importante en la privatización del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires”.

Desde el ENECA nos preguntamos: ¿QUÉ LEY NECESITAMOS LOS ESPACIOS CULTURALES: reconocimiento y fomento, o habilitación?

29.8.2014

Comunicado del ENECA Capital ante la situación de clausuras

Hace casi 10 años nuestra cultura viene siendo avasallada y perseguida a través de clausuras, desalojos y judicializaciones; desde entonces venimos denunciando, luchando y generando espacios de resistencia. Hoy ante la profundización de políticas necias y autoritarias del gobierno de Macri, su Agencia Gubernamental de Control y su Ministro de Cultura Lombardi, se hace urgente encontrarnos desde los diversos sectores culturales para dar una respuesta colectiva y contundente a esta situación, que ya ha llegado a su límite con las masivas clausuras de los últimos meses.

En este contexto algunos centros culturales se han arrojado al armado de una ley que no ha sido consultada ni representa al conjunto de los espacios culturales afectados. La misma, presentada inicialmente como Iniciativa Popular, no ha tenido aún lugar en el recinto legislativo, y desde distintos bloques partidarios están presentando una nueva ley de la que muy pocos espacios tienen conocimiento.
Las leyes en discusión versan sobre la situación de habilitaciones de los centros culturales, sociales y artísticos, sin garantizar cómo alcanzar dicha habilitación, ya que dejan de lado la promoción y el fomento a la cultura. Esto repercutirá en que muchos espacios (tanto los artísticos como los que orientan sus actividades a la construcción protagónica, social y comunitaria), quedarán más expuestos que antes, acuerden o no con la necesidad de una ley.

Lo que pretende ser una solución para una diversidad muy grande de emprendimientos culturales y organizaciones sociales, puede ser un arma de doble filo, es decir, que beneficie sólo a unos pocos bares, clubes o centros culturales que se favorecen de los artistas que pasan por sus locales y/o que reciben subsidios que les permiten garantizar –de mínima- su habilitación.

Y ésta no es la situación general de los centros sociales y comunitarios o los proyectos de arte independiente.

Desde el ENECA entendemos la necesidad de ciertos espacios de tener una ley habilitatoria que los ampare, siempre y cuando esa ley no vaya en detrimento del conjunto de los espacios existentes y por venir.

Es por ello que proponemos seguir movilizándonos e interpelar tanto al Gobierno de Macri como a la Legislatura Porteña para que suspendan las clausuras a nuestros espacios, al tiempo de construir colectivamente herramientas (sean leyes, programas, plan de lucha, etc.) que le den a cada sector cultural lo que realmente necesite para seguir funcionando, sin correr el riesgo de desaparecer por falta de dinero, persecuciones con fines políticos o entrar en laberintos burocráticos.
Herramientas que promuevan la apertura de más espacios culturales en los barrios y no que los limiten; que permitan seguir garantizando, como lo hemos hecho hasta ahora, la calidad y seguridad de las personas que los transitan, porque nuestros proyectos apuntan a la construcción de una sociedad más justa, nobles objetivos, que se encuentran en la vereda opuesta a los de funcionarios y empresarios inescrupulosos capaces de especular con la vida misma por poder y dinero, como sucedió en Cromagnon, y como sucede en obras de construcción o en talleres clandestinos donde se esclavizan personas que nadie inspecciona.

Vamos caminando hacia el 5º ENECA (Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos) representado por colectivos culturales, organizaciones sociales y políticas de nuestros país, que en nuestra militancia cultural incluimos la expresión artística o el trabajo cooperativo, y que al mismo tiempo lo excedemos. Desde los colectivos construimos e impulsamos experiencias de Educación Popular, debates y formación política; bibliotecas comunitarias, editoriales e imprentas independientes; comunicación popular y comunitaria a partir de revistas, radios y producciones audiovisuales; experiencias de arte comunitario y autogestivo como festivales y muestras, grupos de teatro comunitario, de los/as oprimidos/as, de danzas, ensambles de música, murgas, comparsas de candombe, talleres y escuelas de formación y producción artística o de oficios, salas de cine y teatro; grupos de mujeres que luchan contra la violencia y la opresión de género; experiencias de salud comunitaria; ferias autogestivas de productores/as y artesanos/as de comercio justo; experiencias de lucha por la vivienda digna; trabajos con niños, niñas adolescentes, madres y familias que abordan diversas problemáticas.

Nuestras prácticas culturales no tienen como fin último el lucro económico, sino el trabajo comunitario y barrial.

Por eso necesitamos una herramienta que nos proteja, que nos reconozca por lo que somos y lo que hacemos verdaderamente, que nos apoye para seguir construyendo cultura popular; y desde nuestra perspectiva esa herramienta no puede ser una ley de habilitación comercial.


¡LA CULTURA ES DE LOS PUEBLOS, NO DE LOS GOBIERNOS!
¡NUESTRA CULTURA NO ES DELITO!
¡LA CULTURA POPULAR NO SE CLAUSURA!

Proyecto para recuperar la “Confitería El Molino”

28.8.2014

La diputada nacional por el Frente para la Victoria, Liliana Mazure, se mostró entusiasmada con el proyecto para recuperar la histórica confitería cerrada primero a fines de los '70 con la dictadura cívico militar en el poder y que luego de su recuperación vuelve a quebrar con las políticas neoliberales de los '90, en el año 1997, para ya no abrir hasta la fecha. 

 

Mazure destacó:"La recuperación de la "Confitería El Molino" sin duda va a significar una enorme alegría para los ciudadanos, tal como ocurrió cuando siendo la titular del INCAA recuperamos el cine Gaumont. Es sorprendente ver la felicidad que generan estas restituciones en la gente que siente que el patrimonio edilicio de su ciudad es parte de su historia y de su identidad. Por eso que la confitería reabra sus puertas es fundamental para el patrimonio cultural de los argentinos. El Gobierno Nacional comprende esta importancia y por esto será el Congreso de la Nación quien se hará cargo de re abrir la histórica confitería y dedicará los pisos superiores a las expresiones artísticas de nuestra Cultura. 

 

Sobre la "Confitería El Molino"

 

 

 

 

 

Hacia 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, (éste último un prestigioso pastelero italiano especializado en la fabricación de pan dulce) eran los propietarios de la denominada Confitería del Centro, ubicada en la intersección de la Avenida Rivadavia con la calle Rodríguez Peña (en ese momento las calles se llamaban "Federación" y "Garantías" respectivamente).

Tras la instalación en las cercanías del negocio del Molino Lorea, el primer molino harinero instalado en la ciudad, el establecimiento tomó la denominación de Antigua Confitería del Molino.

En febrero de 1905 la confitería comenzó a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. En 1910 había finalizado la construcción de la Plaza del Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio para unificar sus locales por lo que solicitó al arquitecto Gianotti un proyecto que fusionara las distintas propiedades en un solo conjunto, con la exigencia de que las obras no interrumpieran la atención a los clientes.

El encargo, para destinarlo a edificio de renta, incluía la remodelación del situado en la Avenida Callao 32, adquirido en 1909, y que poseía planta baja y cinco pisos, y la construcción de otro sobre Rivadavia 1815 que Brenna había comprado en 1911. Con estas obras quería presentar una nueva imagen de la empresa pastelera y a la vez adecuarse a la estética de la zona.

Finalmente Cayetano Brenna la inauguró en 1917 (tal como puede verse hoy) en el mismo solar y con el nombre de Nueva Confitería del Molino, en la intersección de Rivadavia y Callao, frente al edificio del Congreso Nacional.

Para construir este valioso exponente del Art Nouveau y vanguardia de la Belle Époque. Gianotti hizo traer todos los materiales de Italia: puertas, ventanas, mármoles, manijones de bronce, cerámicas, cristalería y más de 150 metros cuadrados de vitrales. El edificio tuvo una estructura de hormigón armado, material aún novedoso en esa época en que todavía se construía con ladrillo y losas de bovedilla catalana.

Su fachada, que abraza la esquina, tiene un desarrollo simétrico y está revestida por piedra París. Se destaca en ella su fantasiosa ornamentación, de influencia veneciana.

Aún pueden verse en el frente las aspas de un molino de fantasía y justo encima de él se alza la imponente cúpula en aguja, que fue cerrada con vitrales Art Noveau multicolores

 

La voz de los vecinos de la Villa “Papa Francisco”

27.8.2014

"Estoy en el barrio ahora, en el acampe. Estoy sin palabras con lo que me pasó a mí, a la toma. Es una tristeza muy grande. Tenemos que seguir luchando acá por una vivienda digna ya que el Gobierno nos desalojó con la excusa del allanamiento. Ahora hay que seguir adelante, no tenemos que bajar los brazos", comenzó su relato doloroso Sonia.

—OVOP: Con esta situación de frío, con los niños, ¿no están teniendo ningún tipo de atención como lo había previsto el Gobierno de la Ciudad cuando planteó un desalojo con la correspondiente asistencia? ¿No les han dado ninguna ayuda?

—Sonia: No. Vinieron de Ciudad, de la Nación, pero no aceptamos nada, porque no es la solución. Te dan viviendas transitorias y hoteles, pero es lo mismo que quedar en la nada. A la larga o a la corta, quedamos en la nada igual, porque en algún momento nos van a empezar a sacar. En los paradores de Ciudad empiezan a maltratar a la gente, hacen daño psicológico, discriminándolos, ofreciéndoles subsidios de 1800 pesos que no van a servir de nada. Ahora, a las 8:00 de la noche, vinieron bastantes vecinos de las viviendas transitorias a dar su testimonio; los tratan mal; a los chicos los discriminan: están tirados por los pasillos, no hay camas, duermen en el piso. Llegaron al extremo de ser vigilados por cámaras por seguridad, según ellos, en los paradores de Parque Chacabuco, Parque Avellaneda…

—OVOP: ¿Cómo es la composición de tu familia? Antes de que estuvieras en ese predio, ¿dónde vivías?

—S: Vivía en Pompeya. Vi la toma en la televisión y me animé, porque vivía alquilando, pagaba 1500 pesos una habitación. Preferí comprarme un ranchito y hacer mi propia casa.

—OVOP: ¿Tuviste que comprar el terreno?

—S: Sí.

—OVOP: ¿A quién se lo compraste?

—S: A una vecina que también había tomado.

—OVOP: Fue la toma de la toma…

—S: Claro.

—OVOP: Esa persona tomó, después hizo unas parcelas y se las vendió a ustedes.

—S: Era un pedacito, no una parcela, que a ella le correspondía. Porque en ese momento había mucha discriminación, pero pese a todo eso fuimos luchándola, y le compré.

—OVOP: ¿Qué te pudiste construir allí?

—S: El martes 23 de febrero fui ahí, empecé a quedarme ahí, chupé frío, pasé hambre, sol, lluvia. Pasé todo al fin de tener mi casa. En ese momento no era tan lindo. Poco a poco se fue tranquilizando, se fue luchando internamente entre los vecinos, porque ya la lucha era interna. Empezamos a abrir calles amplias de cuatro metros para que puedan ingresar las ambulancias, los bomberos… fue en vano porque vino el Gobierno y arrasó con todo. Yo había construido mi casita de material privándome de cosas, no comprarme cosas y privar a mis hijos, y de la noche a la mañana me lo sacan. Incluso, sin avisar, dijeron que era un allanamiento. Yo acepté, había mucha delincuencia. A los diez minutos dieron la vuelta y desalojaron. Yo había comprado una puerta nueva, ni siquiera la pude estrenar en la casita nueva que yo armé con tanto esfuerzo; la tiraron abajo y me dijeron "Señora, usted tiene que salir ya, es un allanamiento". Tuve que salir con mis tres hijos y mi perra porque no me daban tiempo a sacar otras cosas. Después dijeron que íbamos a volver a entrar a sacar las cosas, pero al final no nos dejaron entrar y tuve que luchar con la policía para poder sacar las pocas cosas. Pude sacar algo, pero quería salvar mi casa. Donde estaba yo, Sección 8, que había venido a censar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), ya estaba edificado con material, casas de dos pisos. Pero no les importó nada y empezaron a derrumbar.

—OVOP: Ahí actuó tanto la Federal como Gendarmería y Metropolitana.

—S: Los tres. Tampoco mostraron orden de desalojo. Lo estudiaron bien, creo que era la secretaria de una jueza que dijo "Abran calles" para que se quede el asentamiento. Nosotros estamos de acuerdo en que se abran calles para que se pueda urbanizar, pero a la vez era una trampa, porque entraron de todos lados, no nos dieron tiempo a nada.

—OVOP: ¿A qué hora fue?

—S: Entre las 7:00 y 8:00 de la mañana. Hubo comentarios que decían que a las 2:00 de la mañana se había firmado la orden y a las 5:00 empezaba a venir Gendarmería y Metropolitana a rodear el perímetro.

—OVOP: Fue muy rápido. La vez pasada, en febrero, marzo, también se hizo otro intento, y esta vez hubo legisladores y organizaciones que pudieron evitarlo.

—S: Claro. No nos dieron tiempo a nada. Incluso, en el sector donde estaba yo, las familias salieron a trabajar normalmente. ¿Qué te vas a poner a pensar que van a venir con una topadora y te van a sacar cuando ya están todas las calles anchas, se estaba tratando de urbanizar el barrio, había calles abiertas, pasillos amplios? Estoy de acuerdo en un allanamiento porque hay delincuencia, pero no entrar con esas cosas para que te saquen lo único que pudiste construir, la ilusión de tus propios hijos para que puedan tener una pieza, una casa digna. Ahora los tuve que dejar en la casa de mi prima para no traerlos a este sufrimiento. Chupé seis de meses de frío, ¿y ahora exponerlos? No, prefiero chupar frío yo luchando por una casa digna que exponerlos a ellos.

—OVOP: ¿Están realizando marchas?

—S: Sí, estamos organizando para hacer un escrache en la Legislatura, reclamar por lo que para mí fue una masacre, porque hubo niños golpeados, mujeres maltratadas. A mí me maltrataron, también hubo niños discapacitados golpeados, embarazadas. Hubo muchas cosas que ni siquiera se dieron a conocer en la televisión; decían "Un desalojo en paz", y no fue así.

—OVOP: Hay fotos que no son de los medios tradicionales en la que se ve que fue una ocupación militar prácticamente.

—S: Claro. Volvemos a los años ’70, ’80, cuando mi mamá me contaba que entraban los militares a golpear. Es indignante.

Sonia dejó su teléfono y volvió a la carpa, dispuesta a pasar la fría noche porteña abrigada con una esperanza: que algún día, en esta vida, exista una sociedad que no se permita tener a algunas de los suyos en esta situación.

Mientras tanto hay dos lugares donde se está juntando ropa: Pavón 1368, del Frente de Organizaciones en Lucha, y en Senillosa 2092, esquina Cobo, ambos en CABA, de 12 a 18 horas.

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