Comunicadores del Sur

5.9.2014

La decisión está tomada. La Policía Federal será retirada de los barrios de la ciudad de Buenos Aires donde ya fue desplegada la Metropolitana. Así se lo comunicó ayer el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a las máximas autoridades del gobierno de Mauricio Macri.

"Se decidió distribuir recursos: no se trata de un retiro. Que la Policía Federal continúe en los barrios donde ya se desplegó la Metropolitana es duplicar el trabajo. Si dicen que tienen la mejor policía del mundo, que se hagan cargo", dijo ayer una alta fuente del Ministerio de Seguridad.

Si no hay marcha atrás, unos 5000 policías federales dejarán los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, que pertenecen a la Comuna 12; Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca (Comuna 4), y Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar (Comuna 15). Si bien todavía no hay una fecha cierta para el retiro, no sería inmediato, dijeron las fuentes.

La medida no fue bien recibida por el gobierno porteño, que intentará un aplazamiento. "La decisión del gobierno nacional no perjudica a la Policía Metropolitana. Los únicos damnificados son los vecinos de la ciudad de Buenos Aires", dijeron voceros de la administración macrista.

En la Metropolitana explicaron que tienen desplegados efectivos en tres comunas para "colaborar con las fuerzas federales", pero que no cuentan con los agentes suficientes para reemplazar a la Policía Federal.

En el entorno de Berni explicaron que no se trata de una decisión antojadiza. Sostuvieron que hace seis meses el mediático funcionario se lo había anticipado al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro.

"El tema se comenzó a hablar cuando el gobierno porteño nos pidió más tiempo para que la Policía Metropolitana se hiciera cargo de la seguridad en las estaciones de subte. Hace dos meses Berni se lo volvió a comunicar al ministro Montenegro. Ahora se pretende hacer una redistribución de los uniformados; esto no es un retiro de la Policía Federal."

Desde la Nación atacan, no tan veladamente, la gestión Macri. "Dicen que tienen 5000 agentes, pero nadie sabe dónde están. Es hora de que se hagan cargo de la seguridad de la ciudad. Nunca están cuando se los necesita", dijo ayer una figura de peso en la Secretaría de Seguridad.

Cerca de Berni explican que los policías de las comisarías con jurisdicción en las comunas 4, 12 y 15 serán enviados a otras seccionales de la Policía Federal. "Por ejemplo, un uniformado que hoy trabaja en la comisaría 49a, en Villa Urquiza, podrá ser trasladado a la seccional 23a, en Palermo", agregaron las fuentes consultadas.

Una alto jefe de la Policía Metropolitana reconoció que en la actualidad, por la cantidad de uniformados, no podrían hacerse cargo de la seguridad en las comunas 4, 12 y 15. "En estos momentos somos una fuerza de 4800 agentes. Pero no sólo cumplimos funciones en las comunas 4, 12 y 15. Parte de los uniformados se encargan de la vigilancia de todas las líneas de subte, hay consignas en el servicio de Metrobus, otros cumplen servicio en Parque Centenario y en la villa 31, en Retiro", agregó la fuente consultada.

En el gobierno porteño explicaron que si bien la Policía Metropolitana actúa en los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca, Barracas, Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar, lo hace para colaborar con las fuerzas federales de seguridad.

"Por ley, la seguridad en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo exclusiva de la Policía Federal", dijeron desde la fuerza de seguridad porteña.

Pero la preocupación en el gobierno porteño no sólo obedece al retiro de los uniformados de la Federal. En la comuna 4, en la zona sur de la ciudad, la seguridad está a cargo de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval, que tiene a su cargo el denominado Operativo Cinturón Sur. "En las comunicaciones también se refirieron al retiro de los gendarmes y de los prefectos", explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, conducido por Guillermo Montenegro.

Colaboradores de Berni explicaron que la Policía Federal sí continuará en las comunas 4, 12 y 15 para investigar los delitos de índole federal, como narcotráfico, trata de personas y secuestros extorsivos. "Si la Policía Metropolitana necesita colaboración para los delitos ordinarios, estaremos para ayudarlos, como sucede siempre."

Según datos de la Secretaría de Seguridad, hay 9000 uniformados de la Policía Federal que trabajan en las 53 comisarías porteñas. "Vamos a coordinar esfuerzos para prevenir el delito. Dejar a oficiales y suboficiales en los barrios donde ya trabaja la Metropolitana es no saber aprovechar los recursos humanos", sostuvo una calificada fuente del Ministerio de Seguridad, conducido por Cecilia Rodríguez.

"No sólo no tenemos la cantidad suficiente de hombres para poder hacernos cargo de la seguridad de las comunas 4, 12 y 15, tampoco disponemos de los móviles necesarios para los patrullajes", sostuvo un integrante la cúpula de la Metropolitana.

En agosto de 2010, Policía Federal ya planeaba su retiro de la ciudad de Buenos Aires. La idea, en ese momento, era replegar la fuerza de seguridad hacia el interior.

El primer paso había sido la creación de la Agencia Regional Federal Cuyo, con jurisdicción en Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa. "Es un retiro paulatino de las calles porteñas que llevará algunos años. La Policía Federal sólo se encargará de combatir delitos como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas y otros delitos de competencia federal", se había explicado en ese momento..

5.9.2014

“Si queremos avanzar dotemos a los agentes que están a diario en la calle y cuya función esencial es el Control del Tránsito y del Estacionamiento, con atribuciones reales. Los 1200 agentes de tránsito no pueden ser meros espectadores"

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un proyecto para modificar la Ley de Procedimiento Contravencional y la ley del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte.

Según expresó la diputada Claudia Neira, Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña: “Esta modificación tiene como objetivo que los agentes de control de tránsito asuman dentro sus responsabilidades la prevención de las situaciones de extorsión en la vía pública, relacionadas con cuidacoches”.

El proyecto de Ley faculta al Cuerpo con la potestad de prevenir, facilitar y recibir denuncias; y ejercer poder de policía haciendo cesar la comisión de esta contravención cuando se constate.

Neira expresó que: "El PRO debe abandonar la retórica y empezar a legislar de manera coherente y efectiva para acabar con las mafias. El Estado tiene atribuciones para avanzar sin necesidad de entrar en debates rimbombantes sobre prohibiciones inaplicables" y agregó:

“Las fuerzas de Seguridad tienen a su cargo lidiar con situaciones de mayor gravedad, por tanto compartir la responsabilidad de la prevención de esta contravención con los agentes de tránsito facilitará el control sobre este tipo de situaciones”

La diputada del FPV manifestó que "Si queremos avanzar, dotemos a los agentes de tránsito, que están a diario en la calle y cuya función esencial es el Control del Tránsito y del Estacionamiento, con atribuciones reales. Los 1200 agentes de tránsito no pueden ser meros espectadores."

4.9.2014

Los docentes de Jornada Completa de los cargos de Asistentes Celadores, Maestros Celadores de Inicial, Equipo de Orientación Escolar y de Promoción de Vínculos Saludables, no recibieron el aumento de agosto previsto en la Resolución 1386-SSPECD/14, que es la que ejecuta el acta de “acuerdo” salarial. 
De esta manera, el ejecutivo porteño profundiza el ajuste por medio del sueldo docente. Es decir, con el cobro de agosto, además de ampliar la diferenciación salarial a la baja, también aumenta la cantidad de docentes afectados por esta diferenciación.
Este nuevo ataque al bolsillo de los docentes, demuestra el autoritarismo y la arbitrariedad con la que se maneja el macrismo (con acuerdo de muchos sindicatos), ya que según la citada resolución, en agosto TODOS los cargos de jornada completa deberían haber cobrado $12.100. Sin embargo, el macrismo violando esta norma, les congela el salario dejando a los cargos mencionados SIN NINGÚN AUMENTO HASTA EL AÑO QUE VIENE.
Por otro lado, los docentes nos enteramos de este nuevo ajuste, con el depósito del salario. El macrismo nuevamente en complicidad con otros sindicatos (que están de acuerdo con el ajuste salarial), ocultó esta información. Se repite la situación del mes de febrero, cuando junto con muchos sindicatos que acordaron el pésimo “aumento”, no mencionaron en la mesa salarial, ni escribieron en el acta el ítem referido a la garantía mínima para los cargos de jornada simple con menos puntos índice que el de maestro de grado.
Mientras el gobierno de la ciudad reconoce una inflación anual del 40 % (a julio del corriente), otorga un aumento de salario muy por debajo de este porcentaje al conjunto de los docentes. Peor aún para muchísimos cargos: curriculares, preceptores, bedeles, asistentes celadores, EOE, EPVS, maestras celadoras de inicial, que han recibido un aumento muy inferior al cargo testigo en la garantía mínima, reduciendo considerablemente el poder adquisitivo.
Esta situación, no es un problema sólo de los docentes afectados por la diferenciación salarial a la baja, ya que como venimos diciendo, bajar el piso salarial docente incide directamente en todos los cargos ya que limita toda la escala salarial.
Por eso, ante esta situación de diferenciación salarial a la baja que afecta directa o indirectamente al conjunto de la docencia, es necesario dar una dura batalla con movilizaciones y distintas medidas de fuerza por medio de la participación organizada de los trabajadores de la educación afectados en unidad con todo el gremio docente.

Convocamos a Curriculares, Preceptores, Asistentes Celadores de Discapacitados Motores, EOE, CAI, FINES, EPVS, a participar del cese de día miércoles 10 de septiembre movilizándonos a las 10 hs en el Ministerio de Educación.

2.9.2014

Hoy, Martes 2 septiembre, la Comisión en Defensa de Paseo Colón continuó con el corte de la Avenida Paseo Colón en su intersección con Humberto Primo, medida adoptada luego de fracasar en todas los intentos de ser escuchados por el Gobierno de la Ciudad.  Casi 200 vecinos se turnaron para sostener una protesta que ya lleva siete meses, en rechazo a la demolición de varias cuadras de la avenida Paseo Colón para erigir un nuevo Metrobus.

Reafirmamos nuestro rechazo a un  proyecto que no es más que otro  faraónico negociado de Macri y sus amigos, una obra innecesaria que dejará en la calle a muchas familias, en la ruina a pequeños comerciantes, sin clases a centenares de alumnos y que destruirá buena parte de la avenida, entre Carlos Calvo y Paseo Colón y de la identidad de nuestro barrio.

Hemos presentado pedidos de informes en la Legislatura, solicitado reuniones al Jefe de Gabinete Rodríguez Larreta, al Secretario de Transporte Dietrich y al Ministro de Educación, Bullrich. Todo ha sido inútil. Seguimos sin ser escuchados por las autoridades, las que, por el contrario, han lanzado una campaña de hostigamiento contra los vecinos.

Es por este motivo que continuaremos con el plan de lucha acordado por la asamblea de vecinos y que,  lamentablemente, implicará el CORTE TOTAL DE LA AVENIDA PASEO COLÓN EN SU INTERSECCIÓN ENTRE SAN JUAN Y HUMBERTO I DURANTE TODA ESTA SEMANA DESDE LAS 13 HASTA LAS 16 hs.

Agradecemos la solidaridad de los compañeros de la Asamblea de Parque Lezama,  la CTA Capital, ATE INDEC,  Vicente Zito Lema, Oscar Kuperman, Asamblea Popular de San Telmo, Asambleas del Pueblo, Centro Rosa Luxemburgo, Frente Popular Darío Santillán, Los Pibes, y tantos otros compañeros y organizaciones que nos han hecho llegar su apoyo.

31.8.2014

Por Félix Cariboni y Jonatan Emanuel Baldiviezo

A una semana del desalojo del Barrio Papa Francisco, la Metropolitana irrumpió violentamente en el predio el sábado pasado. Se llevaron detenidos a jóvenes sólo por defender a sus familias de la balacera. El accionar impune contra la pobreza.

Un nuevo capítulo del manual del cinismo político

Luego del desalojo del 23 de agosto, apareció una triangulación conflictiva entre la Policía Metropolitana, el Secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni y la Jueza Penal y Contravencional de la Ciudad, López Iñiguez. En un principio, Berni descargó toda la responsabilidad del desalojo sobre la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, en un relato inverosímil. Una especie de protección del candidato Berni frente a las denuncias de represión.

Por otra parte, luego de afirmar que el predio había sido desalojado en su totalidad, la jueza López Iñiguez tuvo que salir a acusar a la Metropolitana por no desalojar una franja del predio ubicada detrás del terreno ocupado por la Policía Federal. La sorpresa de la jueza se debió a que justamente, la parte del predio donde los fiscales y la policía habían informado que se encontraban las bandas narco paraguayas (mafias organizadas que existen con el visto bueno de las mismas fuerzas de seguridad), no había sido tocado durante el desalojo. En este sector del predio se encontraban viviendo alrededor de 100 familias que eran atormentadas por estas bandas. Desde el desalojo, las bandas habían expulsado del predio a cuatro familias que fueron a vivir al acampe, que se formó posteriormente al desalojo del 23 de agosto, sobre las plazoletas de la Av. Fernández de la Cruz.

Durante la madrugada del sábado sucedieron los enfrentamientos más fuertes entre las bandas narco y la Metropolitana en el territorio aledaño a lo que quedaba de la toma del barrio Papa Francisco. Dichos enfrentamientos fueron la excusa ideal para que la Metropolitana entrara violentamente no sólo al barrio Papa Francisco sino también a la manzana 30 de la villa 20. Disparando perdigones de goma sobre la toma, irrumpiendo en los domicilios, amenazando a familias enteras, golpearon brutalmente y se llevaron detenidos a jóvenes que no habían participado de los enfrentamientos. Durante el procedimiento, insultaron y amenazaron a hombres, mujeres y niños indistintamente. Los detenidos se encuentran hoy en la seccional de la Comuna 4 de la Metropolitana, bajo la caratula de "intento de asesinato y desacato a la autoridad". Recién hoy serán citados a declarar. Mientras la Metropolitana se llevaba detenidos a jóvenes ajenos a los acontecimientos, a primera hora del sábado, los vecinos que aún tenían sus pertenencias en el predio vieron como las topadoras arrasaban con lo poco que quedaba de la toma. Esta vez, no se hicieron presentes organismos del Estado que pudieran dar respuesta habitacional y resguardo para las familias desplazadas.

Una crónica necesaria. Cómo opera la violencia

I. En el primer operativo se desalojó violentamente a las familias con necesidades extremas y no a las bandas narco. Incluso luego, las familias que continuaron viviendo en el predio mantuvieron la denuncia respecto de la presencia de bandas y pidiendo protección. No fueron escuchadas. El día jueves, se dictó una nueva orden de desalojo a fin de terminar la tarea en la totalidad del predio. Berni salió a denunciar que la Policía Metropolitana no estaba cumpliendo la decisión judicial.

Mientras se sucedían estas acusaciones cruzadas, habitantes de la Villa 20 y familias desalojadas se presentaron en la Justicia en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad para exigir que se urbanice la totalidad de la Villa 20 en cumplimiento de las leyes de urbanización del Barrio y se garantice una solución habitacional hasta la ejecución de la urbanización a las familias desalojadas del Barrio Papa Francisco. La Jueza Elena Liberatori, el día viernes por la tarde, dictó sentencia cautelar ordenando la inmediata urbanización de la Villa 20 y la asignación del presupuesto necesario para que las obras se ejecuten dando plazo hasta el 10 de diciembre de 2015.

II. El mismo día a la noche, las familias desalojadas convocaron a una asamblea para informar sobre el fallo y coordinar acciones. Durante la asamblea, integrantes de las bandas narco se acercaron para impulsar una nueva ocupación del predio. La asamblea rechazó la propuesta en forma absoluta e inmediata. Pensaron que era algún artilugio para terminar perjudicándolos aún más y así fue.

Alrededor de las 11 pm del viernes, las bandas ingresaron al predio y se tirotearon con la Metropolitana durante dos horas llegando a prender fuego algunos tractores. Algunos miembros del personal policial resultaron heridos y se detuvieron a varias personas. Esta situación fue el contexto exculpatorio perfecto que encontró la Metropolitana para desalojar la franja que había permanecido del desalojo anterior. La jornada de la madrugada fue de corridas y disparos sin resguardo para el resto de los habitantes. Se utilizaron balas de goma y gases a que afectaron a todas las familias sin cuidado e indiscrecionalmente. Esta vez a las mujeres y niños no sólo los golpearon sino que además resultaron heridos con balas de goma.

III. Mientras que el primer desalojo fue a la luz del día como exigen las leyes y, por lo menos, con un magro operativo de contención social. El segundo, fue pasada la medianoche, con las manzanas cercanas de la villa sin luz, las familias fueron abandonadas en los pasillos y calles y sin la presencia de ninguna autoridad que verifique el accionar de la Policía. El ingreso brutal a las casas de la Villa 20 fue por la fuerza y deteniendo a personas sin razón. Tras la noche eterna, al otro día un centenar de familias víctimas de este nuevo desalojo realizaron un nuevo acampe en las veredas que están entre la manzana 30 de la Villa 20 y el sector del predio desalojado.

Las casualidades en estos contextos avalan las suposiciones de ser hechos armados. Justo el día que la justicia ordena la urbanización de la Villa 20 una banda narco intenta ocupar un predio desalojado sin ninguna oportunidad de éxito. Los medios reflejan que las familias desalojadas quisieron volver a ocupar. La realidad es que el accionar de las fuerzas de seguridad y de las bandas narco pincelan lo que es un escenario de convivencia de responsabilidad. Las mafias nunca fueron desmanteladas ni desalojadas, aun siendo denunciadas. No se habla del aumento de familias acampando en situación de calle, del pedido de las familias desalojadas por vivienda ni de la brutal razzia cometida por la Metropolitana.

De acuerdo a lo sucedido en las últimas semanas, es necesario hacerse algunas preguntas.

¿Qué soluciones habitacionales está discutiendo el ámbito político? El lunes 18 luego del primer desalojo se trató por primera vez, después de meses de presentado, el proyecto de ley para urbanizar el Barrio Papa Francisco y la Villa 20 en la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Los asesores del Pro se levantaron, no quisieron tratar el proyecto ni escuchar a los arquitectos que lo habían diseñado con participación de las familias. El Bloque kirchnerista acusó a UNEN por no querer firmar el pedido de una sesión especial para tratar proyectos relacionados al desalojo y al Barrio Papa Francisco. No era necesario contar con las firmas de UNEN para convocar una sesión especial, el kirchnerismo no hizo ni el intento de buscar las veinte firmas necesarias.

Por su parte, UNEN el viernes pasado convocó a una conferencia de prensa para manifestar su posición, mostrándose preocupados por la situación de las familias. El cinismo en los hechos: el presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini de Proyecto Sur-UNEN, convocó a reunión de diputados para hoy lunes a las 15 hs. Solamente pondrá en tratamiento proyectos de resoluciones y declaraciones, ninguno de ellos cambiará sustancialmente las necesidades de las familias desalojadas. En cambio, Gentilini rechazará poner en tratamiento el único proyecto de ley presentado que versa sobre la urbanización del Barrio Papa Francisco, como sobre el otorgamiento de solución habitacional transitoria para las familias desalojadas.

¿Qué sucederá con la urbanización y la remediación de los suelos? La Agencia de Protección Ambiental (APrA), la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013. Por la realización de este estudio pagó $1.370.000. El informe final fue presentado en Septiembre del 2013. La Fundación Green Cross realizó una serie de recomendaciones en el informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados de APrA, en una comunicación interna de fecha 11 de octubre de ese año, encontraron importante realizar.

Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas. En definitiva, el APrA la forma en que se solicitó el estudio resulta inútil e insuficiente para iniciar la remediación de los suelos. No sólo se mal gastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican tiempo para miles de familias que aguardan una vivienda.

Tanto el APrA como el GCBA sabían que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente, así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata el nuevo estudio mientras el predio estuvo libre el año pasado. 

Por otra parte, el presidente del APrA, Juan Carlos Villalonga, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días pero, de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando los responsables de esta defraudación a la administración pública.

El relato de la Ciudad esta plaga de defraudaciones, accionar corrupto, desidia y accionar violento. Desde lo técnico con estudios de suelo que se hacen de modo incompleto, legisladores de diversos bloques que en sus actuaciones no desean tratar las posibles soluciones para las familias que están en la calle, las fuerzas de seguridad que avanzan sobre los territorios libreándolos para el accionar de bandas narco, balean a niños y mujeres, aumentando las tazas de familias sin vivienda y de criminalización de la pobreza. Enseñanzas del cinismo político.