Comunicadores del Sur

26.8.2014

La magistrada a cargo del desalojo describió como "mínimo y ulterior incidente" las agresiones que sufrieron legisladores porteños por parte de la Metropolitana. Además agregó que su tarea "fue ingrata".

Por Santiago Gómez

A través de un comunicado oficial, debido a “las comprensibles demandas de información”, la titular del Juzgado Nº14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, se manifestó en relación a los hechos sucedidos el sábado pasado, durante el desalojo del asentamiento Papa Francisco, ubicado en el barrio de Villa Lugano.

La jueza se refirió a la represión que padecieron distintos legisladores porteños, entre los que se encontraban José Campagnoli, de Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Pablo Ferreyra, de Seamos Libres, como “mínimo y ulterior incidente (…), definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada”. Destacó que no hubo pérdidas humanas “ni heridos de consideración”.

En un comunicado en el que claramente la magistrada optó por restarle importancia a la participación del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a quien no se refirió en ningún momento, sino que agradeció a la Ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, por el trabajo realizado y a los diferentes funcionarios de la Ciudad. López Iñíguez consideró que el desalojo “fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores”. Ante las distintas versiones sobre de quién fue la responsabilidad del mismo, la magistrada no dejó lugar a dudas, el desalojo fue “bajo la coordinación de la suscripta”.

Tarea ardua e ingrata

Esa fue la terminología que utilizó la jueza para referirse al desalojo que ordenó, a pedido del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. “A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes, priorizándose la ropa de abrigo, los colchones y los útiles escolares ante todo. El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”. Cabe preguntarse si el objetivo de la mandataria fue el mismo, por qué no le exigió al gobierno de Macri que presentara un plan de relocalización de las familias y los recursos necesarios para que las mismas pudieran volver a comprar lo perdido.

La jueza optó por nombrar los distintos organismos de la Ciudad que participaron del operativo, “el SAME, el BAP, la Secretaría de Acción Social, la de Hábitat, el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Minorías, etc., juntamente con la Policía Metropolitana, el Equipo Fiscal designado en esta causa, y bajo la coordinación de la suscripta”. Cada uno de esos organismos cuenta con una cantidad considerable de denuncias por no cumplir con las tareas que le corresponden. Recordemos el juicio al SAME por no entrar a una villa, la falta de vivienda y las condiciones de los paradores de la Cuidad, que dependen de la Secretaría de Acción Social, cartera en la cual la vice intendenta, Eugenia Vidal, ha hecho un trabajo desastroso, sin el más mínimo cuidado por cumplir con las obligaciones que la Constitución de la ciudad determina.

La jueza venía monitoreando

La mandataria expresó estar al tanto de las “construcciones clandestinas que se habían erigido en el predio” y que “todo pudo realizarse en breve lapso ya que, salvo contadas excepciones, se trataba de casillas hechas con maderas, chapas y cartones, tal cual como lo venía monitoreando este tribunal”. No informa la misma cuánto hacía que el tribunal venía monitoreando la situación del asentamiento Papa Francisco y de ser así, por qué no le exigió al gobierno de la ciudad que garantizara el derecho a la vivienda de esas familias, antes que quitarles el techo con el que contaban, considerando el mísero trabajo que realiza el gobierno macrista, caracterizado por la gestión de Vidal, en lo que refiere a la población que vive en la calle. Este cronista, infelizmente conoce el abandono de la gestión porteña, ya que fue echado de un parador conveniado con la Ciudad no Autónoma después de denunciar la paliza que la Metropolitana le dio a los niños que asistían al mismo. Parece que la jueza optó por no preguntarle a los moradores de Papa Francisco qué respuesta habían tenido hasta el momento de Vidal y su equipo.

Fuimos todos

La jueza optó por mencionar también en su comunicado al Dr. Alejandro Amor, Titular de la Defensoría del Pueblo, a la Dra. Mónica Reina y a su equipo de colaboradores “cada vez que esta Magistrada requirió su intervención funcional”. Según la mandataria informó, el Defensor del Pueblo “estuvo presente en el lugar de los hechos a efectos de llevar a cabo la veeduría del procedimiento que le fuera judicialmente impuesta. Su informe verbal, al término del desalojo de personas, dio cuenta de que el mismo se desarrolló sin incidentes”. “En tal sentido, pues, no puedo más que afirmar que se ha dado cabal cumplimiento a los términos de la orden que yo dictara en este legajo, lo que así declaro formalmente”, afirmó López Iñíguez.

“Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades, y de la autoridad con que las leyes los invisten en razón del elevado cargo que ostentan. En cuanto a este juzgado respecta, la tarea de desalojo, liberación y devolución del predio de la calle Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, ha sido concluida con éxito, razón por la cual ninguna otra disposición debe adoptarse desde esta judicatura penal.” Ante estas afirmaciones dan ganas de entrevistar a la jueza y preguntarle por qué no comenzó al revés. Si la responsabilidad de la resolución del conflicto le corresponde al Ejecutivo porteño, por qué no le exigió solucionar el conflicto de vivienda de esa población, para después ordenar la liberación del predio.

Según informa el comunicado, el proceso contencioso administrativo cuyo objetivo es el saneamiento del predio, corresponde a la Dra. Elena Liberatori, con quien López Iñíguez estuvo reunida para informarle que “que a partir de las 19.00 horas del sábado 23 de agosto de 2014 el Gobierno de la Ciudad se encuentra nuevamente en plena y libre posesión del predio cuya restitución venían reclamando judicialmente las autoridades del Poder Ejecutivo local. (…) Dejar el predio nuevamente abandonado, con una custodia policial que no podrá ser mantenida eternamente, expone al lote, dada su ubicación, al riesgo cierto y grave de ser nuevamente intrusado lo que, de ocurrir, será exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo local, y podría dar lugar, incluso, a responsabilidades penales a su respecto. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber”, expresó quien coordinó el desalojo.

Para terminar, agradeció a los funcionarios del gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que “sin estar comprendido en las órdenes dictadas por mí, haciendo gala de gran compromiso funcional y por razones humanitarias prestaron el domingo 24, con frío, en medio de la lluvia y con caída de granizo, un apoyo eficaz que permitió acoger habitacionalmente a medio centenar de personas que originariamente persistía en no abandonar el lugar”. Si la mandataria reconoce las razones humanitarias, no se explica por qué por esas mismas razones no tuvo en consideración que las mismas no caracterizan a la gestión macrista, y que hasta el momento no ha dado solución a los problemas de vivienda que atraviesan las más de 400.000 personas de la CABA.

26.8.2014

Miércoles 27/08 – 9 hs. Obelisco a Jefatura de gobierno porteño

EXIGIMOS VIVIENDA DIGNA 

Movilización unitaria al gobierno de la Ciudad y a la Legislatura porteña en reclamo de una solución inmediata a las familias desalojadas del barrio Papa Francisco

Desde el Movimiento Villas al Frente nos sumamos a la movilización unitaria de este miércoles, en repudio a la represión de Macri y Berni, contra las familias desalojadas. 

Recordamos que el sábado pasado, la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana y la Gendarmería desalojaron violentamente a cientos de familias en el barrio y demolieron sus casas con topadoras. Como resultado, las familias se encuentran realizando un acampe sobre la Avenida Cruz y Pola, exigiendo una respuesta a la terrible situación que están viviendo.

Repudiamos la represión de Macri y Berni

Urbanización del barrio Papa Francisco y de la Villa 20 de Lugano

Solución inmediata a las familias que hoy están en la calle

Convocan: Vecinos y Vecinas del Barrio Papa Francisco 

Adhieren: Bachillerato Popular Casa Abierta, Barrios de Pie, Bloque Verde Alameda, Colectivo por la Igualdad, Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe (CPI),Corriente Clasista y Combativa, COB La Brecha, Congreso por el Derecho a Vivienda, El Hormiguero, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Juvenil Fuerza Callejera, Frente Popular Darío Santillán (FPDS), La Poderosa, Los Invisibles, Lucha y Trabajo, Mesa de Urbanización Villa 31, Movimiento Evita, Movimiento Popular Seamos Libres, Movimiento Villas al Frente, MRP, MST, MST Teresa Vive, MTD Aníbal Verón, Organización Social y Política Los Pibes, Pañuelos en Rebeldía, Partido Obrero, Patria Grande, Polo Obrero, PTS, Taller Libre de Proyecto Social FADU, Tendencia Piquetera Revolucionaria, Corriente Villera Independiente, MP La Dignidad en Pueblo Unido, Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Asociación de ex detenidos desapareciods (AEDD), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH Matanza, Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ) Argentina. Miembro consultivo de la ONU y la UNESCO, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Federación de Cartoneros y Recicladores, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Cooperativa de Vivienda CoViLPi, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, FM Riachuelo, Mesa de Vivienda y Hábitat de La Boca, OP Fogoneros, Bachillerato Popular La Grieta, Pergamino, Bachillerato Popular 2 de diciembre, Proyectar, agrupación de docentes y graduados FADU-UBA, Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño FADU-UBA (CEADIG), Agrupación estudiantil La Corriente, Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario, Corriente Nacional Emancipación Sur, Proyecto Sur provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur, Red Lugano, Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autonomos (ENECA).

26.8.2014

Desde el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) repudiamos la escalada represiva contra los vecinos de las villas de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, las fuerzas de seguridad que responden al Gobierno nacional y al porteño se ensañaron con habitantes de los barrios más humildes de la capital. Como organización que se referencia en las clases populares, nos pronunciamos en contra de todo tipo de represión y discriminación, y convocamos a las compañeras y los compañeros de prensa a no convertirse en un instrumento que alimente la xenofobia y el desprecio que muchos medios de comunicación destilan por igual hacia inmigrantes y argentinos de los sectores más pobres.

Días atrás, el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, planteó la necesidad de deportar extranjeros delincuentes, guiño del funcionario nacional a un sector social que encuentra un enemigo en el otro, en el diferente, y cree que la "mano dura" es la solución al miedo que los medios de comunicación pretenden instalar constantemente. Berni, que ya mostró dónde se para al actuar como si fuera jefe de seguridad de la multinacional Lear –cuestión que los trabajadores despedidos y la comisión interna de la autopartista denunciaron oportunamente–, fomenta con sus declaraciones el racismo y la xenofobia.

Por eso no fue extraño ver al “supersecretario” hacer campaña electoral el sábado pasado en el brutal desalojo de los vecinos que habitaban el barrio Papa Francisco, lindero a la Villa 20 de Lugano, quienes vivenciaron la violencia coordinada por la Gendarmería, la Policía Federal y la Metropolitana. Berni justificó el ataque contra los vecinos argumentando que “este asentamiento se cobró tres vidas”. En lugar de detener a los culpables del asesinato de la joven Melina López, Berni utilizó el crimen para atacar y estigmatizar a todos los habitantes del barrio.

El discurso y accionar de Berni está en sintonía con el esgrimido por Mauricio Macri, quien desde que asumió su función como jefe de Gobierno porteño no hizo nada por solucionar una crisis habitacional que ya le estalló en las manos y que empujó a los vecinos de las villas de Buenos Aires a instalar una carpa en el Obelisco durante cincuenta y cuatro días para exigir la inmediata urbanización de sus barrios.

En octubre de 2010, el informe realizado por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas determinó que el 24,91 por ciento de las viviendas de la Ciudad se encontraban vacías y 140 mil casas estaban en situación deficitaria. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en la capital del país hay medio millón de personas con problemas de vivienda. El Gobierno porteño, en lugar de enfrentar el déficit habitacional, subejecuta el presupuesto destinado a este área y utiliza como fuerza de choque a la Metropolitana, policía que ya demostró su habilidad para la represión durante el desalojo del Parque Indoamericano y en el conflicto del Hospital Borda.

Frente a una situación habitacional que ya es dramática y afecta a miles de porteños, la respuesta del Gobierno nacional y de la Ciudad fue enviar a sus policías y topadoras. El resultado: cientos de familias quedaron en la calle y delegados y referentes sociales fueron detenidos. El operativo policial también se ensañó con aquellos legisladores que fueron a poner el cuerpo en solidaridad con los habitantes del barrio Papa Francisco. Pablo Ferreyra fue herido con perdigones de goma mientras que José Campagnolli y Horacio Pietragalla fueron golpeados. Los trabajadores que integramos el CTP repudiamos el accionar represivo como única respuesta a los problemas de vivienda del pueblo trabajador.

Los canales de televisión que se acercaron al lugar negaron sus micrófonos a las personas agredidas y desalojadas, a los diputados y a los delegados del barrio, decisión que contrastó con la "cadena nacional" que protagonizaron Berni y la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal. Hasta un grupo de vecinos que se manifestó a favor del desalojo tuvo oportunidad de expresarse frente a las cámaras. En resumen, se trató de un dispositivo mediático que invisibilizó a los vecinos desalojados y fue acompañado por la Gendarmería, que impidió el ingreso a los periodistas que intentaron ingresar al barrio a hacer su trabajo.

Quienes militamos en el CTP consideramos que, como trabajador@s de prensa, tenemos una responsabilidad especial: hay que dar batalla para que los medios en los que trabajamos no tergiversen los hechos que cubren y se abran espacios para que las voces silenciadas puedan expresarse. ¡Compañeros, compañeras, debemos dar esa discusión! Los trabajador@s de prensa organizados volvemos a expresar que es necesario articular cada vez más con los medios alternativos y comunitarios, con organizaciones sociales y trabajador@s de todas las actividades para poner al periodismo al servicio del pueblo.

26.8.2014

La Retaguardia

Pasadas pocas horas del desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, algunas familias permanecen acampando en las cercanías del terreno. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el sector en el que estaba instalados los narcotraficantes quedó intacto y que solo desalojaron a los vecinos. Dejamos algunas reflexiones para intentar entender por qué se pasó de la urbanización al desalojo.

Tras el desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, varias organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron en el obelisco para protestar por las diez detenciones producidas. Las primeras seis se dieron durante el desalojo. Las otras cuatro en incidentes posteriores en los que hasta el legislador Pablo Ferreyra fue alcanzado por balas de goma.

Aún lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas. Así como el Papa Francisco logró detener el desalojo planificado hace algunos meses con un mail que hizo público el legislador porteño Gustavo Vera ("Antes no desalojaban los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas", decía el papa en aquel momento), el viernes causaron sorpresa las declaraciones del cura del barrio, Franco Punturo, el mismo que bautizó a lo que iba a ser un barrio en lugar de una villa, con el nombre de Papa Francisco. Punturo había asegurado que “la zona es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento”, y aseguró que eso ocurría porque la policía y la gendarmería no entraban al lugar y eso generaba la tranquilidad necesaria para que las mafias se instalaran allí.

Curiosamente, ayer las fuerzas de seguridad no solo ingresaron al barrio encontrándose con poca resistencia, sino que se llevaron detenidas a diez personas, la mayor parte militantes sociales y delegados del barrio, que bastante lejos parecen estar de ser mafiosos. Cabe preguntarse: si el barrio estaba tomado por bandas peligrosas, ¿por qué la resistencia fue la que en general se da en cualquier otro desalojo?; las familias intentaron evitar la medida en un comienzo (de hecho allí se produjeron las primeras seis detenciones), pero luego no les quedó otra opción que aceptar retirar sus cosas antes de que las topadoras arrasaran con sus ladrillos, sus sueños, sus buenos mangos puestos no solo en los materiales, sino también en muchos casos en la compra de esos terrenos a algunos punteros del sistema político como Marcelo Chancalay, ex presidente de la junta vecinal de la Villa 20, que fue detenido el 30 de mayo acusado de haber organizado la toma y loteado los terrenos para luego venderlos. Vale volver a preguntarse, ¿quiénes son los mafiosos? ¿los vecinos que ayer se quedaron sin vivienda o los punteros que deambulan entre el PJ, el PRO, el FPV, según les convenga, como Chancalay?

El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: "pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos", dice en el más elocuente.

Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni dan cuenta de que algo ha cambiado en lo discursivo. Si antes los funcionarios nacionales se preocupaban por no aparecer cómodos con la represión como metodología, ahora tienen en Berni al que asegura que esto debió haber sucedido antes. Hoy, ya nadie habla de Melina López, ni de las mafias, ni de las familias desalojadas, ni del cementerio de autos… mucho menos de la ley que el propio Estado local incumple: ese terreno debió haber sido un barrio desde el 2005. Sin embargo sigue siendo caja para los punteros. Y todo indica que eso no se terminó ayer.

25.8.2014

“RESUELVO:

I.DECRETAR EL PROCESAMIENTO DE NELSON MAXIMILIANO ACOSTA, MIGUEL ANTONIO LEDESMA Y GABRIEL HERIBERTO PEREIRA DE LA ROSA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por resultar los imputados miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades que concurren en forma real entre si y todos en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público –arts. 42, 45, 54, 55, 79, 80 inciso 9° y 248 del Código Penal-.

II.CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA LA ACTUAL DETENCIÓN DE NELSON MAXIMILIANO ACOSTA, MIGUEL ANTONIO LEDESMA Y GABRIEL HERIBERTO PEREIRA DE LA ROSA, cuyas demás condiciones personales obran en autos, de conformidad a lo normado por el artículo 312 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación”.Causa nº 16.475, Juzgado de Instrucción nº 38, 25 de agosto de 2014.

La jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción nº 38, decretó ayer el procesamiento y prisión preventiva de los tres policías metropolitanos que, la noche de 12 de marzo de 2013, dispararon escopetas Mossberg calibre 12/70 cargadas con munición de guerra (plomo) de uso prohibido por los propios reglamentos policiales contra una multitud de personas que se manifestaban contra el cierre de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, e hirieron a los trabajadores de prensa Germán Darío de los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (AnRed), ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y a Mario Ciro Fumaroni, de la biblioteca popular “Los Libros de la Esquina”.

En 42 carillas, la magistrada resumió los hallazgos de la investigación en el año y medio transcurrido, y consideró probado que “…los nombrados fueron quienes dispararon contra los tres manifestantes en la intersección de Corrientes y Paraná utilizando las armas provistas por la institución, aunque con postas de plomo, provocando las lesiones constatadas en autos”. También valoró, para procesar por el delito de homicidio agravado por ser miembros de una fuerza policial en grado de tentativa, “…la idoneidad del medio empleado a tal fin –una escopeta cargada con municiones de plomo-, la circunstancia de haber apuntado contra el cuerpo de los manifestantes, según sus categóricos dichos, así como también la deliberada sustitución de los cartuchos (…), todo lo cual amerita sostener que no hay duda que se representaron el resultado de muerte de las víctimas, y lo aceptaron y se conformaron como posible, resultando evidente el aspecto subjetivo del tipo analizado”, y destacó que no se trató de un abuso o exceso individual, sino de un “plan común con división funcional de tareas, demostrando el desarrollo secuencial del hecho, aquí relevado y probado, la existencia de esta voluntad común previa y concomitante a la ejecución, manteniendo en todo momento los intervinientes el poder decisorio sobre el comienzo, prosecución y finalización del curso causal (…)”.

Además del procesamiento y la prisión preventiva, basada en la gravedad de los delitos y la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación por su condición de policías, la jueza también ordenó remitir copias a la justicia federal para investigar el delito de acopio y tenencia de munición (art. 189 bis apartado 3º del Código Penal), ya que al allanarse el domicilio del oficial mayor Pereira de la Rosa se encontró un enorme arsenal, con armas cortas y largas, chalecos antibala y proyectiles de todo tipo, que el hoy policía metropolitano trató de justificar diciendo que “le sobraron” de cuando revistaba en el GE1 (Grupo Especial del Cuerpo de Guardia de Infantería) de la policía federal.

Sólo en materia de municiones, se secuestraron en su domicilio particular:

Una caja con 39 cartuchos Speer Goldot 9×19.

Una caja marca Magtech con 32 cartuchos 9×19.

Una caja con 50 cartuchos calibre .45 Remington UMC.

2.608 cartuchos a bala 9×19. 82 cartuchos calibre .45.

5 granadas de agresivo químico.

Un proyectil de agresivo químico.

105 cartuchos calibre 12/70 con postas antitumulto (AT, goma).

165 cartuchos calibre 12/70 con postas propósitos generales (PG, plomo).

523 proyectiles Remington calibre .223.

180 cartuchos a bala calibre .308 Winchester.

La pericia balística sobre este material concluyó que varios de los proyectiles encontrados, como los .223, parte de los 9×19 y los .45) son munición de guerra de uso prohibido, y que los cartuchos 12/70 PG contienen postas que se corresponden con el proyectil extraído de la herida de uno de los baleados.

La resolución será seguramente revisada en breve por la Cámara de Apelaciones, y, en caso de ser confirmada, deberá prontamente ser elevada para el juicio oral y público, en el que la querella de la RNMA, acompañada por CORREPI, requerirá el máximo de pena posible para los tres oficiales de la Metropolitana, que son buen ejemplo de cómo fue conformada esta fuerza con la flor y nata federal y provincial.

Recordemos que, igual que Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma proviene de la PFA, donde revistaba en el Grupo Especial de Rescate, mientras que Nelson Maximiliano Acosta integraba uno de los grupos de elite de la policía bonaerense.