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Hospital Italiano: confirman tres nuevos contagios de empleados y se agudiza la polémica entre los delegados y las autoridades

22.4.2020

Por Alfonso de Villalobos

El directorio asegura haber tomado más recaudos que los sugeridos por la cartera de salud y acusan a los gremialistas de tener “intereses espurios”. Desde la Comisión interna denuncian negligencia patronal, contabilizan un infectado más y aseguran que los enfermos ya contagiaron a familiares.

Los contagios de Covid-19 y las irregularidades en los protocolos de seguridad sanitaria parecen no detenerse en el Hospital Italiano. Los representantes gremiales habían responsabilizado a las autoridades del nosocomio por el contagio de los primeros cinco trabajadores. En aquel momento el delegado general de la comisión interna, César Latorre, ratificó a este medio que el Directorio había obrado con “negligencia” mientras que, desde la empresa, aseguraron que habían cumplido con todos los protocolos oficiales. Los trabajadores habían exigido que se aislara a una empleada que había regresado de Colombia y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad así como el testeo de las personas que hubieran tenido contacto con ella.
Días después el número de trabajadores contagiados escaló a 19 empleados que, en parte, contrajeron el virus en los servicios que los representantes gremiales habían señalado como de riesgo reclamando su inmediato aislamiento y cierre. Los delegados, además, exigieron tempranamente integrar el comité de crisis creado a efecto de combatir la pandemia tanto con relación a los pacientes como, especialmente, para la preservación de los empleados sobre la base del conocimiento específico que, por su presencia cotidiana en los servicios, podrían aportar. El argumento, sólido, fue desestimado por el Directorio que además se negó a realizar los testeos masivos y avanzar en los aislamientos sugeridos por los trabajadores.
Una vez que se confirmara el primer caso que, según los delegados habían identificado ellos previamente, sí se dispuso el testeo de las personas que habían estado en contacto pero “sin tomar los recaudos necesarios para preservar la salud de los trabajadores del laboratorio” que, a la vez, atendió pacientes externos. Fue allí precisamente de donde surgieron gran parte de los nuevos casos. Pero antes, la segunda contagiada confirmada, según versiones gremiales, había recurrido voluntariamente a un testeo ofrecido por el gobierno porteño mientras la primera aguardaba sus resultados con diagnóstico de faringitis.

Versión oficial y diferendo gremial

Ante el revuelo mediático generado por la propagación interna del virus, que coincidió con los casos conocidos de otras clínicas privadas como La Providencia y el Centro de Salud Norte así como con los del Hospital Belgrano de la provincia de Buenos Aires, el Directorio optó por publicar un comunicado de prensa en el que reconoce el contagio de los 19 empleados pero, a la vez, asegura haber tomado todos los recaudos necesarios para contener la propagación.
Con todo, explican que “el análisis epidemiológico de estos casos” concluyó que “uno tuvo antecedente de viaje, dos habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada, mientras que los 16 restantes fueron contagios por otros motivos” que, sin embargo, no especifican.
Las autoridades confirman que “una de estas personas tenía el antecedente de viaje a un país que en ese momento no era considerado país de riesgo”. El texto se refiere a la trabajadora que, proveniente de Colombia, según los delegados, presentó síntomas que fueron desestimados por las autoridades al igual que los reclamos de “dejar de atender lo que no era esencial. La primera que se contagió es de un laboratorio ambulatorio. Por esa vía que sugerimos se hubiese evitado el contagio”, aseguraron. Para Latorre resultaba “arbitrario decir que fueran solo de esos países. Los turistas tienen contacto con personas de otros países en los tours. Planteamos que, siendo una institución de salud había que maximizar las precauciones, es un criterio básico”.
Latorre, explica nuevamente que “a la chica contagiada la diagnosticaron mal, por faringitis y, sin tomar en cuenta que a esa altura Colombia ya era considerada país de riesgo la mandaron a la casa con ese diagnóstico”.
En el comunicado posterior a los 19 casos, el Directorio asegura que “pusimos en marcha un plan de capacitación que alcanzó a más de 7.500 colaboradores, en el cual se hizo foco en la prevención y el correcto uso de los elementos de protección personal, utilizamos herramientas de simulación para la colocación y el retiro de los equipos de protección y amplificamos los testeos en nuestro personal con definiciones más flexibles que las recomendadas por la autoridad sanitaria”.
Sin embargo, para Latorre, las autoridades lo que hicieron fue tomar parcialmente sus reclamos: “Lo de las capacitaciones lo pedimos nosotros pero no fueron masivas, solo lo hicieron con el personal jerárquico que luego lo transmitía en forma tergiversada a los sectores”.
El dirigente aseguró que “se niegan a testearnos a todos” y, denunció, “con el propósito de facturar mantuvieron las cirugías no urgentes ya programadas. Hacen 25 testeos por día a esos pacientes con resultados en tres horas mientras que los de los trabajadores, más expuestos, demoran 24 horas”.
El comunicado oficial, por el contrario, sostiene que “brindamos solo servicios esenciales durante la pandemia”. Latorre, visiblemente irritado, señaló que “van por detrás de la situación. Lo que les pasó con el laboratorio ahora se repitió con un nuevo sector que, para colmo, es el de protección y seguridad interhospitalaria”.
Según el relato del delegado “hubo un compañero que, con síntomas, estuvo durante una semana pidiendo el testeo. A partir del protocolo le hicieron el testeo que dio positivo pero ya había contagiado a su hijo y a dos compañeros de su lugar de seguridad y protección hospitalaria”. Latorre señaló que “está confirmado que hubo una grave negligencia del jefe de seguridad, que recibió una notificación de parte de medicina laboral para que sea enviado a la guardia a testearlo y resolvió comunicarse con el trabajador para preguntarle si tenía síntomas e indicarle que no fuera”.
En un video de difusión interna, el presidente del Hospital, Franco Livini, aseguró “sentirse orgulloso del hospital y sus trabajadores” a quienes felicita “por la valentía de poner en riesgo su propia salud en cuidar al otro”. Además, en un mensaje velado a los representantes gremiales incita a los empleados a “no dejarse alcanzar por ese agravio que días pasados surgió de algún espurio interés que pretendió descalificar a nuestro hospital denunciando una grave y falsa situación que algunos medios repitieron sin constatar.”
Los voceros del Hospital confirmaron la existencia de tres nuevos nuevos casos (los delegados aseguran que son cuatro) aunque sostienen que representan apenas el 0,2% del plantel (14.300 empleados). Además, aseguran que de los 22 reconocidos apenas dos se contagiaron por contacto con pacientes infectados en la propia institución mientras que uno lo hizo en otra institución y 19 representan casos de contacto social.

Los trabajadores del Malbrán piden que reconozcan su tarea científico sanitaria

20.4.2020

Los empleados reclaman que se jerarquice su actividad, hoy visibilizada por la pandemia de Covid-19. Algunos de ellos tienen salarios apenas arriba de la línea de pobreza.

La Junta Interna de la ATE en el Malbrán reclamó al titular del organismo, Pascual Fidelio, el reconocimiento de la tarea científico – sanitaria para todos los trabajadores de la institución. El reclamo está en línea con el pedido que realizó en las últimas semanas el Consejo Directivo Nacional de ATE a las autoridades nacionales.
En la nota los empleados señalan que el «personal es de un nivel de excelencia tanto en la formación como en la producción científica, equivalente al personal de los demás organismos del sistema científico del país siendo sus remuneraciones considerablemente menores, en niveles cercano a los de la línea de pobreza e indigencia para profesionales y técnicos al inicio de los respectivos escalafones».
Agrega el documento sectorial que «sabemos que esta solicitud es sobradamente justificada por las misiones y funciones de nuestra ANLIS-Malbrán. No obstante ello, nuestra organización sindical ha compilado a partir de los nuevos desafíos para la salud y la investigación, las acciones que nuestros compañeros llevan adelante en el área de la salud y la investigación y que por otra parte y a la luz de la crisis sanitaria mundial en el marco de la actual pandemia, dejan a las claras por los resultados obtenidos nuestra función científico sanitaria, razón por lo cual entendemos quedar eximidos de mayores argumentaciones».
«Finalmente ponemos en su conocimiento que. de manera informal y pública hemos presentado ante la Dirección ANLIS, el Ministerio de Salud y la Secretaria de Gestión y Empleo Público una propuesta integral de ´Reconocimiento de la función científico – sanitaria´ para nuestra institución, así como la implementación de una bonificación/compensación, de carácter institucional, remunerativo y bonificable que contemple a todes les trabajadores encuadrados en los escalafones S1NF.P y 113.1/09, así como otras formas contractuales que conviven en esta casa, ya que para cada una de sus acciones se requiere de una especificidad propia de una institución con las características como la nuestra», afirma.
Y concluye: «Entendemos que esta propuesta resume el espíritu de la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresadas en nuestra institución, y que por tanto debe ser elevada habiéndola puesto en conocimiento al conjunto de los actores institucionales de ANI.IS-Malbrán. para su consenso y posterior elevación, ya que la misma es una aspiración de todes».

Preocupante la creación de una fuerza de choque que prepara la Policía porteña para la pandemia

19.4.2020

Por Gastón Rodríguez

Son 700 agentes convocados para un grupo de “Despliegue de Intervención Rápida”. Según el secretario de Seguridad, podrían actuar en “situaciones anómalas”, como las colas del súper.

El martes, en la reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, intentó desestimar el cuestionamiento de algunos diputados, que habían visto en la creación de un nuevo grupo policial el afán del Gobierno de la Ciudad de reprimir un eventual desborde social causado por la pandemia, con un pésimo ejemplo: “Lo que queremos es dar presencia inmediata ante una situación anómala –dijo–. Ya se ha dado de tener varias cuadras de cola para ir a un supermercado. Eso generó ciertas situaciones tensas que requieren un despliegue rápido”.
Entre el 8 y 10 de abril, en el predio que la Policía de la Ciudad tiene en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, 700 agentes de distintas comisarías fueron convocados a tomar instrucciones para desenvolverse como miembro del grupo “Despliegue de Intervención Rápida” (DIR). Aunque no hubo ninguna información oficial, Tiempo pudo averiguar que al frente de la flamante división estará el comisario mayor Pablo Kisch, en una suerte de doble comando con el subjefe Pedro Carnero. Kisch tiene experiencia en dirigir grupos especiales dentro de la fuerza, es decir, aquellos que no proceden como policía de proximidad y tienen régimen de Infantería: reprimen en células y avanzan con escudos, motos, escopetas y camionetas. El combo es un grupo con un poder de fuego por encima del resto de los efectivos.
“Lo primero que nos preocupó fue lo irregular de la convocatoria a los policías, algunos vía celular, de manera muy informal. Tampoco entendíamos cual era el motivo de esta nueva unidad que recibe entrenamiento para intervenir en conflictos sociales. Esto viene de la mano con la urgencia de la compra de elementos antidisturbios por casi 53 millones de pesos. En un contexto de pandemia, la prioridad en materia de recursos tiene que ser la salud. Al coronavirus no se lo va a combatir con gases lacrimógenos”, dice la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
La diputada solicitó al Ejecutivo porteño que en un período no mayor a 30 días informe cuáles fueron las resoluciones y documentos oficiales con los que se justificó la creación del grupo DIR, en qué situaciones de conflicto intervendrá y quiénes serán los oficiales que estarán al mando.
“Se me ha puesto en conocimiento de que allí han sido instruidos una serie de agentes en acciones y tareas propias de los cuerpos especiales similares a la Guardia de Infantería. Los ejercicios de caminar juntos con escudos, instrucciones de tiro, la disposición en grupos integrados por tres escopeteros, dos choferes de motos y un chofer de patrullero, motivan saber cuál es el protocolo de actuación al que se ceñirá dicho cuerpo especial”, detalla el pedido.
En la reunión del martes, D´Alessandro insistió en que no se trata de un cuerpo de elite y explicó que “en la Ciudad hemos trazado más de 5.500 objetivos para cuidar por diferentes situaciones, donde, entre otros, están las embajadas, las sedes del Poder Ejecutivo, los supermercados, los colegios, los hospitales y los 131 ingresos a la Capital”.
A la inquietud de la oposición y la ciudadanía por el nuevo invento represivo del Gobierno porteño, hay que sumarle el disgusto de los propios policías. La mayoría de los agentes fueron convocados de improviso y, si se negaban, tenían que conseguir un reemplazo proveniente del mismo lugar que ellos y con idénticas características profesionales. Un oficial que por razones obvias pidió reserva reflexionó: “Si se tratara de dar seguridad a los vecinos en problemáticas puntuales, no precisaríamos escudos y el poder de fuego de un grupo especial. Esto es una máquina de picar carne”.

Cheque en blanco

El 3 de abril se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la compra directa de municiones antidisturbios por un valor de 52.765.291 pesos realizada por la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Gobierno porteño a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, dependiente de Fabricaciones Militares. La adquisición de 150.000 cartuchos de escopeta de balas de goma y casi 5.000 granadas tuvo carácter de urgente.
“¿Cuál era la premura de esa compra? –se pregunta Montenegro– ¿Por qué no ponemos la energía en cuidar la salud y la vida de los porteños? Asumimos una actitud de trabajo en conjunto porque la prioridad es enfrentar este virus, pero eso no significa firmarles un cheque en blanco”.

Distracciones y delaciones

Otro de los pedidos de informe de la diputada Victoria Montenegro tiene que ver con la contratación de una empresa por parte del Poder Ejecutivo para espiar y controlar el trabajo de los integrantes de la Policía de la Ciudad. Varios efectivos se quejaron del aumento de denuncias contra ellos por supuestas distracciones motivadas por el uso del celular. Al mismo tiempo, denuncian la creación de un presunto sistema en el que los comisarios tienen mayor consideración de parte de las autoridades si realizan delaciones por desatenciones en sus labores contra agentes de su propia dependencia.

Renunciaron dos funcionarios porteños por sobreprecios en barbijos y hoteles

18.4.2020

Este sábado, el Gobierno porteño informó, que los funcionarios a cargo de las licitaciones y compras directas con sobreprecios renunciaron. La misma operatoria que semanas atrás aplico el Ministerio de Desarrollo nacional, por el mismo motivo. Los empresarios siguen siempre impunes.

Este sábado, Horacio Rodríguez Larreta les aceptó de forma inmediata la renuncia a los dos funcionarios implicados, uno en la compra por licitación de barbijos y el segundo en la contratación directa del alquiler de hoteles para el alojamiento de los argentinos repatriados de países con alto índice de contagio por coronavirus.
El mismo accionar tuvo el Gobierno nacional, ante la misma denuncia sobre licitaciones con sobreprecios, hace unas semanas. En ese momento fue la compra de alimentos para el Ministerio de Desarrollo Social.
En ambos casos los que nunca se cuestionan, es a los empresarios, que se enriquecen con estos sobreprecios y que especulan con un país inmerso en una crisis sanitaria de magnitud.
Ambos funcionarios son Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, quien fuera el responsable de la compra de barbijos a $3.000. Y el otro es Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la contratación de un hotel de lujo por $5.439.511 a la empresa Midas Hotel Management S.A.
En su comunicado el Gobierno de la Ciudad, cínicamente advierte “Han habido situaciones que identificamos que pueden generar malas interpretaciones respecto de la transparencia a la que aspiramos habitualmente en el Gobierno de la Ciudad”. Nadie pudo tener una mala interpretación de semejante nivel de sobreprecio en productos de amplio conocimiento para cualquier hijo de vecino.
Lo que si genera aun más indignación es que la vicepresidencia de la sociedad Midas Hotel Management S.A. es Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi, media hermana de Rodríguez Larreta. Y que la presidenta de la misma es, Agustina Olivero Majdalani (hija de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia). A este accionar se lo podría denominar, negocios de familia, algo que se repite en muchas contrataciones en el Gobierno de la Ciudad.
Los medios se hacen eco de estas denuncias, según sus propios intereses, como así también fue la reacción en las redes sociales, reflotando la antigua grieta entre macristas y peronistas.
Sin embargo, lo que la mayoría de los medios ocultan y pasan completamente desapercibido en la riña entre la grieta, son los empresarios que imponen a fuerza de coimas o de especulación por necesidad de precios exorbitantes en productos que escasean en el mercado.
Estos hechos, tanto el nacional como el de la ciudad, lindan con la corrupción de funcionarios públicos, que solo renuncian a sus cargos. Mientras a un joven de un barrio popular que se lo encuentra robando un celular le espera años de cárcel. La doble vara y moral de la justicia no se detiene aquí.
El colmo de ambos ejemplos es el nivel de impunidad con que se manejan los empresarios que especulan con las necesidades de las mayorías, donde no tienen ninguna clase de condena, ni siquiera la condena en la opinión pública, ya que los medios y los gobiernos ocultan siempre a los empresarios.
La corrupción es inherente a este sistema, ya que, en estos casos, el estado actúa como comprador en un mercado, donde los empresarios son los dueños de imponer los precios y los funcionarios solo tiene el papel de conseguir ventajas personales en medio del chantaje empresarial, retroalimentándose. Y esto, como quedó demostrado en estos casos, está en ambos lados de la “grieta”.
Por su parte, las lacras empresariales que lucran con las necesidades de las mayorías siempre quedan impunes y se los oculta de las mayorías populares, para que el odio por la corrupción quede contra los funcionarios como personas individuales y que el odio no se transforme contra un sistema donde los empresarios se encuentran por encima del estado. Tengan una justicia que respondan por sus intereses contra las mayorías populares y unas fuerzas de seguridad que los defiendan ante la indignación popular.
Mientras el estado persigue y encarcela a jóvenes que, por trabajo, por cuidar un familiar o por ir de compras tenga que “romper la cuarentena” o reprime a trabajadores que exigen no ser despedidos en medio de un Decreto presidencial que los prohíbe.
Doble vara dirá algunos, pero no, simplemente es una justicia y un estado de clase.

Es urgente: test masivos y protección para los trabajadores de la salud

17.4.2020

Por Myriam Bregman y Alejandrina Barry

Ante la noticia del contagio de coronavirus de trabajadores del sanatorio de la Providencia, hospital Italiano, entre otros. Exigimos que se trate urgentemente el proyecto de ley de emergencia en salud que presentamos en la Legislatura Porteña, el 27 de marzo, cuyo primer punto es test masivos a los profesionales de la salud.

Hace tres semanas presentamos desde el Frente de Izquierda, un Proyecto de ley sobre medidas de emergencia ante el Covid-19. El mismo contempla medidas para afrontar esta crisis sanitaria, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud -público y privado- de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los epicentros de contagio del coronavirus.
La difusión del contagio de 40 trabajadores de la clínica Providencia y del hospital Italiano son una muestra de que este proyecto no puede esperar más, la legislatura porteña lo tiene que tratar y aprobar ya.
Test masivos a todo el personal del sistema de salud era la primera medida, estamos hablando de algo elemental, la vida del personal de salud, proteger y cuidar a quienes nos cuidan. Se necesita poder detectar de forma eficiente y rápida, a todo el personal en contacto con personas infectadas, para frenar la propagación del virus intrahospitalariamente, como así también para la protección del resto de los pacientes, trabajadores de la salud y las familias de los mismos.
Fueron los propios trabajadores los que difundieron su situación, denunciaron a las autoridades por no haber procedido con los protocolos adecuados y la falta de insumos y medidas de protección, son moneda corriente.
A diario son las denuncias de trabajadores de la salud de distintos nosocomios, públicos y privados, por falta de protección, insumos y falta de personal. Nuestro proyecto también plantea el abastecimiento de insumos, camas, personal en los hospitales en base a las dramáticas denuncias de los propios trabajadores
Exigimos una readecuación presupuestaria urgente en la Ciudad de Buenos Aires por ser el foco más importante del país y se sigue con el mismo presupuesto que en 2019.
En esta ley proponemos también la unificación y centralización del sistema de salud bajo la órbita estatal con control de profesionales de la salud, a fin de garantizar el acceso en forma igualitaria a toda la población y de forma universal y gratuita.
Todas medidas elementales, que al calor del avance del contagio entre trabajadores de la salud, por negligencia y desidia de los empresarios de la salud privada y de las autoridades de la salud pública, se hace urgente.
La legislatura ya sesionó en medio de la cuarentena para debatir un nuevo endeudamiento para la Ciudad, a pedido del Jefe de Gobierno. Nada puede impedir una nueva sesión de urgencia para tratar la salud y protección para las y los trabajadores de la salud.

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