12.7.2019
Por Silvio Schachter
El Observatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires, OAMBA, del CPAU presentó un mapa con todas las subastas de los bienes del Estado en la Ciudad. Son 53 inmuebles que suman casi 1,2 millones de metros cuadrados para construir y más de u$s 953 millones de recaudación en los remates.1
El Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y Sociedad Central de Arquitectos (SCA), difundieron una carta enviada a Mauricio Macri expresando su preocupación por la privatización de estos inmuebles. Entre otras consideraciones expresan:
“Entendemos que, la sumatoria de estas operaciones vista en su conjunto, representa una política de venta de tierras públicas sobre la cual no se ha evaluado de forma integral su impacto en el marco del desarrollo y la planificación de la Ciudad.
Este proceso tiene como denominador común la enajenación del suelo público por medio de subastas individuales, otorgando normas urbanísticas particulares, que habilita la transferencia de renta urbana al sector privado bajo la forma de proyectos de obras o emprendimientos inmobiliarios, para usos residenciales y de oficina. En lo que respecta al soporte legal de estas acciones, es importante destacar que la consumación de la venta de suelo público debe seguir una serie de procedimientos para su aprobación, radicando su legitimidad en constituirse como emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social.
Entre 2017 y 2018 más de 40 inmuebles nacionales iniciaron procesos de subasta, incluyendo predios con una localización y dimensiones relevantes a escala urbana, según se puede ver en el mapa on-line realizado por el Observatorio Metropolitano.
Vale recordar que el tratamiento urbanístico de los inmuebles estatales no está contemplado cabalmente en el nuevo Código Urbanístico.
Los inmuebles estatales constituyen, en su conjunto, un bien limitado y por ello un recurso invaluable. Es importante, por la propia entidad del tema, poner en discusión el proceso de privatización de la tierra pública en un marco amplio de análisis, basando su desarrollo en el beneficio común, e incluyendo las operaciones en una dinámica integradora de la planificación urbana de la Ciudad de Buenos Aires.” 2
Hacia el fin del espacio público
La privatización del espacio público es una tendencia iniciada en los años 70, pero la política del actual gobierno tiene una dimensión que supera todos los precedentes. En un periodo breve y a un ritmo avasallante más de 200 hectáreas han pasado de la esfera estatal a manos privadas y están, como lo señala el informe del OAMBA, en plan de privatización casi cientos de hectáreas más. A lo que se debe agregar las concesiones como la que se otorgó por 40 años para la construcción del Megaestadio Arena-La Nación en el barrio de Villa Crespo.
El Estado se ha ido transformando en el principal proveedor de tierra para el mercado, privatizando centenares de hectáreas de dominio público a través de la Agencia de Bienes, especialmente creada para este fin. Se desprende de los bienes públicos con los calificativos de: ociosos, improductivos e innecesarios para la gestión, un recurso recurrente falaz y maniqueo para justificar la operativa. Estas propiedades, por su localización y tamaño en áreas privilegiadas son particularmente aptas para grandes proyectos, requeridos ante la finalización de las obra en el máximo negociado inmobiliario de la historia: Puerto Madero
Los principales operadores inmobiliarios, concertados con fondos de inversión internacionales, han apoyado el nuevo CPU, para que este proceso acelerado de transferencia de riqueza del patrimonio común al ámbito de los negocios privados sea irreversible. Por eso el verdadero propósito del nuevo CPU, y donde introduce los principales cambios, es en el capítulo de zonificaciones, modificando el cuadro de usos y el volumen a construir, beneficiando particularmente a los mega emprendimientos de los grupos concentrados del negocio financiero y de bienes raices
El CPU de este modo se transformó en un instrumento que facilita las transferencias de capital socialmente acumulado hacia un sector privilegiado de propietarios.De manera explícita, el Estado actúa como regulador del precio del suelo urbano, permitiendo su uso especulativo con un precio en creciente aumento, lo cual a su vez genera el aumento de los precios de los alquileres y bienes de consumo, favoreciendo los procesos de gentrificación, fragmentación espacial y segregación social.
El carácter que se le da el uso del suelo es de vital importancia. En un periodo de 15 años el precio promedio de los terrenos en la CABA creció en dólares un 900 % y la tendencia es ascendente .La incidencia del lote en el costo final de un edificio tipo de vivienda colectiva pasó en el mismo periodo del 20% al 70%. Como el costo de obra en dólares se mantuvo relativamente estable, es el costo del lote lo que explica el aumento incesante del precio final de una vivienda y consiguientemente su valor de locación
La sistemática privatización de suelo y bienes y la ausencia de una reserva de tierra urbana pública, conllevan a un condicionamiento que de hecho impedirá la realización de cualquier proyecto de carácter comunitario y público, planes de vivienda social, de salud, educación y recreación, así como la necesaria reformulación del hábitat urbano en función de las transformaciones espaciales que las variables socio culturales demanden. Más aún teniendo en cuenta los déficits actuales y los desequilibrios evidentes en la implantación territorial.
La ciudad pierde así el dominio del suelo urbano y no poseerá capacidad espacial para materializar ningún proyecto futuro. La experiencia es más que elocuente, cuando el espacio es privatizado y consolidado es metabolizado en el tejido urbano, y se vuelve casi imposible su recuperación para un uso público. En este sentido la capacidad resilente de la ciudad es casi nula con lo cual se cristalizaran las inequidades y las disfunciones que caracterizan a la metrópoli actualmente
Recurrentemente se señala que no hay suficiente suelo urbano y recursos para atender las necesidades de los más pauperizados, sin embargo es claro que la enajenación del suelo público se vuelca para atender a sectores más privilegiados y a las actividades económicas más rentables y especulativas y no para responder a las demandas acumuladas de las poblaciones urbanas precarizadas.
El espacio público urbano es el que define la vitalidad de la ciudad, es una urdimbre que además de un intenso valor de uso posee un alto valor simbólico. Es el espacio público el que da carácter a la ciudad y permite reconocerla y vivirla, está constituido por aquellos lugares que se conservan en la memoria de sus habitantes tanto, en sus recorridos y sus múltiples pliegues donde se tejen las historias personales y comunes, que se reconocen en sus rincones naturales, culturales y emblemáticos, donde se rememoran sus luchas y se visibilizan los ausentes. El espacio urbano, identificado con lo público, debe ser valorado como el aspecto vital y crítico de la ciudad, como su principal estructurante, sobre el cual se organiza el tejido social de la urbe.
La liquidación del espacio comunitario es parte no solo de un plan económico al servicio del enriquecimiento de una elite capitalista, es también una forma velada de imponer una práctica política, basada en la manipulación mediática, la supremacía de lo virtual frente a lo corporal, acorralado por la creciente mecánica represiva, es la negación del espacio físico donde encontrarse y reformular la tensión entre el aislamiento individual y la pertenencia a un colectivo social donde se potencie la capacidad transformadora. No se es ciudadano sólo porque tener la posibilidad de votar, sino básicamente por tener la opción de construir una ciudad y una sociedad donde se potencia la alternativa real de decidir en común como se quiere vivir en ella.
Notas
1 Ver mapa con la ubicación y la información sobre todos los inmuebles en: http://www.observatorioamba.org/planes-y-proyectos/caba/planes/2017-2019-plan-de-subastas-publicas-de-los-bienes-del-estado-1/mapa
2 http://www.cpau.org/nota/32859/subasta-de-inmuebles-carta-al-presidente-de-la-nacion
