27.6.2022
Por Diego Moneta
El domingo se cumplieron dos décadas del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, punto de inflexión para la historia de la militancia y las organizaciones sociales de nuestro país. Diálogo con Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20.
Durante una de las movilizaciones llevada a cabo el 26 de junio de 2002 fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los hechos marcaron el cierre de la crisis institucional inaugurada desde la década del noventa y agravada durante diciembre de 2001. A lo largo del mes de junio, bautizado “junio arde rojo” sus familiares y compañeros de militancia impulsan diversas actividades todos los años, en especial en la ex Estación Avellaneda -hoy Estación Darío y Maxi-, donde los jóvenes fueron fusilados por la Policía bonaerense.
Las condenas contra los involucrados llegaron al inicio del 2006. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque la sentencia recién quedó firme en 2016. Durante este año, los abogados defensores de los asesinos intentaron su libertad condicional pero los recursos fueron rechazados. Por otra parte, los agentes Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra y Lorenzo Colman recibieron diversas penas por distintos grados de encubrimiento.
En ese entonces, Kosteki había quedado herido de muerte y Darío, al volver para reclamar por la vida de ese pibe que no conocía, fue asesinado por la espalda. Si bien la difusión de imágenes fue elocuente -el papel de los fotógrafos fue determinante-, diversas autoridades insistieron en la versión de que las muertes se debían a una interna piquetera, aunque nunca logró ser instalada. Por ello, más allá de las condenas a los autores materiales, los familiares siguen exigiendo el juzgamiento de los responsables políticos de la represión y la importancia de que los hechos sean considerados un crimen de Estado. Desde la familia señalan a Distintos funcionarios: Eduardo Duhalde y Felipe Solá, cabezas del Ejecutivo nacional y provincial; Jorge Vanossi, ministro de Justicia, entre otros.
La convocatoria para la tradicional marcha de la Estación al Puente Pueyrredón, que inició el sábado a las 11 de la mañana, incluyó una jornada cultural con diversas bandas en vivo, ferias populares y actividades para niñeces. Llegada la noche se llevó a cabo el acto central, con la lectura del documento anual de las organizaciones que participaron en ese entonces, y posteriormente la marcha de antorchas y la vigilia sobre el puente.
A 20 años de los hechos conocidos como Masacre de Avellaneda, Diosnel Pérez Ojeda, integrante del Frente Popular Darío Santillán y presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20 se prestó a un diálogo. En 2015 balearon su domicilio, donde funciona un comedor, e hirieron a su hijo. Denunció que se trató de un ataque de sicarios narcos con complicidad policial, haciendo responsables a la Comisaría 52 y al Ministerio de Seguridad porteño. A su vez, Pérez Ojeda fue uno de los absueltos a quien el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscó atribuir la “instigación” de la toma del Parque Indoamericano.
A 20 años del asesinato de Darío y Maxi, ¿cómo recuerda aquel día?
Diosnel Pérez Ojeda: Mi primera militancia fue con Darío, siempre fui del Frente Popular Darío Santillán, lo que en un momento fue el Movimiento de Desocupados. Lo conocí alrededor de 2001. Los 26 de junio los recuerdo con impotencia, por como el gobierno mandó para que emboscaran y lo maten. Había 35 heridos pero “por suerte”, aunque no sería la palabra, no fueron más. Es una bronca enorme que a veinte años los responsables políticos sigan siendo funcionarios.
¿Cuál es el legado de la militancia de ambos?
DPO: Te puedo asegurar que su muerte me dio mucha más fuerza para seguir militando. Yo no puedo olvidarme de la muerte de dos compañeros, por eso sigo militando, seguiré siempre y estaré al lado de la familia de Kosteki y Santillán. Yo siempre le digo a Alberto (padre de Darío), que él perdió un hijo pero hoy todos somos sus hijos. Algunos traicionaron la sangre de los caídos en la lucha, aplaudiendo a los responsables, pero nosotros nunca lo vamos a hacer. Siempre pusimos los muertos, parece que los pobres nunca vamos a tener justicia. Vamos a seguir luchando hasta que paguen los responsables políticos.
Hace unos años llevó a cabo una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por entregar comida podrida a los comedores. ¿Ha cambiado esa ausencia y desinterés con los barrios populares?
DPO: Yo sigo siendo presidente de la Junta Vecinal, pero hace rato que caducó su mandato. El Gobierno de la Ciudad ha ido vaciando todo, es una cáscara sin nada. Le dan cosas a su propia gente y a sus propios punteros políticos, es como que la Junta está desapareciendo. Esa actitud no cambió ni tengo esperanza de que vaya a cambiar. Para el Día del Padre ocurrió otra vez, siguen mandando eso. Para los pobres hay carne podrida.
¿Puede postularse cierta línea de continuidad entre la represión del Parque Indoamericano, los reclamos de urbanización en el barrio, la criminalización que buscaron con ustedes, y las denuncias por el alimento en los barrios?
DPO: Lo que están buscando es criminalizar la protesta social. Piensan que de esa manera la gente deja de reclamar. Con la cantidad de personas que están pasando hambre, ya no tenes miedo, si igual te vas a morir. Prefiero morir luchando para vivir dignamente que de hambre. La represión y criminalización de la protesta de los gobiernos de turno a nosotros no nos va a mover de la calle. Por eso es una tristeza que hayan pasado veinte años y los responsables políticos sigan estando como cuadros políticos y que algunos compañeros los aplaudan.
