Comunicadores del Sur

23.6.2022

Por Matías Ferrari

Otras dos personas en situación de calle fallecieron durante los últimos diez días en la Ciudad de Buenos Aires. Ya son seis en lo que va del año, según el relevamiento de las organizaciones sociales que trabajan la problemática.

El cuerpo sin vida de otra persona en situación de calle fue hallado este domingo no por el Programa Buenos Aires Presente (BAP), ni por la Policía de la Ciudad, ni por ninguna otra autoridad del Ejecutivo porteño. Fue un vecino de Barracas quien alertó que un hombre bastante mayor, tirado sobre la vereda frente a su casa y tapado hasta la cabeza, no se movía desde hacía dos días. Las causas del fallecimiento todavía no están claras, lo mismo que su identidad: pese a que el Ministerio de Desarrollo Humano promocionó el censo que realizó sobre la población que vive en el peor de los mundos en abril pasado y la puesta en marcha del “Operativo Frío” como políticas públicas para contener la problemática, no lograron dar todavía con ningún dato relevante. De no ser por las organizaciones sociales y ONGs nucleadas en la Asamblea por los Derechos en Situación de Calle, sería otra muerte condenada al olvido.
Algo similar sucedió con la confirmación de otro caso, en Pompeya, a principios de junio. Según pudo reconstruir El Grito del Sur, otro vecino de la zona advirtió que salían fuego y humo negro desde una ranchada cerca de su casa. Desde la Policía de la Ciudad sólo tenían la información de que una vela había prendido un cartón. El incendio fue advertido por efectivos de la Comisaría 4D, pero nada más. Los afectados fueron Gisela Toledo y Alexander López, una pareja a la que la Iglesia de Caacupé les estaba tramitando un subsidio para sacarlos de la calle. Ambos llegaron al Instituto del Quemado con varias heridas e intoxicados con monóxido de carbono. Gisela se salvó, pero Alexander no. Falleció después de permanecer una semana en terapia intensiva.
Ambas muertes se suman a otras cuatro, tanto por hechos de violencia como “por la ausencia de políticas públicas y el abandono del Estado”, relevados en la Ciudad en lo que va del año por las organizaciones de la Asamblea, que de forma artesanal vienen realizando un conteo con el objetivo de evitar la impunidad que envuelve a estos casos.
En lo que va de este año, las organizaciones ya tienen relevadas al menos unas 20 muertes en todo el país, de las cuales seis fueron en territorio porteño. A las dos confirmadas recientemente, se suman otros cuatro casos: el 19 de marzo murió Cristian Walter Rizzo, de 42 años, tirado en una calle de Pompeya; el 28 de ese mismo mes falleció Loreley, una mujer migrante de 65 años, en las inmediaciones de la estación de Once, donde ranchaba; el 29 de mayo, efectivos de tránsito encontraron el cuerpo duro de un varón NN, en pleno Microcentro; y otro varón fue encontrado mientras se desangraba luego de un enfrentamiento en Recoleta.
Durante 2021, las organizaciones contaron 23 muertes en todo el país, de las cuales seis se produjeron en la Ciudad. En muchos casos figuran como “muerte natural”, pero la Asamblea cuestiona esa definición. “Las causas naturales en la situación de calle responden al desconocimiento de las condiciones de extrema vulnerabilidad y de falta de asistencia por parte de los Estados, lo que se configura como determinantes sociales de la salud y enfermedad”, explican.
El Gobierno porteño, en tanto, relevó en abril unas 2.548 personas en situación de calle, de las cuales 1.010 se encontraban efectivamente viviendo en la calle y 1.538 personas que ya se encontraban en la red de 35 centros “de inclusión”. Fue en el marco del lanzamiento del Operativo Frío, que se pone en marcha a esta altura del año, cuando las temperaturas descienden por debajo de los 5 grados. Para las organizaciones son más de 10.000.
“Por medio del programa BAP, los equipos salen al encuentro de quien lo necesita todos los días por cada barrio de la Ciudad. A partir de esos recorridos, se detectan los puntos críticos y se lleva adelante la trazabilidad de la situación de cada persona, con información digitalizada y actualizada acerca de las distintas intervenciones y de la evolución de la situación de cada una de las personas asistidas”, comunicaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, respecto del Operativo Frío. Evidentemente no estaría funcionando.
En base a información que publicó en su momento este medio, la legisladora porteña Cecilia Segura presentó un pedido de informes en el que solicita información al Ejecutivo sobre la cobertura de los programas de asistencia. “No es la primera vez que ocurren hechos de estas características en esta población, que además sufre cotidianamente discriminación, violencia y dificultades para acceder a la red asistencial”, dice el proyecto.

22.6.2022

Por Martín Suárez

Exigen que la rectoría del Colegio aparte de sus cargos a ambas personas. Una vez decidida la toma del Nacional, la rectora se reunió con las y los estudiantes y este jueves comienzan a diagramar una mesa de negociación.

Caminan y deambulan por la escuela y por diferentes eventos que organizan los estudiantes. Uno amenaza con violencia a un alumno «te voy a bajar todos los dientes», le dijo; el otro hostiga a las chicas mientras realizan educación física en el campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, e impone el terror dentro de la comunidad estudiantil. Quien amenaza a las y los estudiantes es Roberto “Robbie” Rodríguez, actual jefe del departamento de Educación Física del CNBA. Rodríguez fue vicerrector del turno mañana del 2011 al 2016, y fue reelecto por tercera vez como jefe de departamento desde 2007 hasta hoy, situación que, aseguran las y los estudiantes, es ilegal.
“Este hombre fue denunciado por mirar pornografía infantil dentro del colegio, y el alumno que lo denunció fue encerrado en vicerrectoría por este mismo hombre para que no dijera nada y lo amenazó diciéndoles que le iba a romper los dientes”, detalla a Tiempo Victoria Liascovich, Presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires (CENBA). Éste miércoles desde muy temprano la comunidad estudiantil mantuvo varias asambleas donde determinaron la toma del Colegio, dado que la rectoría se niega a escuchar sus reclamos: que aparten de su cargo al jefe de departamento de Educación Física, Roberto Rodríguez, y a otro trabajador auxiliar que fue condenado en 2018 por abuso sexual agravado a una menor de edad, y que actualmente mantiene una pena de tres años de prisión en suspenso.
Este último es José Sebastián Báez, que trabaja en el Campo de Deportes del Colegio ubicado en Juana Manso al 400. La pena que recibió hace cuatro años está en suspenso y aún vigente, por abusar sexualmente a su hijastra menor de edad. “Que la condena esté en suspenso quiere decir que el juez puede suspender el cumplimiento de la misma, a la vez que la persona condenada debe tener un buen comportamiento y respetar la condición que se le impone”, detallan desde el CENBA que lograron tomar posesión del fallo judicial (que es de acceso público) y recién en ese momento se enteraron de éste grave hecho.
“Es increíble que esto pase en un Colegio histórico como el nuestro, un docente violento que amenaza a estudiantes y un condenado por abuso sexual en constante contacto con menores de edad”, agrega Liascovich. El pasado 21 de mayo, se llevó a cabo un festival de Rock organizado por el Centro de Estudiantes. Allí se lo ve a Báez merodeando entre los menores de edad que asistieron a la jornada festiva.
“Esto es muy grave, no podemos estar compartiendo actividades y ni siquiera estar en el mismo lugar un hombre abusador sexual y cientos de estudiantes”, exclama a Tiempo Fiona Leotta, vicepresidenta del centro de Estudiantes. Una vez decidida la toma del Colegio por unanimidad, ahora la decisión de que estos hombres sigan en la institución es de la rectoría que dirige Valeria Bergman. “La rectora tiene que actuar rápido, no podemos esperar más. No pueden seguir encubriendo al docente que amenaza a estudiantes y mucho menos a un abusador sexual que tiene una condena en suspenso”, agrega Leotta.
Una vez decidida la toma, la rectora Bergman convocó a una reunión con el Centro de Estudiantes, “este jueves a las 13 horas nos juntamos con ella para diagramar una mesa de negociación”, contó la titular del CENBA.

Mugre, ratas y problemas edilicios

A finales de mayo salió a la luz lo que ocurría puertas adentro del Nacional de Buenos Aires. El año pasado se le cayó un ventilador de techo en la cabeza a un estudiante mientras estaban en clases, y sus compañeros y compañeras aseguran que no lo mató de casualidad. Hace menos de 4 semanas los dos colegios universitarios, el CNBA y el Carlos Pellegrini, se movilizaron al Consejo Superior de la UBA, y exigieron soluciones urgentes a los grandes problemas edilicios entre los que se destacan: la carencia de ventilación necesaria; la falta de encendido de las calderas para calefaccionar los espacios; se inunda uno de los patios, se caen pedazos del cielorraso y los baños están en pésimas condiciones. La Subsecretaría de Hacienda de la UBA, al mando de Matías Ruiz, es la responsable de la asignación de presupuesto para cada uno de los colegios secundarios ligados a la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes denuncian que desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, esa cartera no aumentó los presupuestos anuales que quedaron congelados en 11 millones de pesos para el Buenos Aires y $ 9 millones para el Pellegrini.

22.6.2022

Lo afirman desde la Asociación de Licenciados en Enfermería, que nuclea a parte del personal de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a los despidos que está llevando adelante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

En este marco, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, denunció: “Estamos completando un relevamiento hospital por hospital. Además, estamos recibiendo en nuestra sede sindical a las compañeras y compañeros despedidos, para analizar cada caso y tener un panorama completo. Despedir enfermeras/os con capacitación, con entrenamiento profesional práctico en medio de la pandemia, que se jugaron todo, habiendo la necesidad que hay de fortalecer los servicios es debilitar el sistema de salud, ya la vez con las historias de vida que existen detrás de cada despido, de una insensibilidad total”.
“La mayoría de las despedidas son mujeres, jefas de familia, con un único trabajo. Se les informa oralmente, no se le dan mayores explicaciones, y por lo tanto el destrato y la violencia institucional es enorme. Nosotros no lo vamos a permitir, y la ALE como sindicato independiente de toda la enfermería, va a estar resolviendo medidas esta semana, porque como decimos en nuestro colectivo: en Enfermería, no sobra nadie”, agregó.

17.6.2022

Desde el espacio además señalaron que “desde la llegada de las fuerzas policiales se sucedieron una serie de hechos de inseguridad gravísimos, como ser, el robo de la totalidad de las llaves de portones perimetrales, puertas de acceso e internas de la totalidad de los edificios del predio, de un tablero inviolable al cual solo tenían acceso exclusivo los agentes federales, o el hurto de una costosa consola de sonido en el Centro Cultural Haroldo Conti, mientras las cámaras de monitoreo permanente, controlada por los policías, se ‘apagaban’ durante 14 horas sin que nadie lo advirtiera, ingresando los o el ladrón al lugar sin necesidad de violar puertas”.

Carlos Muñoz de la Asociación Víctor Basterra de sobrevivientes de la ESMA, habló sobre la preocupación de los trabajadores del predio y organizaciones de derechos humanos: “Hay policías adicionales, todos de civil y sin identificación. Empezaron a participar de actividades de observación y ahora se quedaron con el control de monitoreo de cámaras desde el Ministerio de Seguridad. Si venís a la ESMA te va a estar observando la policía con las fuerzas federales”, lamentó.
“Hace dos años, y por decisión de la gestión del secretario de Derechos Humanos (Horacio Pietragalla), la policía se hizo cargo, primero del control perimetral del predio, es decir, de los accesos, que se justificaba por la cuarentena obligatoria y de ausencia de trabajadores en el predio. La situación va variando porque se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”, sostuvo, al tiempo que remarcó que “la situación se agravó cuando empezaron a monitorear desde el sitio de memoria, es decir desde el museo, lo que llevó a un conflicto gremial con ATE. Hoy estamos en una medida de fuerza por la presencia de la policía”.
“Se rompió ese protocolo que decía que la policía tenía sólo control de los ingresos, y ya empezó a participar del control de las actividades”
Consultado por los hechos de inseguridad, el referente relató: “Se robaron las llaves de todos los portones de las 17 hectáreas de la ESMA, que estaban bajo custodia de los compañeros del Área de Protección y Vigilancia, y que con la pandemia quedaron bajo la autoridad de la Policía. Ese llavero tiene las llaves de edificios de organismos de derechos humanos, del Archivo Nacional de la Memoria, del Centro Cultural Conti, por decir algunas”. Además, “la gestión no sólo no cambió las cerraduras, sino que tampoco abrió un sumario”, para investigar el hecho, explicó.
Desde la recuperación del actual Espacio de Memoria en 2004, nunca se registraron situaciones de estas características, resaltó Muñoz, quien también destacó el episodio sucedido en el Centro Cultural Conti: “Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”, y además “no violaron ninguna puerta. Se fueron y entraron por un portón también controlado por la Policía Federal”.
“Las cámaras bajo control policial se apagaron durante 14 horas el día de la desaparición de la consola”
“Hace seis meses tuvimos una charla con Horacio Pietragalla, que es un hijo, un compañero, pero percibimos que no tenía toda la información, sino que se enteraba en ese momento lo que pasaba, a pesar de que su jefe de gabinete estaba al tanto de todo”, explicó Muñoz al ser consultado por la respuesta del gobierno ante las denuncias realizadas.
En el comunicado, exigen que el “Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Horacio Pietragalla, ordene el inmediato retiro de los agentes policiales encubiertos de la totalidad del predio, deje de agraviar la memoria de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos, y arbitre los medios necesarios para el retorno del cuerpo de trabajadores/as Protectores/as a sus tareas habituales tal como transcurría en tiempos de prepandemia”.
Por último, el referente recordó que “en 2004 cuando ingresamos al Casino de Oficiales de la mano de Néstor Kirchner, él prometió que nunca más las Fuerzas Armadas iban a estar en la ESMA y hoy encontrás a la Policía de civil”.

15.6.2022

Ivana Otero, Secretaria de Cultura de Ademys y docente del PTS, participó del debate sobre lenguaje inclusivo en la TV Pública, durante el programa “Desiguales”, conducido por Luli Trujillo y Pablo Caruso, en base a la resolución tomada por Larreta y Acuña para prohibir su uso en las escuelas porteñas.

Ivana Otero, Secretaria de Cultura del sindicato de Ademys, docente del barrio de Lugano, participó del debate en la TV Pública, durante el programa “Desiguales”, conducido por Luli Trujillo y Pablo Caruso, sobre lenguaje inclusivo, tema que se viene dando a partir de que la derecha conservadora, antiderechos y heteronormativa, en este caso, el Gobierno porteño prohibiera la utilización de “e”, “x” y “@” en los colegios públicos de la Ciudad.
Estuvieron presentes también Amparo López, del Centro de estudiantes de Lenguas Vivas y Manuel Becerra, profesor de Historia de escuela media, para debatir sobre este tema. A partir de un paquete de medidas implementadas para “mejorar la comprensión y fluidez lectora”, según la ministra Soledad Acuña, dónde en dicho paquete se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la enseñanza.
Hace unos días compartimos los resultados de las evaluaciones 2020 y 2021 sobre los aprendizajes de los estudiantes de la Ciudad. Dentro del paquete de medidas implementadas para mejorar la comprensión y fluidez lectora, vamos a limitar el uso de la E, X y @ en la enseñanza. pic.twitter.com/IxoCarTQTM
— María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) June 10, 2022
Entre la ministra Soledad Acuña y Larreta, explicaron que, en este último tiempo, las y los alumnos no tienen comprensión lectora y que las y los docentes, “tienen que respetar el idioma español”.
Los presentes se refirieron a cómo se vivió esto que anunciaron Larreta y Acuña. Ivana Otero dijo: “Puedo estar presente en el programa porque la escuela nocturna, en dónde trabajo, tuvo que cerrar momentáneamente por falta de agua y esto habla de las condiciones en que se encuentra la educación. No hay ningún acto progresivo que comience con la prohibición de algo”.
Y continuó: “El debate que se da es lo que se viene a prohibir. Y lo que se viene a prohibir es el movimiento que hubo por abajo, muy enorme, de estudiantes, secundarios, del movimiento de mujeres, de las diversidades sexuales, que es lo que se está cuestionando. Entonces el rechazo es profundo, más allá, de si los docentes utilizan o no el lenguaje inclusivo, porque están negando que se exprese esa juventud”.
También se refirió a lo que venía pasando con el lenguaje inclusivo hasta antes que el Gobierno porteño haya decidido prohibirlo y expresó que, “la realidad, es que el lenguaje es una construcción social, entonces, lo que sucede en las escuelas es que hay docentes y estudiantes que lo usan y otros no. Estoy en un tercer grado y en el proceso de alfabetización, los contenidos y materiales, actualmente, no son con lenguaje inclusivo, así que cae en un saco roto lo que dice la ministra de educación, porque en los hechos concretos, aún no se ha avanzado en incluir el lenguaje inclusivo, aunque sería muy interesante, ya que no está en los materiales oficiales”.
Luego hubo un intercambio y el profesor de Historia de escuela media sostenía que las y los chicos se encuentran en un proceso, a esa edad, de emergencia de las identidades que se van conformando y esta prohibición impacta de lleno en la búsqueda e indagaciones que hacen las y los adolescentes en cuanto a su sexualidad y su género. Por otro lado, debemos tener en cuenta que todo lo que dice Acuña, tiene que ver, siempre, dentro de un marco de campaña electoral, no debe ser pensada como una política real, tal cual decía Ivana, las maestras no alfabetizan en lenguaje inclusivo, no existe el fantasma que quiere imponer Acuña”.
La conductora preguntó en qué evidencia se basa la ministra, ya que se contradice en una de sus declaraciones. A lo que contestaron que hay indagaciones de lingüistas muy prematuras que también llegaron a conclusiones contrarias y refuerza la construcción de una identidad política.
La estudiante del centro de Lenguas Vivas manifestó que, “si bien las y los jóvenes, estudiantes utilizan más el lenguaje inclusivo, además de eso, hay una construcción de un montón de espacios que nosotros logramos dar, entendiendo, y esto me parece central, que la educación pública es sinónimo de inclusión. No se puede pensar el lenguaje de esta manera porque excluye a las diferentes identidades, las cuales existen y hace mucho tiempo, o sea, por qué la ministra anuncia esta prohibición, que incluso no se entiende qué es lo que resuelve, prohibiendo y avasallando situaciones que ya existen y que hemos logrado incorporar de otras maneras más inclusivas y en conjunto con las instituciones”.
Acuña dijo que va a haber sanciones, no solo que está prohibido, sino que quién utilice el lenguaje inclusivo, va a recibir algún tipo de penalidad. Ivana tomó la palabra y dijo: “Comparto que esto es parte de un discurso de campaña electoral, pero retomando, en relación a las sanciones, ya lo vimos con la Reforma del Estatuto Docente, ellos buscan generar una competencia dentro del propio plantel docente, entonces, plantean que sean los propios directivos los encargados de sancionar. Con Jorge Adaro, quien es parte de la directiva del sindicato de Ademys y Juan Manuel Di Vicenzo, quien es delegado de una escuela del barrio de Soldati, el gobierno ha avanzado en querer sumariarlos y es muy grave ¿con qué se los penalizan? que no cobren su salario durante un mes, solamente por haber denunciado en qué condiciones está la educación, durante la pandemia, mientras la ministra cobra medio millón de pesos por mes”.
Agregó: “Es parte de la realidad, el avance reaccionario y buscar penalizar. Aparte, el colectivo de “Vacante Para Todes”, vienen denunciando la falta de vacantes en todos los niveles, pero sobre todo en el inicial, hablando de la importancia que tiene la alfabetización que comienza en el nivel inicial. Este colectivo se ha pronunciado y le parece incorrecto prohibir el lenguaje inclusivo por todas las razones que se plantearon”.
Ivana dijo que hay varias instancias de discusión, “es una propuesta, de comenzar a responder de forma conjunta, en común con la comunidad educativa, inclusive también desde la Legislatura, por lo menos desde el Frente de Izquierda se propuso una derogación de la prohibición del lenguaje inclusivo, o sea, empieza a haber respuesta por abajo y creemos que se va a poder confluir en las calles próximamente”.
Luego agregó sobre la relación de las y los docentes con las familias: “Hace poco menos de un mes, en una reunión, una mamá, apenas llegó ¿sabés qué me dijo? que acababa de ser despedida. Por qué razón le pregunté y me dijo: porque yo quería venir a tener esta reunión con vos y me despidieron por ese motivo. Esa es la realidad que estamos viviendo en las escuelas y esa es la unidad que tenemos los docentes con las familias, diálogos reales que suceden sobre los cuáles, los gobiernos tienen que empezar a operar para que realmente, se pueda comenzar a alfabetizar correctamente”.
Finalizó diciendo sobre el lenguaje inclusivo que, “por supuesto vamos a incorporarlo dentro del lenguaje del aula y frente a las sanciones, estamos en condiciones, la comunidad educativa de poder responder en defensa del lenguaje, que es una construcción y las familias van a acompañar”.