Comunicadores del Sur

28.4.2020

Se trata de una trabajadora de la salud con 30 años de antigüedad en la profesión y trabaja en el Hospital Penna. Los argumentos judiciales se deben a que se trata de un área de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia.

La Justicia porteña revocó una medida cautelar presentada por una enfermera con 30 años de antigüedad del Hospital José María Penna en la que solicitaba una licencia por ser única responsable del cuidado de su hija de cinco años y le ordenó elegir entre enviarla a un centro de atención transitoria (CAT) durante la semana o el cuidado a través del programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los argumentos de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario se destacó que el decreto de la Ciudad 147/2020 establece al Ministerio de Salud y todos los organismos bajo su órbita como “áreas de máxima esencialidad e imprescindibles durante la vigencia de la pandemia” y se facultó a las autoridades a la suspensión temporal del otorgamiento de las licencias y permisos.
“En ese decreto también se plantea que quienes tienen que cuidar a sus hijos, si ambos progenitores trabajan en el Estado, uno se puede quedar en su casa gozando de una licencia extraordinaria y si bien están exceptuados quienes trabajan en organismos declarados esenciales estamos frente a un caso que merece aplicar una excepción”, dijo a Télam Carlos Gustavo López, abogado de la enfermera.
“No planteé la inconstitucionalidad del decreto porque es lógico, no podés licenciar a todos los médicos y enfermeros en forma indiscriminada, porque te quedás sin sistema de salud pero en este caso se trata de una familia monoparental y si, además, ella se contagia trabajando, ¿quién cuida a su hija mientras ella hace la cuarentena?”, agregó.
El amparo presentado el 18 de abril pasado por la enfermera fue concedido por el Juzgado 13 a cargo del doctor Martín Scheibler que dispuso que fuera el Gobierno porteño el que debía plantear opciones para resolver el problema.
Al respecto, la sala 2 de la Cámara Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario planteó dos alternativas: la primera, el alojamiento semanal de la menor en un centro de atención transitoria “debiendo retornar al domicilio familiar en los días de descanso de la amparista y hasta tanto se extendiese el aislamiento preventivo, social y obligatorio”.
La segunda propuesta, “el cuidado personal de la menor mediante la implementación del programa de acompañantes hospitalarios y terapéuticos, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
“La primera la descartamos y la segunda también porque (su clienta) se opone a dejar a su hija con alguien que no conoce”, explicó el letrado y agregó que su pedido es “que le otorguen una licencia mientras dura la pandemia, no solo porque parte de los Derechos del Niño que se pueda quedar con su madre, sino porque si ella se contagia trabajando su hija no tiene con quién quedarse y por lo tanto no se le aseguraría”.
“Es decir, lo esencial del amparo, en resumen, es que para asegurar la protección de la niña, se debe proteger a la madre quien, en definitiva, es la expuesta a contraer la enfermedad cuya consecuencia es el desamparo para la niña”
Por último, destacó que “será el Juzgado número 7, a cargo de Miguel Converset, quien deberá tomar la decisión de fondo”.

28.4.2020

El fallo es en respuesta a una medida cautelar pedida por ATE Capital ante la falta de barbijos, guantes y equipos de protección para reducir el riesgo de contagio en el sector.

En coincidencia con las protestas en los hospitales de la Ciudad por falta de insumos, un juez porteño le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que brinde a los trabajadores de la salud elementos de protección adecuados para evitar el contagio de Covid-19
El juez Víctor Trionfetti del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 15 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por ATE Capital y ordenó que “el GCBA proporcione en forma inmediata a los trabajadores del sector de salud de la Ciudad” todos los elementos necesarios para su protección.
El juez también ordenó la conformación urgente de una mesa de diálogo (física o virtual) donde participen el jefe de Gobierno y otros funcionarios de su gabinete junto a los demandantes de ATE Capital a los fines de abordar seriamente la crisis sanitaria en los efectores de salud.
A su vez, afectó también a Provincia ART S.A. en el cumplimiento “en forma inmediata de las normas de higiene, seguridad, control y fiscalización del empleador en los términos de la Ley 24.557 respecto de la prevención de contagio del COVID-19”.
“Larreta hace gala de las acciones del Gobierno porteño para proteger a las y los porteños y prevenir los contagios de coronavirus, pero a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que les toca pelear en la primera línea contra la pandemia, no les proporciona barbijos adecuados, guantes y equipos de protección para reducir el riesgo de contagio”, planteó Daniel Catalano, secretario general del sindicato estatal porteño e impulsor de la acción de amparo tramitada por Trionfetti.
El gremialista explicó que esta situación “no sólo afecta a los trabajadores y las trabajadoras de la salud sino a todas y todos aquellos trabajadores del GCBA abocados a tareas esenciales en el marco de esta pandemia, como los que atienden las líneas telefónicas de denuncia y asistencia, agentes de Prevención del Delito que realizan trabajos de control en hoteles de cuarentena o reparten viandas en las escuelas”, entre otros sectores del Estado porteño.
La cautela se conoció el mismo día que ATE realiza una protesta en los hospitales porteños, como el Fernández, Durand, Muñiz o Santojanni, en la que los trabajadores de la salud reclaman por la falta de insumos y elementos de protección personal.

27.4.2020

Por Nadia Mayorquin

Los presos reclaman por medidas de sanidad mientras se confirmó un caso de coronavirus en una agente penitenciaria.

El 24 de abril un grupo de presos de la Cárcel de Devoto visibilizó una protesta que surgió al enterarse de que un agente penitenciario había dado positivo en COVID 19. Además del penitenciario infectado, otros seis fueron aislados preventivamente. El reclamo se inició el jueves 23 de abril a la noche con batucadas y mensajes de audio vía whatsapp enviados desde los pabellones a grupos familiares. En dichos mensajes se preanunciaba lo que pasaría el viernes y el pedido de traslados, elementos de higiene y controles sanitarios por miedo a un contagio masivo.
Los internos ocuparon dos plantas del penal con capacidad para 1683 personas pero que alberga a 2200. Al mediodía la protesta incluía aproximadamente al 80 % de los pabellones. Fueron momentos de tensión para los familiares y observadores expectantes desde el exterior.
Claudia Cesaroni, abogada y querellante de la causa conocida como “Masacre del pabellón séptimo”, ocurrida en el mismo penal el 14 de marzo de 1978, estuvo en el lugar desde el inicio y aseguró: “Ahí en el pabellón séptimo fue la masacre de 1978. Me desespera pensar que uno solo puede salir lastimado hoy. Son personas con derecho, el principal a la vida y a la salud. Lo que sucedió es mucho más que un motín, es un grito de auxilio para que se les considere seres humanos”. De acuerdo con Cesaroni todas las medidas públicas de cuidado entran también tras los muros del penal, esa es la demanda.
La Cárcel de Devoto es el único penal que aún existe dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En las alturas de la cárcel se veían tres banderas que sintetizaron la razón del motín: Nos negamos a morir en la cárcel. La frase colgada en los techos es el sentir en todas las cárceles del país donde se viven horas de tensión en medio de esta crisis sanitaria mundial. La aparición del COVID 19 se suma a una situación crítica en las cárceles, en ellas los presos sufren hacinamiento, malos tratos, superpoblación, comida poco nutritiva, escasa atención médica, falta de barbijos, guantes y alcohol en gel, sin el distanciamiento social necesario. Un dato importante es que la gran mayoría de los presos sufren de enfermedades respiratorias.
Tras nueve horas de motín, el viernes se logró el comienzo de una salida pacífica, sin represión, con el acuerdo de una mesa de diálogo con inicio el sábado 25 de abril para tratar el petitorio realizado por los presos.
Desde las 10:30 del sábado los miembros de la mesa de negociación se reunieron en la capilla del penal. Concurrieron el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el Subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; dos jueces de Casación Nacional y Federal, Daniel Morin y Gustavo Hornos; Ariel Cejas Meliare, por la Procuración Penitencial y varios representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las personas detenidas, así como los defensores oficiales. La abogada Andrea Casamento y el presidiario Guillermo “El Concheto” Álvarez, representaron la postura de los internos.
Según el acta se propuso como medidas abarcar el universo de alojamiento en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, por lo que no solo es un tema de la Cárcel de Devoto. Se acordó la conformación inmediata de un grupo de trabajo interdisciplinario y priorizar la revisión y estado de los trámites judiciales vinculados a la población de riesgo sanitario: personas en término de libertad condicional y asistida, las que tenían salidas transitorias otorgadas, aquellos con condenas no superiores a los cuatro años, los que tienen prisión preventiva cuyo cumplimiento exceda los dos años, mujeres embarazadas y/o con hijos, extranjeros con trámite de expulsión, personas que fueron condenadas bajo el régimen penal de menores. La próxima mesa de diálogo será el jueves 30 de abril.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el distanciamiento social como uno de los recaudos para evitar los contagios de COVID 19. Por las características propias del sistema carcelario y las condiciones de hacinamiento esto es imposible. A nivel mundial se está aplicando una política en la que el objetivo es descomprimir las cárceles para disminuir los contagios. América Latina afronta está crisis sanitaria con una desventaja adicional: las cárceles tienen sobrepoblación, hay más de un millón y medio de internos, tiene una tasa de encarcelamiento de 241 internos por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Casi un 6% son mayores de 65 años, el grupo de edad más vulnerable.
Las medidas de prevención recomendadas para esta pandemia: lavarse las manos, reducir las interacciones sociales, etc. son casi impracticables en el contexto carcelario. Los datos señalan que el 58% de los internos no tiene una cama para dormir y un 20% no tiene acceso a suficiente agua potable.

27.4.2020

Por Corina Estrin

A tono con los dichos del Ministro de Salud de la Nación, se hizo público esta línea de la directiva del hospital en una circular interna que generó indignación entre los trabajadores. Sin embargo se deja de lado la responsabilidad de los que vacían la salud pública y no tocan el negocio millonario de farmacéuticas y prepagas

Desde hace varios días los trabajadores de la salud vienen manifestando su preocupación y malestar debido a la falta de insumos en los hospitales.
El viernes por la tarde se viralizó una foto donde la dirección del hospital Penna le indicaba a sus trabajadores como debía actuar ante caso sospechoso y/o confirmado de COVID 19, estas situaciones se repiten en diferentes hospitales, sin embargo, el broche de oro lo constituye uno de los últimos párrafos de la circular interna donde directamente se responsabiliza a los mismos ante posibles contagios, mencionando la posibilidad de ser sancionados.
Escandalosamente no nos termina de sorprender dicha situación, en varias oportunidades tanto Alberto Fernández como el ministro Ginés González García hicieron mención a la responsabilidad del personal de salud, dejando traslucir que muchos de ellos se sienten demasiado confiados y se relajan en el uso de los materiales y protocolos de seguridad.
Desde mediados de marzo, la población en general y el personal esencial vienen sosteniendo la cuarentena, tiempo que parecía necesario e importante, aun siendo una solución restrictiva, para realizar evaluaciones de la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar la pandemia y estar “preparados” para el pico del brote, por otra parte minimizar la circulación del virus, evaluar la cantidad de respiradores disponibles y planificar su distribución más adecuada.
Incluso avanzar en la unificación del Sistema de Salud, estrategia imprescindible para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Un ejemplo de preparación por parte del Estado fueron las imágenes de hospitales de campaña, no percatándose que los mismos no contaban con las normas necesarias de sanidad, contando con camas de madera y colchones de uso domiciliario, imposibles de higienizar adecuadamente entre un paciente y otro.
La falta de alcohol en gel, barbijos, máscaras y camisolines, es corriente en muchos hospitales del país. Las vacunas antigripales no llegan a los hospitales, administrando dentro de los mismos la escasez, en hospitales de CABA se pidieron 650 dosis de las cuales llegaron solo 200. Las informaciones no son claras y para no brindar los materiales se esgrimen múltiples argumentos, dos barbijos por guardia de 24 horas son suficientes, cuando en los protocolos su duración estimada máxima es de 4. Entrega de máscaras sin ningún tipo certificación y que se sostienen con una bandita elástica, todos estos materiales entregados a contra firma. En estas circunstancias son muchos los trabajadores que dada la necesidad y la vocación por concurrir a sus trabajos compran de sus bolsillos los materiales que consideran faltantes, barbijos 3M o N95, máscaras y hasta termómetros para realizar el proceso de triage. Situaciones cotidianas que prácticamente no salen en los medios de comunicación masiva.
Se destaca que los trabajadores de la salud aun no han sido testeados de forma masiva, exponiéndolos a un posible contagio entre pares, pacientes y familiares. El testeo seria un modo de cuidar el recurso humano, evitando tanto la circulación del virus, como también el factor de estrés al cual son expuestos ya que un miedo recurrente que aparece es la posibilidad de contagiar a quienes tienen que cuidar y a sus propias familias. Cuidar a los trabajadores de la salud incluye velar por su salud de manera integral, como así también brindarle la continuidad laboral necesaria. Los profesionales suplentes de las guardias también son válvula de ajuste, por las rotaciones de personal obligatorias, impidiéndoles concurrir a días de guardia previamente pactados.
No se puede permitir que el argumento sea que no saben cuidar los insumos, los que necesitan usarlos saben más que nadie el valor del cuidado de los mismos. Después de un mes y días del inicio de la cuarentena solo se pide tener lo suficiente, para cuidar el recurso humano y para poder cuidar a los pacientes. Son múltiples los ejemplos de las fábricas que han puesto su producción al servicio del sector salud o de los trabajadores esenciales, así también en las escuelas o particulares produciendo máscaras faciales.
Hay que tomar estos ejemplos de solidaridad pero las responsabilidades tanto de proveerse los recursos o donarlos no puede quedar en la individualidad, como decirle a quienes trabajan en centros de salud que son ellos los responsables de enfermarse, aun cuando nadie ha brindado los EPP adecuados, haciéndonos creer que un barbijo sirve para 12 horas de trabajo, o que una máscara sin ningún tipo de certificación más que la buena voluntad es un protector facial adecuado.
Así como en la actualidad la emergencia sanitaria recae con mayor crudeza en la población vulnerable que vive de la economía informal, o que está siendo despedida de las empresas, es en los trabajadores de la salud donde están buscando que recaiga la responsabilidad de la falta de insumos y de la propagación del virus.
Ante la falta de respuesta del Estado ante las exigencias de los trabajadores del sistema de salud, y los sindicatos que dejan pasar los ataques y hasta negocian salarios a la baja como UPCN, o llaman a acciones sin paro ni discusión entre los compañeros para prepararlas, como ATE este 28 de abril, es por esto que los trabajadores deben auto organizarse para garantizar la atención y sus cuidados. Para eso muchos empiezan a poner en pie asambleas y Comisiones de seguridad e higiene de los trabajadores para relevar lo que falta y plantarse para conseguirlo, como en los hospitales Rivadavia, Piñero, Ramos Mejía o el Garrahan. Que no sean nuestras vidas la que paguen el costo de la crisis sino los que se llenaron de plata a costa de que millones de familias vean deteriorar cada vez más sus condiciones de vida.

26.4.2020

Por La Retaguardia

A pesar de sus 10 años de existencia, su prestigio y la demanda creciente de vacantes, el Ministerio de Educación del GCBA, impide el comienzo de la cohorte 2020 del Postitulo Especialización en Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado (ISP) Joaquín V. González. Las autoridades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) afirman que quieren aprovechar el contexto de la pandemia para revisar las propuestas de los postítulos. El equipo docente reclama el inicio de la cursada de primer año la primera semana de mayo, con un comunicado que aquí reproducimos, junto a una entrevista realizada a María Eugenia Otero, integrante del Consejo Académico, en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Al final de la nota, se encuentra el formulario de Google para sumar adhesiones.

En medio de la emergencia sanitaria el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no firmó las resoluciones que aprueban los Postítulos de Formación Docente de los Profesorados.
Las autoridades de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) afirman que quieren aprovechar el contexto de la pandemia para revisar las propuestas, los contenidos y que no haya superposición de ofertas.
Una de estas “ofertas” es la Especialización en Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado (ISP) Joaquín V. González que sostiene desde hace 10 años la formación de miles de maestrxs y profesorxs, en cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la formación docente en ESI, según las leyes 26.150 de nación y 2110 de CABA.
A pesar de que el cuerpo docente está trabajando desde el verano para realizar la preinscripción de aspirantes, que este año fueron 2000, en la organización de la cursada y, a partir del aislamiento obligatorio, en la planificación en modalidad virtual, la decisión de las autoridades impidió comenzar virtualmente la cursada de primer año.
En el contexto de la pandemia por COVID-19 el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afirma la importancia de implementar los contenidos de ESI como una de las prioridades durante la emergencia. Sin embargo, ese mismo Ministerio, pese a tener un cuerpo docente solvente y comprometido con el proyecto de formación que ofrece el postítulo, cercena derechos dejando sin la posibilidad de comenzar la Especialización a 200 nuevxs aspirantes que intentan formarse en una disciplina que se considera prioritaria aún en estos contextos. Estas 200 personas, docentxs de todas las áreas y niveles, representan sólo el 10% del total de 2000 inscriptxs que tuvieron que llegar a sorteo debido a la imposibilidad de dar respuesta a semejante demanda.
Cada dos años se requiere de una resolución ministerial que apruebe la renovación del proyecto, lo que habilita el inicio de la cursada para dos cohortes de este postítulo. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos y plazos fijados para que la tramitación se resuelva antes del inicio del año lectivo, las autoridades de la UCSFD interponen en forma sistemática y sostenida, barreras y obstáculos que nos hacen llegar cada año a la fecha de inscripciones en un clima de incertidumbre en lo que respecta a la apertura y puesta en marcha del postítulo. En varias oportunidades hemos iniciado la cursada sin resolución firmada y, como las designaciones de lxs docentes del equipo también dependen de esa firma, dimos comienzo costeando viáticos y materiales sin haber cobrado un centavo del salario que por “derecho” nos corresponde. Además, nuestra labor docente real da inicios en enero para culminar en diciembre. Sostenemos la tarea durante los doce meses del año sin que ese trabajo sea valorado y reconocido, ya que -además de los exámenes por fuera de las fechas de contrato- cursantes y egresadxs demandan asesoramiento y apoyo en situaciones de violencia de género, abuso sexual, embarazos no intencionales de niñas y adolescentes, discriminación por orientación sexual o indentidad de género y otras problemáticas que irrumpen en el aula con relación a la sexualidad. A pesar la sólida trayectoria como formadorxs y de que seamos quienes efectivamente garantizan el acceso a la ESI, las condiciones de contratación del equipo docente continúan siendo precarias y no garantizan estabilidad laboral ni derechos.
Cada año se interponen excusas burocráticas y administrativas que operan como pantalla y que, advertimos con indignación, son una apuesta al desgaste y denigración de nuestra tarea docente. Este año no ha resultado excepción. La Sra. Ministra de Educación Soledad Acuña durante el 2018 asumió públicamente un compromiso con la ESI, expresado en un informe final de la Legislatura Porteña en el que claramente manifiesta la decisión de respetar y dar cumplimiento de manera efectiva a los acuerdos y recomendaciones indicados por un grupo de expertxs convocadxs por el ex legislador oficialista Maximiliano Ferraro, quien por entonces presidía la Comisión de Educación -hoy diputado Nacional por CABA.
No alcanzamos a comprender las razones que motivan a la Gestión a compromisos públicos, por un lado y a la implementación de Políticas Públicas que los denostan y tiran abajo dejándolos sin efecto, por otro. Cabe preguntarse cuál es el verdadero posicionamiento que el Gobierno de CABA asume frente a la ESI.
Queda en evidencia que las autoridades gubernamentales no respetan ni cumplen las leyes -paradójicamente algunas impulsadas y aprobadas por ellxs mismxs- que advierten sobre la necesidad y obligatoriedad de formación en ESI e incurren en una actitud grave de avasallamiento de derechos de estudiantes y trabajadores.
Emergencia sanitaria de por medio, con modalidad virtual obligada, llegamos a fin de abril sin resolución, cuando deberíamos haber comenzado la cursada hace tres semanas. Queda claro que las autoridades juegan a que el tiempo pase negándoles a lxs inscriptxs la posibilidad de cursar.
A la incertidumbre de cada año se sumó la emergencia sanitaria pero, a pesar de ello, el equipo docente comenzó la cursada de segundo en modalidad virtual con casi el 100% de participación. Continuamos a la fecha sin contar con una resolución que habilite la apertura de nuevas cohortes. De este modo la UCSFD le niega la formación a 200 personas con deseos de comprometerse y formarse, mientras que, una vez más, se vulneran los derechos de lxs trabajadorxs que integran el Equipo Docente.
La pandemia no se enfrenta cercenando derechos y menos se aprovecha la ocasión para avasallarlos, sino que es justamente en estos contextos donde más se necesita de su garantía, siendo la educación sexual integral uno de ellos, especialmente cuando se hace frente a una realidad tan cruel como los feminicidios y abusos agravados de manera alarmante, así como la necesidad de reforzar en cada ámbito educativo la promoción en salud. Lxs estudiantes y profesionales que necesitan consultar por situaciones de violencia de género respecto de la población con la que trabajan no se dirigen al Ministerio de Educación de CABA para que dé respuesta a sus inquietudes, se dirigen a nosotrxs.
Exigimos una respuesta positiva por parte de la UCSFD para dar comienzo a la cursada 2020 en modalidad virtual la primer semana de mayo.

NO NOS AÍSLEN DE LA ESI
Te pedimos tu firma para que el Ministerio de Educación de CABA firme la resolución que aprueba el Postítulo de Especialización en Educación Sexual Integral del Joaquín V. González. Exigimos comenzar la primera semana de mayo ACÁ