Comunicadores del Sur

15.7.2014

Por Javier Borelli

Esteban Ruffa y Germán de los Santos fueron baleados en el violento desalojo del Centro Cultural San Martín, en marzo de 2013. Denuncian que la justicia traba la investigación contra los efectivos ya identificados de la Policía Metropolitana.

El miércoles 13 de marzo tenía apenas 20 minutos cuando Esteban Ruffa apuntó desde la vereda hacia el pelotón de agentes de la Policía Metropolitana parapetados en medio de la avenida Corrientes y sacó la que creía que iba a ser la última foto de la cobertura sobre la represión a los integrantes de la Asamblea de la Sala Alberdi –que hasta esa noche mantenían tomado ese sector del Centro Cultural General San Martín– para la Agencia de Noticias Redacción (ANRed).

Esteban se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la esquina cuando escuchó un disparó y sintió un ardor en su pierna izquierda. Dio un par de pasos más y cayó al piso. A pocos metros de él estaba Germán Darío de los Santos, fotógrafo de DTL! Comunicación Popular, quien bajó su cámara y se dio vuelta cuando a través del visor vislumbró que un policía dirigía su rifle hacia él. La bala de plomo le entró por la cara externa del muslo y le salió por el otro lado. Probablemente siguió su recorrido hasta la tibia de Esteban, adonde continúa alojada.

Hoy los dos impulsan una querella por intento de homicidio contra las fuerzas de seguridad porteñas que actuaron esa noche, y denuncian una argucia judicial para tratar de exonerar a los perpetradores. La última foto que sacó Esteban esa madrugada fue tomada a las 0:26. Así lo prueba el archivo DSC_0062 de su cámara, en el que se puede ver la herida que le provocó la bala de plomo disparada por la Metropolitana. Seis minutos habían pasado de la toma en la que se veía a un agente de la fuerza porteña separado del pelotón y dirigiéndose hacia él. Entre las fotos que sacó Germán al pelotón policial con su cámara Sony Cybershot y la siguiente, en la que se ve su pierna atravesada por la bala, pasó mucho más tiempo.

"Yo no quería asumir que me habían disparado con plomo, sólo me había visto la herida de un lado y me fui en un taxi rápido para mi casa. Recién cuando me saqué el pantalón para ducharme vi los dos orificios", cuenta, parado en el lugar donde recibió el disparo, 16 meses después. Para Esteban, Germán es ahora "El Polaco", como lo llaman sus amigos. Pero antes de ese 13 de marzo no se conocían.

Apenas si recordaban haberse cruzado en alguna cobertura de un conflicto para sus respectivos medios alternativos. Su amistad comenzó a forjarse días después de la represión, cuando sus organizaciones, hermanadas por la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), decidieron juntarse para afrontar la instancia legal.

"Pedimos ayuda a un grupo de abogados que tienen historia y conocimiento en la lucha contra el gatillo fácil", explica El Polaco. Así se acercaron a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que desde entonces los representa judicialmente. Su querella refleja el compromiso de su actividad militante. Los hechos que denuncian están todos probados por las fotografías que tomaron tanto Esteban como Germán, así como también por imágenes y videos que aportaron otros periodistas y aficionados que se expusieron para registrar la represión y que respondieron a una convocatoria de la RNMA para sumar evidencia.

Uno de los videos, conseguido dos días antes de entregar el material a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°7, muestra a Esteban en primer plano en el momento exacto en que recibe el disparo, y a Germán pasando por el mismo lugar cinco segundos después, ya rengueando por el impacto.

Con la información recolectada en las cámaras, la querella logró reconstruir los hechos y probar que los disparos de balas de plomo que recibieron los periodistas de la RNMA fueron efectuados por las fuerzas de seguridad que actuaron en ese operativo. Por ese motivo, solicitaron la imputación de los oficiales de la Metropolitana que pudieran identificarse, así como también del jefe de la fuerza, Horacio Alberto Jiménez; del subjefe, Ricardo Pedace; del superintendente de Seguridad, Juan José Ríos; del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro; del ministro de Cultura, Hernán Lombardi; y del jefe de gobierno, Mauricio Macri.

Durante la instrucción, la Fiscalía imputó a tres de los efectivos de la Metropolitana que habrían disparado "postas de plomo procedentes de escopetas Mossberg calibre 12.70" , al comisario de la Policía Federal Pedro Carnero, titular de la seccional 3ª, y al comisario inspector Guillermo Calviño, a cargo de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores, ya que "quedó demostrado que estaban al tanto de detonaciones de armas de fuego y que en consecuencia había heridos por su utilización; sin embargo no adoptaron ninguna medida al respecto".

A pesar de los avances que hubo en la investigación, la causa corre riesgo de naufragar, ya que el 9 de mayo último la jueza a cargo, Vilma López, decidió declararse incompetente y girar los autos al Juzgado Nacional de Menores Nº6, donde se investiga la culpabilidad de cuatro personas detenidas el 12 de marzo a las 23:45, acusadas de haber "dañado" el Centro Cultural General San Martín y una "garita de seguridad en Uruguay y Tucumán".

El motivo que adujo la magistrada es que se trataba de "un mismo hecho histórico" y que uno de los policías imputados por los disparos con balas de plomo es, a la vez, "damnificado" en la otra causa, por haber recibido una pedrada en la mano. "La jueza se declara incompetente y argumenta que una persona que probablemente haya sido víctima no puede ser considerada culpable, pero con este juego de palabras abre la puerta a que se considere que el intento de homicidio fue en pos de una legítima defensa", precisa De los Santos, que aprendió Derecho de tanto militar la causa.

"Son momentos distintos, lugares distintos y personas distintas", explica a Tiempo Argentino María del Carmen Verdú, abogada querellante e integrante de la CORREPI. "En las filmaciones se los ve a ambos sacando fotos y, después, tratando de guarecerse cuando se escuchan los disparos. Está clarísimo que fueron agredidos en un momento en el que no estaban generando ningún peligro para nadie."

Por todo esto, la Fiscalía decidió impugnar la resolución de la jueza, planteo que fue acompañado por la querella, que también solicitó que "se aparte del futuro trámite a la magistrada hoy interviniente" por sus antecedentes (ver aparte) y por considerar que realiza un "prejuzgamiento a favor de los imputados" al proveerles "una inexistente causal de justificación".

El próximo jueves, a las 12, la querella fue citada a la sala 5 de la Cámara del Crimen para ampliar los argumentos de su apelación. La RNMA, por su parte, acompañará a Germán y Esteban con una jornada cultural desde las 10:30 en la puerta del tribunal (Viamonte, entre Carlos Pellegrini y Libertad).

Estebanestuvo cuatro días sin salir de la casa y mirando por la ventana luego de recibir el disparo. Sin embargo, hoy asegura que esta situación lo comprometió más. Germán coincide. "Hace poco nos encontramos en una toma en Alejandro Korn y nadie quería hacer grupo de cobertura con nosotros, porque decían que atraemos las balas", bromea. "Ante lo que pasamos, yo creo que tenés dos opciones: o te gana el shock y te cerrás de por vida para seguir haciendo esa tarea; o salís potenciado a ponerle más energía, porque te das cuenta de que somos peligrosos para ellos", termina Esteban.

El tercer herido Mario Fumaroni, que participaba del "acampe cultural", también recibió una bala de plomo. Por motivos políticos, decidió no constituirse en querellante.

Cuestionamiento a la jueza López

La querella solicitó que la causa por la represión de la Policía Metropolitana en la Sala Alberdi, en marzo del año pasado, no siga siendo investigada por la magistrada Vilma López, no sólo porque consideran probado que muestra un prejuzgamiento a favor de los acusados, sino por sus cuestionados antecedentes. Según los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que representa a las víctimas, durante la instrucción de la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, la jueza se negó a incorporar la acusación contra la Policía Federal por la zona liberada.

Un conflicto que duró siete años

Cuando comenzó la represión a los integrantes del Acampe Cultural, el conflicto por la Sala Alberdi ya llevaba siete años. Se inició en 2006, cuando Silvia Fajre, ministra de Cultura de Jorge Telerman, ordenó el traslado sin destino de las actividades del espacio. Los talleristas interpusieron un amparo.

Mientras la causa seguía su curso, la Dirección General de Enseñanza Artística dispuso en 2010, ya bajo el gobierno de Macri, el cierre de la sala y el traslado de las actividades a predios distintos. Un grupo de alumnos, ex alumnos y padres se organizó para defender el espacio promoviendo marchas, espectáculos gratuitos y hasta la toma pacífica de la sala.

En ese marco, y con el pretexto del cierre del edificio por el receso veraniego, cuatro jóvenes quedaron encerrados dentro de la Sala sin acceso a baños ni alimento desde enero de 2013 hasta marzo. En su apoyo se instituyó el Acampe Cultural en la Plaza de las Américas del Centro Cultural, que fue desalojado por la fuerza el 12 de marzo y que terminó con la salvaje represión que aquí se cuenta. En septiembre de 2013, el gobierno porteño reabrió la Sala Alberdi con una nueva programación.

4 policías de la Metropolitana que actuaron en el desalojo de la Sala Alberdi también estuvieron en el Indoamericano, en 2010.

11.7.2014

La justicia laboral en el juzgado Nº 59, a cargo de la Jueza Dora Tantis, resolvió el 30 de junio del 2014 en el expediente N°25391/2014,”Schargrodsky Laura c/Dirección General de Sistema de Atención Medica de Emergencia SAME. Ministerio de salud GCBA s/Juicio Sumarísimo: que Laura Schargrodsky debe ser “restablecida en sus funciones en el programa PADU”, por considerar que el cambio de funciones responde a una acción discriminatoria y antisindical vinculada a su actuación gremial y que atenta contra la libertad sindical. Se trata de una medida cautelar, es decir de cumplimiento inmediato, dentro de los cinco días de notificado el Ministerio de Salud” para evitar que la prolongación de un juicio, mediante apelaciones” pueda llevar a que no resulte susceptible la reparación del daño”.

Este es un primer reconocimiento del carácter de la persecución a la compañera Laura Schargrodsky, a la que el gobierno de la CABA también le inició un Sumario por ser uno de los referentes principales del proceso de lucha contra la Resolución 1657 del Ministerio de Salud: que ocasionó el despido de 1500 profesionales que trabajaban hace años con cargos precarizados de suplencias de guardia en el Sistema de Salud de la CABA. En el Sumario la acusan de “haber realizado una asamblea en el SAME” y haber, supuestamente, “dejado entrar” a la Asamblea personal de Salud de otros lugares.

Tanto el avasallamiento de los fueros gremiales de Laura, Presidenta a cargo de la Filial de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez y consejera del Hospital Gutiérrez al Consejo Central de la AMM, el cambio de función en el programa pediátrico del SAME, como el inicio de un Sumario son acciones de presión y persecución por la lucha desarrollada por la compañera, por el Hospital de Niños en su conjunto durante muchos años, y por formar parte de la dirección de la filial del hospital de Niños, opositora a la conducción oficialista de la AMM.

Estas acciones del GCBA forman parte de un plan sistemático de persecución a los trabajadores de la Salud que luchan como los del Htal. Borda, la auditoria del Ministerio de Modernización sobre los profesionales del Htal. Moyano, pretendiendo ser un mensaje aleccionador para todo aquel que salga a enfrentar las medidas de ajuste en salud, las políticas privatizadoras y vaciadoras de lo público del Gobierno de la Ciudad.

La medida cautelar a favor del restablecimiento de Laura Schargrodsky en su función habitual que realizaba desde hace catorce años en los Programas Pediátricos del SAME, es un primer paso en el reconocimiento del carácter de la persecución. Es por ello que exigimos al Ministerio de Salud y al GCBA el cumplimiento inmediato de dicha medida cautelar y el cierre inmediato del Sumario armado por el GCBA y el Ministerio de Salud de la CABA.

Frente a la persecución sufrida por la compañera hemos recolectado 600 firmas exigiendo el restablecimiento de su función, principalmente de trabajadores de la Salud de Hospitales y Centros de salud, docentes y de numerosos pediatras de los programas del SAME.

11.7.2014

“Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año, el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría”, nos recuerda la autora de la nota. En julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza. Daniel Veyra es el policía federal asesino de ambos jóvenes y continúa impune. Como se sabe, el gatillo fácil incrementó sus víctima en la “decada ganada”, de tal modo que en el período esta modalidad represiva estatal superó a todos sus antecesores constitucionales.

Por Romina Fernández- Integrante de Alegre Rebeldía

Había una vez dos pibes que salieron de su casa y fueron asesinados por la policía.
Este comienzo no forma parte de una historia novedosa ni original. Es una historia de todos los días. Es la historia de miles de adolescentes y jóvenes anónimos. Es la historia de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, dos pibes que desde hace ya cinco años faltan.
Jonathan y Ezequiel eran de la Villa 20 de Lugano. Tenían 17 y 25 años. Vivían la realidad que hoy viven muchos pibes de los barrios olvidados de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Tratando de salir como se pueda, esquivándole a la tentación de la plata fácil, aprendiendo a decirle que no al paco, viviendo el cotidiano abuso de la policía, refugiándose en las tardes de cumbia con amigos.
Jonathan, Kiki, como le decían, era un pibe así. Le gustaba el fútbol. Venia dejando atrás ese tiempo que había pasado en el Centro de Régimen Cerrado San Martín y todas las cosas que lo llevaron hasta ahí. Con la pulsión de rescatarse logró escaparle al paco y retomó la escuela. Se refugió en su familia, en sus amigos y le dio para adelante. Y andaba por ahí, yendo para adelante con sus 17 años cuando lo asesinaron.
El 8 de julio de 2009, Kiki salió de su casa y no volvió. En el camino se encontró con su amigo Ezequiel. La policía los detuvo, los golpeó y los asesinó a tiros. Kiki murió de dos balazos en la cabeza.
Durante unos dos meses, Ezequiel estuvo en la morgue, y Kiki fue un NN enterrado en el cementerio de la Chacarita.

Hasta recibir la noticia, el 14 de septiembre de 2009, la familia de los chicos los buscó por todos lados. Angélica, la mamá de Kiki, recorrió el barrio, los hospitales, los juzgados y hasta llegó a pedir ayuda en la comisaria 52 donde le decían que se quedara tranquila, que ya iba a volver.

En boca sucia de muchos, Jonathan andaba perdido por ahí drogado y robando. En el corazón limpio de Angélica, sabía que algo le había pasado. Tenía razones de sobra para sospechar de la policía. Meses antes de su desaparición, la Brigada de Investigaciones de la 52 había golpeado brutalmente a su hijo. Y un día antes del asesinato, Kiki había tenido una extraña advertencia con sabor a amenaza de parte de un oficial. Es que, como sucede en muchos barrios, la policía quería a los pibes de mulo. Y los pibes se negaban a trabajar para ellos.
La causa quedó en manos del Juez Facundo Cubas del Juzgado de Instrucción N° 49. El acusado Daniel Santiago Veyga, oficial de la comisaria 52, nunca declaró, presentó un escrito en el que se adjudicaba la muerte de los chicos argumentando haberlo hecho en defensa propia cuando los pibes le quisieron robar el auto. Para el juez todo cerraba perfecto: dos pibes de la Villa 20, en una andanza que les había salido mal. Un policía cumpliendo su función. Con esos datos, el juez sobreseyó a Veyga diciendo que había actuado en “legítima defensa” y cerró la causa.
Meses después llega a manos de Angélica un video filmado por la misma policía verduga, donde se lo ve a Kiki y a Ezequiel arriba de un auto agonizando. Ese video fue fundamental para reabrir la causa. También fue fundamental la insistencia de los familiares y amigos de los pibes, y de una madre que no aceptó la versión policial. A fuerza de lucha y organización, a fines de 2012, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Veyga y apartó de la causa al juez Cubas, otorgándole el caso al Juez Juan Ramón Padilla del Juzgado de Instrucción N° 24.


A pesar del testimonio de Angélica, de todas las personas involucradas (policías, médico forense, médicos del SAME) y del crudo video, en una parte del fallo titulada “Sobre el fracaso de la justicia”, el juez Padilla tuvo que reconocer que no tenía elementos suficientes para procesar a Veyga. Como es costumbre, la policía se había encargado de encubrir a su compañero. Se cometieron un montón de irregularidades en la investigación. Se destruyeron pruebas fundamentales, como la ropa que los chicos llevaban puesta ese día. Las armas, que decían que supuestamente llevaban los jóvenes encima, misteriosamente desaparecieron en una inundación. Con este panorama, por segunda vez, el 23 de octubre de 2013, Veyga es nuevamente sobreseído. Esta vez “en beneficio de la duda”. La lucha continua. Si bien la familia de Kiki considera el fallo judicial emblemático porque denuncia todas las irregularidades y fallas de la justicia, se pronuncia seguir adelante para que de una vez por todas, Veyga pueda ser procesado por el asesinato de los chicos. El fallo fue apelado.

Hoy es esa la batalla de Angélica, la batalla de quienes extrañan y recuerdan a Kiki y Ezequiel, la de otras madres que también perdieron a sus hijos en manos de la policía, la del barrio, la de los jóvenes que participan de la Casita Kiki Lezcano en Villa 20.
Sigue de pie Angélica con su tristeza y su entereza a la vez. No le importa las amenazas que viene padeciendo estos cinco años. Va firme, denunciando lo que la policía hizo con su hijo y con Ezequiel y lo que sigue haciendo.
Se acerca la fecha donde el recuerdo acentúa su parte más triste, y como cada año el sábado 12 de julio familiares y amigos de Jonathan y Ezequiel se reúnen una vez más en una Jornada por los Derechos Humanos en Fonrougue y Chilavert, Villa 20, Lugano, evocando el encuentro y la lucha con alegría.
La carita de los pibes en una foto. Sonriente en una bandera, en una pared del barrio. Hubiéramos preferido un destino más silencioso para ellos. Les tocó ser estandarte de lo que ya no queremos.
Kiki y Ezequiel eran dos pibes más de la villa 20.
Hace ya 5 años, son dos pibes menos.

8.7.2014
 
El 7 de julio de 2014 a las 9:30 horas, en el Espacio Cultural Pompeya, ubicado en Carlos María Ramírez 1469, barrio de Pompeya, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 1 a cargo del Dr. Alberto Alemán, Secretaría n° 1 a cargo del Dr. Mariano Conde se realizó el MANDAMIENTO DE CONSTATACIÓN DEL INMUEBLE, a fin de constatar el estado de ocupación y distribución del inmueble referido.
Para dicha tarea se hicieron presentes en el lugar, el oficial de justicia Horacio Emilio Solveyra, la síndico designada Marta Estela Acuña, el tasador Miguel Carrero Baliero y el abogado Martín Gorocito en representación legal del acreedor hipotecario: Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A la vez de recorrer y fotografiar todo el lugar, se realizó un acta con los detalles de los diferentes espacios que componen la totalidad del inmueble, sus ambientes, medidas y quiénes los ocupan.
A nivel general, en el acta quedó constancia de que en el inmueble se realizan una cantidad de tareas político–sociales-culturales-educativas como ser las que realiza la Asamblea Barrial Pompeya-Traful, la Comisión por la Memoria de los desaparecidos de Pompeya: "Pompeya no Olvida", la biblioteca popular Rosa Lamorte, el equipo de educación popular “Pañuelos en Rebeldía” (alfabetización, educación popular), el Centro Cultural Pompeya (juegoteca, apoyo escolar, etc.) y el uso social que practican diferentes organizaciones, movimientos sociales. También se dejó constancia que en el predio se aloja una familia con tres menores de 17, 15 y 8 años de edad.
 Entendemos que en estos tiempos se abre una disputa de sentido con relación al “uso” del predio: o bien se continuará utilizando para las tareas político – sociales – culturales – educativas destinadas a la comunidad en forma voluntaria y gratuita; o bien – desalojo mediante – se destinará para la especulación inmobiliaria.
Quedará en la acumulación de fuerzas que podamos realizar para definir el destino de este lugar del barrio de Pompeya, del que hacen uso y mejoramiento del mismo desde hace casi 15 años, no sólo las organizaciones y colectivos citados sino una parte importante de organizaciones y movimientos sociales del campo popular.

Asamblea Barrial Pompeya-Traful.
Comisión por la Memoria de los desaparecidos de Pompeya: "Pompeya no Olvida".
Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.
Centro Cultural Pompeya 

8.7.2014

Con el fin de hacer más real y efectiva la participación de personas migrantes de nuestro país en los procesos democráticos, la diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, María Rachid, en coautoría con la diputada Paula Penacca, presentaron hoy un proyecto de ley para garantizar el sufragio de los/as migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, además de contemplar el derecho a emitir el voto, elimina la inscripción voluntaria en el Registro Electoral y la torna automática, e incorpora la posibilidad de postularse para ser miembro en la Junta Comunal.

A partir de la Ley 25.871, sancionada en el 2003 durante la gestión del Presidente Néstor Kirchner, se reconoce el derecho a la consulta o participación de los/as migrantes en la vida pública, promoviendo acciones para garantizar distintas formas de participación. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 334, que crea el Registro de Electoras y Electores, establece que “los/as extranjeros/as que residan en la Ciudad de Buenos Aires pueden participar de las elecciones locales, previa inscripción voluntaria en dicho Registro”. 
 
Sucede que esta inscripción voluntaria no tiene, en la práctica, el espíritu inclusivo de la Ley 25.871: sólo puede efectuarse en la sede del Tribunal Superior de Justicia en horarios acotados mediante un método burocrático poco efectivo que, sumado a la falta de información pública al respecto, genera un desconocimiento de este derecho, de lo que resulta que sólo el 3% de la población migrante que cumple con todos los requisitos de la ley, está habilitada para participar en elecciones de la Ciudad.  
 
La propuesta ofrece cambios al actual régimen de la Ley 334, removiendo los obstáculos administrativos comprendidos en la inscripción voluntaria y disponiendo la incorporación automática de personas migrantes al Registro de Electores y Electoras Extranjeros/as Residentes en la Ciudad, creado especialmente para ese fin. En esa línea, el proyecto incluye una serie de derechos destinados a alcanzar la igualdad real de trato entre los/as argentinos/as y las personas migrantes durante cada comicio, al establecer la distribución equitativa de los circuitos y mesas electorales; la similitud de mesas y padrones electorales; la equivalencia en la cantidad de electores/as por mesa; y la posibilidad de que puedan votar los/as migrantes que se encuentren privados/as de su libertad. Además, de aprobarse la iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá en época de elecciones, difundir masivamente el reconocimiento de los derechos de los/as migrantes y los mecanismos para ejercerlo.
 
Al respecto, María expresó que “durante la presidencia de Néstor Kirchner, la política migratoria argentina experimentó un cambio de paradigma en cuanto al status jurídico de las comunidades migrantes que, reforzada por la incansable lucha de sus organizaciones junto a las de derechos humanos y referentes de la sociedad civil, permitió aprobar  una nueva Ley de Migraciones. Nuestro proyecto propone profundizar este camino recorrido desde 2003, abriendo la posibilidad de que los/as migrantes que cumplan con los requisitos necesarios puedan, además de votar, ser elegidos/as como representantes de las Juntas Comunales. Además, el hecho de  remover los obstáculos que implican en los hechos la inscripción voluntaria, permitirá a las personas migrantes estar verdaderamente incluidas en la vida democrática de la ciudad y del país que han elegido para vivir".