Comunicadores del Sur

26.11.2018

Por Emilia Leone

Luego de su retiro vacacional, el presidente Mauricio Macri habló de la escandalosa suspensión de la superfinal entre River y Boca

Aunque no estaba previsto, el presidente habló en la Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano. En su intervención, apuntó contra la Justicia por la suspensión de la Superfinal entre River y Boca y adelantó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar, entre otras cosas, un proyecto que "endurece las penas" contra los barrabravas.

Por extensión, como parte de su discurso criminalizador, el presidente llamó a "rechazar a los violentos" y a "las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias". Además, calificó de "bochorno" a la agresión que sufrió el micro de Boca, en las cercanías del estadio de River.

"Tenemos fallas en el sistema" de organización de los partidos de fútbol, dijo Macri, y acusó a "parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, que apaña como una conducta razonable tiras piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable".

“¿Cómo puede ser que esas personas estén libres a las horas? No lo entiendo", sostuvo en lo que fue interpretado como un cuestionamiento al Poder Judicial. Además, Macri apuntó que "el jefe de Gobierno, como responsable, está estudiando y viendo cómo perfeccionar" el operativo para cuando se realice el partido, y destacó que “mas allá de los operativos policiales, no puedo resignarme a que haya que militarizar toda la zona, toda la ciudad”, ante un evento como este.

Sin embargo, lejos de una simple "falla", de una “falta de control” o de un “Estado ausente” para garantizar un espectáculo como el Superclásico, lo cierto es que la estrecha relación entre la dirigencia de los clubes, los funcionarios de gobierno, las fuerzas de seguridad y los llamados "barrabravas", no puede ocultarse.

Así lo demostró una vez más, con sus declaraciones, la ministra Patricia Bullrich, quien no se había pronunciado hasta ahora por los escandalosos hechos. Tras explicar que el proyecto "tipifica como delitos penales y no como contravenciones todas las conductas violentas que se realizan durante un evento deportivo”, Bullrich agregó que van a obligar a los barras que tienen prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos". Igual que Mauricio Macri, negó que hubiera existido una interna policial y una zona liberada para permitir el accionar de los violentos.

Como señaló en este diario el periodista deportivo Augusto Dorado, "que las barras de fútbol ’trabajan’ para intendencias, burocracia de los sindicatos o dirigentes de distinto pelaje en constante ’equipo’ con las fuerzas de seguridad no es ningún secreto". Basta con recordar el rol que tuvieron como parte de la patota de la cúpula de la Unión Ferroviaria que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra durante una medida de los trabajadores tercerizados del ferrocarril.

En una ciudad que en pocos días estará sitiada de cara a la realización del G20, para proteger a los responsables de las guerras y el hambre en el mundo, no faltan, por supuesto, las hipótesis de que estos hechos estuvieron ligados a una interna entre los ministerios de seguridad (Ciudad-Nación) y a acuerdos de sectores de la Policía con la barra brava de River para que ocurriera la agresión, con la la zona liberada.

En vísperas de ese operativo que coordina la cuestionada ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el hecho despierta por ello una alarma mayor. Como se sabe, para el evento que recibirá a los presidentes de los países que lo integran, la ministra desplegará 22 mil efectivos de fuerzas federales. Además, habrá Policía de la Ciudad, Bonaerense y efectivos de los mandatarios extranjeros, como Donald Trump que será acompañado por mil de ellos.

26.11.2018

El titular de la “Seguridad” porteña, experto en planificar represiones y operaciones de inteligencia, no resistió el papelón internacional que tenía a su cargo “cuidar”. ¿El fusible de la interna con Bullrich?

Tras el escándalo que duró todo el fin de semana alrededor de la postergación de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, renunció esta tarde el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo. Según se informó, será reemplazado por el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta había quedado en el ojo de la tormenta tras ser uno de los máximos responsables del operativo de “seguridad” encargado de garantizar el desarrollo normal del espectáculo deportivo que, como se sabe, ni siquiera pudo comenzar por la agresión recibida por el micro del plantel del Boca a poco de llegar al Monumental.

Ocampo (49 años) es abogado recibido de la UBA con una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires y Fiscal General de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. En tanto, desde diciembre de 2015 es ministro de Justicia y Seguridad porteño.

El hasta hoy ministro de Seguridad se había mantenido en total silencio desde la tarde del sábado, cuando su nombre empezó a aparecer en todos los medios antes que los apellidos de los jugadores de River y Boca. Y su renuncia se da horas después de que el presidente Mauricio Macri, su ministra del área Patricia Bullrich y su par de Justicia Germán Garavano brindaran una conferencia de prensa enfocados exclusivamente en el tema.

Pese a su silencio, durante las horas calientes del fin de semana desde su ministerio Ocampo lanzó la definición de que el llamado “tercer anillo” de seguridad en las afueras del Monumental, justo donde el micro de Boca fue apedreado, estaba custodiado por Prefectura. Es decir, por los subalternos de Bullrich.

Precisamente desde el entorno de Bullrich salieron al cruce de Ocampo y dijeron que Prefectura no era la responsable de la custodia del traslado del plantel de Boca. “Nunca avisaron que había que despejar la zona, ni a la Prefectura ni a la Policía de la Ciudad”, dijo Clarín que dijeron desde Seguridad de Nación.

Vale recordar que Ocampo, además de ser padrino de un hijo de Daniel Angelici, es uno de los funcionarios de mayor cercanía con el núcleo del PRO. Esa cercanía fue la que le garantizó en estos casi tres años de gestión de Larreta su cargo como ministro, pese a cometer infinidad de atropellos e irregularidades respecto a la “seguridad” de la población.

Sin ir más lejos, en la última manifestación popular contra el Presupuesto 2019, en los alrededores del Congreso, la Policía de la Ciudad que conducía Ocampo se destacó por cometer todo tipo de ilegalidades contra las libertades democráticas. Entre ellas, se vio en videos a policías apedreando vidrieras de restaurantes y persiguiendo hasta detener a más de veinte cuadras del Congreso a decenas de personas.

Quizás Ocampo no pueda creer que, pese a haberse convertido en un experto en organizar operativos represivos, con altas dosis de control sobre servicios de inteligencia y fuerzas de “seguridad”, haya terminado eyectado de su cargo producto de un par de cascotes certeramente alojados en las ventanillas de un colectivo doble piso.

Cada vez más cobra sentido la versión de una feroz interna entre los ministerios de Seguridad nacional y porteño, lo que incluye también los diferentes “quioscos” atendidos por las diversas fuerzas represivas que tienen a su cargo.

Capaz con la renuncia de Ocampo un capítulo de esta novela haya concluido. Pero evidentemente esto continúa.

23.11.2018

Sol Bajar

Para habilitar la matrícula, exige que suscriban "la defensa del derecho a la vida desde la concepción" y rechacen la educación sexual integral. Un caso que se replica en numerosas escuelas religiosas del país.

Una escuela privada del barrio porteño de Caballito se convirtió en noticia este jueves, cuando comenzó a difundirse el reglamento que el Colegio San José de Calasanz exigía que suscriban los padres para matricular o rematricular a sus hijos.

Entre otras cosas, el contrato de esta institución que pertenece a las llamadas "Escuelas Pías" les pide a los padres aceptar y compartir "la posición de defensa del derecho a la vida desde la concepción". Además, solicita garantizar "la formación sexual integral desde el planteo antropológico católico acorde al Ideario y el Proyecto Escolapio de Educación en el Amor, la Vida, la Afectividad y la Sexualidad", elaborado por las autoridades de este establecimiento católico.

Según trascendió, el texto también solicita aceptar como "obligatorias" materias que según la ley de Educación Sexual Integral deberían ser una "opción institucional". De hecho, según esa ley, sancionada en el año 2006, "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral” con el objetivo de “promover actitudes responsables ante la sexualidad” y “procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”. El problema, como quedó de manifiesto durante el debate sobre aborto, está sin embargo en otros pasajes de esta norma que promovió el kirchnerismo.

Hecha la ley, hecha la trampa

La noticia de este "reglamento" escolar se replica en varias escuelas religiosas, muchas veces sin trascender las paredes de la institución. Así sucede por ejemplo en otras "Escuelas Pías" que hay en Argentina. Estas instituciones, que pertenecen a la orden de los escolapios, ya tienen de hecho varias denuncias por motivos semejantes.

En Córdoba, por ejemplo, el Instituto Escuelas Pías saltó a la fama por promover en las aulas un texto titulado “Las características de un verdadero hombre”, en el que justifica la violencia machista, afirma que "dentro del hogar la función esencial del hombre es ser el jefe" y sostiene que "ese someterse de las mujeres es por amor", además de "explicar" porqué habría "diferencias" entre el cerebro del varón y la mujer, entre otras escandalosas afirmaciones.

El director de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, Perpetuo Lentijo, explica que el reglamento de la escuela porteña no es el único. “Esto ya está pasando en varias escuelas… y no sólo católicas, también en las evangélicas". Según Lentijo, las autoridades "toman sus recaudos para evitar conflictos ulteriores".

Cuenta para ello con el amparo que les brinda la propia ley de Educación Sexual Integral, que en su artículo 5 -en cuya redacción participaron instituciones religiosas y direcciones sindicales docentes como CTERA- plantea que cada "comunidad educativa" debe "incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas [de la ESI] a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

El debate que vuelve a despertar este caso es también acerca de la legalidad que puede tener la incorporación de este artículo de la ESI a un contrato de matriculación de un colegio privado. Un debate que data desde el origen de esta ley y que volvió a actualizarse en el marco del tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el Congreso, que entre otras cosas dejó planteada la tarea de terminar con esa injerencia del clero en los contenidos educativos.

Sin injerencia religiosa

En respuesta a este enorme movimiento, y a la simpatía que despertó, las instituciones religiosas lanzaron la campaña "Con mis hijos no te metas". Con ese mensaje, buscan impedir el avance del dictamen que firmaron las comisiones de Educación y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia para modificar esta ley y darle finalmente carácter de "orden público", para que se aplique en todo el país y en todas las escuelas.

Recientemente, los diputados del PTS en el Frente de izquierda, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, volvieron a exigir que ese dictamen tenga tratamiento urgente. Como denunciaron, "está terminando el año parlamentario y el oficialismo se niega a debatir las modificaciones a la ley de ESI, que permitirían que ésta se brinde sin injerencia religiosa y en todo el país".

"Es inadmisible que la jerarquía religiosa siga teniendo el poder de interferir en los contenidos educativos", dijo Del Caño recientemente al referirse a este tema. El referente de la izquierda, autor de diversas iniciativas que apuntan a socavar el poder de la cúpula clerical, contó también que su bloque propondrá que ese dictamen se incorpore a la próxima sesión de Diputados.

La lucha que este año anudó en las calles los pañuelos verdes y naranjas, a pesar de los llamados a "no enojarse con la iglesia", dejó planteada la necesidad de redoblar y multiplicar la fuerza de este reclamo, para exigir que se separe definitivamente a la Iglesia del Estado.

23.11.2018

Hay alrededor de 15 detenidos, decenas de heridos y hospitalizados. Continúa la persecución del Gobierno a los trabajadores del espacio público en Once.

Esto se da en el marco de una serie de operativos violentos que viene realizando la Policía de la Ciudad, donde reprime, quita la mercadería y lleva detenidos a los trabajadores. Una vez más el gobierno aplica su política de exclusión, persecución y hostigamiento contra los trabajadores que venden en la calle para subsistir.

Esta semana se realizó una serie sistemática de detenciones violentas con operativos en los cuales más de 200 oficiales mediante golpes, gases y balas de goma, detuvieron a más de 20 compañeros y compañeras que trabajan como vendedores ambulantes en el barrio de Once. Mientras la policía de la zona hace la vista gorda con el narcotráfico y el proxenetismo, al igual que en Constitución, persigue a los trabajadores.

Desde organizaciones sociales se exige la liberación inmediata de los compañeros detenidos por trabajar y el cese de la persecución. También se convocó a la comisaría 20 en Catamarca 1345 (y autopista)

Se ensañan contra senegaleses

Cinco senegaleses fueron detenidos luego de ser reprimidos por miembros de la infantería de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires, informó a AIM el representante de los vendedores ambulantes en la CTA, Omar Guaraz, quien detalló que “fueron golpeados, heridos con balas de gomas, rociados con gas pimiento para luego detenerlos”.

En horas de la tarde  del jueves, al igual que los dos días, cinco vendedores ambulantes de origen senegalés “sufrieron una persecución planificada para ser encarcelados”, dijo el dirigente a esta Agencia y subrayó que la Policía “desplegó toda la violencia contra nuestros compañeros”.

Según indicó Guaraz, uno de los detenidos aún continúa hospitalizado, y el resto fueron  esposados y recluidos dentro de los patrulleros.

“Luego del desalojo de 2017 en el barrio de Once, en Capital Federal, los vendedores senegalés resisten, como otros trabajadores de Flores, el lugar que más vendedores alberga en la ciudad”, especificó.

Guaraz manifestó a AIM que  para justificar la detención ilegal, fueron acusados por Ley de Marcas.

Qué dice la Ley

La norma dice que no pueden ser registrados:

1. a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios;
2. b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios;
3. c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.

23.11.2018

La Legislatura porteña fue completamente vallada para votar una norma que repudia toda la comunidad educativa. En el recinto solo apoyaron el PRO y la Coalición Cívica de Carrió. La Policía de la Ciudad agredió a diputados de la izquierda.

Las imágenes de represión que se vieron este jueves en la Ciudad de Buenos Aires recordaron otras no muy lejanas. Como ocurrió el pasado 24/10, cuando se votó el Presupuesto 2019 en Diputados, hubo vallas, militarización, represión y golpes hacia sectores opositores.

Esta vez, el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires valló la Legislatura y la rodeó de efectivos policiales para poder votar favorablemente una ley repudiada por toda la comunidad educativa: la de la creación de la UniCABA. Desde hace tiempo docentes y estudiantes vienen cuestionando una norma que habilita el cierre de 29 establecimientos terciarios en la capital del país. Ese rechazo se ha expresado en movilizaciones y acciones a lo largo de todo el 2018.

Este jueves ese repudio quedó de manifiesto fuera del edificio de la Legislatura, con la movilización de docentes, estudiantes y diversas organizaciones que apoyan el reclamo. Dentro del edificio, en la discusión que tuvo lugar en el recinto los votos positivos solo fueron los del PRO y de la Coalición Cívica. Apenas 34 personas votaron a favor. 26 lo hicieron en contra. Un poco más de tres decenas de personas, sin tomar en cuenta sus reclamos, decidieron sobre el futuro de miles de personas.

Desde la oposición, el diputado Patricio del Corro (PTS-FIT) denunció que "no encontraron ni a un solo especialista en educación, ni un solo docente ni directivo de los institutos terciarios, ni un estudiante, al que este gobierno haya podido convencer de las bondades de este proyecto que es rechazado por el 100% de la comunidad educativa y toda la oposición. No podemos ser tantos los equivocados".

Del Corro fue uno de los legisladores que sufrieron la represión de la Policía de la Ciudad que desplegó un operativo enorme, posiblemente el más importante desde que existe como fuerza.

En el mismo sentido, su compañera de bancada Myriam Bregman denunció la absoluta formalidad de la sesión y criticó duramente al oficialismo. “No les interesa. No les interesa nada de lo que digamos. Sabemos que no les importa, que no les interesa. Hubo decenas de reuniones donde se discutió esta ley y el rechazo fue absoluto. Los estudiantes están en contra, los profesores y profesoras están en contra. Pero siguen adelante”, sostuvo.

Represión y demonización

"Venga Bregman, usted es la responsable de todo esto". La frase la soltó un comisario de la Policía de la Ciudad. La diputada de izquierda estaba llegando al recinto. Resulta evidente que el gobierno y las fuerzas represivas tenían organizado previamente sobre quién recaería la demonización por la represión posterior.

La represión que se llevó a cabo en las afueras de la Legislatura incluyó golpes y gases contra los manifestantes. Pero los efectivos policiales también agredieron a los diputados de la oposición, como pudo verse en videos e imágenes que circularon por las redes sociales. Incluso por momentos impidieron el ingreso de los mismos legisladores al edificio.

En la Ciudad de Buenos Aires, como ocurre a nivel nacional, el macrismo volvió a aprobar una ley con la Legislatura rodeada de efectivos policiales. Una muestra más de los enormes límites de esta democracia al servicio de los grandes empresarios.