Comunicadores del Sur

13.3.2018

Metrodelegados anunciaron en conferencia de prensa un paro en todas las líneas de subte debido a la denuncia por presencia de material cancerígeno en los vagones que el Gobierno de la Ciudad compró a España para la línea B.

La medida de fuerza fue confirmada por Roberto Pianelli, representante de la línea E. El paro se realizará desde las 20 hasta el cierre del servicio.

Los trabajadores del subte nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) reclaman medidas de seguridad ante la presencia de asbesto en tres formaciones compradas a España.
Argentina y España quedaron las puertas de un conflicto diplomático tras el escándalo por la venta de vagones con amianto del Metro de Madrid al subte de Buenos Aires. Días atrás, la Cadena Ser difundió declaraciones del consejero delegado de la red de subterráneos de la capital española, Borja Carabante, donde admite que los trenes del modelo CAF 5000 que se vendieron en 2011 al Gobierno porteño de Mauricio Macri por u$s 550.000 cada uno contienen amianto "encapsulado". Hoy, esas mismas unidades se rematan en Europa por u$s 5.000 para realizar pruebas con explosivos.
La Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación penal por las insuficientes medidas de seguridad que adoptó la firma Metro de Madrid S.A. para evitar la exposición de sus trabajadores al amianto. En la Argentina, Sbase analiza presentar una demanda judicial contra los ibéricos por presunta estafa o engaño en la venta de los vagones, con material prohibido en ambos países.
Teniendo en cuenta que esa sustancia contiene agentes cancerígenos, los investigadores españoles ordenaron "diligencias" en el expediente luego que Metro de Madrid reconoció el único caso de enfermedad laboral de su historia: un trabajador con Asbestosis, un tipo de cáncer que se manifiesta 20 o 30 años después del contacto. El sindicato del subte madrileño denunció que hay otro caso detectado similar y se espera una confirmación oficial. En España informaron que 65 unidades de trenes de la serie 1, con 130 coches en total, estarían "afectados" por amianto. Al menos 36 fueron adquiridos aquí.
Según las empresas, los usuarios no corren riesgo porque el amianto estaría presente solo en un componente eléctrico, que no está en contacto con los pasajeros. De manera preventiva, en Buenos Aires ya salieron de circulación al menos tres vagones CAF 5.000 de la Línea B, que ya tienen entre 35 y 40 años de rodaje.
En España deslizan que los argentinos fueron engañados. "La transacción se produjo después de que el Ministerio de Presidencia español hubiera emitido una orden a finales de 2001 en la que prohibió 'la utilización, producción y comercialización de las fibras' que contiene dicho material", recordaron. Además de los informes técnicos luego de las inspecciones, la clave son los pliegos de licitación que elaboró Sbase. En Madrid aseguraron que la empresa estatal está "revisando la documentación de aquellas operaciones para ver si se incurrió en algún fallo".
La prohibición del amianto en la Argentina se estableció 10 años antes de la venta de los coches, a través de las resoluciones 845/2000 y la 823/2001, del Ministerio de Salud de la Nación.
"Es evidente que esa venta de trenes con amianto a Buenos Aíres fue ilegal de pleno derecho, incumplieron claramente la ley. Es algo gravísimo porque vender a otro país productos con amianto, a sabiendas, es un delito contra la salud pública de otros países", aseguró a Cadena Ser Francisco Puche, ingeniero y economista experto en amianto.
En Buenos Aires ya se tramita una causa penal por la polémica compra de los CAF 5.000. Durante el segundo mandato capitalino de Macri, los ex legisladores Facundo Di Filippo y Gustavo Vera denunciaron al ex presidente de Sbase, Juan Pablo Piccardo, por defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El objeto de esta pesquisa fue la compra de 24 coches CAF Serie 5000, en 2011, 12 coches CAF Serie 5000 adicionales, en 2012, y 86 coches Serie 6000, en 2013. Para Filippo y Vera reprocharon falta de justificación técnica para hacer la operación, material rodante que no se ajusta a la infraestructura local, una dependencia técnica del Metro de Madrid innecesaria, pagos antes de tiempo y la obligación de incurrir en nuevos gastos para adaptar su viabilidad. Menos de siete meses después de la denuncia, Piccardo renunció y Eduardo De Montmollin tomó su lugar.

13.3.2018

Por Oscar Castelnovo (Agencia para la Libertad)

El traslado de la cárcel de Villa Devoto (sita en el barrio porteño homónimo) a Marcos Paz (ciudad del conurbano bonaerense), anunciado este lunes por el ministro de Justicia Germán Garabano y el jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pulverizará los vínculos afectivos de 1800 presos. Mientras, las inmobiliarias se regocijan con el negocio que significa la liberación de ese predio.

El traslado de la cárcel de Villa Devoto a Marcos Paz, anunciado este lunes por el ministro de Justicia Germán Garabano y el jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, exhibe – sin esfuerzos- una creciente elevación del nivel de hijaputez en los funcionarios de Cambiemos, siempre dispuestos a realizar promisorios negocios con sangre de pobres.

El traslado pulverizará los vínculos afectivos de 1800 presos y extenderá aún más a sus familiares una condena que no merecen. Triturará la continuidad de sus estudios. Destrozará la permanencia de sus ingresos laborales. Afectará su derecho a la defensa. Sin embargo, evitará que los vecinos escuchen los alaridos de las torturas o las batucadas que generan los reclamos. Y, sobre, todo elevará el valor de las propiedades hacia un próspero negocio inmobiliario.

Como se sabe, en esta cárcel funciona el Centro Universitario Devoto donde cientos de detenidos cursaron sus carreras y obtuvieron su título universitario. A su vez, entre los presos que asisten al CUD solo se da un siete por ciento de reincidencia, mientras que los otros espacios del encierro superan el 50 %.
Forma parte del A, B, C que un preso o una cautiva, necesitan fortalecer sus vínculos afectivos lo cual se realiza, esencialmente, a través de las visitas. Si a duras penas, un familiar puede viajar desde, supongamos, Lugano, Soldati o La Matanza a Villa Devoto, lo que le lleva gran parte del día y de su ingresos, ¿cómo hará ahora para recorrer los 50 kilómetros hasta Marcos Paz con mayores gastos e insumo de tiempo? De hecho, muchos no podrán hacerlo y recibirán así esta extensión de la condena, prohibida en los pactos internacionales, sin haber cometido delito alguno.
Por otra parte, si los abogados de oficio concurren mal, tarde y nunca a Devoto, adonde se llega en 15/20 minutos desde el punto más lejano de la Caba en automóvil, ¿cuántas veces verán a sus defendidos en Marcos Paz?
A la vez, todos los detenidos que trabajan para distintas empresas perderán su empleo y no tendrán la posibilidad de adquirir alimentos, medicación ni elementos de higiene, toda vez que los agentes del Servicio Penitenciario Federal se apropian de los mismos, sin vergüenzas.

Por su parte, las inmobiliarias ya se restregan las manos con regocijo porque el valor de las propiedades acrecentará las cuentas bancarias en viles lucas gringas, con el favor de la plutocracia.

Asimismo, los palazos, el uso de las picanas, los empalamientos, el plaf-plaf, el pata-pata, los fraguados “suicidios” o las masacres por incendio y monóxido, que provocan alaridos desafinados en los pobres sin educación melódica y al mismo tiempo agreden los oídos del vecindario, ahora solo los escuchará el viento que surca los descampados de Marcos Paz.
¿Cuánto tiempo falta para gran parte de esta sociedad disvaliosa se convierta en pueblo rebelde que enfrente cada injusticia como si atravesara su propio cuerpo y su misma alma?

12.3.2018

El ajuste en la Ciudad contempla la poda de 13 sedes del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines) para adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan y están en situación de vulnerabilidad social.

Alumnos, padres y docentes del Plan Fines reclamaron que no cierren las sedes en la Ciudad de Buenos Aires y terminar los estudios secundarios. La medida de ajuste dispuesta por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta afecta a 500 estudiantes de la Villa 20 de Lugano, La Carbonilla de La Paternal y del Bajo Flores.

El cierre de las sedes de Fines se suma a la falta de construcción de escuelas, la falta de vacantes para más de 12.000 niños y niñas en la Ciudad, y una desinversión educativa en alza.

Pedro Zeballos, de 24 años, alumno de la sede de la Villa 20, consideró “una injusticia total” el cierre del programa y sostuvo que una medida en ese sentido los afectaría porque se trata de una instancia que “da una salida para poder estudiar y tener el título de la secundaria terminada”.

“Soy un estudiante que trata de salir adelante, trabajo en la mañana, y para tener un futuro mejor, estoy estudiando en este plan que están queriendo sacar”, añadió, a la vez que expresó su consternación al señalar que “esto me parte el alma a mí y mis compañeros, algunos de ellos hoy no están aquí por motivo de trabajo”.

PROTESTA FRENTE A EDUCACIÓN

Docentes, padres y estudiantes se movilizaron hasta el Ministerio de Educación porteño para repudiar el cierre de trece sedes del programa. Sostienen que la medida perjudica a 500 alumnos y 80 docentes.

Amalia Casas, profesora de Lengua y Literatura de la Villa 20, dijo que “estos cierres son una situación sumamente dolorosa que genera una gran impotencia porque es una encrucijada en la que están poniendo a los alumnos”.

“Cerrar el Plan Fines es un despropósito”, afirmó y manifestó que cerrarlo además en los barrios más vulnerables “es un atentado contra los alumnos”.

Según explicó, “la mayoría de mis alumnos cobra planes sociales y ahora el Gobierno puso una normativa nueva en la que pide un certificado de alumno regular, pero le cierran las sedes donde iban a estudiar”.

El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Fines) fue implementado en el 2008, tiene alcance nacional.

9.3.2018

Por tercera vez consecutiva el Gobierno de la Ciudad vuelve a “ofrecer” el 12% en cuotas. Desde Ademys denunciamos que esta propuesta representa la peor oferta en años a la docencia de la Ciudad.

Nuevamente, el gobierno plantea un salario diferenciado, mediante un sistema de “premios y castigos” por capacitación y títulos. Desde Ademys rechazamos categóricamente este criterio y consideramos que cualquier discusión salarial debe hacerse sobre un salario equivalente a la canasta familiar para toda la docencia. 

La ministra Acuña pretende instalar un salario a la baja, muy por debajo de las expectativas de la inflación forzando un escenario de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires.

Estos dos elementos: el salario diferenciado y una propuesta a la baja configuran una precarización aún mayor del trabajo docente. Con un gobierno que “obliga” a los y las docentes a jornadas de trabajo cada vez más largas, y a que deban hacerse cargo de capacitarse por fuera de la jornada laboral para mejorar su ingreso.

Además, el gobierno de la Ciudad sigue sin dar solución al resto de los reclamos presentados por Ademys como el retiro del proyecto de creación de Unicaba o la apertura urgente del listado de emergencia en primaria, sólo por mencionar algunos. Tampoco dio respuesta a la denuncia de Ademys acerca de la falta de vacantes para los niños y niñas en la escuela pública, que al día de hoy se expresa en extensas filas de familias reclamando vacantes sobre todo en los distritos escolares de zona sur.

Desde Ademys convocamos toda la docencia de la Ciudad a discutir cómo dar continuidad al plan de lucha contra el techo del 12% y el plan de reformas que atentas contra la educación pública, en una nueva Asamblea Unificada el 12/3 a las 18hs.

8.3.2018

Entrevista a Sol Brown, trabajadora social despedida del proyecto de urbanización del Barrio Carlos Mugica, Villa 31 y 31 bis. "Son despidos que tienen un componente misógino muy evidente", dijo. 

¿Cuál era el trabajo que realizaba para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta su despido? ¿Cómo estaba conformado el equipo?

Sol Brown: Soy trabajadora social y hasta mediados del mes de enero trabajaba en la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo ejecutor del proyecto de urbanización del Barrio Carlos Mugica, Villa 31 y 31 bis) del cual me despidieron junto a 9 compañeras más, sin poder darnos ni siquiera una causa de los despidos.

En la Secretaría me desempeñaba como trabajadora social en la Gerencia Operativa de Soporte Social, trabajando específicamente en dos programas: Acompañamiento Familiar y Reasentamiento del Bajo Autopista. De éste último era referente de 4 manzanas de un total de 13 que deben reasentarse en el año 2019 dentro del proyecto de urbanización que plantea la Secretaría.

Mi tarea y la de mis compañeras consistía en trabajar con vecinas y vecinos con el objetivo de garantizar derechos de la población del barrio en el marco del proyecto de urbanización. Para este objetivo, nosotras militábamos y militamos actualmente en nuestra Junta Interna La Mugica (ATE), desde la cual luchábamos no sólo por la mejora de nuestras condiciones laborales ya que somos trabajadoras precarizadas, sino también discutíamos y discutimos la política pública. El proyecto de urbanización que se está llevando a cabo en el Barrio Carlos Mugica no está siendo un proceso participativo. Esto lo planteo porque las y los vecinos no forman parte de las decisiones que se toman y la Secretaría avanza imponiendo su modelo de urbanización y de ciudad, avasallando derechos. El ejemplo más explícito es el desalojo que se llevó a cabo hace dos semanas en el sector Cristo Obrero.

Ustedes formaban parte de un equipo con un claro aporte a la perspectiva de género, ¿cómo se vio perjudicado este trabajo?

SB: Todas nosotras trabajábamos con mujeres que estaban atravesando o atravesaron situaciones de violencia de género en el marco del Programa de Acompañamiento Familiar y de Reasentamiento y buscábamos en conjunto con las mujeres generar estrategias para trabajar y superar estas situaciones. De un día para el otro no pudimos continuar llevando a cabo estas intervenciones.

A su vez, realizábamos talleres para trabajar cuestiones de géneros en el barrio, acercábamos información sobre qué hacer si estás sufriendo violencia y también realizamos nosotras capacitaciones en la temática para continuar formándonos.

En nuestra Junta Interna –que definimos como feminista y popular– tenemos una Comisión de Género desde la que se motorizan actividades en el barrio en articulación con diferentes organizaciones que tienen un trabajo activo en materia de géneros en el barrio. Entendemos que esta comisión es central para discutir la política pública, ya que desde nuestra perspectiva es fundamental pensar las bases de la urbanización desde una perspectiva de género. La desigualdad de género es un eje estructural de sociedad que se materializa en la disposición de las ciudades y en la falta de recursos de las mismas para combatirla.

¿Cuáles son las causas por las cuales el GCBA las despide?

SB: A diferencia de lo que sucede en Nación, a nosotras no nos despiden por un proceso de ajuste presupuestario, ya que el presupuesto de la Secretaría aumentó y a la par que nos despedían seguían contratando gente. La causa de nuestros despidos es persecución política y gremial. Los funcionarios de esta Secretaría quieren disciplinar a un colectivo de trabajadoras y trabajadores que creen y luchan por un proyecto de urbanización que contemple a lxs vecinxs como los protagonistas del mismo, esa la razón por la que a nosotras nos despiden.

A su vez, estos despidos tienen un aspecto misógino muy evidente, ya que somos diez trabajadoras, mujeres, organizadas a quienes despiden. Cuando nos contrataron, los funcionarios creyeron que íbamos a ser trabajadoras asistencialistas y se encontraron con mujeres plantadas que discutían la política pública y por eso nos despiden. Que seamos diez trabajadoras mujeres no lo consideramos una casualidad sino que lo entendemos como una causa en sí misma de los despidos, efectuados por funcionarios de un gobierno machista que desfinancia las políticas públicas para abordar los efectos de la desigualdad de género y que al momento de despedirnos no pueden desconocer que para las mujeres es más difícil insertarnos laboralmente que para los hombres.

Estuvieron presentes en las asambleas previas al #8M: ¿Por qué creen que su situación debe ser visibilizar desde este lugar?

SB: Llegamos a las Asambleas del 8M porque para toda nuestra Junta Interna el feminismo es una de las consignas políticas centrales y así como disputamos una urbanización con perspectiva de género, hoy también entendemos que sin trabajadoras no hay urbanización y que debemos luchar por nuestra reincorporación. En el marco de esta lucha que venimos llevando adelante desde que se efectuaron los despidos injustificados, realizamos muchas y diversas medidas entre ellas, una asamblea de mujeres para pensarnos como mujeres trabajadoras, organizadas, sindicalistas en este contexto. En este mismo sentido, llevamos nuestro conflicto a las asambleas del 8M por lo que esta fecha representa para la lucha feminista y obrera. Reitero que a nosotras nos echan por ser trabajadoras, mujeres, organizadas en un sindicato. Por esta razón, es que este 8M volvemos a parar y esta vez incluimos la consigna de nuestra reincorporación, entendiendo que también forma parte de nuestra lucha histórica por lograr una sociedad más justa y diversa. Vivas, libres y con trabajo nos queremos. ¡8M Nosotras Paramos!