24.4.2017

Hoy se realizó la segunda audiencia del juicio oral, contra los militantes populares, en la que el Poder Judicial juzga los hechos acontecidos hace casi 13 años en el barrio de La Boca como consecuencia del asesinato de Martín Oso Cisneros. En esta oportunidad fue el momento de la declaración indagatoria a Lito Borello, Coordinador de la Organización Social y Política Los Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La próxima audiencia será el miércoles 3 de mayo a las 9.30 hs.

Una vez más se congregó una importante cantidad de militantes y referentes de un amplio arco de organizaciones populares, que se sumaron a presenciar y acompañar una situación judicial, que coincidieron en valorar como una grave amenaza para el conjunto de los movimientos populares, en un contexto de creciente criminalización y represión de la protesta social.

Con la presencia de Lito Borello, Luis D´Elia y Luis Bordón, acusados de tomar la comisaria 24, se inicio esta segunda audiencia. Esta fue la instancia de la declaración indagatoria a Borello, Coordinador Nacional de la Organización Social y Política Los Pibes y Secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Acompañado por la presencia de referentes del campo popular como Roberto Perdía (OLP), Jorge Chiqui Falcone (Coordinadora Resistir y Luchar), Eduardo Soares (Gremial de Abogados), Esteban Gringo Castro (Secretario Gral. CTEP), el Juez Dr. Andrés Gallardo, Pablo Puebla (OLP), Jonathan Thea (Seamos Libres), Marcelo Parrilli (CPP), Marta (CCC Capital), entre muchos otros, que junto a los militantes de base y compañeros colmaron la sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, destinada a tal fin.

Lito Borello, en su declaración, no dejo lugar a duda al enfatizar que lo que se está juzgando es la protesta social. Así expreso su preocupación frente al Tribunal cuando se refirió a la valoración que nuestra sociedad tiene del Poder Judicial “¿Qué imagen le quedará a los jóvenes respecto de la justicia al observar que el asesino de nuestro compañero se encuentra en libertad mientras que a las organizaciones que trabajan y luchan día a día por la dignidad del pueblo y a sus dirigentes los enjuician?”

“El Oso era el mejor de nosotros, era un militante muy querido, pregunten en el barrio”

En su relato, ordenado y por momentos, conmovedor, Lito Borello reconstruyó más de 30 años de militancia. Un recorrido donde se destacan algunos hechos importantes como el origen de su militancia, en la juventud de la Acción Católica, su paso por la ex Bodega Giol, donde junto al “Oso” y a 200 familias apostaron a las construcción de una vivienda digna, de donde fueron brutalmente desalojados. Luego, ya en La Boca, junto con otras familias funda el comedor Los Pibes. Allí se suma Martín Cisneros para hacerse cargo de los emprendimientos productivos, como el de panadería. Junto a otros lucharon contra la exclusión y la muerte, individualizando los nexos entre narcotráfico, connivencia policial y poder político. Allí se encuentra, señaló Borello, el verdadero motivo del asesinato del Oso.

“Una muerte anunciada, denunciada a la justicia y al poder político y desoída por todos”.

Jueces y fiscales intentaron indagar, con gran precisión los hechos en la comisaria 24, frente a lo que Lito Borello destacó algunas cuestiones que parecen quedar invisibilizadas en la indagatoria: las amenazas previas que venían sufriendo integrantes de la organización, que habían sido denunciadas y desoídas, la ausencia de en esa noche de las consignas policiales habituales en la esquina de los hechos, la conmoción y la rápida movilización popular que se produjo luego del asesinato del Oso, con una masiva presencia de vecinos reclamando que el asesino no se escape y que fuere juzgado.

Para finalizar el militante Lito Borello destacó la necesidad de este juicio, demorado hasta el borde de la prescripción. Una deuda del poder judicial. “El Oso se merece que se cuente esta historia”, sentenció, “que es la historia de nuestro pueblo”.

La próxima audiencia de este juicio oral, fue establecida para el miércoles 3 de mayo a las 9.30 hs. en los tribunales de Comodoro Py.

24.4.2017

El día viernes 21 de Abril las y los estudiantes del Colegio Plácido Marín, Rogelio Yrurtia, Cortázar y San Pío realizaron un corte sobre Murguiondo y Alberdi en reclamo por los reincidentes casos de inseguridad en la zona de Mataderos.

Durante el corte, un grupo de policías se acercó a charlar con los jóvenes y menospreció los reclamos, tomando las denuncias que se llevaron a cabo en la comisaría 42 como falsas. “Los mismos policías que dicen cuidar a las pibas de secuestros y robos son los que se encargan de liberar la zona, cómplices de la inseguridad y un sistema desigual” denuncian los estudiantes. Estos, junto a algunos vecinos de la zona, luego del corte marcharon hasta la comisaría 42 donde realizaron una asamblea.

La medida de fuerza fue impulsada por los estudiantes como una medida de concientización sobre la realidad que les toca vivir, denunciando que el sistema que debería cuidarlos, avala y es cómplice del narcotráfico, la trata de blancas, la represión a los propios ciudadanos que claman por sus derechos. Así manifestaron, “los estudiantes que se organizan, las chicas y mujeres dicen basta al acoso, así como las prácticas patriarcales que desvalorizan las denuncias y silencian a las pibas”.

“El Estado no da respuestas, libera a comprobados violadores que salen en libertad para asesinar, como en el caso de Micaela, y encierra a compañeras por defenderse de sus violadores, como sucede con Higui” reclaman los estudiantes. Mientras realizaban la asamblea frente a la comisaria, se escuchaban los reclamos de los jóvenes y los vecinos frente a las filas de la policía que “cuidaban” la entrada del establecimiento.

21.4.2017

Agentes de la fuerza de seguridad se hicieron presentes este jueves en la esquina del establecimiento porteño mientras se llevaba adelante una clase pública dentro del patio, es decir de la reja para adentro de la escuela, en el marco de la lucha en defensa de la educación pública. Más tarde un policía armado ingresó al colegio con el argumento de que concurría porque le habían comunicado sobre una supuesta marcha que se iba a realizar.

Tras lo sucedido, padres, madres, representantes del CESMA (Centro de Estudiantes Secundarios del Mariano Acosta) y autoridades del colegio resolvieron en asamblea llevar adelante distintas acciones.
Por un lado, las autoridades harán el acta correspondiente relatando los hechos y luego se hará la denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor. El próximo lunes se presentará la denuncia de la situación en la PROCUVIN (Procuraduría Contra la Violencia Institucional), además de una nota en los Ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad en la que se pedirán explicaciones por el "operativo" y responsabilizándolos por la seguridad de los estudiantes.
La comunidad a su vez difundió un comunicado en el que brindan detalles de lo sucedido durante la clase pública: “El día jueves 20 de abril, a las 13:30, nos encontrábamos la Comunidad Educativa del Mariano Acosta realizando una clase pública en defensa de la educación que elegimos, defendemos, y en la que no ‘caímos’: la Educación Pública.
Estábamos a la puerta de nuestra escuela y divisamos un grupo de policías uniformados y armados en la esquina de la misma.
Siendo las 14:30 de la tarde, con la clase pública terminada hace ya una hora y lxs  alumnxs del Turno Tarde en sus aulas, ingresó a la institución un policía ARMADO con el argumento de que venía porque le comunicaron sobre una supuesta marcha que se iba a realizar, a lo cual la rectora del colegio le aclaró que no iba a haber ninguna movilización. Ante las preguntas y la exigencia de que se retire por parte de un docente, él respondió ‘soy un profesional, si llega a haber un incendio…’, y luego de la patética excusa, sin encontrar más argumentos, procedió a retirarse.
No solo nos duele la persecución política sino también el enterarnos de que la denuncia fue hecha por una persona vinculada a la Escuela.
Comunidades educativas: esto que sucedió no es menor, se da en el marco del ingreso de la policía a la Universidad de Jujuy y la detención ilegal de dos compañeros que se encontraban en la misma, la represión a la instalación de la escuela itinerante en Plaza de los Dos Congresos, y a las manifestaciones contra el ajuste implementado por este gobierno. Debemos organizarnos y defendernos, defender nuestra educación, la de todxs, solidarizarnos con nuestrxs docentes, nuestrxs compañerxs de clases y todo aquel que ELIGE la escuela pública, digna y de calidad”.
En tanto, estudiantes de la escuela técnica 27 denunciaron que también se acercó a ese establecimiento un policía a preguntarles si allí se iba a realizar una marcha.

22.4.2017

El acuerdo paritario para los trabajadores estatales de CABA resultó en un aumento que para la mayoría no alcanza a cubrir la canasta familiar.

Patricio Abalos Testoni

Delegado de Promoción Social – GCBA

Se hicieron públicas las actas paritarias entre el Gobierno de la Ciudad (GCBA) y Sutecba, el gremio mayoritario. Todos los trabajadores municipales sabíamos que iban a ser vergonzosas, pero año a año igual nos siguen sorprendiendo, siendo cada vez peores.

Aun con el aumento gran parte estaríamos cobrando por debajo de la línea de pobreza que el propio GCBA determina en $ 14.620. Solo un puñado de trabajadores, con muchos años de antigüedad, lograría superar la canasta básica familiar.

El aumento consiste en tres cuotas, de 10% en abril, un 8% en agosto y un 2% en septiembre. Los porcentajes son del salario actual, por ende cualquiera que sabe algo de matemáticas sabe que no se suman, aunque Sutecba lo quiera hacer pasar como un aumento del 20%, en la realidad es mucho menos.

Además, por única vez una pago en abril de $2.500 como compensatorio de la inflación del 2016 ignorando que el año pasado hubo más del 40% de inflación y el aumento firmado no cubre siquiera la inflación de este año. Se incluye un aumento porcentual de antigüedad, aunque solo un mínimo de la dotación cobra este rubro ya que la planta transitoria no lo recibe y abundan los contratos por tercerización o de locación.

Un gran porcentaje de trabajadores, sobre todo los que pasaron a planta transitoria en el 2015 tienen salarios de $11.100. Salarios de pobreza, cuando las perspectivas de inflación para la Ciudad, en lo que resta de este año, supera el 23%.

Después prometen como hacen cada año: el re-encasillamiento, la carrera administrativa, una cláusula gatillo en septiembre y la negociación por el pase a planta. Como si los trabajadores no tuviésemos memoria que el año pasado nos prometieron lo mismo y que esa era la excusa de por qué había que aceptar unas paritarias por la baja. Obviamente durante el 2016 no hubo novedades sobre esto, y hoy nos quieren vender el mismo falso discurso.

Esta situación hizo que el año pasado surgieran conflictos, desafiliaciones masivas que hizo que tenga que salir públicamente Amadeo Genta, quien dirige el gremio hace casi 40 años, con un mensaje amenazante para los que lo cuestionaban.

Este acuerdo entre Sutecba y el gobierno de Rodríguez Larreta aumenta la bronca en los trabajadores municipales, sumado a que los propios funcionarios del GCBA se habían aumentado los sueldos el año pasado y cobran entre $60.000 y $100.000. Y encima debemos aguantar que nos tilden de ñoquis cuando sabemos que ellos apenas aparecen por las oficinas o que se gastan más de un millón de pesos en una campaña para “comprender el vínculo vecino-mascota”.

Los trabajadores debemos enfrentar este violento ataque a nuestros bolsillos. Tenemos que realizar asambleas unificadas entre afiliados de Sutecba, ATE, y no afiliados para denunciar el cierre de paritarias in-consulto y a la baja, y exigir a las conducciones sindicales un plan de lucha unificado hasta conseguir el salario que nos corresponde, que no puede estar por debajo de la canasta básica familiar.

21.4.2017

El 26 de marzo Micaela Brambilla fue detenida por filmar a oficiales de la Policía de la Ciudad cuando se llevaban a un menor de edad esposado. La Fiscalía solicitó investigar a los efectivos. 

Por Maia Blacher

El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°9, Martín Niklison, requirió el sobreseimiento de Micaela Brambilla. La joven militante de la agrupación La Poderosa fue imputada por atentado y resistencia a la autoridad por filmar y cuestionar la detención abusiva de un menor de edad, el 26 de marzo pasado.

Además, Niklison solicitó que se investigue a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento por los delitos de falso testimonio y privación ilegítima de la libertad. Así, el representante del Ministerio Público Fiscal, extrajo testimonios y los remitió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. La denuncia quedó a cargo del  Juzgado N°22.

El pasado 26 de marzo, cuando ocurrieron los hechos, el Subinspector Leandro Gabriel Sánchez, le comunicó a la secretaría de la Fiscalía que habían detenido a Brambilla, por haber cuestionado y obstruido la detención de un menor. En función de ello, el responsable del Juzgado de turno, ordenó la detención de Micaela.

En sede judicial, Sánchez declaró que habían detenido, junto al cabo 1° Alfredo Bogado, a un menor y que lo conducían al patrullero cuando apareció Brambilla, que “entorpecía el procedimiento filmando y gritando al personal policial”. Sin embargo, las imágenes registradas en el video y luego difundidas, muestran que no hubo ningún estado de violencia cuando subieron al menor al móvil. Además, se puede observar que no existió ninguna reacción por parte del personal policial relacionada con que alguien intente impedir la detención del niño. En este sentido, el personal policial desvirtuó los hechos ante las autoridades judiciales; hechos sobre los cuales el juez ordenó la detención de Brambilla.

De acuerdo a lo expresado, Niklison sostuvo: “La resistencia a la autoridad debe ser una conducta que tienda a impedir que el personal policial pueda cumplir con sus funciones y Brambilla se limitó a expresar su opinión sobre el procedimiento”. Por este motivo, el fiscal consideró que Micaela debía ser sobreseída ya que no cometió ningún delito. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el personal policial “no sólo ha cometido falso testimonio sino que además ha privado ilegalmente de su libertad a la nombrada”.