Comunicadores del Sur

12.1.2018

Según el Boletín Oficial emitido por el Gobierno de la Ciudad, la suma por la falsa pileta inaugurada días atrás tuvo un costo de $ 38.970.608,68.

Larreta no se anda con chiquitajes, en días anteriores inauguró una pileta, que no es pileta. Una especie de la continuación de la posverdad hecha piscina.

En el predio Parque de los Niños, el Gobierno inauguró el sector de “juegos acuáticos” donde entre esos juegos se ubica esta “pospicina” siguiendo el hilo conductor de la posverdad. Cuenta con toboganes, sombrillas, duchas y juegos playeros. Ocurre que la cubierta celeste tiene la forma de una pileta de natación, como las que el Estado porteño administra en parques públicos como el Sarmiento o el Roca.

Según da cuenta el Boletín Oficial la Subsecretaría de Contenidos porteño que contrató a la empresa de marketing Prado Del Ganso S.A. por $ 38.970.608,68 por el “servicio de producción integral” del evento “Buenos Aires Playa” que se viene produciendo hace ya más de 10 años y que se ubicará en el Parque de los Niños (Núñez) y en el Parque Indoamericano (Villa Lugano) hasta el 28 de febrero. Parque en donde el PRO junto al kirchnerismo mandó a desalojar cuando fue ocupado por una crisis habitacional, dejando un saldo de tres personas muertas ¿para qué? Se ve que para poner esta pileta falsa.

Unos viejos conocidos:

La empresa Prado Del Ganso S.A es conocida para Cambiemos y la Ciudad de Buenos Aires. Además de contar con una extensa cartera de clientes privados como: Shell, Warsteiner, Beldent, entre otros, en 2013 se encargó del evento de inauguración de la estaciones Juan Manuel de Rosas y Echeverría, de la línea B del subte porteño, también por suculentas sumas de dinero.

¿Y la austeridad?

El gobierno admitió un error, no en el gasto innecesario. El error admitido es haber hecho la piscina con forma de pileta, por la cantidad de gastadas que recibió en las redes sociales.

Entre el Gobierno Nacional ya se vienen gastando sumas exorbitantes por ¿cómo decirlo?, objetos totalmente innecesarios. Desde que comenzó el año, se compraron cuatro carritos de golf para la Quinta de Olivos por la suma de $1.500.000, además se compró una palmera por $236.000, cuando su dueño admitió que el la había adquirido por $5.000, y ahora se le suma este otro gasto. Si sumamos los valores totales de estas compras innecesarias, da un total de $40.736.000, lo que equivale a 5622 jubilaciones mínimas de $7246 para la miseria de los jubilados. El ajuste es para los jubilados, no para las empresas concesionarias amigas del Gobierno de la Ciudad, ni nacional.

12.1.2018

El megaoperativo comenzó a la madrugada y se extendió toda la mañana. Fueron desarmados incluso puestos legalmente habilitados. Los vendedores reclamaron por su derecho a trabajar. Les prometieron cursos de capacitación y reubicación en galpones de la ciudad.

Un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, que incluyó carros de asalto, carros hidrantes y numerosos móviles policiales, desalojó junto con personal de Ambiente y Espacio Público 500 puestos de vendedores ambulantes del barrio de Liniers. En el procedimiento, que comenzó a la madrugada y se extendió durante la mañana, se destruyeron puestos de chapa instalados en las veredas, incluyendo los de puesteros habilitados, y se secuestró la mercadería de los vendedores. El titular de la Asociación de Vendedores Libres (AVL), Omar Guaraz, sostuvo que mientras “la crisis económica que vomita hombres vuelca más manteros a las calles, más ferias populares, más trueque”, el gobierno porteño continúa su política “represiva contra los vendedores”.

El operativo ordenado por el fiscal general adjunto, a cargo de la Fiscalía General, Luis Cevasco, tras las denuncias de comerciantes del lugar por competencia desleal y venta ilegal de mercadería, comenzó a las cuatro de la mañana y abarcó un área de alrededor de 38 cuadras: entre avenida Rivadavia, Carhué, Ventura Bosch y la colectora de la avenida General Paz.

Los puesteros, que comenzaron a llegar alrededor de las siete de la mañana,  se encontraron con el procedimiento en marcha, mientras muchos comercios de la zona mantenían sus cortinas bajas por temor a enfrentamientos entre la policía y los puesteros.

El personal de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, que portaba las pecheras verdes que los identifica, destruyó con amoladoras varios tinglados de caño y chapa, levantó los puestos precarios techados con sombrillas e incautó mercadería. Todos los artículos secuestrados fueron colocados en bolsas de residuos y arrojados en camiones contratados por el Ministerio. Mientras, se organizaban asambleas de vendedores y algunos puesteros reclamaban con carteles escritos a mano: “Queremos trabajar, no somos mafia. Y con el hambre no se juega”, decía uno de los mensajes replicados en varias pancartas.

Alicia, una puestera, contó que “vinieron a las cuatro de la mañana y no me dieron tiempo a nada, me hicieron a un costado, me dijeron que no toque nada y empezaron a levantar la mercadería. Estoy trabajando, no estoy robando. Tengo invertida la asignación de mi hijo en esta mercadería y sólo quiero recuperarla”, sostuvo la mujer que hace 37 años vende golosinas, bebidas y juguetes pequeños en el barrio.

Algunos puesteros reclamaron que aun teniendo la habilitación de la Ciudad para trabajar fueron desalojados violentamente. La propietaria de un puesto de flores en Rivadavia y José León Suárez, Concepción, explicó que “hace 30 años que estoy acá, pago los impuestos y estoy al día. Vinieron y sin preguntar rompieron todo, ahora no tengo nada”. “Tengo el permiso para trabajar acá, lo tengo colgado en el puesto. Tengo medidor de luz y de agua”, añadió.

Según explicó uno de los inspectores de Ambiente y Espacio Público, la mujer ocupaba un metro más del espacio que tenía permitido; aunque la vendedora denunció que “eso me lo explicaron después de romperme todo el puesto”.

Pasado el mediodía, el diálogo que mantuvieron representantes de los vendedores con el jefe del operativo policial abrió la posibilidad de un encuentro con autoridades de la Ciudad, mientras en el lugar se mantenía una fuerte presencia de uniformados y un cordón policial que rodeaba a los manteros que se manifestaban en el lugar.

El fiscal general, quien adelantó “que los operativos van a continuar para que el espacio público no vuelva a ser ocupado de esta manera”, explicó que  la “gran mayoría (de los vendedores) es gente explotada por organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes como es el caso de los senegaleses, o los que son traídos de Perú o de Bolivia”. Para Cevasco, el contrabando de mercadería, el tráfico de inmigrantes y le evasión impositiva son “las tres patas” de un proceso en el que “distintas organizaciones concatenadas” arman el negocio de la venta ilegal.

La cartera de Ambiente y Espacio Público detalló que “un 44 % de los puestos eran manejados por senegaleses, un 39 % por bolivianos, el 9 % por peruanos, un 5 % por argentinos y un 1 % por paraguayos”.

Al cierre de esta edición, continuaban las negociaciones entre los vendedores y el gobierno porteño, que dejó trascender que había una propuesta de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) para capacitar a los vendedores durante tres meses con la promesa de reubicación posterior en galpones de la Ciudad.

Guaraz sostuvo que “la política de Horacio Rodríguez Larreta ha fracasado en su cruzada contra los manteros. Los galpones que puso como ‘solución’ han quedado desiertos de trabajadores, los manteros y vendedores han inundado todas las calles de la ciudad”.

11.1.2018

Mediante un comunicado, trabajadores del Centro de Admisión y Derivación "Inchausti" señalaron la ausencia de políticas del gobierno porteño para acompañar a cientos de niños, niñas y adolescentes en situación de encierro.

Los episodios de violencia institucional se mantienen en aumento desde el ascenso de Cambiemos al gobierno, en diciembre de 2015. De acuerdo con la organización CORREPI, se trata del gobierno más represivo desde la vuelta de la democracia. Ahora, trabajadores y trabajadoras del Centro de Admisión y Derivación “Inchausti” (CAD) nucleados en Ate Capital (SENAF) denuncian el "recrudecimiento de las políticas represivas en los distintos dispositivos penales juveniles de CABA​".

En un comunicado, señalan que debido al empeoramiento de las condiciones económicas y a la ausencia de políticas públicas, aumentó la cantidad de situaciones "como ingresos de niños y niñas cada vez más pequeños (8, 9, 10 u 11 años)". Estos "niños y niñas no punibles" que ingresan al centro "permanecen en la misma institución, privados/as de su libertad y en condiciones similares a las de los/as adolescentes punibles, con escasa o nula articulación territorial". 

En ese marco, el comunicado plantea un dato más que preocupante: "hay relevados 13 niños/as que se encuentran en una situación muy crítica y presentan riesgo de vida, situaciones en las que en la actualidad el Consejo De Niños, Niñas y Adolescentes no está tomando acciones acordes a la dimensión de la problemática."  

Los trabajadores remarcan una tendencia que se produce también en los dispositivos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires: crece la cantidad de personal de seguridad de los organismos, mientras se reducen los equipos de intervención compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y profesionales vinculados a la promoción y protección de derechos.

Para contrarrestar estos retrocesos, los denunciantes plantean la creación de "un lugar físico que sea parte del sistema de protección de derechos, para los niños y niñas detenidos que refieren ser menores de 16 años", el fortalecimiento del sistema de derechos, y la formulación de "un sistema de responsabilidad penal para los y las adolescentes de 16 y 17 años, que supere las arbitrariedades de los Juzgados en función de la Ley 22.278 vigente, normativa de la dictadura militar". 

10.1.2018

Alarma por un documento que evidencia el deterioro y abandono de adultos mayores que se encuentran en instituciones de la Ciudad.

La Asesoría Tutelar nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario intimó al gobierno de la Ciudad conducido por Horacio Rodríguez Larreta a mejorar las condiciones en los hogares de Ancianos Guillermo Rawson y Alejandro Raimondt.

De lo observado por las carencias que tienen los abuelos, Larreta tendría que responder ya que en varios puntos la situación es violatoria de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, firmada por la Argentina en noviembre pasado.

En el caso del hogar Raimondi se advierte en el expediente que “desde el 2012 no se han efectuado obras correspondientes a subsanar la falta de condiciones de protección contra incendios”.

A una gestión que se ufana de hacer obras, sin embargo, se le reclama que en el Rawson debe: “efectuar las obras necesarias en materia de infraestructura edilicia, y mejorar las condiciones de funcionamiento” de esas instituciones para personas mayores, en los cuales también residen adultos mayores con padecimientos mentales.

El documento del ministerio Público Tutelar, a cargo de Gustavo Daniel Moreno, describe una situación terrible en la infraestructura para los ancianos que residen en el Rawson:

1.-La puerta de emergencia del pabellón 2 no funciona, tampoco hay matafuegos y el cielorraso presenta un gran deterioro. En una inspección se observó que en caso de un siniestro es imposible una evacuación.

2.-Los baños están en malas condiciones, con gran deterioro y falta de piezas.

3.-En el pabellón 3 hay filtraciones y humedad en los baños

4.-Los ascensores para trasladar a los pacientes que necesitan kinesiología u otras prácticas de rehabilitación no funcionan.

Ahora, la Ciudad debe presentarse al Juzgado Criminal y Correccional 5 para responder por “averiguación de delito-incumplimiento de autoridad y violación de deber de funcionario público” (causa 70.824/2017). 

Pero no sólo los edificios se caen a pedazo, también el resto de las atenciones básicas. Con la atención médica, los abuelos están a la deriva ya que no se cuenta con psiquiatras ni psicólogos en número suficiente y en el caso de los médicos clínicos se necesitan el nombramiento de otros 7 médicos. Lo paradójico es que tampoco hay un médico con especialidad en gerontología.

9.1.2018

Ante el despido arbitrario de cinco compañeros, y la amenaza de las autoridades de continuar con otros 30, los trabajadores del Canal de la Ciudad interrumpieron la grabación de un programa para exigir la inmediata reincorporación y el cese de las amenazas. Frente al silencio de los funcionarios, seguirán las medidas de fuerza. El jueves próximo habrá una concentración frente al Canal.

Los cinco trabajadores y trabajadoras despedidos son empleados con más de cuatro años de antigüedad, y el viernes pasado fueron informados que sus contratos no serían renovados. “Nos argumentaron que era por reducción de la planta de trabajadores pero lo cierto es que nos echaron a mí, que fui candidato a delegado, y a compañeros que venían a las asambleas”, señaló Tomás Scillama, editor y uno de los despedidos.

Entre los cinco despedidos se encuentra un futuro candidato a delegado del Sindicato Argentino de Televisión y cuatro, además, son afiliados a ATE Capital y participan activamente de las asambleas, por lo que los despidos representan una clara persecución ideológica por parte de las autoridades.

Frente a esta situación, y la amenaza de los funcionarios de continuar con otros 30 despidos, los trabajadores y trabajadoras ocuparon pacíficamente el edificio del Canal, situado en Guardia Vieja 3334, e interrumpieron la grabación de un programa. Sin embargo, la protesta no fue escuchada y los funcionarios se niegan a atender el teléfono.

Las y los trabajadores se declaran en estado de asamblea permanente y convocan el jueves próximo a concentrar frente al Canal de la Ciudad para exigir la reincorporación de todos los compañeros y el fin de las amenazas y la persecución.