Comunicadores del Sur

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“El gobierno llegó con el discurso de respetar las instituciones y desde el día 1 quiso designar a dos jueces por decreto”

6.2.2017

Así lo afirmó Gonzalo Martínez Salum, Secretario General de Sitraju MPF, Seccional 1. El dirigente gremial cuestionó el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad impulsado por el macrismo y defendió la medida de los gremios de realizar un paro judicial el viernes 3 de febrero pasado.

Por Boris Katunaric

 

APU: El último viernes los trabajadores de SITRAJU Nación – CTA (junto a otros sindicatos) hicieron paro por el traslado de la Justicia Nacional a la Ciudad ¿Cómo es el conflicto?

 

Gonzalo Martínez Salum: Hicimos un paro a nivel nacional y quedamos realmente conformes. Porque hubo un alto acatamiento por parte de los trabajadores judiciales.  El paro tuvo la particularidad de que por primera vez en la historia los magistrados, jueces y fiscales, también decidieron parar sus actividades y dirigirse hacia el palacio de Tribunales. Se trata de una reacción ante la transferencia de la Justicia a la Ciudad. El 19 de enero, en plena feria judicial se firmó un convenio entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de CABA para traspasar la justicia. 

 

APU: ¿Cómo se plantea el traslado?

 

GS: En primer lugar el convenio no se hizo público. Lo que estamos diciendo nosotros como entidad sindical se basa en algunos borradores. Ninguno pudo ver cuál es el verdadero convenio que se firmó.  Esto se da con un contexto: en el mes de diciembre ya veníamos teniendo conversaciones con el gobierno y habíamos dicho que, a la vuelta de la feria, se sienten todos los sectores para discutir el tema. Lógicamente esto produce mucho enojo.

El tema del convenio es que detrás de consignas de celeridad y eficacia para la justicia (algo que entendemos que la gente exige con razón) hay un intento de intervención del Gobierno. Los primeros juzgados y fiscalías que pasarían serían las vacantes. Esto quiere decir que una vez hecho el traspaso a la ciudad el Gobierno actual sería el que elige esos fiscales y jueces. Otra cuestión es que no pasarían los delitos en una primera instancia, pasarían algunos, pero si te ponés a leer cuáles serían estarían incluidos se encuentran malversación, abuso de autoridad, tráfico de influencias, todos los que tienen que ver con la administración pública. Esto es una forma de cubrirse con impunidad. 

 

APU ¿Hay molestia entre los trabajadores?

 

GS:  El enojo de los judiciales también es porque parece que nos consideran como un bien mueble. La patronal un día te dice “ahora vos pasas a la ciudad, vas trabajar en vez de seis, siete horas, la escala salarial es distinta”. Esperemos que este paro haya servido para que gobierno reflexione y nos llamen a conversar para poder llevar una agenda en común.

Es un gobierno que llegó con el discurso de respetar las instituciones y desde el día uno quiso designar dos jueces por decreto. Posteriormente quisieron cambiar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para desguazarlo y quitar áreas como la UFEM o ATAJO.

Y esto va más allá de los empleados judiciales. Al Gobierno parece interesarle pasar en primera instancia el fuero laboral y el fuero penal. Imagínate si el fuero laboral llega a caer en manos de fiscales designados por este gobierno. La intención es de flexibilizar las condiciones de trabajo. 

 

APU: ¿Después de este paro cómo siguen?

 

GS: El martes vamos a estar realizando una asamblea a nivel país y veremos qué dicen los compañeros. La realidad es que hasta que no se siente el gobierno a conversar, hasta no mostrar el convenio, vamos a seguir tomando medidas de fuerza. 

Mahlersación, los centros culturales hoy

4.2.2017

Emergencia, crisis, agonía, desolación, abandono, destrato, autoritarismo son apenas algunos adjetivos que encajan con el vínculo de los espacios independientes, autogestivos o cooperativos que promueven al arte y la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer Lopérfido, hoy Ángel Mahler. En este artículo algunos datos de la situación actual de los centros culturales.

Por Agustín Pisani

 

El maltrato es sostenido y el objetivo sigue siendo destruir o dejar en agonía la producción artística y cultural que escape al criterio gubernamental. Pititto Mahler se quedó corto en su respuesta y accionar frente al reclamo de organizaciones como Cultura Unida argumentando que necesitaba tiempo para empaparse del tema. El verticalista “te la debo” se derrama desde Macri hasta cada uno de sus funcionarios. Toda esta opresión no podría ser posible sin su agente indispensable: la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Eslabón que también tuvo cambios, pero solo de nombres.

Cambiemos premió a su ex titular Matías Álvarez Dorrego (quien no perdió su cargo pos Time Warp) ya que será jefe de gabinete de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Germán Garavano. Entonces ahora el titular de la AGC es Ricardo Pedace, quien fuera subjefe de la Policía Metropolitana en 2013 (año de la represión en el Borda). Pedace tampoco da gestos ni pareciera tener intención de trabajar a favor de la cultura y el arte independiente y autogestivo.

Alejandro Falcone, de Vuela el pez sobre las inspecciones comentó: “Si bien es cierto que en el verano baja notablemente nuestra actividad también, llamativamente, se intensifican muchísimo las inspecciones por parte de la Agencia Gubernamental de Control. El pasado sábado 21 a la madrugada lo sufrimos en carne propia cuando inspectores de la AGC clausuraron Vuela el Pez de manera completamente arbitraria e ilegal, por no tener un patovica en la puerta. La clausura completamente ilegítima nos llevó, en virtud de las trabas y tiempos burocráticos, a estar 6 días parados.”

Matías Mozer de Boddah Club reflexiona al respecto: “La mayoría de los inspectores (por no decir todos) o desconocen la nueva ley (dicen desconocerla, pero en verdad no les creo) o la ¨modifican¨ a su antojo al momento de la inspección. Todo el tiempo piden cosas que la ley expresamente dice que no tienen que pedir. Esto conlleva a clausuras injustas con su contraparte de multas y días sin abrir” y agregó “Ahora nos están pidiendo una multa de 240 mil pesos, la cual para un espacio cultural es impagable, todo porque en una inspección habían 30 personas bailando. La ley claramente dice que los centros culturales pueden realizar la actividad de baile siempre y cuando ésta no sea la programación principal. Ante esta realidad muchos espacios prefieren mantenerse en el anonimato y realizar sus actividades a ¨puertas cerradas¨.”

Ana María Vasquez Duplat, si bien nota que Multiespacio Pasco a fuerza de constancia y trabajo está en mejores condiciones que otros, deja muy en evidencia la coyuntura actual: “Creemos que el Pro en la Ciudad ha consolidado una política de arte y cultura elitista y excluyente que genera un impacto muy fuerte en los centros culturales independientes. Los procesos de habilitación con múltiples trabas burocráticas, la no reglamentación de la Ley de Centros Culturales y las sistemáticas y arbitrarias clausuras de espacios como el nuestro, son una amenaza constante que impide que podamos desarrollarnos libremente y crecer. El GCBA sabe que los centros culturales autogestivos son espacios donde, además de ofrecer acceso al arte, esparcimiento y formación artística, también se construyen acciones políticas, pensamiento crítico y se cultiva lo público como la forma de hacer y de construir. Un gobierno proclive a la mercantilización y privatización de la vida siempre buscará los mecanismos para cerrar nuestras puertas y aunque eso afecta directamente nuestro sostenimiento, nos fortalece en lo colectivo para seguir dando la pelea”.

Resistencia es una actitud común que han tomado nuestros espacios para subsistir en un territorio muy hostil. Incluso el Centro Cultural Matienzo, en palabras de Juan Aranovich, afirma que: “Estamos viviendo una época de lo más hostil en los últimos tiempos”. Juan agrega: “Venimos de un aumento en los servicios de entre 500% y un 300%, aumento en los costos de insumos en alrededor de 40%, una baja en el consumo cultural enorme y sumado a todo esto, el Ministerio de Cultura de la ciudad para el 2017 ha decidido reducir los montos destinados para la cultura independiente”.

Matías Mozer destaca que “Los centros culturales normalmente son gestionados por los mismos artistas, que en esta coyuntura pierden muchísimo tiempo de creación no sólo por lo cuesta arriba que se hace mantener un negocio dentro de la nueva realidad económica, sino también por la cantidad de esfuerzo que significa presentarse a reclamar por las actas que muchas veces se hacen sin sentido. Nosotros tenemos multas por las luces del arbolito de navidad que fueron marcadas como Cables expuestos. Vamos… son luces de navidad, ¿Me explico?”.

En respuesta, los centros y espacios culturales necesitan organizarse en entidades como MECA (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos) entre otros, porque son gruesos los intereses por cerrar o trabar las actividades autogestivas e independientes. Claudio Gorenman, abogado cultural, clarifica al respecto: “MECA es una organización de creación, contención y resistencia. Especialmente en los últimos tiempos, la situación de clausuras sistemáticas, la lucha por una ley habilitatoria, el tarifazo y la disputa por fondos públicos han sido las banderas de MECA. Eso genera visibilidad e influye en la agenda política. Para los espacios que integramos MECA, muchas veces la organización se transforma en el lugar donde encontramos compañeros, gente que ya atravesó situaciones difíciles y que puede acompañar los procesos de consolidación de proyectos culturales que tienen como base la independencia, la autogestión y la cooperación”.

Alejandro Falcone deVuela el Pez, que integra también el MECA sintetiza esta situación de alerta comunitaria: “Hoy junto con el resto de la cultura nos encontramos en estado de alerta: los constantes tarifazos (ahora se han anunciado nuevas subas, seguimos luchando por una tarifa cultural), las clausuras arbitrarias, la falta de agilización en la implementación de la Ley de Centros Culturales establecen un escenario complicado para nuestros espacios, que luchan por subsistir. Lo cierto es que las políticas culturales actuales en vez de favorecer estos espacios que abrigan distintas formas de expresión artística, nos ponen palos en la rueda, favoreciendo a aquellos locales y grupos económicos que entienden a la cultura como un negocio y no como un derecho”.

Es evidente el interés por derribar nuestras posibilidades de expresarnos e intentar transformar la realidad. Ya lo dijo Cristina: “Es la política, pavotes”, porque estos espacios implican per se diversidad, ambición de crítica y poetización de la realidad. Estos espacios son el motor para pensar cómo queremos transformar la realidad y eso es imperdonable en tiempos de hegemonías reaccionarias. Es precisa y devastadora la visión de Ana María Vásquez Duplat: “El Multiespacio Pasco no solamente es un espacio para la cultura y el arte sino que es el lugar de encuentro, debate y acción del Partido Social de la Ciudad, la Corriente Crítico Feminista La Ría, la organización social Colectivo por la Igualdad, el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad y el Grupo de Trabajo Hacia el Buen Vivir. Si las condiciones son desfavorables, todas estas iniciativas perderían su lugar de confluencia y trabajo”. Además señaló Ana María: “Es más fácil tener un boliche que un centro cultural autogestivo.”

Andy Fiorino, gestor cultural alternativo asevera: “Muchos de los espacios alternativos son espacios de contención ya que es donde va la gente a distraerse, compartir e interactuar. Al mismo tiempo son espacios sumamente creativos donde compartir el conocimiento. Todos sirven efectivamente para crear un nexo entre ambas cosas y así dejar generar aquello que a todos nos identifica por más distinto que sea. La cultura. Es importante el hecho de que al mismo tiempo es una gran fuente de trabajo que alimenta a la gente intelectualmente”.

Pero la cultura no puede desaparecer, cuanto más fuerte es la opresión del sistema oficial, más conciencia de unión y resistencia artística y cultural. Según Alejandro Falcone: “Esta suma de factores motiva que prevalezcan justamente aquellos espacios que sólo ven en la cultura, en los espectáculos artísticos, una manera más de hacer negocios, priorizando el dinero por sobre el contenido y entendiendo que sólo debe contenerse a aquello que genere plata. Esta forma de construcción vacía completamente la cultura (entendida como la identidad del pueblo), al promover valores que alientan al exitismo y al individualismo, dejando de lado la diversidad.”

El próximo 11 de febrero se realizará el festival: #LaCulturaNoSeClausura. Será en Julián Álvarez y Córdoba el sábado 11 de febrero de 19 a 22 hs. Van a tocar Tinkunakuy, Tawa, Lastronauta y Tsunami. La cultura no se clausura.

CABA: un policía sin identificación golpeó a un joven ante el repudio de los vecinos

30.1.2017

El efectivo de la Federal golpeó a un joven por una denuncia de intento de robo en la vía pública. Nuevo caso de violencia institucional. 

 

El 29 de enero por la noche, efectivos de la policía federal detuvieron a un joven en la avenida Corrientes al 1671 por una denuncia por intento de robo. Un oficial, sin chapa que lo identifique, rompió la mochila de Maximiliano Pérez buscando lo robado. Al no encontrar evidencias, arrojó a Pérez contra un local de la avenida y lo golpeó varias veces hasta que los transeúntes del lugar intervinieron en la situación.

Ante los gritos de los presentes que le pedían al policía que dejara de golpearlo, el resto de los agentes justificó lo ocurrido por una denuncia de robo, sin que se presentaran en el lugar los denunciantes o aparecieran las supuestas pertenencias robadas.

Ante los reclamos de los presentes, indignados con el accionar policial, se hicieron presentes 3 patrulleros de la policía de la Ciudad junto al sargento a cargo Villagra, quien finalmente obligó al oficial, llamado Rivera, a colocarse la chapa identificadora.

Maximiliano Pérez fue trasladado a la comisaría N°5 de CABA. El acta de detención fue firmada como: “atentado y resistencia a la autoridad”, omitiendo la denuncia original por intento de robo. Quedó a cargo del Juzgado Correccional Número 6, a cargo del director Alejandro Citvasck y del secretario Carlos Fox.

Hogar de niños del gobierno de la Ciudad: hacinamiento, inundaciones y cucarachas

19.1.2017

Trabajadores y trabajadoras de la Junta interna de Promoción Social ATE CABA realizaron este mediodía una medida de fuerza en la Estación Primera Junta para volver a denunciar la situación del Hogar Curapaligüe y exigir una respuesta inmediata por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta.

El panorama en el hogar ubicado en el barrio de Flores es nefasto: desprendimiento de los techos, cables eléctricos al alcance de los/as niños/as, desborde de los tanques e insectos en la comida. Hace aproximadamente cinco meses sufrieron también reiteradas pérdidas de gas en la cocina del establecimiento, ante lo cual la empresa Metrogas procedió a cortar el suministro, que fue posteriormente restablecido por personal del Gobierno de la Ciudad en forma clandestina. La situación se agrava en tanto el dispositivo presenta un considerable nivel de sobrepoblación, ya que en la actualidad permanecen alojados 47 niños/as, si bien la Ley 2.881 que regula la habilitación y funcionamiento de los establecimientos para el cuidado de niñas, niños y adolescentes, establece que no debería albergar a más de 30. Luego de un simulacro de incendio desarrollado en la institución, Defensa Civil concluyó que en caso de acontecer un siniestro, moriría “al menos” un niño.

Si bien en Noviembre de 2016, luego de varias denuncias e informes presentados desde el sector, el Juzgado Nº20 concedió la medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar Nº 1 para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y más específicamente el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (en la actualidad a cargo de Guadalupe Tagliaferri), realice las reformas infraestructurales necesarias para garantizar la integridad de los niños/as que habitan dicha institución, el edificio continúa a la fecha en estado crítico.

El Curapaligüe es uno de los tres hogares propios de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Gobierno porteño, a cargo de Gabriela Francinelli, destinados al alojamiento de niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales, en el marco de la Ley 114 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Buenos aires. Contradictoriamente, el abandono y desfinanciamiento tanto de este como de los otros dos hogares propios, El Valle y El Vallecito, se traducen en una vulneración cotidiana y sistemática de los derechos de los niños/as y adolescentes a quienes deberían proteger.

En la actualidad el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene convenios con aproximadamente 50 instituciones, algunas de ellas con más de un hogar bajo su órbita, lo cual se traduce en unos 90 dispositivos de alojamiento conveniados. Mientras que alrededor de 800 niños, niñas y adolescentes permanecen institucionalizados tanto en estos como en los previamente mencionados, casi 150 continúan en lista de espera. Es decir, que el mismo Estado que determina la aplicación de una medida de abrigo para garantizar la restitución de sus derechos vulnerados, luego se las niega por falta de recursos.

El “gran” cambio de Larreta: rotar a 54 comisarios de la Ciudad

18.1.2017

El gobierno porteño lo dispuso, tras la fusión de la policía federal y la metropolitana, y por la cual se conformó la "Policía de la Ciudad de Buenos Aires", conformada por 25 mil efectivos.

Andrea López

 

Ayer martes, mientras la policía reprimía brutalmente a los trabajadores de la gráfica AGR Clarín, que están en lucha por sus puestos de trabajo, se llevaba adelante la disposición de rotar en sus cargos a los jefes de las 54 comisarías, de las 8 circunscripciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Los nuevos jefes son: César Gambarte (I), Roxana Corbo (II), Rodolfo Alí (III), Carlos Pereyra (IV), Claudio de Proenca (V), Carlos Quiñones (VI), Ana María Molina (VII) y Roberto Ahmed (VIII).

Según el ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo, la rotación responde al "comenzar de cero" que busca el Gobierno de la Ciudad con la nueva policía. Desde su Ministerio dijeron que “los que tengan irregularidades serán investigados”, pero que el recambio no se dio por este motivo.

 

Preparando la unidad y el presupuesto para reprimir

 

Durante el mes de octubre del año pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a esta "una nueva fuerza", cuando se producía el traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Para financiar el costo del traspaso, el Gobierno nacional aumentó por decreto (para variar) los fondos coparticipables para la Ciudad de 1,40% a 3,75%. Este aumento representa $16.747 millones.

El lector quizás se pregunte cuantas obras de infraestructura podrían haberse hecho con semejante cifra para que dejen de inundarse miles de personas todos los años, o cuantas escuelas, hospitales, viviendas populares, refugios para víctimas de violencia de género y sus hijos, entre tantas necesidades urgentes del pueblo trabajador.

 

Unir fuerzas para reprimir las luchas, criminalizar a los trabajadores, a los inmigrantes y a la juventud

 

La represión en estos últimos días a los trabajadores de AGR, a los manteros, a los trabajadores estatales, sólo por nombrar algunos casos, demuestran cuál es el rol de la policía y todas las fuerzas de seguridad: reprimir a los que luchan para defender los intereses de las patronales y sus gobiernos. Ni los jubilados se salvaron, reprimidos en el Puente Pueyrredón.

En los últimos meses los casos de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires causaron un enorme repudio.

En pocos días fueron asesinados 2 jóvenes en el mes de diciembre, como en el barrio de San Cristóbal cuando un policía de civil le disparó en la cabeza a un joven que estaba con las manos en alto.

Los vecinos y testigos denuncian que en este, como en tantos casos, la Policía montó una escena falsa para cubrir al asesino.

Otro caso fue el del joven trabajador Jonathan, el muchacho de 28 años que murió tras ser impactado por una bala policial. Su padre denunció que "Quisieron tapar todo, pateaban las vainas".

En el último año, las estadísticas indican que una persona es asesinada cada 25 horas por parte de las distintas fuerzas policiales, según el archivo anual elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Como se viene denunciando en La Izquierda Diario, el Gobierno desde que asumió viene intentando avanzar con una política represiva contra las luchas y manifestaciones que se vienen dando contra las políticas de ajuste. En un primer momento crearon el famoso “protocolo antipiquetes”, que no lograron implementar por la fuerza de la movilización.

Ante un panorama económico cada vez menos alentador, vienen buscando reforzar esta política para buscar frenar el descontento que empieza a tener su expresión en las calles.

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