Comunicadores del Sur

6.10.2016

A doce días de las torturas sufridas por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Mayor, La Poderosa convocó a una conferencia de prensa en la que participaron referentes contra la violencia institucional, para denunciar el accionar de las Fuerzas de Seguridad, y el silencio por parte del Ministerio de Seguridad de y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Sobre el escenario ubicado frente a la garita de Prefectura Naval en la villa 21-24, donde fueron atacados los jóvenes el sábado 24 de septiembre, estuvieron presentes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya; Nacho Levy, referente de La Poderosa y vecino de Zavaleta; Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Horacio Verbitsky, titular del CELS; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga; Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza; Abel Córdoba, fiscal general; y Dolores Sigampa, mamá de Ezequiel Demonty.
Durante la jornada, se escuchó un mensaje de apoyo enviado por Carlos “El Indio” Solari, quien se solidarizó con el caso de Iván y Ezequiel. “Cuando un gobierno da piedra libre a la Policía para que haga lo que quiera, se pone difícil la vida, especialmente la de ustedes. No dejo de pensar en la tremenda injusticia que padecieron los pibes cuando el uniformado les cuestionaba si podían tener una campera así”. Y agregó: “Siempre hubo torturas, en algunas épocas menos y en otras más. He vivido en carne propia lo que se siente estar en ese lugar, porque me dieron picana dos veces en la misma noche”. Y sentenció: “Que la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos no hayan dicho nada todavía, se explica únicamente por el gobierno que hay”.

Por su parte, Nacho Levy, referente de La Poderosa, expresó: “Recién hoy, la Prefectura Naval ‘dio de baja’ a siete de los diez prefectos involucrados; pero sepan que esta victoria la conseguimos todos nosotros gracias a la lucha y la organización”. Y agregó: “Necesitamos conformar un espacio de conjunto para defender los Derechos Humanos de los villeros y lograr que se apruebe un proyecto de ley de Control Popular a las Fuerzas de Seguridad”.

Por su parte, Iván Navarro, quien fuera torturado por la Prefectura Naval junto a Ezequiel Villanueva Moya, agradeció a sus maestros y profesores por estar presentes, y afirmó: “Al ver tan conmovida a mi familia, me imagino el dolor que habrán pasado los familiares de víctimas de violencia institucional que están ahora, acá, acompañándonos”.

Luego, la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Norita Cortiñas, señaló: “Agradezco poder compartir este momento con Iván y Ezequiel, que nos devuelven el valor que tuvieron nuestros hijos e hijas”. En ese sentido, continuó: “En la dictadura, nos preguntábamos por qué habían secuestrado a nuestros hijos: fue porque eran luchadores populares, como estos jóvenes de La Poderosa”. Y concluyó: “Durante 40 años, las Madres salimos a las calles y ahora debemos seguir peleando, como nos enseñan estos chicos”.

Por otro lado, el titular del CELS, Horacio Verbitsky opinó: “No fue el Ministerio de Seguridad, sino la Prefectura, quien dio la cara para informar la situación de los prefectos. Es una vergüenza coherente con ellos, porque esa cartera inauguró su gestión con el Protocolo Antipiquete”. Y añadió: “Las torturas ya existían, pero han sido redobladas dado que, por primera vez, existe una bajada desde la cúpula que los habilita a este accionar”.

Para finalizar, Vanesa Orieta advirtió: “Estas prácticas de las Fuerzas de Seguridad, se llaman represión. Violencia institucional es lo que vivimos a diario en los barrios pobres cuando por la falta de urbanización, no podemos acceder al sistema de salud ni a los derechos básicos”.

Previo a la conferencia de prensa, los curas villeros celebraron una ceremonia por Iván y Ezequiel, en una jornada de la que formaron parte distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales.

6.10.2016

Ayer Horacio Rodríguez Larreta lanzó oficialmente la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires y envió para su votación en la Legislatura una mega ley de seguridad.

Ruth Werner

El jefe de Gobierno porteño presentó en sociedad los vehículos, equipos y el uniforme que tendrán los efectivos de la fuerza unificada y que contará con cerca de 25 mil miembros, teniendo en cuenta los casi 19 mil transferidos y poco más de 6 mil de la Metropolitana.

La finalización del traspaso se da en medio de rumores que hablan de una importante tensión en las fuerzas en cuestión, según trascendió, debido a la incertidumbre entre parte de los uniformados de la Policía Federal, que temen perder beneficios, entre ellos la posibilidad de realizar las “horas adicionales” que terminan siendo una parte sustancial de lo que ganan cada mes y que tiene prohibido hacer la Metropolitana.

Por eso, en el acto ayer para anunciar la “Nueva Policía de la Ciudad”, Horacio Rodríguez Larreta, flanqueado por el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y el ministro de Seguridad y Justicia Martín Ocampo, trató de contener a los uniformados sosteniendo que "nadie va a perder un solo peso, su antigüedad, sus aportes jubilatorios y obra social".

"Todos mantienen sus derechos y de ahí para arriba”. Lo cierto es que el gobierno de la Ciudad hace meses que recorre las Comisarías con el mismo discurso y no parece haber logrado un gran convencimiento. El viernes pasado el mar de fondo saltó a la luz con la difusión en las redes sociales del video de un acto en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad, donde se expresan abiertamente las quejas contra el jefe de la Policía Federal de la Ciudad (el sector traspasado), el comisario general Guillermo Calviño.

Chivos expiatorios

Consultado sobre el traspaso, el diputado del Frente de Izquierda Patricio del Corro sostuvo que “en medio de una extendida campaña mediática contra la inseguridad lo que busca el gobierno son chivos expiatorios. Con la unificación se busca aumentar el ’control social’ sobre las calles lo que apunta siempre contra los sectores más pobres y la juventud”.

En realidad “se le va a dar poder a las dos fuerzas que manejan el crimen organizado de la Ciudad y que cuentan con prontuarios tenebrosos. El mismo Comisario General de la Federal traspasada está vinculado a la barra brava de Boca Juniors, fue acusado de proteger a comisarías coimeras y, no nos olvidamos, de aplicar una zona liberada para que pudiera actuar la patota que cargó contra los trabajadores de prensa del diario Tiempo Argentino el pasado 4 de julio”.

Del Corro agregó que “en la Legislatura hemos presentado en abril de este año un pedido de informes donde indagábamos, entre otros puntos, al Poder Ejecutivo sobre el por qué se mantenía el 70 % de la cúpula de la Metropolitana con personal que cumplió funciones durante la dictadura cívico militar. No han respondido. Es evidente que buscan impunidad para los integrantes de las fuerzas policiales que conforman a la ’nueva policía de la Ciudad’ y evitar que haya el mejor cuestionamiento y que salte a la luz su prontuario represivo”.

El pedido de informes presentado por Del Corro estuvo acompañado por la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-FIT) y cuenta con el respaldo de Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Graciela Rosemblun de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el recientemente fallecido Enrique "Cachito" Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), entre otras organizaciones sociales y políticas.

Del Corro señaló que “hay denuncias graves que revelan quién es quién entre los integrantes de la Metropolitana: el Informe final de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana de diciembre de 2010 y los informes posteriores del CELS, de los años 2011 y 2013 establecen que 38 de los altos mandos de esa Policía, sobre un total de 52, cumplieron funciones en las fuerzas de seguridad en los años de la última dictadura militar. El gobierno no quiere develar qué cantidad de estos miembros continúan aún en sus cargos y funciones”.

El diputado también recuerda que “muchos de esos altos mandos revistaron en la tristemente célebre Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, organismo que jugó un rol relevante dentro del aparato represivo que ejerció el terrorismo de Estado. Tampoco quisieron responder en qué sectores de la Metropolitana cumplen funciones los 186 miembros de la fuerza provenientes de las Fuerzas Armadas, según consta en Expediente 93771/13” del Gobierno porteño, denunció.

Violentos y criminales

“La Policía Federal traspasada no se queda atrás”, agregó el diputado Del Corro. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) señaló recientemente que se trata de la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes.

Además el órgano dependiente de la Procuración General de la Nación viene de publicar un informe titulado “Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” que reúne las denuncias penales realizadas durante 2015 por víctimas o familiares ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según ese informe, entre 2013 y 2014 el Sistema de Registro y Seguimiento de Intervenciones de la Procuvin había contabilizado casos de violencia policial sobre 199 niñas, niños y adolescentes. El mismo relevamiento respecto al año pasado arrojó, comparativamente, un crecimiento de casi el doble. Entre enero y diciembre de 2015 el Sirsip contabilizó unos 347 casos que involucran a 378 víctimas.

Recientemente tomó estado público las torturas sufridas por dos menores de edad por parte de miembros de la Federal y de la Prefectura. Los menores que viven en la “villa” 21-24 de Barracas son sólo un ejemplo del “clima” abiertamente represivo que viven los niños de hogares pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Hechos como éstos ocurren de manera sistemática contra los menores a lo largo de todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

“El gobierno se cuida muy bien de que todos estos datos se mantengan lo más ocultos posible. Por eso hasta se han negado en la Legislatura a conformar una comisión de seguimiento del traspaso”, afirmó el diputado Del Corro.

El legislador del Frente de Izquierda no dudó en pronunciarse respecto a una de las aristas más complejas que atañen a la cuestión de la seguridad y a la campaña mediática que exige más policías en las calles: “hoy la Ciudad de Buenos Aires ya está militarizada, con 30 mil efectivos de las distintas fuerzas de ’seguridad’ (contando la Prefectura) que ocupan las calles. En una Ciudad que tiene 12.255 manzanas, eso significa que hay 2,5 policías por manzana. Los datos demuestran que el gran delito no podría existir sin la complicidad o la organización de la misma policía. Por algo cada vez que salta una red de trata, de narcotráfico o de delito organizado hay policías involucrados. Más policía solo significa más control social contra los pobres y la juventud, más represión y más delito organizado. Hay que ir contra el poder policial, judicial y político que mantienen estas mafias”.

5.10.2016

Tras haber denunciado golpes, amenazas, simulacro de fusilamiento que padecieron dos integrantes de La Garganta Poderosa por parte de la Prefectura el sábado 24 de septiembre, en las últimas horas del martes 4 de octubre, el medio denuncia la continuidad del hostigamiento y persecución por parte de la Prefectura.

Impulsado por todos los verdugueos que recibió durante sus 18 años de villero y por la posibilidad de ponerle un punto final a la razia indiscriminada de las Fuerzas en los barrios, nuestro compañero Iván Navarro decidió aceptar la invitación de un programa esta noche, para denunciar las torturas que padeció el sábado 24, en la vera del Riachuelo, por parte de la Prefectura. Volvió hace tres horas a la Villa 21 e intentó distraerse un rato jugando a la pelota, en el club Juventud Unida, a pocas cuadras de su casa. De regreso, recién, hace 20 minutos, vio cómo dos prefectos golpeaban a un pibe, contra la pared de la Casa de la Cultura. Se acercó para mirarles la identificación y escuchó los motivos del hostigamiento: “Ahora van a cobrar todos, por habernos escrachado en los medios”. Lo vieron.

 ¿Qué mirás?
 Nada, pero no le hagas nada al pibe, porque yo los denuncié.
 ¿Así que fuiste vos, pedazo de hijo de puta? Empezá a correr…

Y sí, otra vez, ahora, ya, agitado, nervioso, cagado y cargado de impotencia, Iván acaba de entrar a su casa con el último aliento, mientras un prefecto lo perseguía e intentaba sacar su arma. Si no corría, lo mataban. Y si lo mataban, no lo contaba nunca más.

Patricia Bullrich, ¡dónde mierda estás!
Vengan ya mismo para el barrio, por favor, los funcionarios, los fiscales, los medios y todos los responsables de garantizar nuestro derecho a la vida: queremos saber el nombre del prefecto que logramos fotografiar y las medidas que van a tomar para salvarnos, en esta selva de uniformados cargados de impunidad: compartan, ustedes son nuestra única fuerza de seguridadt;line-height: normal;background:white'> 

APU: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

FR: Creemos que primero quieren arrasar con nuestro sector, para ir por otras partes de la Villa 31. Ni siquiera en la época de los militares pudieron erradicarla, por eso tienen que entender que los vecinos que vivimos acá nos estamos organizando para junto con toda la Villa parar esto.

5.10.2016

Pese a que lo impide una medida cautelar, Rodríguez Larreta creó la IGJ local. Su titular es Emilio Najenson, ex asesor de la Lotería de la Provincia y voluntario de “Boca Social”.

Julián Maradeo

Ex asesor tanto del Instituto Provincial de Loterías y Casinos bonaerense como de un integrante de la Coordinadora porteña. Y también voluntario de Boca Social. No hace falta recorrer ningún camino escarpado para notar que el perfil de Hernán Emilio Najenson expone su vínculo político con uno de los principales aliados de Mauricio Macri: Daniel Angelici.

El nombre de Najenson sería anecdótico si el decreto 195 de Horacio Rodríguez Larreta (emitido en marzo de este año), no lo hubiese nombrado como director del Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas. En otras palabras, el símil porteño de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Si se tiene en cuenta el poder que denota el nuevo ente, que se encuentra paralizado desde 2009, se comprenderá porqué el macrismo insiste en su creación.

Cautelar

En 2008 la Legislatura porteña creó este organismo, cuya facultad sería la del registro de sociedades comerciales y la fiscalización no sólo de las locales sino también de “las constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Un año después, la justicia de primera instancia en lo Comercial hizo lugar a una medida cautelar requerida por la Fiscalía General en lo Comercial, disponiendo la suspensión de la ley 2875.

En 2011, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión enfatizando, entre otras razones, la inseguridad jurídica que podría generar la duplicación de registros societarios operando en una misma jurisdicción, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa oficial quedó congelada hasta que Macri llegó a la Casa Rosada.

A comienzos de este año, sugestivamente, la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez convalidó el pedido del Gobierno de la Ciudad, motivo por el cual hizo lugar a la excepción de falta legitimación solicitada, rechazando las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

De esta manera todo quedó apto para avanzar en el sentido pretendido por el macrismo. Giménez, que llegó siendo secretaria de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital, se encuentra ternada a la espera de la designación del Poder Ejecutivo Nacional.

Acto seguido, la fiscal general Gabriela Boquín recusó a la jueza, al considerar como un “absurdo la petición del GCBA ya que requiere o pretende que la jueza de grado revoque una sentencia de Cámara, esto es, aquella que dejó firme la medida de no innovar respecto a la puesta en marcha de la ley 2875”.

En esa ocasión, en medio de las filtraciones de los documentos del buffet Mossack-Fonseca, conocido como Panama Papers, Boquín puso el foco sobre el riesgo que conllevaba la constitución de un ente de estas características: “Lamentablemente pareciera que el escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ -organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación- que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”.

Más poder para El Tano

En junio, el Ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano, presentó en el Senado de la Nación un proyecto modificatorio de la ley 24.588, con el objetivo de transferir la IGJ a la jurisdicción de la Ciudad. De esta manera, sin abandonar la vía judicial, el Gobierno vuelve sobre sus pasos, ya que pasa a reconocer que debe modificar la norma para poder crear el nuevo organismo.

Asimismo, otro elemento que tienen en cuenta quienes objetan la decisión oficial es el intento por traspasar la justicia nacional a la jurisdicción porteña. Por caso, Jorge Boerr, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), dijo que ve “dificultades técnicas: en el caso de la Justicia penal, tenés un código local acusatorio y otro nacional. En la Ciudad, tenés una organización de jueces que es muy diferente a la nacional. Tenés jueces en la Ciudad que tienen función como jueces de garantía y de juicios. Tienen competencia para delitos menores y competencia criminal de mediana gravedad. En la Justicia nacional, con el nuevo código, es de jueces de instrucción y otros jueces de tribunal oral criminal, que son los que intervienen en los juicios orales. Tenés marcada la diferencia por etapas de intervención. Fusionar esos dos conglomerados de jueces hay que ver cómo se equilibra”.

Uno de quienes defienden dicha resolución es el actual presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, quien tiene como vicepresidente segundo al propio Daniel Angelici. “Si en principio este proyecto sirve para acelerar los tiempos procesales y, por ende, mejorarle la vida a la gente, lo vemos bien pero primero hay que trabajar para que la Justicia local mejore ya que solo tiene veinte años de existencia y, pese a tener un volumen mucho menor de causas, en muchos casos se tarda en resolver un caso lo mismo que la Justicia nacional que tiene 100 años”, sentenció el aliado del Tano.

Como se dijo, la avanzada descripta se da en medio de la aparición de sociedades offshore en las que no sólo figura el presidente de la Nación, sino también el propio Angelici y Boca Juniors. A lo que se suma que, entre otros aspectos, el nuevo organismo a cargo de Najenson tendría una particular injerencia sobre la Asociación del Fútbol Argentino, que actualmente se encuentra intervenida.

A pesar de que su funcionamiento, por el momento, debería interrumpirse, hay quienes indicaron que junto con Najenson (cuyo lugar en el organigrama oficial ya figura en la página del Ministerio de Justicia y Seguridad, conducido por otro angelicista, Martín Ocampo) ya trabajan cinco personas, que figurarían dentro de la IGJ.

Najenson, según su magro currículum en la red social Linkedin, es socio fundador del estudio Spota-Najenson. También fue, durante 2009 y 2016, asesor de una oficina de nombre aparatoso: la de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Allí, desde diciembre, Angelici tiene a uno de su riñón como secretario ejecutivo, el politólogo Fernando Rovello.

A su vez, aparte de formar parte del equipo del excoordinador Marcelo Stubrin, Najenson se jactó de crear la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos del sector de juegos de Azar de la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina.

Y un dato que se torna indisimulable: Najenson se presenta como voluntario en la Fundación Boca Social, que tiene al frente a Enzo Pagani, actual presidente del Consejo de la Magistratura de CABA, y a María Inés Belloni, esposa de Angelici.

Autoconcebido como un jugador superestructural, cuyos tentáculos se extienden hacia diversos y numerosos lugares de los distintos gobiernos macristas, en el lenguaje gubernamental, se dirá: Angelici tiene un nuevo raviol en su esquema de poder.

3.10.2016

Entrevista a Fernanda Pereyra, referente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, a raíz del proyecto del PRO en la Villa 31. “Invierten 650 millones de dólares para la autopista, pero no para poner un tanque atmosférico, siquiera, porque no tenemos cloacas. Primero están las necesidades básicas del barrio, para que podamos vivir dignamente”.

Por Juan Manuel Ciucci

La semana pasada, se aprobó en primera lectura el proyecto del Ejecutivo porteño que busca construir una nueva Autopista Illia, más cerca de la Avenida Del Libertador. Falta ahora una audiencia pública y la votación en segunda lectura del proyecto de ley. Entrevistamos a Fernanda Pereyra, referente de la CTD Aníbal Verón, para que nos cuente qué pasa en el barrio, y qué opinan los vecinos de este proyecto.

APU: ¿Cuál es el conflicto a partir del proyecto para una nueva Autopista Illia?

Fernanda Pereyra: El problema que tenemos los vecinos es que todavía no tenemos la información exacta, sabemos que hay un traslado de la Autopista Illia, y que recorre de la manzana 104 y 12, de la casa 30 y 205. Todo ese sector va a ser erradicado, son 72 viviendas, unas 150 familias, porque en cada vivienda hay más de un núcleo familiar. El jueves pasado a espaldas del barrio, se votó la primera lectura en la Legislatura de ese proyecto. Creemos que no la tienen que hacer, que va en contra del barrio y de los vecinos, que han tardado años en construir sus viviendas. Sus hijos han nacido allí, y hoy están desesperados porque no saben a dónde van a ir, que va a pasar con ellos. Tampoco tenemos información de lo que va a pasar con los negocios que la gente tiene ahí.

APU: ¿No les comunicaron nada?

FP: Esto se viene planteando desde hace un mes, pero lo que les decimos al Gobierno de la Ciudad es dónde van a reubicar a los vecinos, y nos dicen que no lo saben. O no lo tienen o no nos quieren dar esa información. En esta Ley que fue votada el jueves favorablemente, por el PRO, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y Roy Cortina, no dice nada de las viviendas ni de las familias.

APU: ¿Cómo avanza en paralelo la urbanización?

FR: En nuestro sector nunca hicieron ni cloacas ni pavimento, en los años que estuvo Macri en la Ciudad. Tenemos muchos problemas con la luz, dicen porque somos demasiados en el sector. Ellos dicen que no tienen presupuesto para entablar un nuevo cableado en el lugar. Pero invierten 650 millones de dólares para la autopista, pero no para poner un tanque atmosférico, siquiera, porque no tenemos cloacas. Primero están las necesidades básicas del barrio, para que podamos vivir dignamente.

APU: ¿Cuáles son los pasos a seguir?

FR: Creemos que primero quieren arrasar con nuestro sector, para ir por otras partes de la Villa 31. Ni siquiera en la época de los militares pudieron erradicarla, por eso tienen que entender que los vecinos que vivimos acá nos estamos organizando para junto con toda la Villa parar esto.