Comunicadores del Sur

29.10.2017

Nicolás Dimuro

Bronca e indignación en Lugano 1 y 2. Mientras arreglan las mismas calles una y otras vez, la salita de primeros auxilios no cuenta con lo mínimo e indispensable para salvar una vida ante una emergencia.

Lugano 1 y 2 es un barrio de edificios en bloques y Torres, se calcula que en el viven más de 50 mil personas. Ante una emergencia se suele recurrir a la salita de primeros auxilios ubicada en el centro del barrio. Lamentablemente, esta no cuenta ni con los insumos, ni con los profesionales necesarios para cumplir con las demandas básicas. Tampoco cuenta con lo mínimo y necesario para salvar una vida.

Ayer sábado por la tarde un joven de 25 años llegó hasta la puerta de la guardia ya descompensado, lamentablemente el lugar no contaba con los equipos y elementos indispensables para este tipo de emergencia. Más grave aún, no había ningún profesional de la salud que pudiera intervenir en ese momento crítico. El joven agonizó durante varios minutos en la vereda ante la desesperación e impotencia de los presentes. El lugar no contaba ni siquiera con una ambulancia, una falta recurrente.

La bronca del barrio no se hizo esperar, las redes sociales empezaron a expresar este odio ante la muerte evitable de un joven.

La prioridad del Gobierno de la ciudad pareciera ser arreglar las mismas calles una y otra vez, pareciera ser que lo cosmético vale más que la vida de los vecinos del barrio. Eso explica que llenen el barrio de plantas pero que no haya insumos ni profesionales en la salita que debería estar preparada para atender emergencias.

¿Dónde acuden los vecinos de Lugano ante una emergencia? La falta de una sala de emergencia que funcione debidamente, muchas veces obliga a los vecinos a asistir y padecer la atención en el hospital Santojanni o el hospital Piñero, lugares con servicios de guardias totalmente saturados. La promesa de un hospital de alta complejidad para la zona sur no es más que una linda fachada (hospital Cecilia Grierson) que no supera el estatus de promesa que se repite una y otra vez en campañas electorales.

Esto deja una vez más al descubierto cual es la verdadera propuesta para el sur de la ciudad que concentra la parte más importante de la crisis habitacional, de la crisis educativa expresada en la falta de vacantes y en donde la salud está después del negocio del maquillaje. Una muerte evitable, un Estado y un gobierno responsable.

28.10.2017

La Cámara de Apelaciones ratificó que la obra en el Palacio Roccatagliata del barrio de Coghlan viola las constituciones de la nación y la Ciudad.

La Justicia a través de la Cámara de Apelaciones ratificó en un fallo unánime que la mega obra inmobiliaria que se construía en el Palacio Roccatagliata del barrio porteño de Coghlan es anticonstitucional, debido a que se proyectó construir más pisos y más metros cuadrados que los permitidos.

Tras un primer fallo favorable, la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por Hugo Zuleta Gabriela Seijas y Esteban Centanaro rechazó los recursos de apelación presentados por la empresa a cargo del megaemprendimiento inmobiliario y el Gobierno porteño, por lo que confirmó la sentencia de grado.
La acción de amparo sobre la construcción que se llevaba a cabo en Franklin Roosevelt 3101 la realizó el legislador porteño de Bien Común Gustavo Vera, quien remarcó que "la obra violaba todo los parámetros urbanísticos que establece el Código de Planeamiento (CPU) para esa zona" y precisó que "esa violación generaba una rentabilidad y valorización de suelo desproporcionada para los propietarios del suelo".

LA CIUDAD DE LOS PERMISOS ILEGALES

"La violación del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para tomar permisos es algo sistemático en la Ciudad y por eso, por un lado estamos ante un colapso de servicios públicos que lo sufrimos todos, y por otro ante un grupo de empresarios especulando con el suelo y las construcciones", precisó el legislador de Bien Común.
Además, Vera sostuvo que "con el nuevo Código Urbanístico lo que quieren es venir a legalizar todos estos permisos ilegales" y añadió que "por eso el ejemplo paradigmático es el caso Roccatagliata".
"Tenemos otros ejemplos de edificios en la Ciudad que no tendrían que estar construyéndose y lo hacen porque cuentan con el aval del macrismo y ahora de Horacio Rodríguez Larreta. Tenemos por lo menos cinco casos más en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura que no son tratados", detalló el diputado.
En el fallo se establece que "hay una existencia de causa judicial" y hace hincapié en "la protección ambiental como uno de los derechos colectivos enumerados en los artículos 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad al prever el amparo colectivo".
"La vinculación entre las regulaciones sobre el planeamiento urbano y el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano sostenible, basta para admitir una amplia legitimación", se indicó en uno de los puntos de la resolución.
"Los habitantes no solo tienen derecho a un ambiente saludable y sostenible, sino también el deber de preservarlo y defenderlo. La obligación de todos de tomar medidas para garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", agregó más delante el fallo.

OTRO NEGOCIADO SUSPENDIDO POR LA JUSTICIA

El titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 10, Aurelio Ammirato, suspendió la ejecución de Zona Calma, en el barrio de Villa Real, Comuna 10.
Ammirato afirmó que el Ejecutivo de la Ciudad no presentó en la justicia “los permisos ambientales correspondientes que son otorgados por la Agencia de Protección Ambiental”.
La resolución señala que se suspende con carácter precautelar y en el estado en que actualmente se encuentre la ejecución del proyecto hasta tanto la parte demandada acredite en estos actuados haber dado cabal cumplimiento a las previsiones de los arts. 8, y cctes., la ley 123.

28.10.2017

Esta mañana, el legislador porteño Marcelo Ramal junto Gabriel Solano, quien asumirá en diciembre como legislador electo del PO-FIT,  se reunieron con el equipo legislativo del bloque y analizaron los primeros datos del presupuesto CABA 2018.

Marcelo Ramal señaló: "El presupuesto reduce ingresos brutos a empresas, incluso a las que sólo cuentan con oficina en el distrito y planta industrial en el interior. Pero compensan esta baja con un nuevo tarifazo en el ABL, que vuelve a crecer más que la inflación prevista. Mientras prevén un crecimiento de los ingresos del 19%, los gastos en salud y educación aumentarán en sólo un 13%, por lo que volverán a perder participación en el presupuesto total."

Gabriel Solano añadió: "El presupuesto no prevé recursos para resolver las 12.000 vacantes escolares faltantes, ni la crisis de atención en el hospital público”. El legislador recientemente electo concluyó:  “Este impuestazo de Larreta a los vecinos junto a la reducción de carga tributaria a los empresarios, similar a la que también anunció Vidal, anticipa el  ´gran acuerdo´´ que lanzará Macri el próximo lunes,  basado en beneficios a los capitalistas y ajuste a la población trabajadora".

27.10.2017

El juez federal Martínez Di Giorgi decidió procesar a 22 de lxs detenidxs durante la represión de la Polcía de la Ciudad, luego de la marcha del 1º de Septiembre por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El fallo, que se dio a conocer este jueves, establece la falta de mérito para 7 de lxs detenidxs y el sobreseimiento de otrx dos más. Entre lxs procesadxs se encuentran dos compañeros de la RNMA, bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.

A pocos días de las elecciones legislativas, y en medio de una campaña de manipulación mediática capaz de valerse hasta del cuerpo sin vida de Santiago, el juez basa su determinación en un análisis que no garantiza el debido proceso para ningunx de lxs implicadxs. Según puede leerse en el escrito difundido hoy “resulta relevante resaltar que dada la magnitud de los eventos, en un primer momento no fue posible contar con la totalidad del material fílmico, peritajes y testimonios, todo lo cual será evaluado ahora en forma minuciosa e integral ”. Martínez Di Giorgi desestima la declaración de lxs trabajadorxs de prensa y el video que nuestrxs compañerxs realizaron del momento de su detención, para dar todo el crédito a los testimonios del personal policial interviniente.

En el acta el juez señala “que fueron detenidos por derribar el vallado policial y agredir con piedras y botellas al personal en la plaza frente a la Casa Rosada”, versión contradictoria con la declaración de Gabriela Amira Sánchez, otra de las procesadas. Durante su testimonio Gabriela explica que su detención se produjo en Avenida de Mayo al 1400, y que intervinieron dos jóvenes para ayudarla: “ellos son Medone y Mourenza”.

No es la primera vez que el magistrado ataca a lxs trabajadorxs de prensa. Dos comunicadorxs de Antena Negra TV podrían ir detenidxs por la connivencia de este juez con los intereses privados de la empresa PROSEGUR. Esta semana, además, decidió declararse incompetente en la causa de lxs trabajadorxs del diario Tiempo Argentino, dejando en evidencia su voluntad de no investigar a Gerardo Martínez Rojas por corrupción, pero sí hacerlo con nuestrxs compañerxs por comunicar.

A menos de una semana de las elecciones legislativas donde la democracia empapela con sus discursos el país, y a casi tres meses de exigir que nos digan qué hicieron con Santiago Maldonado, vamos a seguir trabajando para visibilizar la represión sistemática a la protesta, el mal uso de la información por parte de los medios hegemónicos y para exigir el cese de la persecución a la comunicación comunitaria, alternativa y popular.

Desde la RNMA exigimos:

#Anulación de la causa y sobreseimiento de todxs lxs detenidxs
#No a la Criminalización de la protesta
#No Queremos más Detenidxs por comunicar
#No a la persecución de la comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular.

Argentina, 28 de Octubre de 2017

26.10.2017

Pidió que se aplique un amparo presentado hace siete meses en favor de quienes trabajan en clásico hotel luego de que lo vaciaran sus dueños.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que vetó la declaración de utilidad pública los inmuebles del Hotel Bauen.

La medida, en base a un amparo presentado el 20 de marzo de este año, lleva a que se promulgue la ley 27.344 en ese sentido. Asimismo, los trabajadores requirieron como medida cautelar de no innovar, con el fin de evitar el desalojo que derivó de la acción de Mauricio Macri.

La fiscal Boquín señaló que es competente “por conexidad” para intervenir en el conflicto el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°9 y la Sala C de la Cámara Comercial.

El 12 de septiembre pasado la Sala C dispuso en la mencionada quiebra la restitución inmediata del inmueble para el primer lunes del mes de diciembre del corriente año y rechazó las articulaciones de la cooperativa de trabajadores que explota el hotel y logró sacarlo adelante después de muchos años de labor.

El proyecto legislativo que derivó en la ley 27.344 había sido sancionado el 30 de noviembre de 2016 y contempló la declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio del Hotel Bauen, ubicados en Callao 346, 350 y 360 de Buenos Aires, y todos los bienes muebles e inmateriales, incluidos marcas y patentes, que tuvieran relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el hotel, según especificó el portal Fiscales.gob.ar

El proyecto establecía la cesión en comodato de los bienes expropiados a la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla, y de mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo.

También contemplaba que una parte de las instalaciones debía estar destinada para el desarrollo de prácticas educativas laborales y la celebración de convenios con universidades públicas para realizar prácticas relacionadas con las carreras de turismo, gastronomía, hotelería, cooperativismo y socioculturales.

Además, la cooperativa del Bauen prevé destinar al menos 30 % del hotel para brindar cobertura a pasajeros del turismo social y para dar cobertura a las derivaciones médicas de todo el país efectuadas a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

“Han transcurrido siete meses y no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada”, indicó la fiscal.

En ese sentido, Boquín recordó que existe doctrina que sostiene que el principio general indica que los jueces deben abstenerse de dictar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, pero que “en supuestos de excepción podrán hacerlo”, a condición de que se trate “del dictado de una medida urgente, que no admita demora y como único modo de proteger el derecho involucrado en la pretensión”.

Explicó que en el caso la urgencia se encontraba configurada por la circunstancia relativa a que el desalojo fue establecido para el primer lunes de diciembre del corriente año.