Comunicadores del Sur

3.10.2017

Los trabajadores docentes y alumnos de Educación No Formal exigen al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la urgente reglamentación de la Ley 4399 sancionada por unanimidad en el año 2012 por la Legislatura Porteña. 

La problemática comenzó cuando a principio de año las autoridades del gobierno porteño manifestaron la idea de quitar las áreas de Educación no Formal (ENoF) dentro de las escuelas y proponer el uso del espacio para otros programas vinculados a la formación profesional en concordancia con la reforma educativa que quieren implementar. 

Daniel, delegado del ENoF manifestó “Desde principios de año las autoridades nos prometen mesas de trabajo y nunca se pueden llevar a cabo, nosotros avanzamos con reformas que nos piden para la reglamentación, pero después corren el eje de discusión y vuelven todo para atrás”.
Educación No Formal agrupa a más de cuatrocientos docentes que dictan talleres a más de 25.000 alumnos de modo gratuito, agrupados en distintas áreas en más de cuarenta centros y escuelas de toda la ciudad de Buenos Aires desde el año 1984.
Con respecto al futuro de los trabajadores Daniel sostuvo “las autoridades nos dicen que nos van a derivar a otras áreas que no se sabe cuál es, manifiestan además que nos pueden llegar a pasar a jornada extendida, pero no nos informan con claridad, por eso exigimos que se reglamente la ley, ya que la misma es la que nos va a garantizar a nosotros nuestras fuentes laborales, mantener el área tal cual está y que los talleres de educación no formal continúen”.
La reglamentación de la Ley implicaría que se garanticen los derechos de los trabajadores, como la estabilidad laboral a sus docentes contratados y el reconocimiento docente para los trabajadores de la planta permanente mal encuadrados en sus cargos.
Con el objetivo de visibilizar la problemática, exigir al gobierno que reglamente la ley y no cierre los cursos de las áreas artísticas, el cuerpo de delegados y la comunidad educativa del ENoF convoca a sumarse al Festival en defensa de Educación No Formal que se va a realizar el 7 de octubre en el Parque Rivadavia desde las 12hs hasta las 16hs.
“Desde hace 30 años desde educación no formal acompañamos a todos los porteños y porteñas de todas las edades, para todas las necesidades para todos los gustos, cumpliendo la garantía constitucional de la educación permanente de calidad y para todos, ahora les queremos pedir que nos ayuden porque educación no formal está en riesgo, los trabajadores estamos en riesgo de perder importantes áreas de educación, el área artística y de movimiento entonces les pedimos que nos vengan a acompañar en el Festival, donde les vamos a mostrar lo poquito de lo mucho que hacemos” manifestó Juana Acuña, delegada de ENoF.

1.10.2017

Un caso de persecución se vivió en la empresa de medios Telefe-Viacom. El canal televisivo, a través de una orden ejecutada en horas de la madrugada, hizo retirar carteles donde se reclamaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado. A raíz de lo sucedido, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) emitió un comunicado repudiando el episodio.

El Sindicato Argentino de Televisión, a través de un comunicado, denunció que durante la madrugada del 27 de septiembre, "empleados de seguridad ingresaron en las salas de producción, redacción, oficinas e islas de posproducción, llevandose las fotos impresas con la foto de Santiago Maldonado. Las mismas se encontraban en los escritorios, pizarras, muebles, estantes, etc. de cada trabajador/a".

"En años de democracia jamás se vivió en Telefe una situación similar, mientras el Estado tiene que dar respuestas sobre la desaparición de Santiago Maldonado, Telefe tiene que dar una respuesta por la desaparición de los carteles", agrega el comunicado.

30.9.2017

El macrismo quiere degradar las tareas que realizamos para no tener que pagarnos lo que nos corresponde, apunta a reducir el costo laboral en la ciudad, fragmentado el salario y apoyándose en la lógica meritocrática que tiende individualizar la movilidad que nos pertenece por derecho. Ante esta avanzada, más organización, más democracia y más lucha.

¿Qué es la Nueva Carrera Administrativa?

La nueva Carrera es una reorganización de las relaciones laborales dentro Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que vienen desarrollando desde 2013. Han creado 8 agrupamientos donde ubicaron a todos/as los/as trabajadores/as estatales de la Ciudad, dentro de los cuales hay tramos y grados que fueron determinados por el puesto en el que cada compañero/a ha sido relevado.

En el recibo de sueldo de Septiembre comenzará a figurar el puesto, tramo y grado en lugar de la actual designación (S-A-01, por ejemplo). Es muy importante que todos y todas constatemos esta información.

La implementación de la misma, lejos de haberse realizado de manera aséptica, con la intención de jerarquizar las tareas que realizamos, se realiza en función del análisis de dotación óptima, las POF (Planta Orgánica Funcional) de cada Ministerio y un presupuesto previsto que va en sintonía con la reforma laboral que el macrismo pretende imponer. Clara muestra de ello es el “erróneo” encasillamiento de una enorme cantidad compañeras. Todo ello se hace con la complicidad de SUTECBA, quien además maneja el Instituto Superior de la Carrera de donde dependerá nuestra movilidad según los cursos que efectuemos.

¿Qué hacemos las y los estatales?

Sabemos que si no nos organizamos y luchamos por lo que nos corresponde esta reorganización de las relaciones laborales dentro Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hará más que compartimentar las reivindicaciones y sumir al conjunto en peores condiciones que las actuales, desconociendo la antigüedad, tareas y saberes construidos de quienes llevamos adelante las políticas públicas.

Entendemos que la actual, es una pelea del conjunto, independientemente de la forma de contratación vigente. Al momento de concretarse la implementación de la nueva carrera todo aquel o aquella que ingrese a la planta permanente lo hará dentro de los marcos por ella impuestos.

Por todo esto consideramos fundamental fortalecer la organización en cada sector de trabajo confeccionando un relevamiento propio que dé cuenta de la totalidad de tareas que realizamos, desarrollar instancias democráticas de intercambio y deliberación para pensar cómo dar continuidad a una lucha que debe ser para defender lo que nos corresponde y avanzar en la conquista de nuestros derechos, que se reconozcan y jerarquicen las tareas que realizamos, que no haya ni un solo compañero debajo del costo de vida en la Ciudad que ronda los 26.000 pesos.

ATE DESDE ABAJO

29.9.2017

Arbitrariamente la gestión de Horacio Rodríguez Larreta cesanteó a 19 delegados de la Asociación de Profesionales de Servicio Social de CABA. Entre ellos está toda la Comisión Directiva del gremio.

El pasado viernes 22 de septiembre la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibió una cédula de notificación del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad que representa un ataque directo a la organización sindical. Sucede que el escrito intenta impugnar a los delegados electos el 28 de agosto, cuando se consumaron las elecciones para renovar la Comisión Directiva, Tribunal de Honor y Revisores de cuentas del gremio.

Para agravar la situación, la resolución de la gestión porteña cesantea de hecho a 19 trabajadoras, entre las cuales se encuentra la totalidad de la Comisión Directiva de la APSS, gremio de base que agrupa mayoritariamente a Trabajadores Sociales de Hospitales y Centros de Salud públicos de la CABA.

La decisión arbitraria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implica dejar sin salario a las trabajadoras y pone en jaque la continuidad de la vida gremial, ya que va de suyo que los gremios pequeños no cuentan con recursos económicos propios para hacer frente a esta embestida.

Frente a lo que el gremio considera un ataque a la libertad sindical, que tiene de trasfondo la aplicación de políticas públicas tendientes a privatizar el acceso a derechos constitucionales de la población, los trabajadores de la salud definieron un plan de lucha que comenzó con la presentación de un pedido de reconsideración, en el que solicitaban ser recibidos por el Director de Relaciones Laborales, Jorge Rey.

Sin respuesta de las autoridades, ayer se movilizaron al Ministerio de Hacienda con el respaldo de solidario de otras organizaciones sindicales porteñas, en lo que fue el inicio de las medidas de fuerza

28.9.2017

Por Néstor Espósito

La Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento al periodista deportivo en la causa que investiga a partir de una nota de Tiempo el pago de 24 millones de pesos a su empresa.

“Las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otro de los delitos mencionados por el Fiscal General”. Con esa definición, la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento dictado a favor del periodista deportivo y frustrado candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos Fernando Niembro.

El fallo ordena profundizar la investigación con lineamientos muy precisos. Los hechos investigados ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando el jefe de gobierno porteño era el hoy presidente de la Nación, Mauricio Macri.
“La Usina Producciones S.R.L. (la empresa de la que era socio Niembro) percibió del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma total de $24.718.595, 48 y tuvo un costo de $5.644.898,07 para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de $ 19.073.606, 41”. A la Cámara le llamó la atención esa diferencia entre ingresos y egresos que había pasado inadvertida como potencial foco de delito para el juez de instrucción Roberto Ponce.
En rigor, Niembro fue denunciado por contrataciones directas para “proveer espacios de publicidad” en la cadena Fox, de la que el propio periodista era comentarista de partidos de fútbol. Pero también para “realizar encuestas de satisfacción” sobre el servicio de recolección de residuos, una actividad que hasta ahora era desconocida en el desarrollo profesional de Niembro.
Los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto detectaron que comparando las facturas de La Usina y los pagos del gobierno porteño había cosas que no coincidían. La diferencia significaba casi cuatro millones y medio de pesos. “No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones S.R.L. llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos”.
En cuanto a las formas de las operaciones, el fallo destaca que “previo a contratar a La Usina se solicitaron otros dos presupuestos y uno de ellos -que no fue elegido por su mayor precio- fue confeccionado por Santiago Videla, quien finalmente realizó la prestación como empresa subcontratada y a un precio significativamente inferior. Nótese también que La Usina Producciones S.R.L.” percibió para ello $7.197.564 y abonó a Videla $2.526.074, 15, significándole una utilidad bruta de $ 4.671.489, 85”.
La situación es cuanto menos curiosa: se presentaron dos empresas para un contrato, la de Niembro y otra. La de Niembro formuló una cotización y la otra, una mucho mayor. Entonces fue elegida la de Niembro, por más económica. Pero la empresa de Niembro contrató a la otra, que había pasado un presupuesto superior, y la encuesta finalmente la realizó la otra. ¿Niembro perdió plata? No, la otra empresa, que había presentado un presupuesto mayor, hizo el trabajo por un monto muy inferior al que había cotizado.
“Si bien el juez de primera instancia consideró que el informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires no arrojó cuestionamientos de ninguna índole respecto de estas contrataciones, cierto es que sí observó que la necesidad y urgencia invocada no se encontraba suficientemente justificada y que el recurso sistemático a ese instrumento implicaba un apartamiento de la Ley que regula las compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando los principios de igualdad, libre concurrencia, economía”, añadieron los jueces.
En resumen, una suerte de concurso de precios con dos empresas que parecían cartelizadas, bajo la invocación de una “necesidad y urgencia” que no estaba probada”.