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Time Warp: los Superman de la noche

25.4.2016

Por Sebastián Hacher

Crónica de la causa por la muerte de los cinco jóvenes en Costa Salguero. La hipótesis del desborde y los tres apellidos detrás de las fiestas electrónicas: Conci, Gontad y Stinfale.

Entrar en una fiesta electrónica es como caminar por la calle principal de una zona turística, con decenas de vendedores ambulantes ofreciendo un souvenir de compra casi obligada. Ese acoso apenas disimulado se repite en la noche porteña: pero allí, en vez de recuerdos, se venden sustancias que prometen al clubbervibrar al ritmo de la música.

En Time Warp los testigos de la tragedia dijeron que cada o dos o tres minutos alguien les ofrecía pastillas, GHB, LSD, cocaína y popper. A ojo de buen cubero, los investigadores calculan que en la fiesta había no menos de 30 vendedores, pero podrían ser muchos más.

¿Fue alguno de esos dealers el que vendió la sustancia que provocó la muerte de cinco jóvenes y dejó en estado delicado a otros tantos? Todavía es temprano para saberlo. Los exámenes químicos sobre los cuerpos pueden tardar hasta diez días. Y aún cuando se sepa qué sustancias tomaron, quiénes la vendieron y qué efecto produjeron en los cuerpos, el desafío que tiene la Justicia es  más complejo: desentrañar la cadena de responsabilidades, complicidades y omisiones alrededor de la fiesta.

Hay un primer paso. Además de pedir la indagatoria de organizadores, prefectos y funcionarios porteños, el juez Sebastián Casanello acaba de dictar el secreto de sumario en la causa. Antes, ordenó prohibir las fiestas electrónicas organizadas por casi una treintena de empresas porteñas: desde Pachá (ubicada, como Costa Salguero, en la costanera), pasando por Club One hasta otras desconocidas para el gran público. El listado, dijo el juez en la resolución, “obedece a coincidencias -personas, domicilios, etc.- que los aglutinan, además de estar de algún modo conectados al mismo tipo de actividad”.

En otras palabras: entre los organizadores de la Time Warp están los que manejan gran parte de la noche porteña.

Hasta ahora era un secreto a voces.

Y el modus operandi que se usó en Time Warp -sobreventa de entradas, fallas de seguridad, venta de pastillas y agua a precio de oro- se repite en varios otros locales.

La muerte de los cinco pibes encendió la luz en plena fiesta.

 

Capacidad desbordada

 

Uno de los más complicados es el prófugo Adrián Conci, presidente de Dell Producciones S.A., la empresa que organizó la fiesta. Antes de estar imputado en la causa declaró como testigo ante los fiscales Sandro Abraldes y Diego Iglesias, los primeros que tuvieron la causa. Allí reconoció que había estado en la fiesta “todo el tiempo”. Como la frase fue dicha cuando era testigo no podrá ser usada en su contra, pero a ojos de los investigadores demuestra que no podía ignorar que en el lugar había decenas de personas vendiendo drogas de todo tipo.

El otro dato que lo involucra llegó a manos de la justicia por la propia torpeza del imputado.  El día que fue a declarar, Conci llevó su Iphone, que quedó secuestrado. Allí encontraron una conversación de un grupo de Whatsapp que monitoreaba en tiempo real la cantidad de tickets cortados.

A las 7:09 de la mañana, pocos minutos antes de que se conociera la tragedia, el mensaje que circuló tenía un número: 20.513, el doble de los asistentes que tenían permitido.

En parte, ese desborde de la capacidad explica lo que la Justicia señaló como uno de los puntos a investigar: “Baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua”.

¿Hubo algún tipo de supervisión estatal para evitar ese hacinamiento? En un comunicado de prensa, la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires dijo: “La productora encargada de la organización respondió a un reporte solicitado a las 3 am donde informaron que hasta ese momento habían diez mil novecientos (10.900) tickets de ingreso sobre un total de 13 mil que tenían autorizados”.

“Lo que demuestra ese comunicado”, opina el ex diputado Facundo Di Filippo, “es que les pidieron la información por teléfono: ni siquiera fueron al lugar a constatar cuanta gente había”.  Di Filippo viene denunciando desde 2009 las irregularidades en la concesión de Costa Salguero y otros predios de la Ciudad.

 

El rey de la noche

 

El otro empresario que pasó de testigo a imputado es Martín Gontad, más conocido como “el rey de la electrónica”. Gontad se presentó a la Justicia como “asesor artístico” de la fiesta, pero varios testigos lo vieron durante la noche de la Time Warp handy en mano. Y  después de la muerte de los chicos, cuando llegaron al lugar los primeros funcionarios judiciales, se encontraron con un “hombre mayor, canoso” que se escurría por los rincones. Recién horas después sabrían que se trataba de él.

Gontad está en el negocio de la música electrónica desde principios de los 90′. Es uno de los organizadores de la Creamfields, la fiesta del rubro mas masiva del país. En 2014, luego de que apuñalaran a tres personas en una de sus ediciones, bajó el perfil.

Un poco antes se había presentado en una entrevista con FM Delta como el productor de Time Warp, la fiesta de la que hoy niega ser titular. “Queremos instalar un festival de invierno en Buenos Aires”,  dijo en aquel entonces.

En los foros de discusión del ambiente se lo suele insultar con ganas. Basta con navegar unos minutos por Internet para encontrar cientos de quejas sobre la seguridad, el agua o el hacinamiento en sus eventos. Las quejas vienen desde hace años. Un solo ejemplo: en 2012, durante una fiesta -también Costa Salguero-  se cortó la luz varias veces y se desató una ola de robos y violencia que, según los testigos, no pasó a mayores de casualidad.

Entre sus colegas tampoco es muy bien visto. “¡Es insufrible!”, gritó al teléfono uno de sus ocasionales competidores. No se refería solo a su proverbial mal carácter: a través Surface Bookings & Management, a Gontad se le adjudica el manejo de los Dj´s más conocidos de la región, desde Hernán Catteano hasta Javier Sucker. “Es muy difícil hacer algo en el mundo de la electrónica sin ponerse de acuerdo con él: se cree el dueño de la escena”, agregó el empresario.

 

El abogado de Dios

 

El tercero en cuestión es Víctor Stinfale, abogado mediático y empresario. Todavía no está formalmente imputado en la causa, pero al tirar del hilo su nombre suena cada vez más fuerte. Stinfale se hizo conocido como abogado del hampa de los 90, defendiendo a ladrones de camiones de caudales. En 2006 le retiraron la matrícula durante un tiempo, y ahora lo están juzgando por encubrimiento al atentado de la AMIA: lo acusan de haber cobrado una coima para hacer cambiar la declaración de su defendido, Carlos Telledín.

Desde que su carrera como abogado estuvo amenazada, comenzó a presentarse como CEO de Energy Group SRL, la empresa que comercializa Speed. No son pocos los que dicen haberlo visto llegar a tribunales en un auto ploteado por la empresa.

La bebida energizante auspicia cada uno de los eventos de música electrónica donde intervienen Consi y Gontad.

En la Time Warp -igual que en otros eventos anteriores- la marca tuvo el monopolio de las barras a través del energizante y de Block, un agua embotellada producida por la misma empresa que Speed. El detalle no es menor. Vender agua en una fiesta electrónica donde no hay canillas ni puestos de hidratación visible es como hacerlo en medio del desierto: un negocio tan rentable como maquiavélico.

Ahora, Stinfale dice que no tiene nada que ver: que él solo es el abogado de Speed, y que no tiene vínculos con Gontad, a quien no soporta. Hace dos años lo nombraba como su “socio estratégico”. “Me metí a trabajar con Speed por mi pasión con la música electrónica”, dijo en una entrevista.

En esa misma nota -que todavía se puede leer en su fan page de Facebok- Stinfale contó que había decidido gerenciar el club deportivo Riestra, un equipo de primera D, porque la camiseta tenía los mismos colores que Speed.

Uno de sus sueños era que en el club dirigiera uno de sus clientes más famoso, Diego Maradona. De ese intento quedó solo una camiseta del club autografiada por el Diego. La imagen circuló por internet: la firma del diez y, en el centro, la publicidad de Speed, el mismo logo que sigue a Stinfale a todas partes.

 

El control policial

 

Cerca de las 9 del sábado, cuando se conocieron los primeros muertos en Time Warp, la prefectura no llamó a la justicia federal -le correspondía porque era un caso de drogas- sino a la de instrucción. Cuando los primeros funcionarios judiciales llegaron a Costa Salguero encontraron una especie de aquelarre: la zona no estaba acordonada y en parte había sido barrida por los empleados de limpieza. Los organizadores de la fiesta -entre ellos Gontad- daban vueltas por el lugar, y los molinetes de ingreso ya no estaban.  Así y todo, en el piso se encontraron pastillas, goteros de GHB y, sobre todo, miles de botellas vacías de agua Block.

Mientras los funcionarios intentaban poner orden empezaron a surgir los primeros rumores sobre una bolsa de consorcio llena de todo tipo de sustancias. Era, se supo después, lo que los empleados de seguridad habían confiscado en dos horas de cacheo, entre las 9 y las 11 de la noche. Allí se acumularon drogas de todo tipo: blisters con pastillas, lanzaperfumes, goteros con GHB, marihuana, cocaína, petacas con alcohol y hasta algunos rolls de sushi.

Los de seguridad dijeron que la bolsa estuvo en manos de la Prefectura a las 3 de la mañana. Los prefectos parecieron olvidarla: luego de varios reclamos, la bolsa ingresó al expediente recién a las cuatro de la tarde del sábado.

El fiscal Federico Delgado planteó que, al menos, “hicieron la vista gorda”. Nunca avisaron al juzgado del hallazgo, ni detectaron a ninguno de los varios dealers que trabajaron en la zona.

Para la justicia, se trata de casi de una costumbre. Prefectura jamás informó a la justicia de algún tipo de infracción a la ley de drogas en las fiestas de Dell Producciones, a pesar de ser contratados como adicionales en cada uno de sus eventos.

 

Superman no es una droga

 

Hay algo que sueñan periodistas y policías: encontrar un Breaking Bad criollo, con expertos en química que producen drogas de diseño en el baño de sus casas porteñas, tapando las ventanas para que los vecinos del edificio no descubran el olor. La realidad los desmiente. No hay evidencias de que en Argentina se sintetice el MDMA, la sustancia base del éxtasis. El dato lo confirmaron dos fuentes judiciales, un químico y un experto en precursores consultados para esta nota.

El primer detenido por Time Warp, el joven Lautaro Crespo, no se dedica a la química. Hasta el momento parece ser el último eslabón de una red de tráfico. Desde la Procuraduría de Narcocriminalidad -que hoy colabora con la investigación de la tragedia- lo venían siguiendo hacía meses. Su nombre aparecía ligado a tres procedimientos donde se secuestraron mas de 50 mil pastillas que venían de Holanda, Alemania y España para ser vendidas en la Creamfields, el evento insignia de Gontad.

A diferencia de la cocaína y otras sustancias, las pastillas son muy fáciles de traficar. No pesan mucho, no tienen olor y se pueden disimular de mil formas. Lo común es que  lleguen ya manufacturadas de Europa, muchas veces en mano de microtraficantes o de consumidores. A la Argentina entran vía Uruguay, o por correo. Incluso en los operativos donde se anuncia que encontraron al Walter White local, lo que suele haber es algo mucho mas sencillo: alguien que importó MDMA y lo mezcla con otra sustancia -por lo general anfetaminas- para hacer la pastilla.

En este caso, en una de las agendas de los detenidos que traían pastillas desde el viejo continente, apareció el nombre y el número de Crespo. La justicia ordenó intervenir su teléfono. En algunas conversaciones habló de una “Superman triangular roja” que le estaba por llegar. En otras, de ir a la Time Warp. El sábado de madrugada su celular se activó en  Av. Costanera,  entre Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, donde se hizo la fiesta. Para los investigadores, de las escuchas se desprendió que estaba ahí para vender pastillas. Los otros dos detenidos -un colombiano y un dominicano- se dedicarían al delivery y todavía no está claro qué papel jugaron en la fiesta.

¿Vendió Superman? No fue lo que la Justicia secuestró en el allanamiento a la casa donde Crespo vivía con sus padres.  Y Superman, en rigor, es apenas uno de los cientos de logos que los productores usan para diferenciar sus pastillas. Cualquiera que tenga el molde puede hacerlo y lo que haya adentro varía en cada caso.  “No hay dos pastillas iguales”, dice un consumidor habitual.

La variedad tiene una explicación: desde que el MDMA se hizo más difícil de conseguir, en la escena europea cada semana surgen sustancias nuevas. Una de ellas es el PMMA, que tiene un efecto más lento y, por llamarlo de alguna forma, rústico. “Un consumidor puede pensar que esa pastilla no hizo efecto, tomar otra pastilla y al rato, cuando las dos hagan su trabajo, va a estar en problemas”, explica el consumidor.

Los usuarios de pastillas más informados acceden a foros de internet donde se hacen testeos caseros, se narran experiencias y se dan consejos. En España, la organización Energy Control instala puestos de testeo e información en las fiestas electrónicas. Uno puede ir con su pastilla y controlar que no esté adulterada.

En Argentina eso sería imposible: la prohibición parece ser mas fuerte que el derecho a la salud.

Y detrás de esa prohibición hay un negocio enorme, que de una u otra forma se cobra vidas.

La trama de ese negocio quedó expuesta con la muerte de cinco pibes que fueron a bailar.

Time Warp es solo un ejemplo.

Freno de obras de urbanización en La Carbonilla

25.4.2016

Vecinos y organizaciones del barrio Paternal denuncian que la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Nación frenó hace 4 meses el flujo de dinero dirigido al proyecto de mejoramiento y urbanización del barrio La Carbonilla, aprobado en 2014 por parte del Gobierno Nacional.

Reproducimos comunicado:

El proyecto de urbanización de La Carbonilla fue uno de los pocos que logró aprobarse gracias a la organización de los vecinos, vecinas y delegados barriales. Junto con la ayuda de agrimensores y arquitectos, coordinado por la Secretaría de Hábitat de Nación, lograron en el transcurso del año pasado avanzar en el mejoramiento de calles, la realización del alumbrado, la organización para la recolección de basura, la red pluvial de cloacas y la red de agua potable, entre otras cuestiones.

Con el cambio de Gobierno nacional se demoró el envío de mano de obra y materiales, por lo que la Junta Directiva de las comisiones barriales, acompañada por organizaciones políticas como Patria Grande y Cienfuegos, entre otras, denuncian la falta de explicaciones formales por parte de las autoridades.
Denise Brikman, socióloga becaria del Conicet y referente de Patria Grande, sostuvo: “En la CABA existen muy pocas experiencias que avancen en la urbanización de las villas y sobre todo de los asentamientos, como la Carbonilla, que parten de más atrás por no tener el reconocimiento del Estado. El freno a la urbanización en este barrio, sumado por ejemplo, a las complicaciones judiciales por la urbanización de la Rodrigo Bueno, son muestras del olvido del GCBA de estos territorios. Actualmente en la Ciudad, viven aproximadamente 300 mil personas en villas y asentamientos y la política del Estado ha sido de escasa a nula.”
Por su parte, Beatriz Villeneuve, referente de la Comuna 15 y militante de Patria Grande dijo: “Para nosotros es fundamental la organización para defender los derechos conquistados por la movilización popular, sobre todo en la Carbonilla donde el que el proceso de urbanización se desarrolló lento pero con paso firme” y agregó “El reclamo que se viene realizando hasta ahora solo cuenta con respuesta negativa por parte de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de Nación. Si continúa así, estaremos iniciando un plan de lucha que nos permita poner nuevamente en marcha el proceso de urbanización y defender el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, que hoy está en peligro”.

Para el pueblo: control, policía y represión

22.4.2016

Varias veces, en los pasados días, los manteros vieron afectada su jornada laboral por fuertes operativos policiales con la consigna de reprimir. El operativo que se montó por días sobre la avenida Avellaneda, entre las calles Segurola y Nazca, contó con unos 500 efectivos de la policía Federal y la Metropolitana. También se apostaron en la zona varios móviles.

El barrio de Flores fue testigo del violento accionar de las fuerzas policiales el 13 de abril, cuando, cerca de las 9:30, un grupo de vendedores cortó el cruce de Avellaneda y Cuenca y comenzaron a movilizarse hacia la calle Bogotá al grito de  “Acá, si nosotros no trabajamos, no trabaja nadie”. El momento de mayor tensión entre los trabajadores y la policía ocurrió sobre la avenida Nazca, donde diversos grupos intentaron reiteradas veces cortar la avenida en su totalidad. La respuesta del aparato represivo fue la utilización de gases lacrimógenos y disparos de bala de goma hacia los manifestantes.

La policía terminó logrando su cometido: dispersar la manifestación, con un saldo de 25 heridos, y 20 detenidos según informó Omar Guaraz, referente de la organización de vendedores libres, que seguirá peleando su derecho a trabajar.

Las persecuciones no van sólo hacia aquellas personas que desean tener un trabajo digno y una jornada laboral sin interrupciones. Desde hace semanas, en Salta, la policía viene recrudeciendo la persecución y represión hacia las personas trans. Los operativos policiales se están profundizando en el marco de un debate sobre “la zona de convivencia” en el Consejo Deliberante, y ante una campaña de prensa profundamente homofóbica y reaccionaria que busca desprestigiar y criminalizar a las mujeres trans.

Las únicas trabajadoras sexuales en Salta que todas las noches son reprimidas son las trans. Para ellas, en estos últimos tiempos, se han vuelto moneda corriente la discriminación, las golpizas y los actos de humillación por parte de las fuerzas policiales, que arremetan contra ellas con escopetas, itacas, armas de alto calibre, balas de goma y pistolas de aire comprimido.

Trabajamos con miedo” son las palabras de una de las chicas luego de ser agredida una vez más por el GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo), fuerza de elite que, cabe aclarar, tiene su ámbito de actuación en situaciones de grave disturbio. Por otra parte, según lo establece la Ley de Identidad de Género, en caso que la policía resuelva “despejar la zona”, la tarea debe ser llevada a cabo por personal femenino, y no masculino como se puede apreciar en los vídeos tomados por el programa de televisión DNI.

Ante las denuncias de los medios defendiendo a las chicas, la policía ha respondido que intervinieron debido a supuestas quejas de vecinos. Con total impunidad declararon que  solamente se las “invitó a circular y despejar mediante el diálogo”, cuando más de una chica hoy sigue teniendo frescas las heridas causadas por los balines.

Desde ATTTA (Asociación de Travestís Transexuales y Transgéneros de Argentina) circuló un comunicado de repudio hacia estos actos cometidos por la policía, que instó al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Carlos Garavano, al Poder Legislativo y Judicial de la Provincia de Salta a tomar medidas urgentes en el asunto para frenar con la violencia sistemática contra las mujeres trans. 

Todas estas situaciones se dan dentro de un marco político que le otorga cada vez más facultades represivas a los policías, por orden y cuenta de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad.

Carbonilla: denuncian que el Gobierno paró obras de urbanización

20.4.2016

Entrevista a Yolanda Valle Ramírez, vecina del barrio la Carbonilla, ubicado sobre las vías del tren San Martín. Ramírez es presidenta de la comisión directiva del barrio. Los vecinos denuncian que el macrismo paró las obras de urbanización preexistentes. Las obras habían sido realizadas durante la gestión kirchnerista.

Por Redacción APU

APU: ¿Cuál es la historia del barrio la carbonilla? ¿Cómo se origina?

 

YR: Vivo hace 4 años en la carbonilla. Cuando llegué había algunas casas de material y otras de construcción precaria. El agua era provista por una canilla de los bomberos, no había cloacas, solo pozo ciego y la luz nos la daba el aserradero, la cual pagamos nosotros mensualmente entre 38 y 50 mil pesos mensuales. Vivían aproximadamente 400 familias.

Ni barrio ni los vecinos teníamos quien nos apoye o quien nos ayude. En este contexto se acercó Militancia Popular, gracias a ellos comenzamos con las cloacas y la red de agua, luego el ex gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, junto a desarrollo Social nos compraron los transformadores de luz que actualmente tenemos en el barrio. Luego se sumaron La Cámpora, Kolina, Pingüinos, La Corriente Villera y Nuevo Encuentro.

 

APU ¿Cómo se constituye la comisión directiva? ¿Cuáles son sus tareas en el barrio?

 

YR: El barrio fue intervenido hace tres años por la jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires. A través de un amparo a favor del barrio La Carbonilla, ya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos reconocía como barrio y no se hizo cargo de nada.

En este proceso judicial es que se forma la Comisión Directiva, compuesta por delegados barriales, 5 directivos y 3 delegados por cada sector: sector 1, sector 2 y sector 3.

Nosotros desde la comisión venimos trabajando en varias obras acorde a la necesidad del barrio, como por ejemplo el mejoramiento de calles, la realización del alumbrado, la organización para la recolección de basura, la red pluvial de cloacas y la red de agua potable, entre otras, mientras el Gobierno de la Ciudad le tiraba la pelota al Gobierno Nacional de ese momento porque nuestro barrio era parte de tierras del Estado Nacional por estar en un predio del ferrocarril. Al no tener respuesta recurrimos al Estado Nacional conducido por Cristina Fernández de Kirchner el cual comenzó con el proceso de urbanización que lleva ya dos años.

 

APU ¿Cómo se desarrolla este proceso de urbanización del barrio?

 

YR: Gracias a las organizaciones mencionadas que nos asesoraron, pudimos comenzar a trabajar con la actualmente EX Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat, quienes comenzaron a trabajar para realizar el plano catastral del barrio, el cual aún no está concluido por el cambio de gobierno. El ejercito trabajo en su momento y realizó el mejoramiento de calles y pluviales, la extensión de la red  de agua y cloacas, la construcción de dos playones deportivos y la mejora y acondicionamiento de pasillos internos del barrio. Pero aún falta bastante.

 

APU ¿En qué instancia se encuentra este proceso?

 

YR: El año pasado, bajo la gestión de Rubén Pascolini en la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat estuvieron trabajando agrimensores y arquitectos quienes hicieron el plano del barrio. Sin embargo el plano catastral sigue estando pendiente para concluir con la urbanización del barrio, así como también sigue pendiente el mejoramiento de las calles y la red pluvial del sector 1 y calles del sector 3.

La nueva gestión de la Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de la Licenciada Marina Klemensiewicz no nos ha dado respuestas acerca de la finalización del proyecto de urbanización. Hemos presentado notas reclamando por alguna respuesta a la nueva jefa. Hemos solicitado reuniones con Klemensiewicz para que nos informe como Comisión Directiva la situación del proyecto pero no hemos tenido ninguna respuesta, no sabemos cómo siguen las obras ni el plano, hasta la fecha con el nuevo cambio de gobierno nadie nos da ninguna respuesta.

Por esta razón mañana nos presentaremos  en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda con la Comisión Directiva del barrio, junto a vecinos preocupados por esta situación para reclamar algún tipo de respuesta.

Crece el repudio y pedido de renuncia al ministro Darío Lopérfido

19.4.2016

El director del Teatro Colón y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido -quien en los últimos meses viene siendo repudiado desde diversos sectores por haber afirmado que los desaparecidos durante la última dictadura militar "no fueron 30.000" y que "fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios"- fue escrachado este último fin de semana en el marco del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) por varias personas, por lo cual se tuvo que retirar en medio de gritos, tal como se pudo ver en un video que se viralizó. "Sos una vergüenza para la cultura" y "fascista" fueron algunas de las calificaciones que recibió el ministro. Asimismo, en diversos espacios culturales se lleva adelante una campaña por su renuncia ante su negacionismo de las atrocidades del terrorismo de Estado.

 

Grande fue la sorpresa ayer de Lopérfido al concurrir a la inauguración del Bafici 2016 en el Centro Cultural Recoleta. Allí, el ministro fue recibido por manifestantes que le pedían a gritos su renuncia con calificaciones como "¡Fascista!" o "¡Sos una verguenza para la cultura!", a lo cual Lopérfido respondió de forma irónica, sonriendo y devolviendo la calificación de fascista.

Además del repudio de parte de los organismos de derechos humanos y antirrepresivas, desde el ámbito de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires se alzaron muchas voces de trabajadores/as culturales contra las declaraciones de Lopérfido y en pedido de su renuncia al ministerio que ejecuta políticas en el área en el que desempeñan sus tareas.

Por ejemplo, Pilar Ruiz, directora la obra "Descansa", escribió en su cuenta de Facebook: "¿Cómo se puede ser ministro de cultura teniendo a toda la comunidad artística pidiéndole su renuncia? No nos representa ni un poco".

 

Escrache a Darío Lopérfido

 

En este sentido, varias compañías teatrales vienen llevando adelante una campaña pidiendo la renuncia del ministro al cierre de sus obras. Al terminar su obra, pasan el audio con los dichos del ministro y luego leen un comunicado conjunto consensuado que en sus tramos centrales sostiene: "los trabajadores de la cultura no vamos a convalidar con nuestro silencio que un ministro de Cultura ofenda a las víctimas del terrorismo de Estado. Dado que las declaraciones de Darío Lopérfido fueron públicas, insistimos en que el ministro debe renunciar. No queremos tener un ministro de Cultura como punta de lanza de un discurso negacionista y de la actualización de la teoría de los dos demonios. Nos solidarizamos con madres, abuelas familiares e hijos de detenidos desaparecidos, y siguiendo su ejemplo, declaramos a Darío Lopérfido persona no grata".

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