Comunicadores del Sur

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Preocupación de la Unión de Músicos Independientes (UMI) por la prohibición de fiestas en la Ciudad de Buenos Aires

30.4.2016

Difundimos comunicado:

Desde la Unión de Músicos Independientes (UMI) queremos manifestar nuestra preocupación ante la medida del juez Roberto Gallardode prohibir "toda actividad comercial de baile con música en vivo o grabada" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta resolución pretende ser una respuesta racional a la fatídica fiesta de música electrónica realizada en Costa Salguero.

Este tipo de acciones concuerdan con unalógica de estigmatización hacia la actividad musical, que ya hemos sufrido en otros momentos. Como participantes del sector, repudiamos toda persecución al arte y sus expresiones como si lo peligroso fuera la música y no las inseguras, precarias y/o insalubres condiciones en las cuales se desarrolla.

Si bien creemos que el Estado debe velar por la seguridad e integridad física de los ciudadanos, no consideramos que esta disposición sea el modo adecuado para tal fin. Deben existir controles y acciones en general para mejorar el estado de situación actual, pero no cercenar los derechos de los trabajadores de las actividades vinculadas a la cultura, a los espectáculos en vivo y el entretenimiento. Esto atenta, por otro lado, contra el derecho a la expresión y al acceso al arte, pues se impedirá al público la posibilidad de asistir a estos eventos.

En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, cabe preguntarle al Sr. juez Gallardo si también cerraría todas las fábricas de la Ciudad, dejando a los operarios sin su fuente laboral, ante una tragedia ocurrida en alguna de ellas.

Comisión Directiva UMI

La muerte de dos menores en el incendio de un taller clandestino del barrio de Flores

27.4.2016

La muerte de dos menores en el incendio de un taller clandestino del barrio de Flores re-editó hace un año el debate sobre la trata laboral en la Ciudad de Buenos Aires. El aniversario se enmarca en el avance de otra causa similar y el desarrollo progresivo de la organización popular sobre la problemática. 

Por Luciana Sousa

 

Hace un año atrás, bomberos de la Policía Federal rescataban los cuerpos sin vida de dos chicos de 10 y 7 años, Rodrigo Menchaca y Adair Rolando Mur Menchaca, que murieron por asfixia tras el incendio de la casona-taller donde vivían, en la calle Páez 2796, barrio de Flores.

Los rescatistas confirmaron lo que los vecinos venían denunciando: que los accesos de la vivienda -ventanas y portones- estaban tapiados, las habitaciones no tenían ventilaciones por dónde meter las mangueras y hubo un pequeño derrumbe. Se constató además que allí funcionaba uno de los 200 talleres textiles clandestinos que alberga la ciudad más rica de Latinoamérica.

El empresario coreano Lee Sung Yoop, cuyo nombre figuraba en el contrato de alquiler de la casona, está procesado por el delito de trata con fines de explotación laboral. Se probó que la familia Mur-Menchaca producía exclusivamente para este empresario. Todos los trabajadores estaban en negro, no percibían por tanto salario sino remuneraciones que en muchas oportunidades eran retenidas por Lee Sung Yop diciéndoles que se usarían como parte de pago para las máquinas.

La existencia del taller había sido denunciada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en septiembre de 2014. Los vecinos advirtieron el movimiento de camiones que cargaban y descargaban telas; el ruido de las máquinas de coser se escuchaba durante el día y la noche. Una ONG había señalado al edificio de Páez al 2700 como uno de los 40 posibles talleres clandestinos de la zona. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad no inspeccionó el local ni realizó los controles.

 

Antecedente: el incendio de la calle Viale

 

El trágico aniversario se enmarca en el juicio que actualmente se lleva a cabo por el incendio, diez años atrás, del taller de la calle Luis Viale (Caballito), donde murieron cinco niños y una joven embarazada.

Aquella desgracia se ocasionó a partir de un cable que se recalentó. Luis Fernando Rodríguez, padre de los niños, denunció que los matafuegos estaban vacíos. Según el testimonio de un vecino, agentes de la policía entraban y salían con bolsones de ropa como pago para que las denuncias se archivaran.

Como fuera, ese día los bomberos tardaron en llegar y el entrepiso del taller, donde vivía su familia, se derrumbó.

La causa, caratulada como “incendio seguido de muerte”, incluye desde los últimos días el delito de “reducción a la servidumbre” (actual artículo 145 del Código Penal). Desde el inicio, el juicio adquirió un perfil binacional. Intervino la Cámara de Senadores de Bolivia -por expresa indicación del presidente boliviano Evo Morales-, que pagó el viaje y los viáticos de los sobrevivientes, acompañó a los familias con el traslado de los cuerpos para ser velados del otro lado de la frontera.

El juicio, como antecedente histórico, visibilizó la problemática de los talleres, e identificó a la colectividad boliviana como la víctima principal de un complejo entramado de trata, comunidad que, en condiciones de migración, se vuelve vulnerable a este tipo de destinos: quienes no mueren, nacen y viven toda su vida condenados a condiciones laborales paupérrimas.

 

El sujeto costurero

 

Según estiman ONGs que investigan la situación de los talleres textiles, el 80% de la industria textil metropolitana está sostenida en este tipo de taller. En la Ciudad hay unos 300 mil costureros, y la textil es la segunda industria que más creció a nivel nacional después de 2001. Tanto, que alrededor de ella han surgido experiencias de mucho impacto en el sector, como La Salada.

Por otro lado, mientras desde la CAME son profusas las denuncias legalistas hacia manteros y trabajadores en la vía pública, se mantienen las sospechas de las ONGs en relación a 109 reconocidas marcas que usufructúan esta cadena de valor, sin cuestionarse de dónde vienen las prendas, ni en qué condiciones se fabrican.

Las denuncias, hasta ahora, no han rendido frutos. Juan Vásquez, referente de la rama textil de CTEP en Capital, ha reiterado en numerosas entrevistas que hay una docena de allanamientos diarios en pequeños talleres, familiares, en búsqueda -esencialmente- de coimas. Los talleres más grandes, según Vásquez, llegan a mejores arreglos negociando con el Gobierno de la Ciudad.

“No queremos el cierre de talleres: queremos que los costureros salgan de los talleres. Al victimizarlo y mediatizar su situación, lo único que logran es que los vecinos denuncien "ahí hay un taller clandestino”, y así impulsar los allanamientos y la expulsión”, expone Vásquez.

La posibilidad de realizar su trabajo en condiciones dignas atrae cada vez más a los costureros, y ya existe un sector que busca salir de la servidumbre de la mano de la organización, generando nuevas unidades productivas cooperativas, como el polo textil en Tres de Febrero que, próximamente, inaugurará la CTEP.

“Es un proceso largo que nos propusimos encarar, ya que pensamos que la persecución de los talleres no propone un diálogo que permita desnaturalizar ciertas condiciones” expresa Vásquez, y agrega: “El sujeto costurero es algo a construir, pero no le vamos a decir qué hacer, sino que lo vamos a ir construyendo juntos. Allí se encuentra la diferencia, el trabajo con el otro; el victimizarlo sólo hace que ese otro sea dependiente de uno. Nosotros no queremos eso”. El proyecto que se inaugurará en la provincia de Buenos Aires es la muestra cabal de esto.

Escuela Recuperada “Carlos Fuentealba”

28.4.2016

La Escuela Recuperada Carlos Fuentealba es hoy un edificio abandonado en Manuel García 370, en pleno Parque de los Patricios.

Antes de eso, muuucho antes, fue la escuela 27 del DE 5to, hoy en otro edificio.
Antes de eso, muuuucho antes, fue un club de barrio, una casa, un lugar de encuentro.

En los primeros meses del 2014 un grupo de vecinxs y de docentes, junto a organizaciones sociales y sindicatos, decidimos dar la batalla y recuperar ese edificio: que sea nuevamente una escuela, un espacio para todxs pero, sobre todo, para lxs pibxs de los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen garantizado su derecho a educarse porque no hay vacantes.

Por eso, tomando el espacio, haciendo actividades barriales y pateando la legislatura porteña logramos que salga una ley, hace ya dos largos años, que dictamina que allí, en Manuel García 370, habrá una nueva escuela pública de nivel inicial. Y que si las obras y los trámites burocráticos avanzan a su debido tiempo, en el inicio del ciclo lectivo 2016 iban a empezar 200 pibes y pibas su vida escolar.

Al gobierno del PRO, que hace gala de su capacidad de administración y de gestión, le ofrecimos una cooperativa de trabajo para que se haga cargo de las obras; le exigimos hacer una comisión de seguimiento, para garantizar los plazos y los tiempos; le rogamos que empiecen en ese momento los trámites burocráticos así adelantábamos trabajo y calculábamos si podíamos llegar antes a la apertura. A todo nos dijeron que no, que ellxs ya demostraron la voluntad de que la escuela se abra, que no es necesario más que eso.

A 2 años de una lucha que quiere simplemente que haya una escuela nueva en la Ciudad…
La obra ni llegó a la mitad. 
La licitación, vacante. 
Los pibes y las pibas, sin vacantes.
La Escuela Fuentealba, abandonada.

¿Qué más hay que saber para entender las prioridades y las voluntades de un gobierno?

Convocamos a todxs a sumarse a la campaña, YO QUIERO QUE ABRA LA ESCUELA FUENTEALBA. 
Por el reinicio de las obras y la apertura de la escuela.

Contemos la historia en el laburo, en el lugar de estudio, en la familia, en el barrio, en el grupo de amigos, en donde sea.
¡Y a seguir mandando fotos!

Cuando el negocio es ley

27.4.2016

Por Nicolás Schain

 

Desalojan a otras 8 familias de una casa de alquiler en el Barrio de Monserrat.

 

El barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires ha sido, en los últimos años, escenario constante de desalojos de hoteles y casas de alquiler. El negocio inmobiliario y la gentrificación avanza en la Ciudad Pro y el desalojo se vuelve ley en el territorio urbano, dejando en la calle a cientos de familias enteras.

El lunes 25 de abril se produjo uno más. En esta ocasión, en una casa sobre la calle Chile, que dejó sin vivienda a 8 familias. Desde temprano en la mañana, comenzó la amedrentada policial que se ha vuelto también una fija en los barrios porteños. La zona estaba vallada por lo que no se permitía el acceso de nadie, exceptuando la fuerza policial.

En la calle Chile vivían 8 familias todas con hijos, y según relata una de las vecinas tenían entre 3 y 5 hijos cada familia. Marcha se acercó al lugar y para hablar con las familias. Una de las entrevistadas cuenta que tiene un hijo discapacitado. La mayoría de los inquilinos vivían ahí desde hace más de 8 años y pagaban, todos los meses, $1500 de alquiler a quien decía ser el dueño.

Los testimonios de las vecinas desalojadas cuentan que nunca les llegó ninguna carta notificando el desalojo. La noche anterior la familia vio como vallaban la zona, “nunca me imaginé que nos iban a desalojar a nosotros”, cuenta una adolescente de 16 años habitante de la casa.

Entre llanto, una de las vecinas expresa su impotencia: “Me duele mucho como nos han tratado, como a los perros nos trataron, estoy muy dolorida, nos han sacado como delincuentes. Ocho familias vivimos y no tenemos a dónde ir. Todos los meses hemos pagado”. Así daban cuenta las familias de la ausencia del Estado en garantizar el derecho a la vivienda digna.

A la mañana del lunes las fuerzas represivas sacaron la puerta y entraron. Les dijeron que se tenían que ir. Cuenta una de las vecinas que entraron a los empujones, “nos veían sufrir, les decíamos, que se den cuenta que teníamos chicos, y se nos reían en la cara”.

Estuvieron así hasta la noche con el desalojo, la policía abusando de su autoridad y las familias resistiendo. Recién entonces, abrieron las vallas y pude acercarme a hablar con las familias que quedaban. Una de ellas tenía sus pertenencias, muebles, en la vereda de la calle. La policía decía que era ilegal que tuviera sus cosas en la vereda y que se las tenía que llevar.

Finalmente la familia pudo llevar sus pertenencias hacia la vivienda de una amiga, que le ofrece ayuda porque conoce la situación, ella ya vivió una situación similar y sabe, como tantos otros, por lo que está pasando esta familia. Así, se cuentan de a centenas las familias que sufren los abusos del gobierno de la Ciudad. Que -lamentablemente- no es novedad y, tantas veces, tampoco es noticia

Time Warp: los Superman de la noche

25.4.2016

Por Sebastián Hacher

Crónica de la causa por la muerte de los cinco jóvenes en Costa Salguero. La hipótesis del desborde y los tres apellidos detrás de las fiestas electrónicas: Conci, Gontad y Stinfale.

Entrar en una fiesta electrónica es como caminar por la calle principal de una zona turística, con decenas de vendedores ambulantes ofreciendo un souvenir de compra casi obligada. Ese acoso apenas disimulado se repite en la noche porteña: pero allí, en vez de recuerdos, se venden sustancias que prometen al clubbervibrar al ritmo de la música.

En Time Warp los testigos de la tragedia dijeron que cada o dos o tres minutos alguien les ofrecía pastillas, GHB, LSD, cocaína y popper. A ojo de buen cubero, los investigadores calculan que en la fiesta había no menos de 30 vendedores, pero podrían ser muchos más.

¿Fue alguno de esos dealers el que vendió la sustancia que provocó la muerte de cinco jóvenes y dejó en estado delicado a otros tantos? Todavía es temprano para saberlo. Los exámenes químicos sobre los cuerpos pueden tardar hasta diez días. Y aún cuando se sepa qué sustancias tomaron, quiénes la vendieron y qué efecto produjeron en los cuerpos, el desafío que tiene la Justicia es  más complejo: desentrañar la cadena de responsabilidades, complicidades y omisiones alrededor de la fiesta.

Hay un primer paso. Además de pedir la indagatoria de organizadores, prefectos y funcionarios porteños, el juez Sebastián Casanello acaba de dictar el secreto de sumario en la causa. Antes, ordenó prohibir las fiestas electrónicas organizadas por casi una treintena de empresas porteñas: desde Pachá (ubicada, como Costa Salguero, en la costanera), pasando por Club One hasta otras desconocidas para el gran público. El listado, dijo el juez en la resolución, “obedece a coincidencias -personas, domicilios, etc.- que los aglutinan, además de estar de algún modo conectados al mismo tipo de actividad”.

En otras palabras: entre los organizadores de la Time Warp están los que manejan gran parte de la noche porteña.

Hasta ahora era un secreto a voces.

Y el modus operandi que se usó en Time Warp -sobreventa de entradas, fallas de seguridad, venta de pastillas y agua a precio de oro- se repite en varios otros locales.

La muerte de los cinco pibes encendió la luz en plena fiesta.

 

Capacidad desbordada

 

Uno de los más complicados es el prófugo Adrián Conci, presidente de Dell Producciones S.A., la empresa que organizó la fiesta. Antes de estar imputado en la causa declaró como testigo ante los fiscales Sandro Abraldes y Diego Iglesias, los primeros que tuvieron la causa. Allí reconoció que había estado en la fiesta “todo el tiempo”. Como la frase fue dicha cuando era testigo no podrá ser usada en su contra, pero a ojos de los investigadores demuestra que no podía ignorar que en el lugar había decenas de personas vendiendo drogas de todo tipo.

El otro dato que lo involucra llegó a manos de la justicia por la propia torpeza del imputado.  El día que fue a declarar, Conci llevó su Iphone, que quedó secuestrado. Allí encontraron una conversación de un grupo de Whatsapp que monitoreaba en tiempo real la cantidad de tickets cortados.

A las 7:09 de la mañana, pocos minutos antes de que se conociera la tragedia, el mensaje que circuló tenía un número: 20.513, el doble de los asistentes que tenían permitido.

En parte, ese desborde de la capacidad explica lo que la Justicia señaló como uno de los puntos a investigar: “Baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua”.

¿Hubo algún tipo de supervisión estatal para evitar ese hacinamiento? En un comunicado de prensa, la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires dijo: “La productora encargada de la organización respondió a un reporte solicitado a las 3 am donde informaron que hasta ese momento habían diez mil novecientos (10.900) tickets de ingreso sobre un total de 13 mil que tenían autorizados”.

“Lo que demuestra ese comunicado”, opina el ex diputado Facundo Di Filippo, “es que les pidieron la información por teléfono: ni siquiera fueron al lugar a constatar cuanta gente había”.  Di Filippo viene denunciando desde 2009 las irregularidades en la concesión de Costa Salguero y otros predios de la Ciudad.

 

El rey de la noche

 

El otro empresario que pasó de testigo a imputado es Martín Gontad, más conocido como “el rey de la electrónica”. Gontad se presentó a la Justicia como “asesor artístico” de la fiesta, pero varios testigos lo vieron durante la noche de la Time Warp handy en mano. Y  después de la muerte de los chicos, cuando llegaron al lugar los primeros funcionarios judiciales, se encontraron con un “hombre mayor, canoso” que se escurría por los rincones. Recién horas después sabrían que se trataba de él.

Gontad está en el negocio de la música electrónica desde principios de los 90′. Es uno de los organizadores de la Creamfields, la fiesta del rubro mas masiva del país. En 2014, luego de que apuñalaran a tres personas en una de sus ediciones, bajó el perfil.

Un poco antes se había presentado en una entrevista con FM Delta como el productor de Time Warp, la fiesta de la que hoy niega ser titular. “Queremos instalar un festival de invierno en Buenos Aires”,  dijo en aquel entonces.

En los foros de discusión del ambiente se lo suele insultar con ganas. Basta con navegar unos minutos por Internet para encontrar cientos de quejas sobre la seguridad, el agua o el hacinamiento en sus eventos. Las quejas vienen desde hace años. Un solo ejemplo: en 2012, durante una fiesta -también Costa Salguero-  se cortó la luz varias veces y se desató una ola de robos y violencia que, según los testigos, no pasó a mayores de casualidad.

Entre sus colegas tampoco es muy bien visto. “¡Es insufrible!”, gritó al teléfono uno de sus ocasionales competidores. No se refería solo a su proverbial mal carácter: a través Surface Bookings & Management, a Gontad se le adjudica el manejo de los Dj´s más conocidos de la región, desde Hernán Catteano hasta Javier Sucker. “Es muy difícil hacer algo en el mundo de la electrónica sin ponerse de acuerdo con él: se cree el dueño de la escena”, agregó el empresario.

 

El abogado de Dios

 

El tercero en cuestión es Víctor Stinfale, abogado mediático y empresario. Todavía no está formalmente imputado en la causa, pero al tirar del hilo su nombre suena cada vez más fuerte. Stinfale se hizo conocido como abogado del hampa de los 90, defendiendo a ladrones de camiones de caudales. En 2006 le retiraron la matrícula durante un tiempo, y ahora lo están juzgando por encubrimiento al atentado de la AMIA: lo acusan de haber cobrado una coima para hacer cambiar la declaración de su defendido, Carlos Telledín.

Desde que su carrera como abogado estuvo amenazada, comenzó a presentarse como CEO de Energy Group SRL, la empresa que comercializa Speed. No son pocos los que dicen haberlo visto llegar a tribunales en un auto ploteado por la empresa.

La bebida energizante auspicia cada uno de los eventos de música electrónica donde intervienen Consi y Gontad.

En la Time Warp -igual que en otros eventos anteriores- la marca tuvo el monopolio de las barras a través del energizante y de Block, un agua embotellada producida por la misma empresa que Speed. El detalle no es menor. Vender agua en una fiesta electrónica donde no hay canillas ni puestos de hidratación visible es como hacerlo en medio del desierto: un negocio tan rentable como maquiavélico.

Ahora, Stinfale dice que no tiene nada que ver: que él solo es el abogado de Speed, y que no tiene vínculos con Gontad, a quien no soporta. Hace dos años lo nombraba como su “socio estratégico”. “Me metí a trabajar con Speed por mi pasión con la música electrónica”, dijo en una entrevista.

En esa misma nota -que todavía se puede leer en su fan page de Facebok- Stinfale contó que había decidido gerenciar el club deportivo Riestra, un equipo de primera D, porque la camiseta tenía los mismos colores que Speed.

Uno de sus sueños era que en el club dirigiera uno de sus clientes más famoso, Diego Maradona. De ese intento quedó solo una camiseta del club autografiada por el Diego. La imagen circuló por internet: la firma del diez y, en el centro, la publicidad de Speed, el mismo logo que sigue a Stinfale a todas partes.

 

El control policial

 

Cerca de las 9 del sábado, cuando se conocieron los primeros muertos en Time Warp, la prefectura no llamó a la justicia federal -le correspondía porque era un caso de drogas- sino a la de instrucción. Cuando los primeros funcionarios judiciales llegaron a Costa Salguero encontraron una especie de aquelarre: la zona no estaba acordonada y en parte había sido barrida por los empleados de limpieza. Los organizadores de la fiesta -entre ellos Gontad- daban vueltas por el lugar, y los molinetes de ingreso ya no estaban.  Así y todo, en el piso se encontraron pastillas, goteros de GHB y, sobre todo, miles de botellas vacías de agua Block.

Mientras los funcionarios intentaban poner orden empezaron a surgir los primeros rumores sobre una bolsa de consorcio llena de todo tipo de sustancias. Era, se supo después, lo que los empleados de seguridad habían confiscado en dos horas de cacheo, entre las 9 y las 11 de la noche. Allí se acumularon drogas de todo tipo: blisters con pastillas, lanzaperfumes, goteros con GHB, marihuana, cocaína, petacas con alcohol y hasta algunos rolls de sushi.

Los de seguridad dijeron que la bolsa estuvo en manos de la Prefectura a las 3 de la mañana. Los prefectos parecieron olvidarla: luego de varios reclamos, la bolsa ingresó al expediente recién a las cuatro de la tarde del sábado.

El fiscal Federico Delgado planteó que, al menos, “hicieron la vista gorda”. Nunca avisaron al juzgado del hallazgo, ni detectaron a ninguno de los varios dealers que trabajaron en la zona.

Para la justicia, se trata de casi de una costumbre. Prefectura jamás informó a la justicia de algún tipo de infracción a la ley de drogas en las fiestas de Dell Producciones, a pesar de ser contratados como adicionales en cada uno de sus eventos.

 

Superman no es una droga

 

Hay algo que sueñan periodistas y policías: encontrar un Breaking Bad criollo, con expertos en química que producen drogas de diseño en el baño de sus casas porteñas, tapando las ventanas para que los vecinos del edificio no descubran el olor. La realidad los desmiente. No hay evidencias de que en Argentina se sintetice el MDMA, la sustancia base del éxtasis. El dato lo confirmaron dos fuentes judiciales, un químico y un experto en precursores consultados para esta nota.

El primer detenido por Time Warp, el joven Lautaro Crespo, no se dedica a la química. Hasta el momento parece ser el último eslabón de una red de tráfico. Desde la Procuraduría de Narcocriminalidad -que hoy colabora con la investigación de la tragedia- lo venían siguiendo hacía meses. Su nombre aparecía ligado a tres procedimientos donde se secuestraron mas de 50 mil pastillas que venían de Holanda, Alemania y España para ser vendidas en la Creamfields, el evento insignia de Gontad.

A diferencia de la cocaína y otras sustancias, las pastillas son muy fáciles de traficar. No pesan mucho, no tienen olor y se pueden disimular de mil formas. Lo común es que  lleguen ya manufacturadas de Europa, muchas veces en mano de microtraficantes o de consumidores. A la Argentina entran vía Uruguay, o por correo. Incluso en los operativos donde se anuncia que encontraron al Walter White local, lo que suele haber es algo mucho mas sencillo: alguien que importó MDMA y lo mezcla con otra sustancia -por lo general anfetaminas- para hacer la pastilla.

En este caso, en una de las agendas de los detenidos que traían pastillas desde el viejo continente, apareció el nombre y el número de Crespo. La justicia ordenó intervenir su teléfono. En algunas conversaciones habló de una “Superman triangular roja” que le estaba por llegar. En otras, de ir a la Time Warp. El sábado de madrugada su celular se activó en  Av. Costanera,  entre Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, donde se hizo la fiesta. Para los investigadores, de las escuchas se desprendió que estaba ahí para vender pastillas. Los otros dos detenidos -un colombiano y un dominicano- se dedicarían al delivery y todavía no está claro qué papel jugaron en la fiesta.

¿Vendió Superman? No fue lo que la Justicia secuestró en el allanamiento a la casa donde Crespo vivía con sus padres.  Y Superman, en rigor, es apenas uno de los cientos de logos que los productores usan para diferenciar sus pastillas. Cualquiera que tenga el molde puede hacerlo y lo que haya adentro varía en cada caso.  “No hay dos pastillas iguales”, dice un consumidor habitual.

La variedad tiene una explicación: desde que el MDMA se hizo más difícil de conseguir, en la escena europea cada semana surgen sustancias nuevas. Una de ellas es el PMMA, que tiene un efecto más lento y, por llamarlo de alguna forma, rústico. “Un consumidor puede pensar que esa pastilla no hizo efecto, tomar otra pastilla y al rato, cuando las dos hagan su trabajo, va a estar en problemas”, explica el consumidor.

Los usuarios de pastillas más informados acceden a foros de internet donde se hacen testeos caseros, se narran experiencias y se dan consejos. En España, la organización Energy Control instala puestos de testeo e información en las fiestas electrónicas. Uno puede ir con su pastilla y controlar que no esté adulterada.

En Argentina eso sería imposible: la prohibición parece ser mas fuerte que el derecho a la salud.

Y detrás de esa prohibición hay un negocio enorme, que de una u otra forma se cobra vidas.

La trama de ese negocio quedó expuesta con la muerte de cinco pibes que fueron a bailar.

Time Warp es solo un ejemplo.

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