Comunicadores del Sur

28.8.2020

Esta frase la pronunció la diputada del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, ayer jueves en la Legislatura porteña, donde se votó quitar impuestos a las constructoras y negocios gastronómicos. Medida que beneficia a las grandes cadenas y mega constructoras, mientras no soluciona el problema a los pequeños comercios en crisis.

El jueves 27 de agosto se votó entre otros proyectos, un proyecto de exención de ingresos brutos al sector gastronómico y a la construcción. Esta medida impulsada por el oficialismo del PRO, encontró el acompañamiento del Frente de Todos.
La diputada Alejandrina Barry argumentó el voto en contra del bloque del Frente de Izquierda, ya que la ley beneficia una vez más a las mega constructoras y cadenas gastronómicas multinacionales, mientras que deja de lado a los pequeños comerciantes que tanto sufren la crisis económica, agudizada por la pandemia y los trabajadores. “Decenas de proyectos están presentados para beneficio de los pequeños comerciantes y los trabajadores, pero acá ni llegan al recinto”, denunció.
Haciendo un racconto de la crisis en el sector gastronómico, Barry declaró: “Tan solo el año pasado en la Ciudad se cerraron 600 comercios, con la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Eso fue por el ajuste del macrismo y los tarifazos que pulverizó el poder adquisitivo del pueblo y la opción de ir a comer afuera quedó en el pasado. Mientras fueron proliferando las grandes cadenas como Mc Donalds, Burger, Starbucks, multinacionales que gozan de todo beneficio, y sobre todo tienen abaratado sus costos por la precarización y la súper explotación a sus trabajadores”, señaló la diputada.
Este año, con la pandemia del Covid-19, esta crisis que el sector venía arrastrando del período anterior, se profundizó, teniendo que cerrar 19.000 comercios, según datos del Indec, y 23.000 según la Cámara de Comercio. Y sin embargo, la ley en cuestión no soluciona el problema de los pequeños comerciantes, porque es insuficiente la exención impositiva, ya que no resuelve el gran problema del crédito para financiamiento. Algo que si tienen resuelto las multinacionales gastronómicas.
Estas mismas multinacionales de comidas rápidas son las que precarizan a nuestra juventud, como denunció Barry “los jóvenes trabajadores de comidas rápidas, que comienzan a trabajar a los 16 o 17 años son súper explotados: no tienen ART, ni obra social, y tampoco les otorgan las licencias y el aislamiento por casos sospechosos de Covid-19. A pesar de que están en blanco, desde el comienzo de la pandemia las grandes cadenas les bajan los sueldos o no les pagan el aguinaldo, a pesar de recibir el ATP del Gobierno Nacional. En Wendy por ejemplo, llegaron a pagarles 0 pesos de aguinaldo a los pibes”.
En una asamblea de jóvenes precarizados de comidas rápidas realizada recientemente, las y los jóvenes trabajadores denunciaron que además de incumplir con sus derechos laborales, no respetan los protocolos para cuidar de su salud y los persiguen sindicalmente si reclaman o quieren organizarse. Por eso estos jóvenes dicen que “la pandemia son los empresarios”: no solo no respetan sus derechos laborales ni sindicales sino tampoco el mínimo derecho a la salud.
Barry reivindicó que estos jóvenes, pibas y pibes se estén organizando para reclamar y pelear por sus derechos, a pesar de los dueños de las empresas y el gobierno que avala.
Respecto a los pequeños comerciantes, Barry remarcó la necesidad de que haya políticas que los favorezcan, a través del otorgamiento de créditos accesibles por parte de los bancos: “¿Por qué no estamos discutiendo créditos a tasa cero, por ejemplo? Los grandes ganadores, como en toda crisis, siguen siendo los bancos. Este año con la pandemia, en abril, en el momento en donde estos comercios cerraron, los bancos quintuplicaron sus ganancias con relación a marzo. Pero eso no se discute. Tampoco la ley de endeudamiento que votó esta legislatura por u$ 150 millones, que todavía no sabemos a dónde fueron, y los únicos que votamos en contra fuimos del Frente de Izquierda”.
¿Por qué tampoco se discute un impuesto a las grandes fortunas? Ese impuesto que está cajoneado hace meses, que el gobierno viene amagando pero nunca presenta, mientras los únicos que lo presentaron fueron las bancas del FIT con Nicolás Del Caño. “Un impuesto a los grandes bancos, a las grandes constructoras, al juego, de donde se podría sacar plata para ayudar a los pequeños comerciantes y trabajadores”.
Por último, respecto a la crisis y el cierre de los restaurantes y bares de barrio, Alejandrina Barry marcó una paradoja que se da en este momento de crisis: en una Ciudad donde la desocupación alcanzó el 14%, y en la zona sur el 21%, y prolifera el hambre, se cierran los locales de comida. Citando al geógrafo y teórico social marxista británico David Harvey, finalizó: “Estamos discutiendo que se cierran locales de comida cuando hay hambre. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York varios sistemas de restaurantes han permanecido abiertos, y gracias a las donaciones, están proporcionando comidas gratuitas a la masa de la población que ha perdido sus trabajos y no puede desplazarse. En lugar de decir, ‘bueno, está bien, esto es lo que hacemos en una emergencia’, por qué no decimos: ‘este es el momento en que podemos empezar a decir a esos restaurantes que su misión es alimentar a la población, para que todo el mundo tenga una comida decente al menos una o dos veces al día’, que tanto falta en esta ciudad más rica del país”.
Una vez más en nombre de la “reactivación económica” se vuelve a beneficiar a las mega construcciones y a las cadenas multinacionales de comidas rápidas. Estos ambos sectores son los beneficiarios de la mayoría de las políticas del PRO porteño, es el modelo de Ciudad que viene imponiendo Larreta. En esta oportunidad acompañado por el Frente de Todos.
Un impuesto a las grandes fortunas de la Ciudad, permitiría poder otorgar créditos a tasa cero por intermedio del Banco Ciudad a todos los pequeños comercios, como un paliativo. Pero el destino de los pequeños comercios está atado al de sus clientes que son el pueblo trabajador que debe pelear por no perder su poder adquisitivo. Por eso fue tan justa la frase de la diputada Barry “Hay que unir el reclamo de los trabajadores y los pequeños comerciantes contra los poderosos. Para que la crisis la paguen las multinacionales y no el pueblo trabajador”.

28.8.2020

El 17 de agosto del 2010, en un contexto latinoamericano de fuerte ebullición social, se toma la Sala Alberdi, una sala de teatro ubicada en el sexto piso del Centro Cultural San Martín (CCSM), en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Con una fuerte impronta privatista propia de los 90′, la gestión del centro cultural comenzó a cerrar los espacios de formación y las funciones abiertas al público. Frente al vaciamiento, como justificación y antesala de la injerencia de empresas privadas en la cultura, estudiantes y talleristas de la Sala Alberdi comenzaron por tomar el hall de entrada del sexto piso. Luego de dos años y medio de Toma y Autogestión, el 13 de marzo del 2013 la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) desalojó el acampe que se había establecido en la plaza seca del CCSM, reprimiendo violentamente e hiriendo a tres personas con balas de plomo. Para hablar acerca de esta experiencia, entrevistamos a Lucía, quien participó de aquel proceso y afirmó: “nuestro discurso era que era un teatro para los que no tenían teatro. Era un espacio abierto para la expresión del arte y la cultura. La premisa de libertad artística era nuestra bandera”.

“Estábamos en un conflicto de mucha revuelta de la juventud, no sólo en Buenos Aires y el conurbano bonaerense, sino que se fue expandiendo lo que se llamó ‘el estudiantazo’ en todo el país, donde la juventud se fue levantando en otros lugares de América Latina, y muy emblemáticamente para nosotros en Chile y Colombia. En ese momento de ebullición se toma la Sala Alberdi, y que ingresamos muchos estudiantes del antiguo Instituto Universitario Nacional del Arte, que hoy es la Universidad del Arte, desde la segunda semana de la toma. Obviamente que quienes habían arrancado con la toma fueron alumnos y ex alumnos de talleres que se dictaban ahí, y que denunciaban el proyecto de vaciamiento”, recuerda Lucía.
En la misma línea, amplía: “acá en Argentina ese plan de vaciamiento fue bajado por IRSA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trasladar todo lo que era la cultura estatal hacia un proceso de privatización y darle muchísima entidad a las artes multimediales, desplazando a las demás expresiones artísticas, que son las teatrales, musicales, de danzas, o expresiones escénicas, para darle principal lugar a las nuevas tecnologías”.
También detalló los ataques y amenazas diarias que fueron sufriendo, por lo cual decidieron, finalmente avanzar con la toma del espacio: “como desde el primer momento tuvimos no sólo problemas con la amenaza de desalojo en términos legales, sino también con la patota de la burocracia sindical que estaba en el CCSM, bajo el gremio del SUTECBA , el mismo que el 23 de julio cagó a palos a trabajadores esenciales que fueron a reclamar condiciones dignas de trabajo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, que era el que generaba aprietes para que se levante la toma. Fue en ese contexto que nos instalamos en la sala. Vimos que tenía al menos 200 butacas, y consideramos que lo teníamos que empezar a autogestionar como trabajadores de la cultura, y vamos a abrirlo para el pueblo dijimos. Y así empezamos a hacer ciclos de arte. Entonces, venían las compañeras que estudiaban danza y hacían el ciclo de danza. Los compañeros y compañeras de cine hacían el ciclo de cine debate. Quienes estudiaban artes visuales, armaban los murales. Y nosotres que éramos estudiantes de teatro, armábamos distintas varietés y ciclos de teatro”, rememora.
En ese contexto, destaca la importancia de la vinculación con los medios comunitarios y alternativos: “desde el primer momento nos vinculamos con los medios alternativos, populares e independientes, para visibilizar el reclamo y también expandir la grilla de actividades lo más que podíamos. Cada vez más se fue sumando gente y llenábamos la sala todas las semanas” afirma Lucha.
Lucía también se refirió a los cambios de estrategia que fueron discutiendo y adoptando para continuar con la medida, la vinculación con trabajadorxs del Centro Cultural, organizaciones y movimientos sociales, además del abanico de tareas que conllevó autogestionar el arte popular, y cómo empezaron a salir a la calle y montar los espectáculos desde múltiples trincheras.
“Siempre las respuestas que tuvo el gobierno fue pelotearse entre sí la Dirección General de Enseñanza Artística y el Ministerio de Cultura. Nadie nos daba una respuesta concreta. Siempre dilataban las cuestiones para avanzar por el lado legal. Y nuestra respuesta política era bien concreta: no nos dan respuestas, vamos y montamos un espectáculo frente a las puertas de los ministerios. ¿No nos daba una respuesta la Dirección de Enseñanza Artística? Armábamos una caravana de payasos y le tomábamos las oficinas a la Dirección. Era concreto, pero directo”, remarca.
“Nuestro discurso era que era un teatro para los que no tenían teatro. Un teatro abierto en todo sentido. Tanto para el público, porque hacíamos espectáculos abiertos y pasábamos la galera. Y también un espacio para que cualquier artista que quisiera desarrollar su oficio lo podía hacer, sin casting ni curaduría. Era un espacio abierto para la expresión del arte y la cultura. La premisa de libertad artística era nuestra bandera. Al público le decíamos que al sentarse en alguna de esas 200 butacas estaba formando parte activa de la toma”.
En cuanto a las influencias que tenía la experiencia de la toma de la Sala Alberdi, Lucía expresó: “nos interesaban mucho las experiencias de las organizaciones artísticas en los 70′, del Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, de Roberto Santoro, Raymundo Gleyzer, del LibreTeatro Libre en Córdoba, o la Revista Barrilete. Y fuimos desentrañando un poco esa historia y encontrándonos con este concepto de trabajadores de la cultura. Y habíamos asumido que teníamos que hacer las tareas de la forma más organizada posible, en comisiones, y actuábamos, de hecho, de una forma cooperativista. Y considerábamos que un artista no tenía que estar desligado de los problemas sociales, y debíamos apropiarnos de todas las herramientas para montar las producciones artísticas estemos donde estemos”.
Finalmente, Lucía recordó la noche del violento desalojo del acampe de la Sala Alberdi por parte de la Policía Metropolitana el 13 de marzo de 2013, y la respuesta: “desalojaron el acampe, pero no pudieron desalojar el sexto piso. Fue una noche de lucha callejera importantísima. Esa anoche se gestó lo que luego fue el juicio a la policía de Macri, porque con todas las detenciones que hubo, la brutalidad de la represión, con personas heridas con balas de goma, una con fractura de cráneo y tres con balas de plomo, uno de ellos vos Polaco, los comunicadores que estaban registrando, esa noche se gestó la respuesta frente a esa represión, porque como no pudieron desalojar ese día el sexto piso, cuando logramos que nuestros compañeros bajen, el gobierno decidió reprimir ese 24 de marzo, cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia desvió su movilización. Y ahí supimos que no había forma de que nuestros compañeros bajen sin tener causas legales. Nos despojaron finalmente de nuestros medios de producción. Y arrancó el momento de defensa de nuestros compañeros y el juicio a la Policía Metropolitana de Macri, que fueron muchísimos años de coordinación antirrepresiva, de la comunicación y la cultura”.

27.8.2020

Las dos CTA de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Empresarios Nacionales, exigen al gobierno porteño medidas de reactivación económica urgentes como “la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia – Ciudad (IFE) y una Asignación Para el Trabajo y la Producción – Ciudad (ATP)”

El pedido al gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta es que la Ciudad de Buenos Aires, otorgue un monto equivalente al que aporta la Nación en la defensa de la vida y las fuentes de trabajo.
Desde las entidades empresariales y sindicales señalan que “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ofreció ninguna respuesta concreta ante el cierre de comercios, la caída del consumo, la brecha digital-educativa y el posible colapso del sistema sanitario”.
Además, advierten que lejos de ello, el Jefe de Gobierno “propone el modelo de ‘inmunidad de rebaño’ donde sólo sobrevivan quienes se encuentren en mejor situación socio-económica”.
Así, el ENAC y las CTAs de la Ciudad proponen trabajar la construcción de consensos en torno a las siguientes propuestas, acciones y demandas al Gobierno de CABA:
• Exigir la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia – Ciudad (IFE) y una Asignación Para el Trabajo y la Producción – Ciudad (ATP) donde el Gobierno de la Ciudad otorgue un monto equivalente al que aporta la Nación en la defensa de la vida y las fuentes de trabajo.
• Ampliar el alcance del programa Ciudadanía Porteña y el monto asignado, de forma de poder sostener el consumo en la población y la producción de bienes de primera necesidad
• Apoyar la sanción de un Impuesto Extraordinario a las Grandes Riquezas a nivel nacional y un Impuesto Extraordinario a las Ganancias para bancos, aseguradoras, hipermercados radicados en CABA para poder financiar los planes arriba citados.
• Organizar la representación en los Consejos Económicos Sociales que propone el Gobierno Nacional, de todos los sectores sin exclusión alguna.
Al respecto, Eduardo López, secretario General de la CTA-T señaló que “miles de pequeños comercios, cooperativas y empresas pymes cerraron o corren ese riesgo. Pero mientras Alberto Fernández está dando un IFE y un ATP desde la Nación, Horacio Rodríguez Larreta no hace nada concreto para ayudar, por el contrario, impulsa que los negocios reabran sus puertas, a sabiendas de que la mera apertura no garantiza por si sola la recuperación de la actividad económica y comercial”.
Por su parte Leo Bilanski, Presidente de ENAC, denunció que «desde que se inició la pandemia el gobierno porteño ha estado ausente en lo que refiere a la producción y al trabajo, miles de pymes y comercios porteños han fundido, situación que se esconde en los medios. Hoy un 30% de las empresas sobreviven gracias al ATP de Alberto Fernández. Es momento que Horacio Rodríguez Larreta ponga recursos en un ATP porteño como hizo la Provincia de Buenos Aires”.
Alejandro Gianni, Secretario General de la CTA-A de CABA remarcó que “Larreta es parte de los que creen que el Mercado tienen que regular la vida de todos y el estado se tiene que achicar, por eso sus actitudes de no ayudar a los más postergados sean barrios, sean cooperativa y pequeños comerciantes. Por eso hace oídos sordos al IFE porteño o al impuesto a los que más tienen para poner en marcha la economía, por eso siempre privilegia los barrios del norte y deja a los más humildes del sur” y agregó: “Teniendo en claro esto la estrategia de las CTAs siempre va a ser organizarse junto a los que más necesitan para impulsar espacios en los que se generen soluciones y alternativas”.

26.8.2020

Por Julieta Azcárate y Bernardo Pérez Etchegoyen

Gracias a la organización de las y los trabajadores de la educación, junto a estudiantes y familias, el Ministro Nacional de Educación Nicolás Trotta rechazó hoy miércoles el protocolo presentado por el gobierno porteño para abrir las escuelas como “ciber”. Continúa la pelea por conectividad, computadoras y bolsones alimentarios de calidad y cantidad para todos los chicos y chicas.

El protocolo que había presentado el gobierno porteño para la reapertura de las escuelas en la Ciudad como “espacios digitales”, que en la comunidad educativa se conoció como “ciberescuelas” fue rechazado de forma unánime y contundente por trabajadoras y trabajadores de la educación, familias, estudiantes, organizaciones gremiales, por poner en riesgo sus vidas. Esto fue porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, ni de infraestructura ni recursos en las escuelas para que pueda cumplirse, mucho menos en medio del pico de contagios, como está atravesando el país y en particular la Ciudad y el AMBA, y por seguir vulnerando a quienes no tuvieron conectividad durante todo este tiempo.
Gracias a esta organización y pelea de la comunidad educativa, el Ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, hoy miércoles rechazó la implementación de este protocolo, a través de una carta a la ministra porteña Soledad Acuña.
Desde las escuelas y distritos sabemos que esta pelea recién comienza, y continuamos organizándonos porque los gobiernos garanticen la conectividad y las computadoras para todos los estudiantes, y las canastas alimentarias de calidad y cantidad, ya que muchas familias se encuentran en una situación desesperante de pobreza, en medio de la crisis por la pandemia. Si logramos hacer que Trotta rechace las “escuelas ciber” en la Ciudad, tenemos que hacer que garantice todo lo que falta.

Las ciber escuelas de Larreta

El proyecto “Conectate con la escuela”, establecía abrir las escuelas para las chicas y chicos que no pudieron conectarse durante la cuarentena, que el gobierno porteño cuenta en 6.500 y el gobierno nacional en 9.500, pero desde la docencia se tiene la certeza de que son muchos más. Este proyecto se iba a implementar en 634 escuelas primarias y secundarias de la Ciudad.
El protocolo presentado que regulaba esta apertura era impracticable en las condiciones que se encuentran las escuelas hoy, sobre todo en la zona sur de la Ciudad, con cortes de agua, de luz, con baños rotos, y sin que hoy estén los elementos básicos de cuidado como lavandina, alcohol en gel y barbijos, que en las escuelas son comprados por las cooperadoras porque el gobierno no los envía. Asimismo, lxs pibes que no pudieron conectarse son quienes viven en situaciones precarias, en condiciones de hacinamiento, con lo que exponerlos a viajar al colegio implica exponer no solo al estudiante sino a todo su núcleo familiar. Esto es una discriminación de clase, porque se termina exponiendo a les pibes más pobres a que se enfermen.
En la carta a Acuña, Trotta señala que “Compartimos su preocupación por el impacto educativo y subjetivo que la suspensión de las clases presenciales conlleva… Se debe profundizar el despliegue, en cada territorio, de políticas socioeducativas integrales que den respuestas a las necesidades de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, implementando acciones que acerquen a la escuela a cada hogar sin exponer a la comunidad educativa en una realidad epidemiológica compleja”.
Cuando Rodríguez Larreta anunció, hace varias semanas atrás, la vuelta a clases presenciales, junto a Alberto Fernández y Kicillof, Trotta dio su aval a la reapertura de las escuelas como “espacios digitales”. Sin embargo, el rechazo por parte de la comunidad educativa fue tan fuerte que debió cambiar de opinión.
A su vez, las “políticas socio educativas integrales” a las que se refiere, para los sectores más vulnerados, no es sólo responsabilidad del gobierno de la ciudad con mayor PBI per capita del país: el gobierno nacional podría garantizar la conectividad en todos los barrios, y entregar dispositivos, exigiendo a las empresas de telecomunicaciones que dejen libre el wifi. Esto se podría financiar si se decidieran votar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
“Sepa Ministra, que tengo un compromiso activo con el regreso presencial a las escuelas en todo el país siempre que la situación epidemiológica lo permita. Usted conoce cuáles son los avances, las adecuaciones y los cambios que hasta el presente se han efectuado en las jurisdicciones que retornaron a las actividades presenciales, en situaciones epidemiológicas de baja o nula circulación del virus COVID-19”.
En San Juan y Jujuy se abrieron hace unas semanas las escuelas, pero debieron volver a cerrar porque se disparó el pico de contagios. Esto es una muestra del riesgo que conlleva exponer a los trabajadores de la educación, estudiantes y familias a los contagios masivos.
Esta pelea recién comienza. Hoy se vuelve atrás con el protocolo y el regreso a clases presenciales, pero la conectividad y los dispositivos continúan faltando. Y la mayoría de los estudiantes y sus familias están atravesando por la pobreza, la desocupación, no les alcanza el IFE de $10.000 para llegar a fin de mes y el gobierno de la Ciudad continúa entregando unas canastas alimentarias miserables, e incumpliendo el fallo judicial que lo obliga a modificarlas.
Los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza de estos reclamos. El sindicato mayoritario UTE debe convocar a una asamblea conjunta de las y los trabajadores de la educación junto a familias, para pelear por todo esto.
Hay que continuar esta lucha con más fuerza, desde las escuelas, los distritos, entre las familias, estudiantes, docentes, auxiliares, trabajadores de cocina y las conducciones. Hay que luchar porque la conectividad y las computadoras lleguen a los lugares donde están las y los estudiantes. Algo que los gobiernos de CABA y Nación no quisieron resolver desde el inicio de la pandemia.

25.8.2020

Por Mariana Gené

¿Cómo es posible participar de una marcha de rechazo a la cuarentena decidida por un dirigente del mismo partido?, se pregunta Mariana Gené en esta nota que bucea en las profundidades de Juntos por el Cambio y llega a una conclusión: aunque hay dos grandes corrientes opositoras, la de quienes gobiernan y quienes no, ambas tienen incentivos para permanecer unidas de cara a las próximas elecciones.

El coronavirus plantea un tiempo extra-ordinario para el mundo entero, y también para la política. Es evidente el cambio de agenda y de urgencias que supuso para el Frente de Todos. Pero también para la oposición implicó recalcular estrategias y definir liderazgos. Y desde Juntos por el Cambio (JxC) lo hacen con una impronta bifronte.
Podemos hablar de dos JxC: los que gobiernan y los que no. Los desafíos de unos y otros son, desde ya, distintos. Ser gobierno implica gestionar y ofrecer soluciones en el día a día, así como garantizar la gobernabilidad en un contexto de crisis. Para quienes gobiernan la tensión entre lo deseable y lo posible está omnipresente, y eso genera dilemas que deben responderse en la práctica, con los recursos y los equilibrios de poder disponibles. Quienes ejercen la oposición, en cambio, ya sea desde el Congreso o desde el llano, tienen el desafío fundamental de disputar la agenda, ser relevantes y representativos de sus bases, incluso intentar ampliarlas. La “ética de la responsabilidad” tiene un peso menos contundente: no hay que comunicar decisiones difíciles, no hay que hacerse cargo de sus efectos no deseados, y siempre pueden proponerse medidas de máxima difíciles de llevar adelante o criticarse las políticas implementadas aún cuando no se tengan mejores ideas bajo la manga.
El JxC que gobierna está compuesto por actores diversos: los intendentes, los tres gobernadores radicales y sobre todo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sus apariciones en público durante estos meses apelaron a la moderación y avalaron la estrategia nacional ante la pandemia. Incluso con idas y vueltas –como en el caso del gobernador jujeño Gerardo Morales, que realizó un temprano pedido de regreso de clases que luego dejó atrás ante la suba de casos– apoyarse en la idea de consenso, de trabajo coordinado frente a un peligro tan nuevo y acechante, tuvo ventajas para ellos y para el gobierno nacional.
Quienes gobiernan necesitan fondos para aplicar medidas de emergencia, deben pagar sueldos en un momento en el que la recaudación está en caída libre, necesitan que el gobierno evite el default para sanear las deudas provinciales y volver a conseguir créditos, y precisan que sus sistemas de salud no colapsen (sobre todo en el AMBA, pero lo mismo puede decirse del resto de las localidades donde empieza a haber circulación comunitaria del virus). En el federalismo argentino el Estado nacional concentra gran parte de los recursos, es el que puede emitir moneda y facilitar fondos específicos. Por eso se mostraron con el presidente, buscaron presentarse cautos, gestionando, resolviendo las urgencias, cuidando a los habitantes de sus distritos. No eligieron la polarización porque hubiera sido suicida en este momento.
Entre los miembros de JxC que no gobiernan se cuentan figuras de gran visibilidad, como el propio expresidente Mauricio Macri o la titular del PRO, Patricia Bullrich, pasando por muchos dirigentes que dejaron la gestión del Ejecutivo el año pasado. Frente a la estrategia dialoguista de los que gobiernan, muchos de estos dirigentes pasaron de un primer momento de espera por la pandemia a una nueva apuesta por la polarización. En especial los que pertenecen al PRO. Después de las elecciones de 2019, conquistar el centro parecía la estrategia ganadora, y eso, sumado al inicio del coronavirus y la alta aceptación conseguida por Alberto Fernández, contribuirían a suspender la grieta. Pero a los pocos meses de gobierno empezó a mostrarse nuevamente ese músculo: a fin de marzo el presidente llamó “miserables” a los grandes empresarios que despedían trabajadores en la pandemia y casi de inmediato se organizó un cacerolazo en las redes sociales pidiendo que los políticos se bajaran los sueldos. Bullrich acompañó la iniciativa junto con otros representantes en el Congreso, frente a la molestia de Rodríguez Larreta. Luego llegarían otras movidas: la crítica a “la cuarentena más larga del mundo”, Vicentin, la reforma judicial o simplemente la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Desde la “caravana por la libertad” en mayo hasta el banderazo contra el gobierno en julio y la marcha por la libertad realizada hoy, Macri, Bullrich y dirigentes como Fernando Iglesias impulsaron la movilización. La semana pasada, al cumplirse un año de las PASO, Laura Alonso y Pablo Avelluto afirmaron vía Twitter que se había dado “el primer paso hacia un abismo” y que muchos argentinos habían elegido “atrasismo, impunidad y venganza”. Esos distintos mojones sirvieron para volver a instalar el repertorio en el que fueron exitosos en 2015 y 2017: la defensa de las libertades individuales, el discurso anticorrupción y los valores republicanos frente al fantasma de “convertirse en Venezuela”.
Esa estrategia es eficaz para cuidar su base social más intensa (y movilizada). Hay que recordar que parte de la merma de votos por derecha que JxC sufrió en las PASO de 2019 (con casi el 5% de los votos para Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert) pudo recuperarse en la segunda vuelta, yendo a buscar ese electorado en las marchas del “Sí se puede” y a partir del endurecimiento de Macri en la campaña, con el discurso anti-aborto y el mayor protagonismo de su candidato a vice, Miguel Ángel Pichetto. Pero eso, por ahora, no alcanza para ganar. Y todos tienen un ojo puesto en las elecciones del año que viene.

¿Cuestión de ideas o cuestión de estilos?

¿Hay solo un reparto de roles y aspiraciones entre los dos JxC? ¿Se trata además de diferencias ideológicas? ¿Pueden llegar hasta una ruptura?
“Dialoguistas” y “duros” hubo siempre, pero la pandemia exacerbó la importancia de este nuevo clivaje: los que están en el gobierno y los que no. Entre ellos hay tanto distintos márgenes de maniobra como distintas lecturas de lo que quieren sus votantes (y de lo que van a valorar en el futuro). Como correlato, hay un JxC para distintos electores: los que demandan gestión y cierta moderación ante una crisis de tamaña magnitud, y los que tienen sed de polarización y claman por diferenciarse. Claro que el tiempo va haciendo variar esas posiciones: cada vez hay menos paciencia con la cuarentena, aún en el pico de contagios, y por eso no se detienen las aperturas en la CABA.
Pero las diferencias son mucho menos ideológicas o programáticas que tácticas, al menos entre los miembros del PRO. Se trata de desacuerdos sobre la metodología más conveniente para ampliar las bases de sustentación, que ya estaban presentes durante su etapa en el gobierno. Por ejemplo, entre los “PRO puros” comandados por Marcos Peña y los de origen peronista liderados por Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Para los primeros se trataba de reforzar la marca partidaria del PRO, apelar a su electorado sin intermediaciones y retener un control férreo de las decisiones; para los segundos, conseguir nuevos aliados y seguir sumando socios políticos a los que ofrecer lugares reales en la mesa de discusión para poder avanzar con las reformas.
Claro que el posicionamiento frente al coronavirus los expuso a situaciones incómodas. Desde la carta sobre la “infectadura”, hasta la convocatoria de una marcha opositora (“17A”) en pleno pico de contagios, la dinámica del sector más radical comprende a ex funcionarios y políticos de alto perfil, pero también a otros referentes “sueltos”, como el actor Luis Brandoni o la científica Sandra Pitta. ¿Cómo funciona una coalición en donde un sector cuestiona una cuarentena que establece el jefe de gobierno de ese mismo sector? ¿Cómo se compatibilizan los anuncios mesurados de Rodríguez Larreta, Diego Santilli o su ministro de salud Fernán Quirós con las diatribas contra esa misma estrategia de otros referentes del PRO? Los miembros del ala “dura” por momentos deben hacer malabares para asumir esas posiciones y a la vez negar las críticas que les objetan su responsabilidad sobre la multiplicación de contagios. Así, Patricia Bullrich eligió respaldar la marcha y sus consignas, pero desmarcarse de su organización: “no estoy convocando, voy a participar”. Y lo mismo ocurre cuando les preguntan en los medios por las decisiones del jefe de gobierno luego de que critiquen las medidas del presidente. Defender al primero y cuestionar al segundo por iniciativas conjuntas resulta todo un desafío. Pero también el jefe de gobierno debe manejarse con cautela frente a una parte importante de su propio partido y de su base electoral. Por eso afirma que “no va a participar” de la marcha pero también que defiende “el derecho a manifestarse”. En este momento son más visibles las tensiones que la virtuosa división del trabajo entre unos y otros.
¿Y los radicales? Los miembros de la otra gran pata de JxC están viendo si esta es la ocasión para disputar liderazgos. Si hubo cortocircuitos durante toda la gestión, era esperable que los hubiera después del fracaso económico y la derrota electoral.
Sin embargo, el hecho de haber abandonado el poder con el 40% de los votos hace que una ruptura resulte poco probable. Hay muchos elementos que hacen a la coalición beneficiosa para sus integrantes: lo fue desde el inicio para la UCR, tanto por el alcance en cargos como por la revitalización de un partido que disponía de una presencia capilar en todo el país, pero de ningún candidato capaz de traccionar votos a nivel nacional, como muestran los artículos de Javier Zelaznik o Carla Carrizo en el libro compilado por Andrés Malamud Adelante radicales (1). Y lo sigue siendo ahora por su potencia electoral, probada en el caudal de votos con que dejaron el poder en medio de la crisis económica. En las legislativas del año que viene JxC y sus aliados ponen en juego 60 de sus 116 bancas, de las cuales 26 corresponden al PRO y 26 a la UCR. Pero además hay una base social a la que representar: el electorado no peronista que había quedado huérfano de representación tras la crisis de 2001 y que la UCR y el PRO se disputan pero pueden conquistar de forma más eficaz estando juntos. Esa base social parece más apetecible y por momentos ampliable cuando se anuncia el fin de la luna de miel de la ciudadanía con el presidente Alberto Fernández o cuando se hacen proyecciones desoladoras sobre lo que vendrá en términos sociales y económicos. Pero para octubre de 2021 todavía falta mucho, y pueden pasar una enormidad de cosas. Y para el 2023 falta todavía más.
Es necesario un trabajo político continuo para limar asperezas entre todas las fracciones de JxC. La presencia de más radicales en la mesa de discusión es una muestra de ello: durante el gobierno sólo estuvo Ernesto Sanz los primeros meses, y luego ningún miembro de la UCR fue invitado a esos cónclaves, mientras que en los encuentros por Zoom que hicieron los principales líderes de JxC antes y después de que Macri partiera a Francia hubo cuatro radicales presentes: Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Alfredo Cornejo.
En todo caso, la apuesta a discutir los liderazgos de la coalición está en marcha, y la pandemia no la frena. En el radicalismo quieren hacerlo hace rato, y creen que la mala performance económica del gobierno de Macri les dejó el camino abierto para ello. Claro que para dar esa disputa necesitan un candidato potente. ¿Ahora que Macri se fue a París es el momento? También dentro del PRO muchos quieren dar esa pelea, y las posiciones opuestas frente a la gestión de la pandemia subrayan esas diferencias. Pero no es tan fácil. El PRO es un partido político heterogéneo, con muchos dirigentes y militantes, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero con un líder claro, al menos hasta ahora. ¿Macri vale por sí mismo, como una suerte de líder carismático, o cualquiera que se presente contra el peronismo podría representar por igual ese espacio? Ese interrogante, sin dudas, está abierto.

Nota:
(1). Editorial Capital Intelectual, 2019.
Mariana Gené. Socióloga (Conicet-Unsam).