26.12.2016
Se trata de la Escuela 27 D.E. 15 “Petronila Rodríguez” de CABA. Sin consulta con la comunidad educativa, el gobierno de la ciudad comenzó una obra para instalar un ascensor que reduce los espacios disponibles ya que ocupa el lugar de dos aulas. Al mismo tiempo, se incrementó la matrícula de primer grado de 39 a 50 alumnos para el 2017, a pesar del espacio insuficiente.
(Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016) Las familias que integramos la comunidad educativa de la Escuela 27 D.E. 15 “Petronila Rodríguez”, ubicada en Andonaegui 1528, CABA; junto a los vecinos y vecinas de Parque Chas, nos encontramos sumamente preocupados por una obra emprendida por el gobierno de la ciudad. Hace pocos días, sin aviso y sin consulta previa a la dirección de la escuela ni a la comunidad escolar, el gobierno porteño emprendió una obra de adecuación a la ley de accesibilidad que se resolvería de manera precaria con la instalación de un ascensor hidráulico. Dicha obra reduce los espacios disponibles para el correcto funcionamiento de la escuela, ya que se ubica en los espacios destinados hoy al aula de 1° B y a la sala de maestros. Cabe señalar que el proyecto de dicha adecuación a la Ley de Accesibilidad no estaba prevista la construcción de una rampa de acceso a la escuela ni de un baño adecuado para personas con movilidad reducida y fue la comunidad quien se encargó de reclamarlos.
La obra, además de agravar la situación espacial actual de la escuela, se da en un contexto en el que se prevé un aumento de un 20% en la matrícula de ingresantes a primer grado en 2017, que pasará de 39 a 50 alumnos y alumnas, a pesar de que la escuela no cuenta con el espacio suficiente para albergarlos. La infraestructura edilicia continua siendo la misma, es decir, que la capacidad del comedor, de los baños, de los espacios comunes y de las aulas (que ya resultaban insuficientes antes de la obra del ascensor) lo será aún más con la disminución de los espacios disponibles y con el aumento de matrícula previsto.
Durante la última semana la empresa constructora ya comenzó la obra antes de finalizado el ciclo lectivo, sin exhibir los permisos legales correspondientes y sin ningún tipo de seguridad para los niños y niñas, ni para los trabajadores. A pesar de haber solicitado reuniones a distintos funcionarios del gobierno porteño, la comunidad no ha podido acceder a documentación que acredite que la obra licitada haya sido evaluada y examinada por el Área de Protección Histórica dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) ni pudo comprobar si se realizaron análisis que evalúen mejores alternativas para el funcionamiento adecuado del establecimiento.
Por lo expuesto, solicitamos una respuesta por parte de las autoridades para encontrar una resolución favorable a esta situación que garantice la protección del derecho a la educación de los alumnos y alumnas de la escuela.
