Comunicadores del Sur

5.1.2017

Con la zona vallada y militarizada, fueron desalojadas la mayoría de las familias que vivían en el edificio del ex Patronato de la Infancia. Un grupo de familias permanece en el edificio. Crece la emergencia habitacional.

Durante horas de la madrugada, los residentes del ex edificio del Padelai vivieron momentos de tensión cuando el Gobierno de la Ciudad ordenó el desalojo de más de 60 familias, desplegando un fuerte operativo policial que con la Policía Metropolitana, Infantería y la Policía Federal, fijaron horarios para hacer cumplir la orden de abandonar el edificio.

Aunque se concretó un desalojo “pacífico”, muchas familias quedaron en la calle y en situación de intensa incertidumbre.

La orden judicial, acompañada carros hidrantes, fue firmada por la Jueza Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado N°13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, por una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación.

Las familias, ante la negativa judicial de otorgarles un plazo de cinco días para buscar nuevo alojamiento, decidieron permanecer en el edificio y defender su derecho a la vivienda. Muchas cuentan con títulos de propiedad y hace más de treinta años que viven y mantienen el edificio.

El abogado de las familias, Sebastián Alanis, en declaraciones a los medios explicó que: "el edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es" y manifestó que: "Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo.

Con el argumento de las malas condiciones edilicias, en 2003 y bajo el mandato del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, el Padelai fue desalojado violentamente, dejando un saldo de 50 heridos y 16 detenidos. En ese momento vivían 24 familias. En 2009, con Macri en la jefatura de Gobierno, fue cedido en comodato por 30 años a una agencia española para transformarlo en un centro cultural. Hoy se repiten los argumentos y se puede leer entre líneas un nuevo negocio inmobiliario por parte del Gobierno de Larreta.

Para concretar su plan, se realizó un censo y una reunión entre representantes del Gobierno y los referentes de las familias, con la promesa de otorgarles subsidios habitacionales y créditos hipotecarios bajos, así como depósitos para guardar las cosas de la vivienda desalojada. El monto varía de acuerdo a cada familia y a la situación particular.

Sin embargo, las soluciones del Gobierno no son tales. El subsidio es de 8.000 pesos y para quienes tienen trabajo en blanco, es decir, un sector de los habitantes no podrán acceder a créditos para la adquisición de viviendas y los subsidios no alcanzan ni siquiera para cubrir la entrada a un alquiler.

Queda en evidencia que la propuesta del Gobierno de Larreta es una verdadera burla para muchas familias que, con las duras condiciones de vida actuales, comienzan un 2017 en la calle y rodeados de policías.

 

El Gobierno de la Ciudad y el gran negocio inmobiliario

 

Mientras en las campañas electorales los políticos hablan del problema de la vivienda, ninguno aporta soluciones concretas. En Argentina, más de 3 millones de familias sufren déficit habitacional, lo que indica que unas 14 millones de personas viven en condiciones precarias o no tienen techo. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras uno de cada cuatro inmuebles se encuentra vacío, medio millón de personas se encuentra en emergencia habitacional.

Tanto el PRO como los representantes del FPV en la Legislatura porteña, supieron votar proyectos que beneficiaron a las grandes empresas constructoras, destinaron abultados fondos para la construcción de emprendimientos inmobiliarios y remataron muchos terrenos públicos de la Ciudad. A pesar del rechazo de la comunidad y los vecinos, se avanzó sin solucionar el grave problema de vivienda para miles de familias trabajadoras.

4.1.2017

Sobre aumento en parquímetros

Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT, denunció que “con este nuevo tarifazo del 100% el gobierno de R. Larreta pretende hacer más suculenta la privatización del espacio público, votada hace semanas en la Legislatura, que llevó de 4.000 plazas del estacionamiento medido a 87.000, abarcando el 45% de las calles de la Ciudad. Una privatización a medida de las actuales concesionarias, Dakota-STO y BRD-SEC, que han sido beneficiadas por el macrismo con subsidios y prórrogas a la concesión del estacionamiento y el acarreo. Se trata, además, de un nuevo castigo a la población trabajadora que debe usar el auto para movilizarse a su lugar de trabajo empujada por el colapso de un transporte público vaciado y en ruinas. Esta medida empalma con otro tarifazo, de hasta el 120% anunciado para las autopistas nacionales y porteñas, y el del subte, que por el momento fue postergado”.

A su vez, Gabriel Solano, dirigente del PO de la CABA, señaló que “el gobierno de Macri y Larreta echan leña al fuego de la inflación, a los aumentos anunciados en parquímetros y autopistas hay que agregar el anunciado para las naftas, del 8%; el tarifazo en el ABL, muy superior a la inflación y la segunda tanda de aumentos en la luz y el gas. El Partido Obrero rechaza estas exacciones a la clase trabajadora y reclama la apertura de los libros de las empresas para que comisiones de trabajadores y usuarios revisen sus verdaderos costos, única forma de poder determinar las tarifas”.

3.1.2017

Después del papelón de la ministra Bullrich, el jefe de Gobierno porteño anunció la vigencia de un plan para “contener” las manifestaciones que se realicen dentro de la Ciudad.

Hace once meses la ministra Patricia Bullrich presentaba en sociedad un protocolo antipiquetes que las fuerzas federales jamás supieron cómo aplicar. La consecuencia directa de esta incapacidad  fue que los movimientos populares le plantaron cara a la ministra y al Presidente y Buenos Aires tuvo en 2016 un récord de piquetes y manifestaciones que evocaron años de mucha mayor efervescencia social. Ayer el Gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento finalmente a su flamante Policía, integrada por unos 25.000 efectivos fusionados entre la Federal y la Metropolitana. Y con este debut, activó también su nueva estrategia para combatir la protesta social callejera. “Estamos preparados para avanzar sobre los piquetes”, aseguró el vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Tenemos un equipo especial también, tenemos un montón de temas y lo vamos a hacer porque no aguantamos más, así no salimos como sociedad”, subrayó.

Fuentes del Ministerio de Seguridad  dieron detalles sobre las características que tendrá el accionar de las fuerzas para “contener” las manifestaciones dentro del ejido porteño. “Tenemos un grupo de contención muy preparado para enfrentar este tipo de situaciones y con la clara orden de lograr el objetivo de compatibilizar los derechos de protesta con el de transitar libremente”, explicó el funcionario. Y puntualizó:

• En caso de manifestaciones masivas, la orden será encauzar el tránsito para evitar congestionamientos y vigilar que ningún manifestante se salga del grupo para provocar disturbios.

• En los piquetes propiamente dichos, entrarán en acción los “grupos de contención femeninos” que tienen la responsabilidad de evitar que se interrumpa el tránsito sin hacer uso de la fuerza. Si la situación requiere de mayor cantidad de efectivos, participarán los “grupos de contención básicos”.

• Por ley, ninguno de estos efectivos podrá contar con elementos contundentes, a excepción de los escudos de protección.

• La estrategia de abordaje de cada piquete, será “en herradura” para procurar su aislamiento y así garantizar la libre circulación por todas las arterias.

• Las fiscalías de instrucción están dotadas para facultar al Poder Ejecutivo de las órdenes en tiempo y forma, lo cual agilizará la resolución de los conflictos.

• En los ingresos a la Ciudad se trabajará juntamente con las fuerzas federales para efectuar los controles vehiculares de los rodados que no cumplan con las normativas vigentes.

2.1.2017

Así lo afirmó el vicejefe de Gobierno Diego Santilli tras el reclamo del presidente Macri. Buscan acallar las protestas contra el ajuste, que sigue su curso.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó hoy que el presidente Mauricio Macri "tiene razón" al pedir al Gobierno de la Ciudad, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, que controle los piquetes en las calles con su propia policía.

"La Policía de la Ciudad va a estar preparada para avanzar, está preparada", aseguró por radio Mitre el vicejefe de Gobierno, al tiempo que precisó que "tenemos un equipo especial también, tenemos un montón de temas y lo vamos a hacer porque no aguantamos más como sociedad, así no salimos como sociedad".

Santilli sostuvo que "la Ciudad de Buenos Aires es el epicentro del levantamiento del reclamo per sé, la visualización del reclamo" de situaciones que muchas veces le son ajenas.

Evidentemente, para el macrismo, oponerse a los más de 200.000 despidos desde que empezó su Gobierno, o a la alta inflación que deteriora los salarios, es "el reclamo per sé".

Santilli describió que "nosotros tenemos manifestaciones de diferentes provincias y de diferentes segmentos, no sólo con lo provincial, sino de empresas. Me acuerdo de Cresta Roja que en la ciudad lo hacía y no tenemos una planta de Cresta Roja en la ciudad". Sencillamente, un argumento insólito.

El funcionario también precisó que a partir de hoy empezará a verse la "nueva policía" en la Ciudad con "26 mil efectivos, entre hombres y mujeres", con uniformes color turquesa y bordó, transferidos" de las comisarías "más la Metropolitana con todo su equipo" bajo la jefatura general de Pedro Potocar, quien -resaltó- es un hombre "con mucha capacitación que viene de la Policía Federal con muchos honores".

3.1.2017

 

Alejandro Cabrera es trabajador estatal y miembro del Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO). Elio Céntrico es guitarrista de la estación 9 de Julio de la Línea D. Por Santiago Núñez

 

Santiago Núñez: ¿Por qué están planteando que la empresa SBASE amenaza y quiere censurar a los artistas del subte?

Alejandro Cabrera: Desde hace unos meses, la empresa Metrovías, que tiene su enlace con el gobierno de la Ciudad a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad de Estado (SBASE) está enviando a policías de la metropolitana junto a personal de civil a echar directamente a nuestros colegas de diferentes instalaciones del subterráneo. De manera a veces intimidatoria, cuasi mafiosa y parapolicial. Esta asociación ilícita que conforman los uniformados más los de traje es absolutamente ilegal: ninguna persona que trabaje en empresas de seguridad tienen la potestad de fuerza pública. Vamos a hacer la denuncia penal correspondiente.

 

S.N: ¿Hace cuánto que esto sucede?

A.C: Lamentablemente, el PRO siempre trabaja a “ensayo y error”. Esto se fue dando, después se apaciguó y hace casi cuatro meses que esto se viene profundizando. Hubo episodios en la estación Bolívar, en la Línea H, en la Línea de Palermo – Catedral, en Primera Junta, en algunos lugares de la Línea B como Carlos Pellegrini. Paradójicamente, el Gobierno de la Ciudad ha empapelado la ciudad con unos afiches mentirosos y provocadores, en el que figura un falso músico tocando el piano y dice “desenchúfate”. Es lamentable. Le quiere hacer creer a un montón de gente que el artista callejero puede llevar adelante su trabajo público con tranquilidad. Esto no es así.

 

S.N: En SBASE mencionaron la posibilidad de poner una cantidad de pianos en los andenes para, así, recortar la cantidad de artistas en el subterráneo, ¿De qué le sirve a la empresa ese recorte?

A.C: Lo de los pianos es una operación mentirosa para disfrazar una realidad. A ellos les sirven mucho más pianos inertes más que artistas que puedan estar generando un lugar y arte. A SBASE Y Metrovías les sirven porque para ellos todos los negociados posibles generan un incremento económico y, nosotros no proveemos ninguna de esas posibilidades. Hay locales, hay negocios en las instalaciones del subterráneo que, dicho sea de paso, al ser transitado por pasajeros ocasionales, que son habitantes, es un servicio de transporte público, esas instalaciones se convierten en espacio público. Este es uno de los principales temas en cuestión.

 

S.N: ¿Detrás de esto hay una concepción de la cultura diferente al de ustedes?

A.C: Si la propuesta no es comercial para el gobierno de la ciudad no es viable. Nosotros tenemos una propuesta que es de autogestión, donde simplemente el artista genera una actividad económica a través de ese público ocasional que se tropieza con el arte. En estas cuestiones hay una diferencia ideológica.

 

S.N: ¿Pudieron hablar con funcionarios del gobierno o de la empresa?

A.C: Con ambos. Hablamos con el presidente de la comisión de cultura, Miguel Habud y el Ministro de Cultura de la Ciudad, Ángel Mahler, directivos de Metrovías y abogados que desconocían un montón de pasajes legales y técnicos y querían interpretar a su antojo.

 

S.N: ¿Qué sectores económicos están contra el arte callejero?

A.C: Es un brazo enorme apoyado y aceitado por FECOBA, CAME, anticuarios de San Telmo, los amigos de la calle Florida.

 

S.N: ¿Cómo se están organizando desde el frente los artistas callejeros?

A.C: Primero queremos formalizar las denuncias. Abrimos un trámite de denuncia colectiva. Nuestros colegas pueden hacerlo vía correo electrónico. Es un fundamento de registro de denuncia para demostrar que no estamos hablando de más ni inventando, sino que se está dando una situación que se profundiza día a día. Queremos pensar unas intervenciones artísticas. Hacemos asambleas para generar el consenso: la salida es colectiva, ellos los que son intentan dividirnos. Nuestra actividad tiene más de 100 años. Es un derecho adquirido.

 

Céntrico: “El arte nunca ha sido tan perpetuado como ahora”

 

S.N: ¿Cómo fueron estas situaciones que vos viviste de censura de la policía?

Elio Céntrico: Ellos vienen y dicen que tenemos que tener un permiso, que lo dan Metrovías y SBASE. Nosotros estuvimos averiguando acerca de las leyes y la verdad es que esto es espacio público, por lo que esto es parte de una suerte de peatonal, puesto que la gente pasa por aquí. Legalmente tenemos derecho a tocar. Entonces se acercan los policías y te piden que te vayas. El acoso es permanente. Así no se puede trabajar, yo en mi caso tengo familia, hijos, otros compañeros lo mismo. Yo hace casi quince años que vivo de esto, viviendo de la música y nunca ha sido tan perpetuado el arte como ahora.

 

S.N: ¿Quién daría el “permiso”?

E.C: Supuestamente Metrovías. Ahora SBASE dice que da los permisos. Es una mentira, fuimos y no dan los permisos. Ellos sólo quieren poner unos pocos músicos, tres o cuatro, cuando acá somos más de cuatrocientos. Es cinismo, cinismo político.

 

S.N: ¿Por qué creés que la policía, el gobierno y Metrovías avanzan contra los músicos?

E.C: Es muy claro. Acá la línea la bajan los gobiernos nacional y de la Ciudad: no quieren cultura, no quieren músicos, no quieren el arte, porque el arte abre las cabezas y hace a la gente feliz. Le gente siempre nos ayuda y colabora con palmas, comprando el disco, con una sonrisa. Ellos hacen la vista gorda con todo esto. Encima nos cargan al mostrar una propaganda de músicos felices tocando en el subte y en la vía pública. Cuando nos vienen a sacar todo el tiempo. Porque no quieren cultura.

 

S.N: ¿Cómo es el accionar policial en cuanto a la violencia?

E.C: Vos recibís violencia ya cuando alguien te dice que no podés estar acá y te están tratando como un delincuente. No es que te pegan un palazo, pero es una situación violenta ya que te quieren sacar, te persiguen. Metrovías están mandando, además matones, gente sin documentación.

 

S.N: ¿Pudieron hablar esto con la gente que transita el subterráneo?

E.C: La gente apoya, se queja contra la policía, nos da la derecha.

 

S.N: ¿Qué acciones vienen realizando contra esto?

E.C: Con FAAO estuvimos haciendo intervenciones en las estaciones. Más de veinte músicos sumados a bailarines, actores, pintores. Repartimos volantes para asesorar: leyes, artículos de la Constitución que nos amparan como trabajadores del arte, lugares a dónde hay que denunciar. Vamos a organizar movidas de este estilo. Alertamos a los músicos a que se pongan en contacto con FAAO. Llevaremos adelante la campaña “la música en la calle no es delito”.